El anuncio fue sorpresivo: la Argentina volvía a negociar un crédito stand by con el Fondo Monetario Internacional, y así reflotaba un significante de la crisis más traumática que afectó a la sociedad argentina. Del gradualismo al shock.
El Fondo es un viejo conocido de la Argentina: del período de 50 años que va desde 1956 (año en que el país ingresó a la institución) a 2006, Argentina estuvo bajo acuerdo con el Fondo en 38 años; y el Stand by anunciado será el vigésimo desde el primero firmado por el gobierno de Frondizi en 1958.
No obstante, hacía casi dos décadas que el país se había librado de la tutela del FMI. En 2004 el gobierno de Kirchner suspendió el stand by vigente para evitar las presiones del organismo que exigía mejorar la oferta a los acreedores externos. Eso fue el puntapié de la política de desendeudamiento, potenciada con el pago por anticipado de la deuda de casi diez mil millones de dólares que el país tenía con el Fondo. Lejos de un exotismo, la decisión expresó el rechazo a las políticas de ajuste del organismo de manera conjunta con Brasil, Uruguay, Rusia y Corea del Sur, quienes también cancelaron sus deudas. El gobierno fue más allá y dejó de realizar las revisiones anuales contempladas en el Artículo IV. Luego hubo una colaboración puntual para mejorar las estadísticas en el marco de las críticas por la validez de los datos de inflación y crecimiento que brindaba el INDEC, pero no perturbó el distanciamiento. Y cuando reapareció la restricción externa, el gobierno combinó la utilización de controles de cambio y la apelación a financiamiento alternativo, como el uso de las reservas y los créditos e inversiones de China, para evitar recurrir a una institución que consideraba poco legítima.
La decisión del gobierno de Cambiemos de reinsertar al país en los mercados internacionales de capital motivó el acercamiento con el FMI, quien volvió a llevar a cabo los monitoreos anuales en un clima de cordialidad inédito desde la década del ’90. El gobierno celebraba el visto bueno del organismo como un sello de aprobación a las políticas económicas, y el Fondo restablecía relaciones con la tercera economía de América Latina. Pero durante los dos primeros años la posibilidad de financiar el déficit externo en los mercados internacionales de deuda limitó el rol del Fondo al de un consultor, que recomendaba y promovía reformas económicas de marcado cariz ofertista.
La reforma previsional fue un caso paradigmático. Recomendada por el FMI para reducir el déficit fiscal, la iniciativa fue apropiada por el gobierno luego del triunfo en las elecciones de medio término. A pesar de enfrentar una masiva oposición popular, el gobierno logró la aprobación en el Congreso del proyecto que reducía las jubilaciones y las pensiones en términos reales y patrocinaba la extensión de la edad jubilatoria. Menos que una imposición externa, se trataba de una convergencia de agendas basada en la afinidad ideológica entre el equipo económico y los funcionarios del Fondo, muchos de los cuales compartieron ámbitos de socialización.
La combinación de un contexto de menor liquidez internacional y mayor incertidumbre económica local motivó una corrida cambiaria que demandó más de diez mil millones de dólares de las reservas y generó una suba del 25% del tipo de cambio. Ante la imposibilidad de apelar al financiamiento privado externo, el gobierno recurrió al FMI. Ahora, el consultor se calzaba el traje clásico de prestamista.
Deslumbrado por las luces de los foros de primer mundo la primera intención del gobierno fue acceder a un crédito de menor condicionalidad, pero los funcionarios del Fondo aplacaron las expectativas y lo remitieron a la ventanilla añeja de los Stand by, el mecanismo clásico con el cual el FMI asiste a las economías que enfrentan desequilibrios de balanza de pagos. Se trata de programas de hasta tres años de duración, en los cuales el Fondo otorga desembolsos escalonados a medida que el gobierno cumple las condiciones pautadas.
Luego de una negociación de un mes -una duración usual en estos casos- se anunció el entendimiento por un acuerdo de tres años. El programa incluye financiamiento por 50 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno utilizará 15 mil y –por ahora- dejará el resto con carácter precautorio, es decir, se compromete a no utilizarlo al menos que empeoren las condiciones económicas. La información preliminar indica que el programa demandará acelerar el ritmo del ajuste fiscal, lo cual tendrá como correlato la caída de la inversión pública y las transferencias a las provincias, recalibrar las metas de inflación para extender a 2021 el compromiso de una inflación de un dígito, y acotar severamente el margen del BCRA para hacer política monetaria, al suspender las transferencias al Tesoro; tampoco podrá intervenir en el mercado cambiario, este último punto con el fin de que el precio del dólar se determine libremente en el mercado. El documento final permitirá saber si el Fondo reclama avanzar en la reforma laboral o la liberalización comercial, temas que había sugerido en el último informe del Artículo IV.
Algunos analistas observaron que el gobierno se apresuró en recurrir al prestamista de última instancia, pero en su ecuación el equipo económico privilegió dos elementos. Primero, la expectativa de que el acuerdo funcione como un sello de aprobación sobre la política económica que restablezca la confianza de los inversores privados a fin de recuperar el financiamiento externo. Segundo, según los funcionarios se trata de un FMI renovado, menos ortodoxo y con mayor sensibilidad social.
La evidencia demuestra un exagerado optimismo por parte del gobierno en ambos puntos. En lugar de habilitar una “lluvia de inversiones”, los acuerdos con el FMI sólo poseen un modesto efecto positivo sobre las inversiones de portafolio –por cierto, las más especulativas y volátiles. Por otra parte, desde la crisis financiera global el discurso del Fondo mostró algunos desvíos del decálogo neoliberal al destacar la importancia de los controles de cambios, la reducción de la desigualdad, y establecer pisos de protección social para evitar el impacto social del ajuste sobre los sectores más vulnerables. Sin embargo, esos avances discursivos generaron cambios mucho más tibios en los hechos.
A juicio de quien escribe, el acuerdo expresa el mutuo interés del gobierno y el FMI. Para el primero, el programa permite acceder al financiamiento externo a una tasa de interés relativamente baja (entre 4% y 5% dependiendo de montos y plazos) en momentos donde los inversores internacionales han dado señales de saturación. Asimismo, los lineamientos del programa son compartidos por el equipo económico y el organismo. Al respecto, es plausible pensar que el gobierno ha buscado las condicionalidades del Fondo para vencer las resistencias políticas internas al ajuste.
Se vislumbran dos incentivos para el Fondo. Primero, al suscribir un programa con Argentina apuntala su regreso a América Latina y, en particular, al Cono Sur. Si bien luego de la crisis financiera aprobó cuantiosos programas a México y Colombia, fueron precautorios y no conllevaron desembolsos. Sí hubo créditos, pero a pequeñas economías de Centroamérica y el Caribe como Jamaica y República Dominicana. Estimulados por la “ola rosa” de gobiernos progresistas y el auge de los precios de las materias primas, hace más de una década que los países de América del Sur no recibían desembolsos del organismo (el último programa lo había firmado Perú en 2007).
Por otra parte, debido a la duplicación de las cuotas y el aumento de las líneas de financiamiento con países luego de la crisis financiera, el Fondo cuenta con 1.35 billón de dólares en recursos disponibles, de los cuales sólo tiene prestados el 4,5%. Si bien el crédito de 50 mil millones de dólares es el Stand by más alto de la historia, con relación a las cuotas de los países el programa con Argentina equivale al 1111% de su cuota, lo cual lo ubica en el 9º lugar del ranking de créditos post crisis financiera.
Fuente: elaboración propia en base a datos del FMI.
La aprobación de un programa que supera en un 150% el límite de 20 mil millones que le correspondería al país de acuerdo a su cuota, constituye una excepcionalidad que refleja tanto la necesidad financiera del gobierno, que suscribe un programa que en términos relativos está en línea con los que recibieron las economías de la periferia de Europa afectadas por la crisis, como el interés político del Fondo por sostener el programa económico pro mercado de un gobierno con el cual comparte -como pocos- afinidad ideológica y política.
En breve, el acuerdo podría resumirse en financiamiento en dólares a cambio de recuperar relevancia en Latinoamérica. La convergencia de agendas y complementación de intereses configura una relación cooperativa (suma no cero, para los especialistas en negociación), que se caracteriza por la disposición del gobierno a cumplir las condicionalidades y la del Fondo a dispensar los incumplimientos. Es decir, un escenario de baja conflictividad en el corto plazo. Pero nada es inmutable. Al respecto, la suscripción de un acuerdo es sólo uno en una extensa cadena de negociaciones, dotada de incumplimientos, demoras, renegociaciones y, eventualmente, suspensiones.