—Ellos muchas veces nos dieron palo en la ruta, pero ahora estamos todos juntos - dice Adela en medio de la calle, mientras lleva la masa amarilla a la olla - porque tenemos el mismo problema: no nos alcanza el salario.
Harina, agua, aceite y sal. Eso es todo lo que lleva el reviro, tradicional alimento de origen guaraní, que en Misiones supo alimentar a los mensú en los yerbales, y que hoy sigue siendo sustento culinario popular y reservorio cultural de la tierra roja.
Adela es docente de primaria en Jardín América, una localidad a hora y media de Posadas. Llegó a la capital misionera para sumarse a la lucha salarial de los trabajadores de la educación, que es previa a la de los policías, y ahora volvió a cobrar fuerza al plegarse al acampe de los uniformados. Son las nueve de la mañana y ya se cuentan, entre policías y docentes, cerca de un millar de personas. Sobre el asfalto agrietado de la avenida, junto a un par de patrulleros estacionados, arden viejos neumáticos que escupen una densa nube de humo negro hacia el cielo posadeño.
Mientras hunde sus manos en la masa húmeda, dice que quien no sabe hacer reviro no es misionero. Y cuenta que, con su sueldo de trescientos mil pesos, apenas llega a pagar cuentas y comprar alimentos para la primera quincena del mes.
—Antes nos endeudábamos para comprar una heladera, o para una fiesta de quince, algún viaje; pero ahora nos endeudamos para sobrevivir.
***
—Misiones ha perdido su alegría —le dijo un maestro del paraje Mbopicuá a un periodista con acento rioplatense. Rodolfo Walsh había llegado a Misiones ese mismo año, 1967, para ver con sus propios ojos algunas cosas que estaban pasando entonces por aquí.
La expresión de aquel docente rural quedó inmortalizada en la crónica La Argentina ya no toma mate, publicada en la revista Panorama en 1967.
Cincuenta y siete años más tarde, un policía misionero, retirado ya, le dirá a otro periodista porteño, algo masomenos parecido, pero en un vocablo más coloquial: “Los misioneros estamos argelados”. Un adjetivo autóctono, muy utilizado en Misiones, que denota abatimiento, decaimiento, tal vez hartazgo. “Argelado no es exactamente cansado, ni aburrido ni enojado ni molesto; pero tiene un poco de cada uno de esos estados”, resume el escritor Hugo Amable en su imprescindible ensayo lingüístico Las figuras del habla misionera.
Este oficial es uno de los cientos de integrantes —activos y pasivos— de la Policía de Misiones, que desde el 16 de mayo acampan afuera del Comando Radioeléctrico UR-1 de Posadas. Es el epicentro de la protesta, que ya se ha convertido en una de las más resonantes en la historia de la provincia.
Como pocas veces, la presencia de los medios de comunicación de Buenos Aires es masiva. Móviles de Crónica TV, La Nación+, América 24 y TN; periodistas y productores de diarios y radios bonaerenses; medios cooperativos y comunitarios de diferentes puntos del país: todos vinieron para intentar entender y contar qué está pasando.
Los titulares de artículos y zócalos son estridentes: “Arde Misiones”, “Misiones al borde del estallido”; “Se incendia Misiones”.
Lo que en enero comenzó como una pequeña protesta de un grupo de policías jubilados frente a la Jefatura Policial, se trasladó al Comando de la Avenida Uruguay y comenzó a crecer como un fogón. Un fogón que ahora parece ser alimentado con bidones enteros de kerosene.
Una docena de patrulleros se suma al piquete con las sirenas chillando a todo volumen. La avenida estaba habitualmente desierta por las noches. Sólo pasaban por ahí, solitarias o en grupos pequeños, las chicas trans que van a buscar clientes y ahora ya se han ido porque no pueden trabajar. La calle lleva días cortada por autos, ollas y fogatas. Repleta de policías y maestros con sus familiares.
—No podemos seguir con estos salarios de hambre. Estamos dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias —anuncia, rodeado de micrófonos y cámaras, Ramón Amarilla. Es el principal referente de los policías sublevados y por estas horas uno de los personajes más requeridos por los medios de todo el país.
Amarilla es un policía retirado del área de Inteligencia de la Policía de Misiones. Desde hace algunos años trabaja como DJ y pone música en fiestas familiares. Ahora se convirtió en una figura popular y absolutamente respetada por sus camaradas en actividad.
La multitud aprueba. Se unen en un clamor que se volverá un grito de guerra al gobierno provincial. Y en un mandato para Amarilla y el resto de los representantes de la protesta:
—¡Cien por ciento! ¡Cien por ciento!
—Los sueldos de los policías en Misiones están por el piso hace mucho tiempo. No podemos conformarnos con migajas —asegura Amarilla —de acá nos vamos a ir solamente con un cien por ciento de aumento a nuestros sueldos.
***
La Avenida Uruguay nace en El Mástil, una plazoleta circular que interrumpe el boulevard de la Avenida Mitre, donde, en efecto, un mástil blanco ostenta en sus alturas tres banderas: la de Argentina, la de Misiones y la de la ciudad de Posadas. Desde allí, la avenida se extiende a lo largo de unos seis kilómetros, a través de un ancho asfaltado que permite la circulación de autos en doble mano.
Frente a la vieja terminal, ahora convertida en un paseo público, se encuentra uno de los bodegones más antiguos de la ciudad: La Estrella. Aquí, coinciden los posadeños, se vende el mejor sándwich de milanesa de Posadas. Un aroma profundo a fritura se expande desde la cocina de La Estrella hacia la vereda. En la misma cuadra, está el local de Abadía, la primera cervecería artesanal de todo el Litoral. Más adelante, hacia el sur, la avenida se puebla de casas de repuestos, ferreterías y otros comercios, en su mayoría del rubro industrial y automotriz.
Pasan las horas. Cada vez más y más gente se suma al acampe. Las carpas se diseminan desde la vereda del Comando hasta el frente de la sede de la Editorial de la Universidad Nacional de Misiones, sobre calle Félix Bogado, allí en el popular barrio El Palomar. Discos de arados, leñas, ollas negras, silletas, bidones de agua y gazebos por doquier, a lo largo de siete cuadras. Desde un parlante suena un chamamé. Al campamento no le falta nada.
—Y yo con casi diez años de antigüedad, trabajando doce horas por día, estoy cobrando menos de cuatrocientos mil pesos —cuenta uno de los policías acampantes — hasta las botas y el uniforme nos tenemos que pagar. En enero tuve que comenzar a hacer horas como Uber porque no llego con el alquiler.
La protesta es intergeneracional. Retirados y activos que se asumen parte de un solo cuerpo social al que llaman “la familia policial”.
No pasaron ni 24 horas del inicio del acampe y el país entero está hablando de esto.
Nafta al fuego
Viernes 17 de mayo. El gobierno provincial, a través de su ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, informa los alcances de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea un Comité de Crisis a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich y copresidido por gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua. Tendrán potestad para ordenar la actuación de fuerzas federales en el conflicto. En simultáneo, el gobierno provincial denuncia por sedición, toma de edificio y robo de patrulleros a los principales delegados de la protesta policial.
Tres días más tarde, doscientos gendarmes y prefecturianos rodean el acampe. Despiertan la ira de los manifestantes. Las escaramuzas no pasan a mayores, pero son suficientes para que el propio gobierno nacional retire a las tropas federales del lugar.
Ante un campamento multitudinario y en su pico de éxtasis, Ramón Amarilla advierte:
—Ministra Bullrich, se lo decimos claramente: si vuelven las fuerzas federales van a tomar palo de los misioneros.
El país entero escucha la amenaza, en el marco de un acampe que por sus características desoye todos y cada uno de los puntos del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” (Resolución 943/2023).
El gobierno del Frente Renovador de la Concordia comienza a percatarse del error garrafal que fue pedirle ayuda a una ministra que, en tiempo récord, pasó de invocar el “protocolo antipiquetes” y amenazar con “restituir el orden como sea necesario”, a retirar las fuerzas y llamarse a silencio. Con la expansión del acampe y la llegada del caso a los medios de Buenos Aires, aparecen las primeras señales de abandono del gobierno nacional: después de pasarle motosierra a la coparticipación, ahora toma distancia prudencial del conflicto.
—Nos convocaron al diálogo. Se abre la negociación —le anunció Amarilla al campamento durante la mañana del 20 de mayo. Ungido como líder carismático de la protesta policial. Esta tarde va con una remera que dice “La Policía de Misiones no es para tibios”.
La reunión entre representantes de segunda línea del gobierno provincial y los quince delegados de los policías duró dos horas, pero no terminó de la manera esperada. Visiblemente preocupado, Amarilla salió de la Jefatura y ante el enjambre de movileros sedientos de información fresca, suspiró profundo antes de hablar.
—No hubo acuerdo: nos ofrecieron el 20 por ciento de aumento. El gobierno no dimensiona el sufrimiento de su pueblo.
Problemas estructurales
“Enunciar en pocas líneas una solución para los problemas misioneros sería insensato”, escribió Walsh en su crónica de 1967.
Misiones es tierra de riqueza natural inconmensurable y una diversidad cultural única. Pero arrastra problemas estructurales que van más allá del salario de sus trabajadores estatales.
Es la provincia argentina con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras: 13,8%. Casi el 90 por ciento de ese volumen está en manos de una sola multinacional, la forestal Arauco. Existen municipios en el norte provincial, como Puerto Libertad o Puerto Piray, donde más de la mitad del territorio le pertenece a esta empresa. Esto atenta de manera directa contra la posibilidad de generar diversificación industrial, expandir la agricultura familiar y dar soluciones a los problemas de acceso a la tierra que padecen miles de familias.
¿Cómo llegó una empresa extranjera a acaparar tanta tierra? Sebastián Gómez Lende, doctor en Geografía e investigador adjunto de CONICET, es un estudioso del caso de Arauco en Misiones y ensaya una respuesta: “La desregulación de la actividad yerbatera durante la década de 1990 acarreó mutaciones estructurales en la economía rural provincial: las crisis de sobreproducción, la caída de los precios por kilogramo de hoja verde, la concentración del capital y las prácticas abusivas de intermediarios comerciales y agroindustriales implicaron la tala rasa de yerbales y su sustitución por pinares, o bien la venta a precios irrisorios de las desvalorizadas chacras yerbateras a grandes compañías forestales extranjeras”, acerca de una situación que hoy, de la mano del DNU, se torna un peligroso deja vú.
Otro tema es la energía. Desde abril, ante el aumento de hasta el 65% de las tarifas después de la quita de subsidios nacionales, el gobierno provincial anunció una medida inédita: la posibilidad de pagar la luz hasta en 3 cuotas.
En Misiones está la represa hidroeléctrica Yacyretá. Si se dimensiona el sacrificio territorial y social inmenso realizado para la construcción y operatividad de esa usina, debería al menos contar con tarifas de energía domiciliaria e industrial diferenciada o a bajo costo.
¿Por qué entonces los precios de las tarifas de electricidad en Misiones no son inferiores a los del resto del país? Según la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), es porque “la usina no distribuye la energía, solamente la genera. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) entrega la energía a las distribuidoras, que son quienes fijan las tarifas. La cercanía geográfica no tiene relación con los costos. Aunque la represa esté en Corrientes y el embalse en Misiones, no tiene incidencia en la energía que llega a los hogares de la zona, sino que forma parte de todo el sistema”.
Sin conexión de gas en red, las garrafas representan otro costo significativo para las economías domésticas.
Y en el caso de las ciudades de Posadas y Garupá, la administración y regenteo del servicio de agua potable y cloacas le pertenece, desde 1999, a la empresa española SAMSA. Sí, en la capital misionera el agua está privatizada y extranjerizada, lo cual se traduce en un servicio caro y deficiente.
La propia Policía provincial, frecuentemente protagonista de casos de violencia institucional y otros delitos, es parte del problema.
—Son muchas cosas que los misioneros aguantamos pacíficamente. Y ahora la paciencia se está acabando. El gobierno provincial está ante una oportunidad histórica de recuperar el rumbo: primero corregir el tema de los sueldos para que podamos vivir dignamente; pero después no podemos seguir mirando para otro lado con cosas que son inadmisibles. Y tampoco se le puede firmar un cheque en blanco a un gobierno nacional que viene con un paquete de políticas que a una provincia como Misiones le van a traer serias consecuencias —dice la maestra Adela, momentos antes de servir el reviro con mate cocido.
Salarios deprimidos
¡Docente
luchando
también está enseñando!
Son maestros y maestras de diferentes organizaciones y escuelas. Llegaron cantando a la Avenida Uruguay con un doble propósito: ofrecer su solidaridad a la protesta policial y aprovechar las cámaras para hacer notar a nivel nacional su propio reclamo.
La unidad sellada entre policías y educadores ha alentado el levantamiento de prácticamente los empleados públicos provinciales de otros sectores: trabajadores de la salud pública, penitenciarios, guardaparques, empleados de la empresa prestataria de energía, comunicadores del sistema de medios públicos, entre otros, se plegaron para exigir recomposiciones salariales similares.
La lectura política del conflicto es disímil. Hay docentes que no pierden oportunidad de situarse frente a las cámaras de televisión con carteles que plantean que “El problema es provincial”. En el campamento policial, abundan confesos simpatizantes de Javier Milei.
Por otro lado, están quienes entienden que si bien es lógico señalar al gobierno provincial por el magro nivel de los salarios del sector público, advierten que la licuación del poder adquisitivo sufrió una acelerada profundización desde diciembre a esta parte, a partir de los aumentos en el costo de vida como consecuencia de las medidas del gobierno nacional.
—Hay colegas docentes que no entienden que las políticas del gobierno nacional también nos hacen daño —dice Ramón, docente del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha —nos sacaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), aumentaron los precios de los combustibles, de la luz, del gas, de los alimentos, y encima nos quieren quitar el derecho a reclamar. Es una pelea muy difícil y que no terminamos de zanjar: la mayoría de los docentes votaron a Milei.
El problema estructural de los salarios deprimidos en Misiones, colapsado como pocas veces ante el ajuste nacional, logró quebrantar la burbuja de armonía social de la cual se jactaba el gobierno hasta hace pocos días. “Misiones es una anomalía en el país. Tenemos equilibrio fiscal hace veinte años, estamos desendeudados, y estamos cargados de buena vibra”, había declarado el ex gobernador y presidente del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, apenas algunas semanas antes del estallido.
Este episodio crítico —que emerge desde las entrañas del levantamiento policial y que hizo metástasis en los demás sectores— configura, tal vez, el escenario político más complejo con el que lidia el partido gobernante en sus dos décadas en el poder.
Al mismo tiempo, se espera un replanteo en la estrategia vincular del gobierno de Misiones con el gobierno nacional. Este lazo comenzó tirante a partir de algunos reclamos judiciales del gobierno misionero ante la quita del FONID, el recorte en la coparticipación y la extirpación al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en su potestad de fijar el precio de la hoja verde de yerba mate; pero en las últimas semanas evidenció un cambio de rumbo, tras la amistosa visita a Misiones del ministro del Interior Guillermo Francos, que decantó en el voto afirmativo de los diputados que responden al gobierno provincial a la Ley Ómnibus.
Apenas un día antes de que estallara el conflicto policial, el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Nicolás Posse, contestó en el Senado de la Nación al reclamo realizado por los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut acerca de una deuda de 200 mil millones de pesos en favor de la provincia. Posse negó la existencia de tal deuda y echó por tierra la posibilidad de los desembolsos reclamados por la provincia en virtud de diferentes conceptos.
Así las cosas, se abre un interrogante. ¿Cuál será, entonces, la dirección del voto de los senadores misioneros que responden al gobierno provincial cuando llegue el momento de tratar la Ley de Bases en el Senado?
—No entendemos cómo el gobierno provincial puede seguir apoyando a Milei. El gobierno misionero se jacta de un Estado presente y apoya a un presidente que considera que el Estado es una organización criminal que hay que destruir. A nosotros, los productores de yerba, Milei nos reventó con la apertura de importaciones y al sacarnos el INYM. Vamos camino a la quiebra. Que nadie se extrañe si en los próximos días nos levantamos igual que los policías y los maestros —advierte un colono yerbatero.
Así, mientras el frío llega al norte del país, el fragor de las protestas siembra incertidumbre y temor en el poder central, ante la posibilidad de un “efecto contagio”: un fuego que hasta ahora, en Misiones, nadie consigue apagar.
Al cierre de esta crónica, el acampe policial sobre la Avenida Uruguay sigue en pie. El gobierno provincial mantiene su denuncia presentada ante el fiscal René Casals contra los referentes de la protesta por “sedición, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, interrupción de tránsito público, estafas y otras defraudaciones, malversación de caudales públicos y amenazas”.
El sector docente, en tanto, comenzó la semana con nueve cortes de ruta a lo largo y ancho de la provincia. Ahora, incluso, con la llegada de trabajadores de instituciones privadas.