El gobierno decidió fortalecer a los espías, creando nuevas dependencias de inteligencia y aumentando sideralmente su presupuesto. Curioso y perturbador a la vez: sólo en este área Milei quiere saltear su sueño de ser el topo que destruya el Estado desde adentro y gastar más.
La semana pasada, con el DNU 614/24, el gobierno creó el Sistema de Inteligencia Nacional, coordinado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que tendrá bajo su órbita cuatro áreas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA, una versión pesificada de la CIA), la Agencia de Seguridad de la Nación (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
El viernes 19, con el DNU 656/24 el gobierno aumentó en 100 mil millones de pesos los fondos reservados, que hasta esa fecha estaban en 3 mil millones. Ahora, el presupuesto total de la SIDE para el 2024 será de $136.742 millones y el de los fondos reservados de 103 mil millones, un 75% del total.
El economista Nicolás Gadano posteó con ironía en X: “Para compensar los $100 mil millones adicionales que le dieron a la SIDE en gastos reservados hay que cerrar 23 INADI” (el INADI tenía un presupuesto de 4.282,5 millones de pesos).
Le consulté a Agustín Rossi, interventor de la AFI (ahora SIDE) durante el Gobierno de Alberto Fernández, por los fondos reservados durante esa gestión y me dijo que fueron de “$650 millones, un 4% del total del presupuesto que en 2023 fue de 15,6 mil millones”. Revisémoslo, porque la diferencia es enorme: desde la semana pasada el presupuesto para los espías está por arriba de los 136 mil millones y tres cuartos del dinero se usará de forma reservada. Van a tener para entretenerse ahora los chicos de la SIDE.
Leopoldo Moreau, diputado de Unión por la Patria y —al menos hasta que se designen las nuevas autoridades— Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, ve en el aumento presupuestario de los gastos reservados “una manifestación impune que no tiene justificación”. Le pregunté por qué y me explicó: “Gran parte del presupuesto se destina a gastos corrientes, como por ejemplo pago de sueldos y funcionamiento administrativo. Y un porcentaje menor a operaciones de inteligencia, que son las únicas que se justifica que tengan gastos reservados. ¿Para qué quieren el 75% del presupuesto para gastos reservados?”. Buena pregunta, Leopoldo.
El diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, cree que se debe poner el foco en ciberseguridad: “Es la única área novedosa y que puede llegar a requerir semejante nivel de gastos reservados. ¿Qué quieren hacer con eso? ¿Adquirir equipamiento? ¿A quién se lo van a comprar? ¿Por qué no con gastos públicos, con licitaciones que uno pueda observar? ¿Qué tipo de equipamiento y con qué objetivos? Algunos hablan de mayor incidencia en el patrullaje cibernético, ¿orientado a quiénes?”
Según consta en el decreto, el gobierno dice que es para “fortalecer el sistema de inteligencia nacional”. ¿Es así? Le consulté a Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS: “Puede ser que sea para fortalecer, pero la pregunta es ¿para fortalecer qué proyecto? Desde el punto de vista político, el gobierno tiene la idea de que la SIDE tiene que estar subsumida con las agencias internacionales de Israel y Estados Unidos”. Lo que señala Paula es muy relevante: los servicios de inteligencia de esos países tienen objetivos y evaluaciones de riesgos distintas a las nuestras. Nuestros servicios deberían servir sólo a nuestros intereses estratégicos.
Germán Gallino, licenciado en Ciencia Política, se dedica a estudiar los servicios de inteligencia. Y advierte: “Nunca debatimos para qué Argentina necesita un servicio de inteligencia. A nosotros nos vienen modelos cerrados, una caja con instrucciones de cómo tiene que funcionar un servicio de inteligencia. Y eso no se discute. Necesitamos pensar formas propositivas, con creatividad, de qué servicios necesitamos. Deberíamos pensar en un tipo de política de inteligencia local, diferente al resto, que no tenga su eje en el secreto y lo tenga puesto en la deliberación pública de nuestros objetivos estratégicos. Siempre se piensa en terrorismo y narcotráfico, las principales amenazas que tienen los servicios de inteligencia del primer mundo, pero nosotros, por ejemplo deberíamos pensar en nuestros recursos naturales”.
Esta posibilidad hoy está obturada por el fanatismo de Milei con Estados Unidos e Israel.
Tanto Hacemos Coalición Federal, el bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, como la Coalición Cívica, ya presentaron proyectos de resolución para rechazar el DNU que incrementó los fondos reservados de la SIDE. Unión por la Patria también se va a sumar a esta estrategia, por lo cual en la Cámara de Diputados el DNU quedará cerca del rechazo. En ese caso, habrá que mirar al Senado, porque los DNU tienen que ser rechazados por ambas cámaras. Unión por la Patria quiere ir por más: plantear también el rechazo del DNU 614 que modificó la estructura de los servicios de inteligencia. Germán Martínez considera que “se tiene que mandar por ley, las reformas en inteligencia tienen que tener un consenso necesario de una mayoría importante de las fuerzas políticas”.
El tema central de toda esta reorganización de los servicios de inteligencia está en que se vuelve a un sistema mucho más opaco. Es claramente un retroceso en términos de transparencia. La opacidad de la SIDE derivó en recordados actos de impunidad, como la participación de los espías en el encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA, las coimas a senadores para sancionar la reforma laboral durante la presidencia de Fernando De La Rúa y de algunos otros episodios de los que probablemente nunca sepamos la verdad, como la muerte del fiscal Alberto Nisman. Algo nos dicen las decenas de llamadas sin respuesta de Nisman a Jaime Stiusso antes de morir..
Con los dos DNU publicados por el gobierno se deja afuera al Congreso en cuestiones muy sensibles como la reorganización integral del sistema de inteligencia y el crecimiento sideral de fondos discrecionales para los espías. Cuanto más abiertas y debatidas sean estas cuestiones, más fortalecida saldrá la democracia. Para Litvachky “es grave lo que está pasando, porque con los DNU el gobierno nos está diciendo que la única forma de que los servicios funcionen es que todo debe ser oculto”.
Un punto que pasó desapercibido y es crucial para entender el poder discrecional de la SIDE es su rol como auxiliar de justicia. El gobierno acaba de restituir esa función, eliminada durante la presidencia de Alberto Fernández. En 2001, se estableció que los agentes podían ser auxiliares de jueces sólo por excepción. Esto permitió a la SIDE expandirse en los juzgados federales de Comodoro Py. ¿El resultado? Los espías tuvieron cada vez más presupuesto y terminaron direccionando las causas a su antojo. En términos generales, los auxiliares terminaron siendo los jueces.
En Argentina hemos naturalizado esta función de los servicios de inteligencia, pero los países desarrollados no permiten investigar delitos, ya que están para prevenirlos. La investigación queda en manos de las policías. En Estados Unidos, por ejemplo, la CIA no interviene en investigaciones criminales. Para eso está el FBI.
El afán del gobierno para que la SIDE tenga el menor control posible se expresa también en su preocupación por controlar la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. La Comisión tiene 14 miembros, 7 por cada cámara y tiene que elegir sus autoridades, entre ellas su Presidente. El oficialismo quiere garantizarse mayoría en esa Comisión y también presidirla, pero como hasta ahora no lo ha conseguido, a 8 meses de haber asumido Milei, sigue sin convocarla.
“Veo muy activo al Gobierno para neutralizar el control democrático” me dice Leopoldo Moreau. La situación además cristaliza la interna en el oficialismo: Santiago Caputo le prometió la presidencia al senador peronista friendly Eduardo Kueider y Victoria Villarruel al senador PRO Martín Goerling Lara. Ese desacuerdo también explica que la nueva Comisión todavía no se haya constituido. Mientras tanto, nadie controla a los servicios.
La diputada radical Karina Banfi va más allá y cree que debe hacerse más transparente la propia Comisión una vez conformada. “La Comisión Bicameral tiene que ser pública, no secreta como es hasta ahora. Actualmente, todo tiene que tener carácter reservado porque supuestamente se puede afectar alguna operación de inteligencia. Esa es la excusa para el secretismo de la Comisión”. Banfi participó en la redacción de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sostiene que la SIDE debería estar sujeta a responder pedidos de acceso a la información pública por parte de cualquier ciudadano, porque esto la haría más transparente. “Está bien que no tenga que responder sobre operaciones de inteligencia puntuales, porque eso podría ponerlas en riesgo, pero todo el resto, como por ejemplo cantidad de personal, tiene que ser público”, dice Banfi. En Estados Unidos, la CIA responde estos pedidos y además toda la información sobre su administración está publicada en su página web.
Cuando habla de los servicios de inteligencia, Carlos Pagni repite una frase del célebre escritor y ex espía británico John le Carré: “La calidad de una democracia se mide por el control que ejerce sobre los organismos de inteligencia”. Con tres cuartas partes del presupuesto de la SIDE en fondos reservados y con el único organismo de control frenado en el Congreso y un oficialismo muy interesado en dominarlo la calidad de nuestra democracia no pasaría el sello ISO de le Carré.