Tocar fondo

No se sabe a cuánto ascenderá, cuáles serán los intereses, si se podrá pagar, ni las condicionalidades que traerá aparejado. El nuevo préstamo con el FMI es un misterio. Con el cheque en blanco de los 129 diputados que votaron a favor del DNU, el gobierno de La Libertad Avanza acaba acelerar su programa económico-político neoliberal. Ahora debería alcanzar una formulación a nivel técnico y luego ser validado en la reunión del Directorio del Fondo Monetario, todo lo cual difícilmente ocurra antes de la primera quincena de abril. 

El gobierno se dijo y desdijo respecto de las precisiones en torno al acuerdo, de modo que al momento de validar este paso, el Congreso actúa realmente a ciegas. La Procuración del Tesoro no pudo evaluar si existirán recursos fiscales suficientes para el pago. Tampoco el Banco Central pudo prever la existencia de reservas para el reembolso. Esta práctica (contra)institucional contraviene la Constitución, la ley de administración financiera, la de sostenibilidad de la deuda y las convenciones de derechos humanos. Los préstamos internacionales deben ser aprobados por el Congreso. 

Se sabe, por el propio DNU, que el acuerdo sería uno de Facilidades Extendidas, parecido al firmado por Alberto Fernández en 2022 para pagar el acuerdo negociado por Macri en 2018, de tipo Stand By. Entre las diferencias más relevantes, mientras el Stand By tiene una duración más corta, el de Facilidades Extendidas suele incluir requerimientos de reformas estructurales. Si bien ambos coinciden en requerir ajuste fiscal, éste no sería un asunto relevante para el actual gobierno, que ha ejecutado uno de los ajustes más feroces de la historia. Entonces, el potencial acuerdo de Milei sería uno como el de 2022, incluyendo reformas estructurales. ¿Cuáles? No se sabe, y a la mayoría de la Cámara de Diputados no parece importarle. 

Por los intereses del propio gobierno, la alianza que lo sostiene y las recomendaciones usuales del FMI, podemos intuir que el paquete incluirá reformas previsionales y laborales, con efectos adversos sobre los derechos de las personas jubiladas y trabajadoras, tal como intentó llevar adelante Macri en 2017. 

Tampoco extrañaría la demanda de privatizaciones, como las que el gobierno no logró incorporar en la negociación de la ley Bases.

En ese contexto de profunda regresión de los derechos humanos La Libertad Avanza apostó a una profundización del dispositivo represivo para contener las protestas sociales originadas por las propias políticas de ajuste y desregulación sobre las condiciones de vida de la mayoría de la gente. El sesgo represivo adoptó un cariz explícito, donde la violencia institucional pasa a ser motivo de festejo y orgullo para el gobierno. Anuncios en altavoces públicos amenazando con reprimir, limitaciones a la libre circulación, detenciones arbitrarias y heridos graves por la represión componen el nuevo estadio de la “libertad” en Argentina. 

Mientras, la inviabilidad del modelo de ortodoxia económica se está cristalizando. El ajuste fiscal fue brutal, pasando por encima todo reparo en torno a la protección de derechos humanos, afectando principalmente a las infancias y a las personas adultas mayores, a las mujeres, entre otros grupos sociales. Sus efectos no se hicieron esperar: pérdida de puestos de trabajo formales y aumento del cuentapropismo, afectación de la salud mental de la población, caída salarial y mayor heterogeneidad entre sectores, desindustrialización, deterioro de la educación, entre otros. 

Al mismo tiempo, aumentan los viajes al exterior (recordar el boom de Brasil en el último verano) y las importaciones de bienes, mientras que las ventas minoristas y en supermercados caen en picada desde hace más de un año. Se desmorona también la actividad industrial. Son los efectos de un modelo desigualador.

Según la visión ortodoxa del propio gobierno, bajar el gasto y detener el financiamiento monetario pone fin a la inflación, y permite además bajar impuestos para incentivar la inversión y de ese modo crecer. En este mundo de modelos abstractos idealizados, parece no importar que el resultado fiscal se logre escondiendo los intereses de deuda que se capitalizan, o la reducción de impuestos al comercio exterior destructivos para la producción interna. En su mundo, una producción se reemplaza por otra y un consumo por otro, sin mayores fricciones.

¿Cuál es entonces la urgencia del DNU, si el ajuste ya está hecho? El Fondo exigió en el último acuerdo firmado con el país en 2022: 1) ajuste fiscal, 2) dejar de emitir pesos para financiar al Tesoro y, 3) acumular reservas. Con las condiciones 1 y 2 sostenidas como sea, el punto 3 está en permanente jaque, se mueva a donde se mueva. El esquema propuesto por el gobierno, de ir hacia más liberalización y apertura de las cuentas externas hace que el drenaje de recursos no frene.

Para sostener su principal capital político, al ceder la inflación, aunque no desaparezca, se alimenta la ilusión de que lo bueno está por venir. Para mantener pisada la inflación, además de evitar medirla bien, necesita controlar precios: los dos más importantes son los salarios y el tipo de cambio. Por eso retrasa paritarias y las aprueba solo a la baja. Del mismo modo, interviene constantemente en el mercado oficial y el financiero evitando que el peso pierda valor. 

Contener la devaluación es central para evitar un traslado a precios y aumento de inflación. Llegar a las elecciones con un dólar controlado le da perspectivas positivas. Pero ¿no era que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario?

Para poder intervenir vendiendo dólares, el Banco Central necesita dólares. El año pasado, el gobierno tuvo un superávit comercial récord por la combinación de tres factores: caída brutal de las importaciones por la propia recesión, buen año de producción en el campo y superávit energético. Pero desde mitad del año pasado en adelante, el comercio ya no aporta divisas, sino que los quita. 

Se usó el blanqueo de capitales como forma de expandir los dólares disponibles, que además se multiplicó gracias a la emisión de deuda de las empresas privadas. Pero esa fuente duró el último trimestre y también se agotó. 

Entonces el gobierno armó un plan dólar-soja IV para el campo, permitiendo liquidar en el dólar financiero una parte, y rebajando retenciones. Y aun así, no logra despegar. 

El Banco Central acumuló reservas brutas, pero las netas, las disponibles realmente para pagar, no se movieron en casi 16 meses de gobierno. 

Entonces, si el gobierno accedió a la divisa gracias al comercio internacional, la entrada de dinero fugado y la deuda de las empresas: ¿ahora dónde están esos dólares? Se fueron pagando deuda, y habilitando más fuga. 

La salida permanente requiere de entradas que compensen, pero esas entradas no parecen alcanzar nunca. Esa es la nueva restricción externa al crecimiento, donde las vías financieras controladas por el poder económico concentrado y los sectores más acaudalados de la sociedad liman sin pausa la añorada acumulación. La perspectiva política del gobierno es así víctima del “éxito” de su política financiera. 

El año 2024 fue el de menores inversiones extranjeras en 20 años, las empresas transnacionales se retiran una tras otra del país. Quieren irse. 

Lo mismo quienes entraron dólares para aprovechar las altas tasas de interés, pero ya ven el final y se quieren retirar. ¿Qué les impide irse? Las restricciones cambiarias, el “cepo”, que no es solo el límite –lejano- de compras minoristas de 200 dólares por mes. 

Los especuladores que hicieron bicicleta financiera y las empresas decididas a irse de país necesitan dólares, pero esos dólares no están. Y aquí aparece el FMI, nuevamente, como en 2018, como en 2001, a proveerlos para que los grandes operadores se vayan y la deuda quede socializada al pueblo.

Hacia allí va Milei, aunque como panelista y como diputado consideraba una aberración recurrir al organismo. El carry trade se acerca a su fin, necesita quien le financie el final. 

El FMI quiere que el gobierno elimine las restricciones cambiarias y libere el tipo de cambio. El gobierno no, porque esto significaría devaluación en año electoral. Están negociando un esquema intermedio que, en los hechos, pretende ser una devaluación controlada. Pero una vez invocado el monstruo, no se sabe si se lo va a poder domar. 

¿Cuál es el límite de la devaluación? Nadie lo sabe, porque el mercado está regulado e intervenido. El ministro Caputo insiste: no hay pesos para presionar por la corrida. Y eso es cierto para quienes vivimos de un ingreso fijo, pero se olvida llamativamente de sus colegas de las mesas de dinero, que tienen muchos bonos disponibles para salir en estampida si las cuentas no le dan. 

El FMI financiaría así la salida (¡algo prohibido por su propio estatuto!), impidiendo por un tiempo que la devaluación sea brusca, mientras los poderosos desarman sus posiciones en pesos. Y cuando se termina, la devaluación llega igual pero con una deuda mucho mayor. Con la devaluación se dispara la inflación y, con ella, una nueva degradación del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, etc. Tal como pasó hace muy poco, en 2018-19. 

¿Hace falta recorrer ese camino, otra vez? ¿Con los mismos actores, con los mismos argumentos? ¿Qué le aportará a quienes cobran la jubilación mínima, quienes dan clases o atienden enfermos en hospitales? ¿Les traerá mejores condiciones de trabajo, acceso a mejores equipos e insumos, un mejor pasar económico? La respuesta es contundente: no. El acuerdo con el Fondo solo dejará más deuda, y así más capacidad de presión sobre la soberanía del país. Tal como hizo con Grecia hace una década atrás: acuerdo tras acuerdo le copó el gobierno y la oficina del FMI llegó a funcionar dentro del banco central. El FMI solo traerá más sufrimiento al pueblo argentino. Como el que le gusta al gobierno, como el que acaban de habilitarle los diputados. 

Ante todo esto (y “esto” incluye una oposición desorganizada, ineficaz, incoherente), la principal resistencia vino de la calle. ¿Alcanza? No; el expolio avanza con gases y tiros. Y el Poder Judicial, como siempre, no está para menudencias como resistir los abusos de los poderosos. ¿A quién recurrir? 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo reacciona e interviene si la policía revienta a los manifestantes que protestan en la calle contra los recortes en el gasto público. Sin embargo, la deuda y los acreedores no forman parte siquiera de la narrativa de las resoluciones de la CIDH y la Corte –a pesar de tener atribuciones para interceder-. 

Es como si el plan de austeridad hubiese llegado a las casas de gobierno de la región en forma de meteorito.  No está contextualizado, no hay responsabilidades del FMI y otros acreedores. No hay análisis de las finanzas públicas desde un enfoque de derechos humanos para determinar si, cuando la frazada es corta, se debe pagar a los acreedores o si se debe cumplir con obligaciones básicas en materia de derechos humanos. Como, por ejemplo, garantizar el suministro de  medicamentos, pagar jubilaciones que permitan una vida digna a las personas adultas mayores, o asegurar que las decisiones en materia de endeudamiento no socaven el derecho a acceder a la información. El sistema interamericano de derechos humanos debe proteger de manera efectiva a la población, no solo frente a las fuerzas represivas, sino también frente al gobierno endeudador y sus acreedores.

Fotos: Eyeing the debt