Son las siete de la mañana en Godoy Cruz, Mendoza. Ezequiel Ponce, 21 años, vive con sus padres y su hermano menor. Recién se levanta. Escucha que golpean la puerta, pregunta quién es. Le dicen que le traen un pedido de Mercado Libre. El pibe abre la puerta. Pero del otro lado no hay paquete ni repartidor: son oficiales de Policía con una orden de allanamiento.
Minutos más tarde se lo llevarán detenido a Buenos Aires.
Con su computadora de más de diez años, Ezequiel se había aprovechado de las fallas del sistema de uno de los líderes de TV paga en Latinoamérica. “Un error del token de acceso de DirecTV”, dice, que le permitió transmitir, el 3 de abril, Boca-Nacional Potosí por Copa Sudamericana y compartirlo con sus amigos. Unos minutos después, ya no eran solo ellos quienes miraban el partido, sino millones de personas.
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La posterior persecución penal hacia este estudiante universitario mendocino es, ni más ni menos, una cortina de humo que busca camuflar una impericia: la de la industria televisiva a la hora de adaptarse a la era digital. La TV no la ve. Mientras el 67% de los ingresos de la industria de la música depende de las plataformas de streaming y las cámaras discográficas presumen de su adecuación a los entornos digitales, el sector televisivo tradicional se muestra más hostil hacia los cambios en los modos de circulación —social y tecnológica— de los bienes culturales.
El modelo de negocios de los gigantes de la TV es la oferta unidireccional de contenidos por un solo canal de acceso, el del proveedor. Ese canal, hoy, es minoritario en términos estadísticos, porque la mayoría de los hogares ha diversificado su gasto entre la TV paga tradicional, las múltiples plataformas de cine y series, los juegos en línea y la música. En su obsesión por perpetuar un negocio en decadencia, acosan a usuarios que comparten sin autorización videos de eventos masivamente demandados que, paradójicamente, encuentran escasa contención en los circuitos legales habilitados por los canales que detentan derechos exclusivos de exhibición.
El suministro de contenidos de alto interés a través de opciones de TV paga que no llegan a la mayoría de los hogares imita una fórmula que implementaron, a comienzos de este siglo, los grandes sellos discográficos. Y que abandonaron hace más de 10 años. La masividad de la piratería encarnada en The Pirate Bay y la subsecuente emergencia de plataformas como Spotify y YouTube provocaron el abandono de esa fórmula por dos motivos: era ineficaz en términos económicos para la propia industria y, además, la criminalización de una práctica masiva que no encuentra cauce legal dentro del negocio generaba una pésima imagen pública para las empresas del sector.
Hoy la industria musical reporta ingresos en una escala inédita gracias al impulso de la digitalización. El streaming aporta 17,5 de los 26,2 mil millones de dólares cosechados en 2023. En el mismo año hubo 667 millones de personas que pagaron una suscripción a un servicio de streaming, contra 589 millones en 2022. Las plataformas digitales engrosan los números de la industria de la música gracias a su ubicuidad, facilidad de uso, cobertura y velocidad de respuesta.
Si las empresas que lucran con la comercialización de contenidos culturales atendieran al ejemplo de la reconversión de la música, la “piratería” sería irrelevante, como lo es hoy en el sector musical. Pero con la televisación de muchos eventos deportivos ocurre lo contrario: es más sencillo colgarse de sitios no autorizados que abonarse a la transmisión legal.
La TV atrasa. La comparación con la evolución de la música en formato digital la deja muy mal parada. Las excepciones lo confirman: Claro Sports emitió por Youtube, de forma gratuita, todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos de París para 16 países de América Latina. Cuenta Marcelo Gantman que ya lleva más de 547 millones de visualizaciones en los últimos 30 días. ¿Qué inclinó a una megacorporación como Claro a innovar en las transmisiones deportivas de alta demanda facilitando su acceso gratuito? Básicamente, la frustración que detectaron entre aficionados, el declive de la audiencia televisiva paga y la dudosa metodología de los ratings de la industria audiovisual.
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Ezequiel Ponce estudia Ciencia Política en la Universidad Nacional de Cuyo. Sus conocimientos informáticos son autodidactas, acumulados durante años por jugar videojuegos. Tenía un celular y una computadora cuyo procesador era del año 2005, ambos secuestrados por la Policía Federal en la causa promovida y amplificada mediáticamente por Alejandro Musso, fiscal de cibercrimen en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (UFEIC). Estuvo detenido en Buenos Aires durante cinco días. Lo liberaron sin teléfono ni pasaje de regreso a Mendoza. Las fuerzas de seguridad le perdieron el documento. Su abogado pide el sobreseimiento.
Apasionado por el fútbol y sujeto a las restricciones económicas de una familia que padece la recesión de la última década, Ponce no puede pagar los servicios de las diferentes plataformas que exigen abonarse a cada una de ellas por separado y pagar los plus correspondientes para ver partidos del torneo argentino, la Libertadores, la Sudamericana, la Eurocopa o la Copa América. Ezequiel compartió con gente cercana algunas transmisiones que emitía solamente DirecTV, la señal del conglomerado que el Grupo Werthein compró a AT&T en 2021. La operación judicial y policial lanzada por la Alianza contra la Piratería Audiovisual contra Ezequiel, en una acción desproporcionada, exhibe los reflejos corroídos de DirecTV.
Al mendocino lo allanaron en su casa por haber contribuido a la difusión de transmisiones de partidos de Boca Juniors y de la Copa América. La plataforma Fútbol Libre —con la que no tiene vinculación y de cuyos ingresos publicitarios no vio un centavo— tomó la señal de Megadeportes, un pequeño sitio que tenía Ponce —cuyo dominio ya fue dado de baja por el Ente Nacional de Comunicaciones— para propagarla de modo pirata. El partido alcanzó a más de seis millones de usuarios.
La presencia de DirecTV en los hogares es acotada: menos de un 20% de los argentinos acceden a sus señales, por lo que la apropiación exclusiva de eventos de interés masivo genera, automáticamente, una demanda no satisfecha por la empresa. Hoy, el acceso a un solo partido de Boca por Copa Sudamericana cuesta $6.990. La Alianza contra la Piratería Audiovisual —que se autopercibe como una entidad sin fines de lucro y está integrada por empresas como DirecTV, Disney, Grupo Globo, Warner Bros. Discovery, Ole Distribution, entre otras— calculó que en 2023 los accesos pirateados en la Argentina representaban el 24% de las conexiones existentes en la TV paga.
Asombra que las millones de reproducciones piratas del partido de Boca solo hayan suscitado una denuncia penal, en lugar de haber alentado la revisión de un modelo de negocios tan excluyente y tan alejado de la demanda potencial de sus servicios. Gracias a Ponce, de hecho, DirecTV pudo corregir una falla en su sistema. El acceso al contenido es ahora más estrecho. Ironías de un sector que Santiago Marino llama “audiovisual ampliado”.
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Los anunciantes dimensionan el interés social en estos eventos. Tanto Fútbol Libre (que rápidamente mutó a Pelota Libre) como Roja Directa comercializan sus sitios. Empresas legales de todo el mundo contribuyen a su economía. Betano, una de las agencias de apuestas online que auspició la transmisión oficial de la Copa América, también gastó fortunas en estas páginas, con pop-ups que invaden los sitios pirata. Quienes conocen y promueven la timba ponen huevos en todas las canastas.
Nada es gratis en la vida. Para abrir los contenidos de Fútbol Libre y similares hay que poseer dispositivos electrónicos (una computadora o un smartphone), conexiones de red —con precios que los proveedores de conectividad fija y móvil aumentan periódicamente y que superan a la inflación—, electricidad, paciencia y tiempo. Desde la perspectiva de los usuarios, el consumo llamado gratuito es oneroso.
“En un contexto económico tan difícil creo que deberían liberar el fútbol. A la gente se le hace muy difícil pagar. Antes, con Fútbol para Todos, (…) la gente podía acceder. Ahora hay muchos monopolios donde la gente no puede pagar y cada vez hay más empresas que se llevan todos los partidos”, dijo Ezequiel cuando fue liberado.
Otro aspecto que estimula el consumo en sitios piratas es la usabilidad. Lo señaló, en plena efervescencia del caso, Eugenia Mitchelstein: “Como interfaz de usuario no hay nada más práctico que apretar un botón y ver el partido”. Las empresas de TV exigen una serie de pasos. “Hay que buscar en qué plataforma dan el partido que quiero, tipo ´donde dan Irlanda Moldavia´”, luego tener la suerte de pagar el abono a esa plataforma, después cargar la clave, el mail o datos personales en un dispositivo, esperar a que se cargue y que la empresa permita usar la cuenta fuera del hogar si la persona se encuentra fuera de casa. Frente a la facilidad con la que esas mismas personas acceden a contenidos en Spotify (básicos y premium), lo de las plataformas audiovisuales de streaming resulta kafkiano.
El ejemplo de la música, que es superador, dista de ser armónico. Si bien sutura conflictos propios de la transformación digital tanto en el eslabón de la distribución y comercialización, como en el del acceso y consumo, también afecta a la producción creativa, tanto que multiplicó las quejas de artistas y grupos musicales que sienten que el reparto de los beneficios por el éxito de sus creaciones es cada vez más desigual. Es decir, va en detrimento de su contribución, sin la cual la industria no existiría.
Para Agustín Espada, los servicios básicos autorizados por los sellos musicales y editoriales a distribuir contenidos “son complementarios de la oferta paga”, favoreciendo el crecimiento del mercado. La complementación fue ensayada con éxito por Claro Sports en la transmisión de los recientes Juegos Olímpicos 2024. Siendo una compañía que ofrece servicios de TV por suscripción, abrió el acceso a todos los deportes en YouTube y fue un éxito comercial. Otro ejemplo es el de Spotify, cuyo acceso básico está financiado con anuncios publicitarios, mientras los niveles premium, con cargos mensuales, no incluyen anuncios y permiten otras funcionalidades a sus suscriptores.
En julio de este año el regulador británico de comunicaciones, OfCom, abrió una consulta pública sobre la cobertura de eventos deportivos “de interés nacional” para que esté disponible de forma gratuita para la mayor audiencia posible. La consulta es, también, un indicador de que el problema del arancelamiento de contenidos de interés masivo no conoce fronteras.
Hasta que el sector televisivo entienda que el modelo inductivo, toyotista —ese que funciona a partir del monitoreo de la demanda y del procesamiento de tendencias sociales—, es más apropiado a los entornos digitales que el del proveedor que fabrica unidireccionalmente un ideal inflexible de consumidor, los casos como el de Ezequiel Ponce serán la moneda corriente en el mercado.
Y la bandera pirata flameará por los mares audiovisuales.