Pocas veces la intimidad de jueces o fiscales queda al descubierto. Se dice que los jueces hablan por sus fallos; se podría decir que los fiscales se pronuncian por sus dictámenes. Son muchos los que acceden al off the record con periodistas y pocos los que dejan que sus voces sean conocidas por el gran público. Parte de esa práctica que los enviste con un halo de distancia y secretismo se rompió el viernes por la noche, cuando empezó a circular el link de Patagonian Facts, donde publicaron dos chats en los que cuatro jueces federales, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, un publicista, un exmiembro de la Secretaría de Inteligencia y dos ejecutivos del Grupo Clarín concertaban una serie de maniobras para que no se supiera que los magistrados habían viajado gratis -invitados por el multimedio- al paradisiaco Lago Escondido.
El avión despegó el 13 de octubre desde el aeropuerto de San Fernando. Destino: Bariloche. Los pasajeros eran todos hombres influyentes que iban a pasar unos días al campo del magnate Joe Lewis. Cuatro días después, Página/12 reveló el viaje y aseguró –en una nota de los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser– que era un cónclave clave para garantizar la impunidad de Mauricio Macri. A las pocas horas, los periodistas de El Destape Ari Lijalad y Franco Mizrahi revelaron los papeles del vuelo, pero lo que tenía todos los condimentos para ser un escándalo no escaló.
Entre los visitantes al sur estaban los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos “Coco” Mahiques y Pablo Cayssials. También habían viajado el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad y titular de la Asociación Internacional de Fiscales. Con ellos habían volado el publicista Tomás Reinke y el exSIDE Leonardo Bergroth.
O eso era lo que se sabía. Con la filtración del viernes se terminaron de conocer los nombres que faltaban: Jorge Rendo, presidente del directorio de Clarín y número dos de Héctor Magnetto, y Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del grupo y sobrino de Magnetto.
Si la información publicada en la web Patagonian Facts es certera, el 17 de octubre –mismo día de la publicación de nota de Kollmann y Hauser– los viajeros armaron un grupo de Telegram bajo el título Operación de Página 12. Ahí detallaron todos sus esfuerzos por contrarrestar lo que había salido publicado. Los integrantes del grupo avisaban qué periodistas los contactaban para chequear la información. Para los trabajadores de medios considerados aliados al gobierno había descalificaciones; para los considerados opositores, reproches por hacer su trabajo. Trataban de “imbéciles” a periodistas de La Nación o describían como “fuego amigo” la consulta de una periodista de Infobae.
Ercolini entendió que finalmente tendría que atender alguno de los llamados que recibía. Junto con los integrantes del grupo pergeñó tomar como “vocera involuntaria” a una de las periodistas de judiciales más respetadas, Paz Rodríguez Niell, editora de La Nación. Según cuenta el propio Ercolini en un mensaje de audio le dijo a Rodríguez Niell que ellos se habían costeado el viaje y que habían ido en plan de hacer turismo. Ante el planteo de la periodista sobre cómo un juez federal viajaba con un ministro político –funcionario del presidenciable Horacio Rodríguez Larreta–, Ercolini habría contestado que lo conocía desde hacía tiempo por la función judicial. La periodista nunca escribió la nota con la que se habían entusiasmado los magistrados.
En paralelo, algunos de los integrantes del chat contaron que recibieron un llamado de Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández y aparente enlace con el Grupo Indalo –que gerencia, entre otros, el canal C5N–. Leunda, en un aparente doble rol, habría transmitido que su “jefe” decía que no había que “matar” la mesa que se reunió en Lago Escondido sino conseguir una silla para sumarse al cónclave. En el mundo político rápidamente se leyó que el jefe de Leunda era Alberto Fernández.
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Tres días después de la creación de “Operación Página 12”, Pablo Casey habría creado un nuevo grupo con el título “Donatto contraataca”. En éste se volcaron los esfuerzos por hacer naufragar la investigación que debía instruirse en la justicia federal de Bariloche por el viaje.
Juan Mahiques –que había sido el enlace del gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial y el representante en el Consejo de la Magistratura– contaba las supuestas tratativas con la fiscal María Etchepare para que la investigación pasara a los tribunales de Comodoro Py o para que ella promoviera el cierre desde el sur. Los dos más activos a la hora de pensar medidas fueron Ercolini y su colega de penal-económico Yadarola, exsecretario de Sergio Torres en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py.
La principal apuesta de los magistrados pasaba por conseguir facturas que demostraran que habían pagado el viaje y que no habían recibido dádivas. Por eso también sugerían en el chat que la fiscal debía pedir la declaración testimonial de Nicolás Van Ditmar, la mano derecha de Lewis. “Grupo huemul acaba de declarar el huemul en jefe. Todo salió muy bien. Le preguntaron lo esperado y nada más”, avisó Casey el 23 de noviembre. “Impecable, me dicen”, sumó un rato más tarde Mahiques hijo.
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El primer medio en publicar la existencia de los chats fue Tiempo Argentino, con una nota de Néstor Espósito. A las horas, llegó un artículo de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna. Verbitsky explicó el interés público de dar a conocer los intercambios entre magistrados, funcionarios de Cambiemos y los empresarios del grupo de medios más importante del país en lo que se veía como una carrera loca por cometer delitos con tal de que no saliera a la luz un viaje que habría sido financiado por Clarín.
Sobre el origen de la información, hay dos posibles explicaciones: un hackeo a D’Alessandro, quien había denunciado a principios de noviembre que le habían robado la línea de teléfono, o una filtración por parte de algún integrante de los chats. Carlos Pagni, columnista de La Nación, apuntó contra Leonardo Bergroth como posible difusor de los mensajes. Bergroth fue el jefe de Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia mientras el organismo caminó al paso del temible Horacio Antonio “Jaime” Stiuso. Una versión que recoge Pagni y que manejaban en los tribunales de Comodoro Py el último sábado es que existe una interna entre D’Alessandro y Stiuso, que en las últimas semanas regresó desde las tinieblas para declarar en la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman que tramita en el juzgado de Ercolini.
D’Alessandro fue el único de los integrantes del supuesto chat que salió a hablar públicamente. El ministro porteño dijo que el chat no existió o que los mensajes fueron editados. Si bien los textos podrían editarse, sería prácticamente imposible que eso pasara con los audios. Dos que solían mandar sus comentarios orales al grupo eran Ercolini y Mahiques hijo. Quienes han tenido trato con ellos reconocen sus voces.
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La filtración de los chats se conoció horas antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py dicte sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”. Allí se investiga si el kirchnerismo direccionó la adjudicación de 51 obras en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. El 22 de agosto pasado, la fiscalía –representada por Diego Luciani y Sergio Mola– pidió doce años de prisión para CFK e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Diez días después, Fernando Sabag Montiel intentó gatillarle a centímetros de la cabeza mientras se entremezclaba en la multitud que empezó a congregarse a la entrada de la casa de la líder del Frente de Todos para darle su apoyo.
Fue el propio Ercolini quien elevó a juicio la causa Vialidad. Ercolini llegó a juez federal durante el gobierno de Néstor Kirchner. No son pocos quienes le atribuyen a Alberto Fernández haber sugerido su nombre. Los dos compartían la cátedra de Esteban Righi. En los últimos años, el Presidente no escondió su decepción con el magistrado. Un integrante del clan Mahiques, Ignacio, fue uno de los fiscales que investigó las obras públicas en Santa Cruz. A diferencia de su padre y de su hermano, Ignacio Mahiques no fue parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido.
Para CFK, Ercolini es uno de los principales ejecutores de la persecución judicial en su contra. El otro era Claudio Bonadio, que falleció a principios de 2020. Siempre vio la mano del Grupo Clarín detrás de esas maniobras. Los contactos –de haber existido tal como los muestra la filtración– justifican sus sospechas. Ercolini no solo fue el juez de Vialidad sino también de Hotesur y Los Sauces, la causa que podría ser reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal y que involucra también a los hijos de la vicepresidenta en supuestos manejos irregulares de hoteles de la familia. El magistrado también tuvo a su cargo la causa conocida como “Papel Prensa”, que debía investigar si los crímenes de lesa humanidad que padecieron los integrantes del Grupo Graiver fueron para desapoderarlos de la planta de fabricación de papel y, de esa forma, favorecer, entre otros, a Clarín y La Nación. Ercolini cerró ese caso.
Otro de los integrantes del grupo, Cayssials, se pronunció en contra de la llamada “democratización de la justicia” que promovió CFK y le otorgó una cautelar a un grupo de periodistas de Clarín que buscaba frenar la adecuación de oficio para cumplir con la Ley de Medios. Durante el macrismo, Cayssials sostuvo que la procuradora general Alejandra Gils Carbó podía ser destituida sin juicio político, lo que facilitaba que Macri pudiera deshacerse de ella con un simple decreto. Gils Carbó se había ganado la antipatía del Grupo Clarín al oponerse a la fusión Cablevisión-Multicanal que habilitó Néstor Kirchner.
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Los chats muestran cómo los magistrados hablan de sus casos, se jactan de sus contactos con dueños o directivos de medios o se pavonean por su capacidad de influir sobre colegas. Todo regado con los vinos más caros del mercado. También se los ve interactuando con familiaridad con personas que reportaban en los servicios de inteligencia, como Bergroth. El exSIDE le preguntó en un audio a “Coco” Mahiques si no había un fiscal amigo que pudiera investigar la filtración inicial del viaje, que se la adjudican al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
El juez de Casación respondió con una foto que muestra cómo se entrena para boxear a quien tenga enfrente. En este caso, el sueño era depositar una piña sobre la cara de Glinski. Yadarola contó que había sacado a la PSA de determinadas investigaciones para recortar su influencia en los tribunales. D’Alessandro dijo que tiene un patrullero y una alcaidía preparados para “hacerlo cagar” al jefe de la fuerza.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lleva años investigando la relación de la justicia federal con los servicios de inteligencia. “La filtración muestra el lado B del funcionamiento del sistema judicial federal en relación con las cosas que pasan por detrás de las causas judiciales y los vínculos que existen entre jueces y fiscales con lobbistas, operadores políticos, espías -que son operadores judiciales, en realidad- y con los grandes medios”, dice.
“Hay una especie de naturalización de esos vínculos como forma de gestionar y de ser parte de un bloque que piensa que está llevando adelante una cruzada política. No es algo que no sepamos, es algo que, de alguna manera u otra, se ve en las causas, en las operaciones y en cómo funciona Comodoro Py, pero esto lo deja explícito. Es importante decir que esto no viene de ahora ni está únicamente relacionado con las operaciones del macrismo”, completa la abogada.
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Alberto Fernández usó la cadena nacional para decir que había instruido al ministro de Justicia Martín Soria para hacer una denuncia ante los tribunales federales. La denuncia incluirá posiblemente los delitos de dádivas –los funcionarios no pueden recibir regalos– e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
En simultáneo, el Presidente le ordenó a Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que presente denuncias contra los jueces Ercolini, Mahiques, Yadarola y Cayssials. Ya hay denuncias en ese organismo contra esos magistrados pero nunca se sortearon. El Consejo, presidido por el supremo Horacio Rosatti, está paralizado.
“Lo que estos jueces deberían hacer como mínimo es pedir una licencia”, dice Soria. “Horacio Rodríguez Larreta debería pedirle la renuncia a D’Alessandro, el encargado de su policía. Si quieren que se investigue, deberían aportar sus teléfonos, aunque todo me hace suponer que nos vamos a encontrar con teléfonos borrados o nuevos como en el caso de las asesoras de Gerardo Milman que fueron citadas a declarar por el atentado a la vicepresidenta”, explica el ministro.
La única voz que se escuchó en las últimas horas del mundo judicial hablar de la gravedad de lo que muestra la filtración fue la de Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Slokar explicó que los jueces podrían ser amigos, si quisieran, del Petiso Orejudo, pero no pueden con su conducta representar un riesgo para la democracia.
En Casación fueron pocas las voces que históricamente se alzaron ante la aparición de indicios de relaciones indebidas entre magistrados y el entorno de Mauricio Macri. En primer lugar, contra el traslado sin concurso de Mahiques hacia ese tribunal, que se concretó mientras su hijo movía los hilos del Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, contra las reuniones secretas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con Macri. Solo se rebelaron Slokar, Ana Figueroa y Ángela Ledesma.
Cuando los chats empezaron a circular, esta cronista empezó a preguntar con insistencia a distintos jueces si pensaban que la filtración podría tener algún impacto a nivel institucional. La respuesta más frecuente fue: “No, se cubren entre ellos”.