Claudio Rojas corre todo lo que le dan las piernas. Corre con zapatos de vestir, pantalón de traje, camisa. Corre con la velocidad del perseguido hasta perderse y recién ahí, frente a una estación de servicio, pide un teléfono y le dice a su pareja, Liliana, que acaban de soltarlo del Broward Transitional Center (BTC), la cárcel donde estuvo encerrado -por segunda vez- durante siete meses, junto a otros 600 inmigrantes. Ese día, un viernes de septiembre de 2012, Claudio se reencontró con Liliana y también con sus hijos, David y Emiliano. Ese día, Claudio entendió que esa libertad no era sólo suya. Y que por eso tenía que hacer pública su historia. Que tenía que contar que había sido estafado por una abogada. Que antes había sido detenido por una emboscada de Migraciones. Contó, también, cómo son los días en una cárcel privada, sólo habitada por inmigrantes sin antecedentes penales y con menos derechos que los presos comunes.
Contó cómo, espontáneamente y desde el encierro, terminó organizando a los familiares de otros detenidos para que sus familiares conozcan sus derechos y pidan apoyo a las organizaciones de inmigrantes. Cómo traficaba sus casos y los contacto con sus familiares en pedacitos de papel higiénico. Que primero arrancó sólo pero después contó con otros dos extranjeros ilegales que se hicieron detener a propósito para entrar a la misma cárcel. Que la organización, las manifestaciones y las campañas públicas de los inmigrantes sin documentos son la forma más potente para plantarse ante la maquinaria de la deportación. Todo lo expuso en The Infiltrators, un documental que se estrenó en enero en Estados Unidos y le costó el castigo de la deportación.
Todo eso lo vuelve a contar ahora pero bajo pleno otoño y en la casa de su hermana en San Martín, provincia de Buenos Aires. Y agrega el epílogo que no llegó a registrar el documental: habla del castigo de la deportación que le acaba de imponer el gobierno de Estados Unidos por haber dado testimonio en la película y que lo separó abruptamente de su familia.
Llueve en el sur del estado de Florida. Emiliano Rojas maneja su auto por la Interestatal 95 rumbo a Fort Lauderdale, uno de los puertos centrales de Miami. El asfalto está resbaladizo. Es argentino e ilegal como toda su familia. Tiene 24 años y un trabajo como vendedor de cámaras de seguridad. Llegó a Estados Unidos con 13 años, terminó la secundaria y luego consiguió un puesto que le alcanza para darse lujos cotidianos como ese flamante Infiniti, la máquina de alta gama de Nissan que ahora lo guía con su GPS por las calles internas cercanas al puerto. Falta poco para las 16 de un día de enero de 2010. El satélite lo lleva en tiempo y forma a la cita laboral de la jornada. Lo que el GPS no le marca es el puesto de control que Migraciones acaba de instalar después de la última curva. Varias camionetas y oficiales mantienen reducida la calzada. Los autos ralentizan la marcha a la fuerza. Pasan todos. Apenas divisa al conductor del Infinity, un agente hace señas con las manos para que se detenga. Emiliano no lo escucha pero lee los labios en cámara lenta. “C o m e”.
Si no estuviese lloviendo, Claudio estaría cortando el pasto montado a su pequeño tractor, como todos sus días de trabajo en la empresa de jardinería. Si no estuviese lloviendo, el ruido del motor quizá le impediría escuchar la llamada de su hijo Emiliano. Pero Claudio está al reparo del agua. Aprovecha el mal clima para arreglar las herramientas y afilar las cuchillas de corte.
Ring.
-Papá, me detuvieron porque no encuentro el registro. Dicen que para retirar el auto tiene que venir el titular.
-No puedo ir hijo. Si voy, me pueden llevar preso.
-No te preocupes. Los oficiales me prometieron que sólo me van a hacer una multa, te dan el auto a vos y nos vamos.
Desde hacía unos meses, la administración de Barack Obama había ratificado el Programa Comunidades Seguras, lanzado en 2008 por George Bush hijo. La norma daba luz verde a las razias de cualquier persona que tuviera rasgos latinos o árabes. Preocupado por esa decisión, Claudio fue enseguida a ver a su abogada. Hacía ocho años que llevaba su caso. Le dijo: “No te preocupes. Con estos documentos, que certifican que hay un proceso de residencia en trámite, no vas a tener problemas si te para la policía”. Le dio un papel para cada integrante de la familia.
Con su hijo del otro lado del teléfono, se acordó del salvoconducto y subió al auto un poco más convencido. Al llegar se encontró con Emiliano rodeado de agentes vestidos con la usual camisa azul pero con una sigla distintiva en sus espaldas: “ICE”, el acrónimo de Immigration and Customs Enforcement. Esta fuerza policial fue diseñada en 2003 para perseguir y encarcelar inmigrantes, cuenta con el doble de agentes que el FBI y un presupuesto de casi 8 millones de dólares.
Se presentó como el padre. Mostró su registro de conducir. Poco importó. ¿Usted es residente? ¿De dónde es? ¿Tiene papeles? Claudio les habló de derechos y libertades individuales. Prefirió guardarse el as para cuando estuviera contra las cuerdas. Acorralado, los mostró como una estocada final. “Pero ésto no sirve de nada, es un trámite del Ministerio de Trabajo; tu abogada debería haber iniciado un trámite en Migraciones. Te cagaron.” El oficial repitió: “Tu abogada te cagó, te tengo que detener”. La tonada le sonó familiar. “Dame una oportunidad, dale”, se ilusionó.
“El tipo era un argentino. Le dije que me ayudara. Todos los que laburan en migraciones son inmigrantes o hijos de inmigrantes, lo que te da más bronca”, cuenta hoy Claudio, que no deja de echarle azúcar al mate mientras a la casa de su hermana llegan sobrinos, tíos y amigos. No lo ven desde hace casi 20 años. Claudio (54) es el más chico de diez hermanos. Todos hijos de una pareja que emigró de Chile a mitad de siglo pasado.
En 2000, a Claudio lo echaron del supermercado Norte, donde era supervisor. Con la indemnización decidió irse a trabajar a Miami. Tenía 35 años. En su casa de Moreno quedaron sus dos hijos, David de dos años y medio, Emiliano de 14, y su mujer Liliana. A los pocos meses, cuando Claudio estabilizó sus ingresos, les compró pasajes a todos. Apenas llegó comenzó a frecuentar una Iglesia pentecostal. Hábil para los oficios, el pastor lo tomó como “handyman”, un arregla todo. Enseguida pasó al sector de la construcción. Trabajaba de sol a sol, pero cobraba 500 dólares por semana. Con una semana de trabajo pagaba el alquiler de todo el mes.
“Inmigrantes éramos pocos; casi todos eran cubanos.” Claudio hace esta clasificación de manera automática. Los cubanos mandan en Miami. Tanto que, de alguna manera, para los recién llegados los cubanos no son extranjeros. Se dio cuenta a la fuerza que tenía que cambiar su manera de hablar.
-Argentino, alcanzame la mandarria.
Claudio miró todas las herramientas que estaban en el piso. Probó con una, con otra. No, no, no. “No argentino, la mandarria”, gritaba el jefe. Hasta que agarró una maza.
-¡Ah, la maza!
-No argentino, esto es la yuma, la llama, Miami. Olvidate de Argentina, estás en la yuma. Y acá somos cubanos. Y es la mandarria.
Algunos años después, se ganó la confianza de otro cubano y se metió en jardinería; también le manejaba el camión y le solucionaba cuanta cosa hiciera falta. Era su hombre de confianza. Al menos hasta 2010, cuando lo detuvieron en la redada de Fort Lauderdale junto a su hijo, aquella tarde lluviosa de enero.
A Claudio y a Emiliano los esposaron en el lugar y los subieron a una camioneta con rumbo al centro de detención BTC. “Afuera quedaban mi hijo más chico y mi mujer. En ese momento se me cayó el mundo. ¿El mundo?”, se pregunta como si la metáfora para graficar la inmensidad no alcanzara a cubrir su dolor.
“Pero qué bien, dos por uno”, lo recibieron los oficiales boricuas al verlos llegar. Recién adentro, rodeado de policías y agentes migratorios, Claudio y Emiliano se dieron cuenta de dónde estaban. El gran edificio color rosa ubicado en un barrio residencial de Pompano Beach, al norte de Fort Lauderdale, es un ex hotel. Y por fuera todavía pareciera que lo es. No hay un cartel ni una señal que indique que allí el gobierno de Estados Unidos mantiene recluidos a 600 inmigrantes varones y a unas 100 mujeres. Todos visten de naranja. En su interior, las habitaciones fueron reconvertidas en celdas. No hay rejas y, salvo durante el conteo, las puertas se mantienen abiertas. El trato es cordial, pero los derechos son nulos. Los detenidos pueden recibir visitas, pero como sus familiares y amigos suelen ser ilegales tampoco se pueden acercar. Sin antecedentes penales, sin juicios, sin sentencias, estos presos terminan hundidos en un pozo de soledad. El derecho a corte, con suerte, lo tendrán después. Los aliens -como los llaman las leyes estadounidenses- no gozan de la presunción de inocencia.
Así lo recuerda Claudio. “La comida era tan escasa que los que no tenían familiares que les pasaron plata, se cagaban de hambre. Teníamos menos derechos que los presos comunes. Y ninguno tenía antecedentes penales. Solo estabamos ahi por ser inmigrantes. La mayoría de los detenidos desconocían que podían pelear para no ser deportados. Si no tenías dinero, no podías ni llamar por teléfono. Por eso, a muchos los seducían con trabajar dentro del penal y, para eso, les hacían contrato por un dólar la hora.”
Claudio se refiere a los contratos laborales que la empresa GEO firma con los presos, muchas veces incluso por menos de 1 dólar la hora. La misma empresa que administra su reclusión los emplea para que se encarguen de la manutención de la cárcel. GEO es una gigantesca compañía que administra y provee personal para muchas cárceles de Estados Unidos. Junto con Core Civic -antes Corrections Corporation of America- manejan gran parte del negocio carcelario. Según los trabajos del Centro de Estudios sobre la Globalización Global Research, el 40 por ciento de los inmigrantes que son detenidos quedan bajo la órbita de las empresas privadas que gestionan cárceles.
En 2012, sólo entre GEO y Core Civic cerraron contratos con el Estado por 738 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos paga por los inmigrantes detenidos. La lógica es simple. A más detenciones, mayores ingresos. Global Research estima que alrededor de 60 mil inmigrantes son forzados a trabajar gratis o por menos de un dólar la hora.
“Era una extorsión. Porque a los que aceptaban trabajar les daban más beneficios como recibir más visitas o acceder a más comidas. Yo no lo hice nunca pero muchos chicos estaban desesperados”, cuenta Claudio, que junto a su hijo pasó tres meses en una habitación compartida con otros cinco detenidos. Un televisor, un baño, y entre seis y ocho camas en cuchetas; así eran todas las celdas. “Fueron tres meses muy duros porque estar con él era una carga muy fuerte para mí. Me sentía responsable por su detención.” Un juez se expidió por ambos. Claudio salió con una fianza de 7500 dólares y un proceso judicial que lo obligaba a irse del país en 120 días. Emiliano tuvo que pagar 5000 dólares de fianza, pero tuvo la posibilidad de seguir viviendo en Estados Unidos.
Aunque parezca más una provocación que un estímulo, Emiliano y su hermano David forman parte de la generación de los dreamers, los ilegales que se forman educativamente desde chicos en Estados Unidos pero que no son reconocidos como ciudadanos. Muchos de ellos aprendieron a caminar en suelo estadounidense, muchos de ellos dijeron sus primeras palabras en inglés, pero tienen menos derechos que un turista.
Viridiana Martínez vive en Estados Unidos desde los 7 años. Sus padres llegaron de Monterrey, México, hace 25 años y se quedaron en Carolina del Norte. Ella terminó todos los ciclos educativos hasta que quiso llegar a la universidad, límite para los ilegales.
En 2010, a sus 23 años, Viridiana era una dreamer que chocó de frente cuando quiso que sus sueños continuas en estudios superiores. Comenzó a participar de las manifestaciones por los derechos de los inmigrantes. Ahí conoció a Marco, también de México, y a Mohamed, de Irán. Junto a otros crearon The National Immigrant Youth Alliance (NIYA). La NIYA tomó notoriedad rápidamente por la valentía con la que estos jóvenes se bancaban las detenciones por marchar en las calles de Washington a favor de la Dream Act, una propuesta de ley que podía significar la legalización de cientos de miles de inmigrantes pero que finalmente no prosperó. En su lugar recibieron el DACA, un premio consuelo. Estrictamente, el DACA es una acción diferida para los llegados en la infancia que garantiza, por un tiempo determinado, que no los deporten y los habilita a solicitar una autorización de empleo.
Álex Rivera, director de cine de madre peruana y padre estadounidense, empezó a seguir las actividades de la organización juvenil. “Mi trabajo como cineasta está centrado en la problemática de la inmigración. Y vi cómo se arriesgaban estos jóvenes y quedé fascinado”, dice Rivera desde Nueva York. Tardaría casi siete años en terminar su proyecto, parte registro documental, parte recreación ficcional, que cuenta la historia de Claudio Rojas y los activistas que se infiltraron para colaborar con él en aquella cárcel con cáscara de hotel
“La película cuenta historias de inmigrantes, su lucha contra un sistema injusto. Por eso, cuando atacan a Claudio por haber dado testimonio lo que están diciendo es que no quieren ese tipo de expresión”, dice Rivera a poco de presentar la película en un nuevo festival.
Después de tres meses detenido en BTC, Claudio salió con una deuda de 12 mil dólares, lo que le habían prestado para pagar su fianza y la de su hijo.“Cuando salí me quedé sin laburo. El cubano, mi empleador, tuvo miedo y no quiso que volviera. Empecé a cartonear con la camioneta. Llegué a sacar más de doscientos dólares por semana.”
El 'handy man” pronto volvió al ruedo. En dos años volvió al sector jardinería. Ya tenía su vida de vuelta pero también tenía una orden de deportación sobre la cabeza.
En libertad, Claudio escuchó los discursos de Barack Obama y los de su secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, y terminó de tomar una decisión sobre su futuro. “Dijeron que sólo iban a deportar a los inmigrantes con antecedentes criminales. Y yo no tenía ninguno. Estaba limpio, no me iba a deportar solo. Con toda mi familia acá, decidí correr el riesgo de quedarme.”
La mañana del 15 de enero de 2012, Claudio salió a la vereda para tirar la basura. Eran poco más de las 8. Salió entre dormido y apenas vestido. Pantalón corto y ojotas. Apenas depositó la bolsa en el canasto se le vinieron encima dos camionetas de policías. Bajaron cuatro de ellos, todos armados. Escopetas y revólveres. Gritos y sirenas. Como siempre, le hablaron en español. Quieto, al piso, manos arriba. Alcanzó a cambiarse antes de que se lo llevaran.
-¿Otra vez vos acá?
-Sí, ja. Es que me gustó tanto la estadía en el hotel que vine a rentar un cuarto.
Claudio se mostró con el ánimo fuerte, pero los nervios lo comían. “Esta vez sentí que me deportaban. Había violado la orden de un juez. Estaba listo. Apenas entré, me quedé hecho un vegetal en un cuarto. Durante tres semanas nadie vino a decirme nada.”
Liliana, su pareja, se contactó con otro abogado después de que la anterior los amenazara con llamar a la policía cuando fueron a verla porque su marido estaba preso. Claudio está seguro: “se podría llenar una cárcel entera con los abogados sin escrúpulos que se están enriqueciendo a costa del sufrimiento de los inmigrantes”.
Afuera de la cárcel, Emiliano montaba guardia en total soledad con una bandera que decía “Liberen a Claudio”. Después se sumaron sus amigos del colegio. Los amigos de su hermano. Los amigos de su papá. Los amigos de sus amigos. En silencio y a lo lejos observaban ese edificio rosa que, para los vecinos, acababa de dejar de ser un extraño hotel para convertirse en el centro BTC, la instancia previa a la deportación de inmigrantes. Con el revuelo silencioso llegaron Telemundo y Univisión, las cadenas hispanas más grandes de Estados Unidos. Una entrevista a Emiliano hizo retumbar el caso de su padre.
Adentro de la cárcel, Claudio comenzaba su revuelta, también en soledad. A diferencia de la primera vez, ahora sabía que si no actuaba se lo llevarían puesto. Lo único que hacía era pensar. Rápidamente entendió que “el negocio estaba armado entre los exportadores y los jueces”. Entendió que si las historias de sus compañeros no trascendían las rejas, jamás saldrían de ahí. “Corté un poco de papel higiénico e iba preso por preso para que me contara su caso. Les explicaba que quería sacar su caso para dárselo a mi hijo, que estaba afuera, para que se contacte con sus familias. Anotaba número de alien, nombre y teléfono. Después se lo daba a un amigo boricua, que era residente y me podía visitar.” Claudio armaba su lista en papelitos muy pequeños para disminuir las posibilidades de captura al pasárselos a su amigo. Para cortarlos, se guardaba la hoja de afeitar que viene en la máquina. Cuando la tenía que devolver, como todas las mañanas, se aprovechaba de la confianza de su guardia y la entregaba vacía. Nadie le prestaba mucha atención a ese argentino.
En pocos meses llegó a filtrar más de cien casos. Los manifestantes se multiplicaron al ritmo de los papelitos. Y las repercusiones también. Afuera, Emiliano no daba abasto. Se había transformado en una ONG individual. La Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes de Viridiana se contactó con él, y a los pocos días ya estaba en el lugar. Había llegado la caballería de activistas por los derechos de los migrantes con un plan ambicioso: entregarse en un puesto de control cercano al BTC para que los llevaran detenidos y así infiltrarse entre los inmigrantes presos. Los dos caballos de Troya pasaron sin problemas, uno en el sector femenino y otro entre los hombres.
“Nos dimos cuenta de que teníamos cierto poder porque, como dreamers, el gobierno no nos deportaba tan fácilmente como al resto de los inmigrantes. Y eso lo teníamos que usar. Decidimos infiltrarnos en el centro de detención y organizar a los presos para pelear por sus casos y evitar las deportaciones”, cuenta Viridiana por teléfono, siete años después de haber sido la primera inmigrante que se escabulló en una cárcel de Estados Unidos.
Recién lo consiguió en el segundo intento. En el primero no logró sacarse de encima todo el norteamericanismo con el que había crecido. La segunda vez, cambió de ropa, habló sólo en castellano y pidió directamente que la deportaran porque su marido estaba en México.
“El policía llamó al de Migraciones, que llegó a la media hora. Me procesó un latino, que les decía a sus compañeros ´esta vieja estúpida piensa que va a llegar a México y su esposo va a estar esperándola´. Me moría por decirle ´ya verás que estúpida, idiota´. Pero me aguanté; ya había logrado parte del objetivo.”
A las cinco de la mañana ingresó al BTC. La encerraron en una habitación con otras cinco mujeres. En las primeras charlas se presentó una chica venezolana: Marisol. Para Viridiana seguían las buenas noticias. Marisol era uno de los casos en los que la Alianza de Jóvenes Migrantes estaba trabajando, junto a su esposo. Ella la guiaría entre todas las reclusas para distinguir entre las sapos (las buches de los guardias) y las demás. Viridiana la iba a conectar con su organización para agilizar la salida. Eran unas cien mujeres.
Hacía una semana que Marco se había infiltrado en el sector de los hombres. El primer caballo de troya fue más fácil de colar. El oficial de la Border Patrol no dudó un segundo en detenerlo apenas lo vio llegar. Mientras el policía le hacía las preguntas de rigor, Marco grababa todo con su teléfono celular. Del otro lado, en el centro de operaciones, Mohamed, el dreamer iraní de 24 años y principal referente de la organización, archivaba el audio y estaba atento al desarrollo de la situación junto a otros activistas.
“Mañana vas a recibir una sorpresa”, le había dicho Emiliano a su papá. Una vez adentro, Marco lo ubicó fácilmente. Tocó su puerta y se presentó.
-Hola, ¿está Claudio Rojas aquí?
-Si, soy yo.
-Soy Marco, de la Alianza de Jóvenes Inmigrantes. Su hijo nos contactó. Lo vamos a sacar.
“¿Que hago con este pibe acá. Primero me hice cargo de mi hijo y ahora me tengo que hacer cargo de él?”, bufó Claudio en ese momento. No podía creer la riesgosa operación que habían montado unos pibes sin conocerlo. Entre ambos sistematizaron el método de recolección de datos entre los demás prisioneros y triplicaron el volumen de información. Además, la organización los conectaba con abogados y aportaba dinero para que los presos pudieran hacer más llamadas telefónicas.
Marco también sumaba algo diferente. Claudio lo notó. “Cuando lo vi hablar con la prensa por teléfono y explicar las leyes a los demás compañeros, me di cuenta por qué había venido. Tenía habilidades para denunciar exactamente lo que estaba pasando adentro, una habilidad que el resto no teníamos.” Viridiana hacía lo mismo entre las mujeres. Desde la cárcel, ambos fueron entrevistados telefónicamente por Telemundo y Televisión. El impacto fue instantáneo. Las denuncias llegaron al Congreso de Estados Unidos.
Con dos semanas de denuncias públicas, los presos comenzaron a salir. Pero los infiltrados quedaron expuestos. Las autoridades de BTC los echaron a la fuerza. Marisol, la primera compañera de cuarto de Viridiana, también salió ese día. La mexicana infiltrada había pasado 15 días detenida. Marco una semana más. Entre ambos lograron liberar a más de cincuenta inmigrantes y agilizaron el proceso de otros cientos.
“Salían todos menos yo”, se queja Claudio entre risas y mates. Habían pasado seis meses de su detención. Sintió tenía que traspasar un límite y profundizó una medida fuerza. Claudio prefirió llamarla ayuno. “Si hacemos huelga de hambre, nos agarran a patadas. Pero si hacemos un ayuno, es nuestro credo como cristianos y lo tienen que respetar.” Lo tuvo que hacer en soledad. Después de dos semanas de ingerir solamente líquidos, lo llevaron a la enfermería, que era en realidad una celda para mantenerlo aislado. Salía al patio fuera de horario, diez minutos al día, escoltado por guardias. Igual se las arregló para filtrar información a otro preso. Pidió que hicieran un día de ayuno en solidaridad. Esta vez lo siguieron. La administración carcelaria elevó el castigo y lo trasladó a la noche siguiente a Krome, una cárcel de mayor seguridad. También lo recluyeron primero en la enfermería, después en el pabellón normal, donde al verlo dialogar con otros presos lo llevaron al pabellón de tuberculosos. Habían pasado los 30 días de ayuno y siete meses desde su detención. Las autoridades de la prisión le dijeron a Claudio que lo iban a sacar de Krome. Pero lo llevaron de nuevo a BTC. “No daba más ya”. Se sentía morir. A los pocos días y por una orden administrativa recibió la noticia. “Andá a buscar tus cosas que te vas”, le gritó un guardia. Claudio no buscó nada. Saludó a sus compañeros y se fue corriendo con lo puesto. Corrió como nunca hasta una estación de servicio. Lo pasó a buscar una amiga de su mujer.
Era septiembre de 2012. De a poco recuperó su vida. Le encontró la vuelta a sus trabajos. En términos judiciales, tenía una libertad condicional que le daba tranquilidad. Sólo debía presentarse una vez por año en Migraciones. Con la asunción de Donald Trump, ese período fue reducido primero a seis meses y después a tres. Paralelamente, comenzó a tramitar una visa de trabajo junto con sus abogados.
Cuando el director de cine se contactó con él, Claudio aceptó ser una de las caras del documental The Infiltrators. “Sentí que tenía que contar mi historia en agradecimiento a ellos, que se hicieron detener por mi. Después de todo lo que me habían ayudado sin conocerme, mi voz era clave para que se supiera todo lo que pasa dentro de los centros de detención”.
Hoy viste camisa blanca con rayas verticales color azul, pantalón de vestir negro y zapatos. La misma ropa que tenía puesta el 27 de febrero pasado, cuando acudió a Migraciones para el chequeo rutinario y quedó detenido. Una semana después se estrenaba la película en Miami. Claudio iba a ser parte de la presentación. No le dieron ninguna explicación. Simplemente se lo llevaron. De nada sirvieron la visa que estaba tramitando, ni la presencia de su abogado, ni las campañas de los productores de la película. Un mes después de mantenerlo cautivo lo subieron esposado a un vuelo de American Airlines con destino a Buenos Aires, donde aterrizó a principios de abril.
En Estados Unidos sus abogados intentan avanzar con el proceso para que obtenga su visa de trabajo y pueda volver. Con su productora, Alex Rivera también sumó su apoyo a Claudio y denunció a Migraciones por violar el derecho a la libertad de expresión.
Acá, en Billinghurst, localidad del partido de San Martín, Claudio sigue esperando que avancen los trámites para que pueda reencontrarse con su familia en Miami. Lo esperan los de siempre y un nuevo integrante que no llegó a conocer. Su nieto, hijo de Emiliano, nació justo cuando lo deportaron.