Fotos: DyN
Documentos, por favor
Es viernes 16 de septiembre y la Usina del Arte amanece vallada, el cerco perimetral es tan grande que los colectivos se desvían de sus recorridos habituales. Nadie sin su correspondiente acreditación podrá acercarse a menos de 200 metros de la sala donde se desarrollará la audiencia, mucho menos los cientos de manifestantes que en las inmediaciones del predio y desde bien temprano levantan sus banderas contra el tarifazo. Claro que el despliegue de federales y metropolitanos resulta también impresionante, si hasta los partidos del ascenso que debían jugarse en la ciudad fueron suspendidos para disponer de más personal policial.
El ingreso a la Usina se complica. Dado el tamaño del cerco quienes consiguen acreditarse deben caminar un par de cuadras hasta el recinto, y atravesar dos controles policiales con su correspondiente cacheo y revisación de bolsos. Para peor, se corta la luz durante cerca de media hora, lo que imposibilita la tarea del personal de acreditaciones y termina caldeando los ánimos y demorándolo todo. Quienes ingresan son identificados con pulseras de tres colores: rojas para los previamente inscriptos (estuvieran o no en la lista de oradores); celestes para el público en general. De acuerdo a los organizadores, las mil doscientas butacas distribuidas en tres niveles de palcos, pulman y bandejas laterales no resultaban suficientes para alojar a todos los interesados. Por eso parte del público, así como parte de la prensa, fueron confinados a un playón frío y algo sucio debajo de la Autopista Buenos Aires–La Plata con una pantalla gigante desde la que también era posible seguir la audiencia.
Las pulseritas amarillas, según los propios encargados de colocarlas, eran para la “gente del partido”. Dada la insistencia de los organizadores sobre el insuficiente espacio físico en la sala –cosa que, según luego se comprobaría, resultó no ser cierta–, esto último encendió entre los asistentes la sospecha de que a la vez que el paso se restringía a las voces críticas, se favorecía en cambio para los aplaudidores.
Las audiencias públicas son una “incomodidad necesaria” para las autoridades, que casi siempre las convocan por lo bajo y en horarios poco favorables como para que pasen lo más inadvertidas posibles. Este, sin embargo, no fue el caso: se transmitió en vivo, apareció en todos los canales y en el resto de los medios. Sin embargo, para el último día, el interés pareció decaer. Y queda preguntarse si escapará, para el gobierno, a la lógica del ninguneo después de haberle dado el gusto a quienes disertaron, al convocarla y así cumplir con el mandato de la Corte Suprema.
De todos modos, cabe remarcar que no fue cualquier audiencia pública, ni una concesión generosa del Ejecutivo con miras a habilitar la participación ciudadana sino el evento que la gente de a pie consiguió arrancarle al gobierno, lo que de por sí configura un hecho político de trascendencia.
Enfundada en un abrigo blanco Manuela Castañeira llega al primer vallado.La dirigente del Nuevo MAS tenía todas las intenciones de exponer su punto de vista en el marco de la audiencia y se anotó cumpliendo cada uno de los pasos establecidos ni bien el Enargas abrió la convocatoria. Su nombre, sin embargo, no fue parte de la lista de oradores que el ente regulador difundió apenas un día antes del encuentro. “Me pregunto cuántas mujeres candidatas a la presidencia de la Nación incluyeron. Vengo desde hace rato dando la discusión en relación al tema de las tarifas y señalando que los servicios públicos son un derecho, pero no he tenido una respuesta. Acá ha habido una discriminación política”, denuncia.
Lo constreñido de la convocatoria va haciéndose más palpable. El diputado nacional por el Partido Obrero Néstor Pitrola tuitea: "Vergüenza deliberada en la Usina del Arte, la audiencia pública con baños químicos y ningún buffet a menos de 600 metros: una invitación a retirarse".
A pasos de uno de los accesos, un grupo de personas conversa en círculo cerrado. Son la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, junto parte de su dream team: Roberto Feletti (secretario de Economía), Débora Giorgi (secretaria de Producción) y Fernando Espinoza, Jefe de Asesores.“Muchos intendentes presentamos a todo un equipo para exponer, pero fueron cercenados –protesta la jefa comunal-. Y acá mismo en la puerta me he encontrado con un montón de vecinos y representantes de consumidores a los que no han incluido”.
Es cierto que la lista de oradores no podría haber sido infinita.Y también es verdadero que, tras sucesivos intentos, muchos de los originalmente dejados de lado fueron al segundo día incorporados en un autocelebrado intento de los organizadores de “dotar al encuentro de una mayor participación”. No obstante, las inserciones de último momento no fueron en todos los casos debidamente comunicadas. También quedó pendiente explicar cuál fue el criterio para incluir o excluir a tales o cuales expositores.
Eduardo José Mulhall es de Córdoba Capital y docente de profesión. Su nombre sí apareció en el lugar 194 de la lista del Enargas. Desde la fila para el ingreso a la Usina relata que, tras los primeros anuncios de aumentos de gas anunciados allá por marzo, el tema no pasó a mayores. Hasta que empezaron a llegar las boletas, y con ellas la indignación. “Las movilizaciones en Córdoba sorprendieron, fue como la recuperación de una vieja conciencia en una provincia cuya capital votó a Macri en un 80 por ciento, la gente salió a corear aquello de ‘si vuelve el tarifazo va a haber cordobazo’”, recuerda. Y agrega: “De la audiencia en sí misma no tengo grandes expectativas”.
La única verdad
Pasadas las nueve de la mañana el ministro Aranguren abre el juego. Apoya su exposición en un powerpoint a través del cual explica que el nuevo esquema tarifario propuesto contempla un aumento de gas en boca de pozo de 1,29 a 3,42 dólares el millón de BTU (la unidad calórica de medición que equivale a unos 27 metros cúbicos del fluido). Esa cifra se actualizará semestralmente hasta llegar a los 6,79 dólares en octubre de 2019, fecha en la que solo quedarán vigentes los subsidios de la tarifa social. El resto de los usuarios pagará el costo pleno del fluido. Afirma el ex ceo de Shell que todavía no se conocen los nuevos cuadros tarifarios, pero es posible estimar que los aumentos en las facturas de noviembre tendrían un aumento promedio del 203 por ciento.
El precio del gas en boca de pozo se ubica en el corazón de la discusión, en parte porque constituye cerca del 70 por ciento del monto de las facturas (que se completan luego con los precios del transporte y la distribución, además de impuestos). Pero, sobre todo, porque en última instancia se trata del valor en pugna en esta audiencia, un número tironeado de un lado por las compañías (que reclaman mayores ingresos para explorar y producir) y del otro por los usuarios (quienes reivindican su derecho a unas tarifas justas, razonables y de la mano con las diferentes capacidades de pago). Tampoco queda afuera del debate el rol del Estado no solo como alfil de la industria hidrocarburífera, sino en la administración que este hace de su recursos,en concreto, de los subsidios. Cabe aclarar que las empresas productoras de gas hoy no cobran ese 1 dólar con 29 centavos por millón de BTU que pagan los clientes residenciales sino un valor bastante superior, ya que cerca del 80 por ciento de las facturas se encuentra en realidad subsidiadas.
Tras la exposición del Ministro los diferentes representantes empresarios respaldaron -naturalmente- el incremento. Se enfocaron en los ingentes esfuerzos económicos necesarios para obtener el llamado “gas nuevo” (todo aquel que aparece por sobre la curva de declinación natural de los yacimientos), así como las ventajas de apostar al gas nacional por sobre el importado, incluso más allá de una cuestión de precios.
“Para adentrarnos en el tema del valor del gas natural en boca de pozo les propongo que hagamos un ejercicio de ver cuál es el número que, valorizando toda la producción a lo largo de los años, nos permite repagar una serie de erogaciones que incluyen las inversiones, los costos operativos de mantener los pozos, las regalías que pagamos a las provincias por la extracción del recurso del subsuelo, los impuestos nacionales y provinciales que pagan todas las actividades comerciales incluyendo la nuestra y el costo del capital invertido en estas operaciones, ya que invertimos la caja que vamos generando y eso tiene que ser remunerado con una tasa que compense los riesgos. Tenemos también los intereses de la deuda que contraemos en los mercados y hay que repagar y, finalmente, el dinero en sí mismo tiene un valor en el tiempo”, explicó el vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de YPF.
De acuerdo a la exposición de Hernán Silva, de Total Austral, dado el déficit de gas que en los últimos años se ha generado en el país, el desafío es reducir el gap entre oferta y demanda y poder llenarlo en los próximos diez años con gas argentino. “La buena noticia es que tenemos recursos, no convencionales en thight gas, shale gas y offshore, y también recursos humanos de excelencia. Y por otro lado estos proyectos nuevos que queremos desarrollar en los próximos años tienen un precio de equilibrio que está muy en línea con la paridad de importación de GNL regasificable, lo que quiere decir que son competitivos. Pero nosotros pensamos que los proyectos argentinos son en realidad más baratos, porque el gas tiene un efecto multiplicador en la economía: lo que nosotros recibimos como precio de gas en boca de pozo paga regalías, va a impuestos, genera empleo y permite invertir en infraestructura”, señaló el ejecutivo.
La necesidad de estimular a las empresas para que produzcan más gas nuevo fue también reconocida por la administración kirchnerista. No por nada creó el “Plan Gas” con la idea de incentivar la inversión en yacimientos de mayor complejidad geológica y por el cual reconocía a las compañías un precio del gas en boca de pozo no demasiado lejano del que propone Aranguren. “Desde luego que tiene sentido remunerar a las empresas por el gas no convencional”, explica a Anfibia el ex director de Enarsa y actual integrante de la revista Soberanía Energética Juan José Carbajales. “No se trata de explotar los pozos convencionales como hizo Repsol mientras estuvo. Desarrollar Vaca Muerta es carísimo, además de lo cual recién estamos arrancando la curva de aprendizaje. Ahora, ¿necesariamente todo ese valor tiene que ir a tarifa? ¿Qué usuarios tienen qué pagarlo, los residenciales de todas las categorías, la industria, los comercios? Esa es otra discusión. Es una locura que quieran pasarle todo al consumidor”, advierte.También Marcos Rebasa señala, desde el Instituto Energético Scalabrini Ortiz, que puede coincidir con que los usuarios afronten, siempre gradualmente y con previsibilidad, los costos del gas importado, “pero no en que paguen por el gas de origen argentino más allá de lo que cuesta, ya que los sistemas de gas promocional o incremental los debe tomar a su cargo el Estado que los creó y las empresas como parte de su riesgo empresario”.
La puntualidad
La audiencia continúa a todo vapor. Dos atriles se ubican a uno y otro lado del escenario para que,cuando termine un orador, el siguiente ya esté listo para comenzar. Casi nadie se pasa del tiempo establecido y el moderador Javier Corcuera, biólogo y actual secretario de Medio Ambiente de Pilar, agradece con marcado énfasis ese respeto.
El temple del encuentro cambia cuando,tras las exposiciones del sector empresario, toma la palabra el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor. “Si bien hay consenso alrededor de una necesidad de actualizar las tarifas, el aumento previsto supera cualquier expectativa paritaria representando un bolsillo a los trabajadores, jubilados y pensionados de la Argentina”, aseveró el funcionario para defender luego el derecho a una tarifa social única y razonable, las leyes de entidades de bien público, clubes de barrio y clubes de pueblo y una tarifa que tome en cuenta la realidad de las pymes. “Es fundamental reconocer a los servicios energéticos esenciales como un derecho humano”, destacó. Así marcó el sendero que mantendrían otros 21 defensores del pueblo y 37 asociaciones de usuarios, quienes además se quejaron por la falta de explicación acerca de cuál es el cálculo del valor del gas en boca de pozo para poder determinar el valor de la tarifa. Incluso el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, fue subiendo el tono de su alocución hasta preguntarse a viva voz -y desatando una creciente ola de aplausos- “¿cuál es el valor con el cual el ministro de energía se sienta en la mesa de negociaciones para defender los intereses de los usuarios¿”.
Lo que sucede puertas adentro de esa sala fantásticamente insonorizada comienza a estar en sintonía con las nutridas columnas de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y culturales, asociaciones de cooperativas y clubes de barrio que afuera protestan con sus pancartas en alto.
El bloque de que nuclea a la CTEP, la CCC y Barrios de Pie fue capaz de realizar un corte de casi tres horas sobre la Autopista Buenos Aires La Plata (cuya traza “balconea”muy cerca de los pisos más altos de la Usina), mientras que la Corriente Sindical y Federal y las dos CTA concluyeron en una columna unificada que al grito de “Macri botón” y “Vamos a volver” avanzó más cerca del mediodía hasta las inmediaciones de la plaza Islas Malvinas. Partidos de izquierda junto a otras agrupaciones se instalaron desde temprano sobre Benito Pérez Galdós, donde confluyeron también los integrantes del MTL Rebelde.
Mariela Elizabeth Leguiza, quien forma parte de ese colectivo, vive en la villa 20 de Barracas y llegó esta mañana para protestar porque considera que el tarifazo “es una injusticia”. “No hay otra forma de llamarlo. Nosotros lamentablemente no recibimos la boleta de gas, porque vivimos en la villa. Así que nos manejamos con garrafas, pero además conocemos a mucha gente de otros barrios que va a estar pagando muchísimo más de lo que pagaba mientras todo lo demás también aumenta. Ahí adentro están todos encerrados –dice mientras señala hacia la Usina- pero van tener que salir a responder porque acá está un pueblo entero. Y hasta tal vez les toque un día estar de este lado con una banderita. El mundo da muchas vueltas”.
La madre de todas las batallas
En 1976 se produjo en Loma La Lata el descubrimiento del yacimiento gasífero más grande de la Argentina, que en ese momento pasó a ser prácticamente un país árabe en términos de consumo en relación a reservas de gas. Así fue como la Argentina desarrolló una incomparable red de distribución y transporte de gas natural, y hasta el transporte automotor comenzó a usar GNC. El problema fue que en los años siguientes no se descubrieron nuevas reservas de gas, en tanto el consumo crecía y el país además se dedicaba a exportar.
El cuadro se agravó cuando Repsol tomó el control de YPF en el 99 y comenzó a utilizar a la compañía, como bien describe en detalle el Informe Mosconi, “para apalancar y financiar su estrategia de expansión a escala mundial, depredando los recursos hidrocarburíferos argentinos con una visión cortoplacista que priorizó el giro de dividendos a su casa matriz por sobre las actividades de exploración y explotación propias de las mejores prácticas del negocio petrolero”. De hecho, la producción de gas comenzó a caer de forma continua desde 2004, obligando a los gobiernos kirchneristas a importar gas desde Bolivia y GNL desde otras latitudes.
La buena noticia –decían los empresarios del sector- es que la Argentina tiene recursos, de hecho la formación Vaca Muerta desplazó a Estados Unidos como la segunda reserva de shale gas del mundo. El ministro de Energía de Neuquén Alejandro Nicola señaló durante la audiencia que el país tiene gas para 500 años. El problema del shale es que resulta tan difícil como caro de sacar, situación a la que en nada contribuyen los planchados precios internacionales de los hidrocarburos.
El caso es que el gas resulta en la Argentina un recurso medular, lo cual vuelve más central aún esta encendida discusión acerca de cuál debe ser el precio que cobran los productores y que pagan los usuarios. Pero además sucede que los aumentos no se aplican en el vacío, sino que llegarán después de un aumento de 370 por ciento en la electricidad, 200 por ciento en el agua y 100 por ciento en el transporte, una devaluación que ya supera el 50 por ciento, un desempleo creciente y una inflación hoy estimada en el orden del 40 por ciento.
Esas voces que retumban
El ruido y el tumulto dominaron la jornada del viernes; pero el sábado y domingo la Usina aparece más sosegada aunque con el mismo despliegue policial. Los legisladores y autoridades locales se llevan gran parte de las exposiciones durante el segundo día. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman dice que todo el debate "es una puesta de escena para no discutir las cuestiones esenciales, como el hecho de que el gas es un servicio público que no tiene por qué dar ganancias". El senador Pino Solanas carga una vez más las tintas contra el fracking, en tanto los diputados oficialistas Federico Pinedo y Eduardo Amadeo apuntan a las actuales inequidades de la estructura tarifaria que permiten que alguien que consume gas de garrafa termine pagando el fluido un 400 por ciento más caro que un vecino de Puerto Madero.
Cerca de las once de la mañana Axel Kicillof aparece en la bandeja de oradores. Va de jeans y remera negra, saluda a los presentes y bromea con Néstor Pitrola. En su discurso, el ex ministro de Economía y actual diputado nacional cuestionó el nuevo esquema tarifario: "propone una pequeña reducción con respecto al último incremento, pero un incremento mayor en los próximos tres años".
El moderador Corcuera lleva la batuta con solidez y solo parece desencajado cuando, tras presentar a Luis Zamora como “alguien a quien hasta los adversarios admiramos”, el ex legislador le devolvió una mirada gélida para emplear luego sus cinco minutos para arremeter contra “una audiencia autoritaria, realizada a puertas cerradas y rodeada de policías, un debate en el que las empresas hablan durante 20 minutos y el resto 5, porque pareciera que su tiempo es más valioso que el nuestro”.
Hacia la tarde del sábado las exposiciones van adquiriendo un carácter variopinto. Horacio Quiroga, intendente de Neuquén, elige remarcar que los subsidios “tarde o temprano pasan factura” y los califica como “demagogia y populismo”; en tanto el director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la CABA, Eduardo Aguad, tomó una perspectiva poco transitada en el encuentro al advertir la necesidad de “empezar a pensar en cambiar la manera en la que producimos y usamos la energía” planteando incluso la posibilidad de que los edificios incluyan paneles solares.
La efervescencia se fue apagando durante la jornada dominical. Una señora de acento italiano y de nombre Blanca comenta a los pocos presentes que tiene dos estufas, pero solo prende una “para ahorrar”, tras lo cual se queja por los diferentes cargos en la factura, aclarando que si bien “no es comunista ni nada por el estilo” tampoco puede dejar de preguntarse “qué otro cargo me quieren poner, si acá nada más falta un viaje al caribe para las amantes de los directivos de las empresas”. Menos cómico resulta el testimonio de un trabajador que viene de Lanús Oeste.Reclama que no le llegó la garrafa social y con apenas 3.300 pesos mensuales de sueldo tuvo que comenzar a bañarse con agua fría. “A ver si alguna vez se bañaron en invierno con agua fría –increpó a los asistentes- cuando tenés que salir al ruedo y encima no hay trabajo. Yo estuve en la Plaza de Mayo por una bolsa de verdura. Y hoy vine acá sin desayunar. Esa es mi verdad”.
El sábado por la mañana tuvo lugar un episodio pequeño pero significativo. Carmen Lucía Crexell, senadora nacional por Neuquén, concluyó su exposición clamando que “Aranguren debería estar acá”. Fue el único momento en el que el Ministro, que venía resistiendo impávido los diversos ataques, arqueó las cejas perplejo ante el fallido comentario. Porque la verdad es que Aranguren había estado ahí todo el tiempo, escuchando cada discurso desde una de las bandejas laterales, tal como reza el slogan Cambiemos de “escuchar” a la “gente”. De hecho mercería la pena preguntarle si todavía continúa pensando que la audiencia no era necesaria.
De ahora en más
¿Puede acaso ser todo esto una pantomima? ¿Qué ocurrirá de ahora en más con la tarifa de gas? ¿Y qué es lo que en definitiva queda en limpio tras estos tres días de audiencia?
No son vinculantes las audiencias públicas, pero tampoco es cierto que llevarlas adelante resulta en vano. Durante los próximos diez días el Enargas deberá elevar un informe con una descripción de todas las intervenciones.Luego, el gobierno dispondrá de otros 30 días para explicar en una resolución final de qué manera ha tomado en cuenta o rechazado las opiniones de la ciudanía.
Es posible que las tarifas de gas vayan a aumentar en línea con lo adelantado por Aranguren. “Y va a ser un cañonazo más al bolsillo”, sostiene Kicillof en diálogo con Anfibia. “Ahora justo viene el verano y entonces el gas no pesa tanto, pero la caída del poder adquisitivo de los salarios ha sido muy fuerte y es a fin de año cuando te das cuenta cómo quedaste. La gente va a haber desahorrado: aquellos con alguna capacidad de ahorro pudieron haber ido vendiendo algo como para llegar a fin de mes, pero ahora van a estar sin nada y sin perspectiva”.
Todavía falta ver la reacción concreta de los usuarios, consumidores y ciudadanos ante la llegada de las facturas de luz y agua, aunque en realidad no se están discutiendo únicamente las tarifas. Como advirtió con buen tino uno de los participantes: no es el fin de la pelea.