Ilustración: Julieta De Marziani
En las últimas semanas, la prohibición de utilizar burkini en las playas francesas generó revuelo en la prensa y en las redes sociales. Casi en paralelo se habían viralizado las imágenes de jugadoras de vóley playa de Egipto con su piel y cabello cubierto y a sus oponentes en bikini durante los partidos de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Con más o menos matices la opinión pública optaba por apoyar todo lo que pareciera ir en defensa de estas mujeres sometidas por el patriarcado islámico. Poco después, la prensa local denunciaba el “horror” y la “pesadilla” que “padecían” monjas de clausura en la provincia argentina de Entre Ríos. Para completar la presencia mediática de las intrincadas relaciones entre religiones, género, sexualidad y política, el arzobispo católico de la Plata Héctor Aguer puso en la agenda el viejo petting y criticó la “cultura fornicaria”. Una ola de indignación se expandió en el ámbito progresista, que quiso mandarlo a la hoguera. Estos sucesos, en apariencia poco conectados, nos permiten, sin embargo, reflexionar sobre algunas ideas fuerza sostenidas por los activismos defensores de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos: la que afirma que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y la que demanda por un estado laico.
“Mi cuerpo es mío”
El derecho a decidir sobre el propio cuerpo tiene en la Argentina actual un consenso total en relación a la anticoncepción y el aborto. Y una división tajante si hablamos de prostitución, entendida como trabajo o como explotación sexual, según cada posicionamiento político. Y disputas no del todo explicitadas en torno a la subrogación de vientre y la comercialización de óvulos. Así, “mi cuerpo es mío” se vuelve una afirmación ambigua porque depende de para qué quieran usarlo las mujeres y cómo deseen intervenirlo; una cosa es dejar el martirio de la depilación y mostrar las axilas y otra es ponerse botox. La circulación del fenómeno de las 50 sombras de Grey -los libros, la película, los juguetes sexuales del kit y los cursos de BDSM para curiosas- fueron también criticados por confirmar el mito del amor romántico y la sumisión femenina.
Si la fantasía de las mujeres consumidoras de estos productos era que un multimillonario les diera latigazos no habría movilización de Ni una Menos que alcanzara. Esta indignación no ponía el desdén sobre las prácticas BDSM, que podrían considerarse contrasexuales y emancipatorias. El problema eran esas señoras de barrio, amas de casa, que le pedían a sus maridos que las ataran con la soga de tender la ropa porque se habían calentado con un objeto de consumo del heteropatriarcado y no estaban ni enteradas de los manifiestos posporno.
Las religiosas de la congregación de carmelitas descalzas que conviven en un convento de clausura en Nogoyá, Entre Ríos, se hicieron famosas en la última semana. Usan cilicios y disciplinas, practican el ayuno e hicieron votos de pobreza y de silencio. Un periodista de aquella ciudad publicó una nota en la cual todos estos elementos fueron marcados como sospechosos, así como su forma modesta de vivir y sus prácticas en general. En ese texto, la opción de las religiosas por una vida de clausura y todo lo que ella implica fue identificada como una “tortura” física y psicológica. Las religiosas fueron etiquetadas como víctimas de una manipulación que las sometía y las obligaba a infligirse distintos castigos. A partir de esta denuncia en la prensa, un fiscal comenzó a investigar el caso bajo la carátula de “privación ilegítima de la libertad agravada”. Fue al convento con varios policías que, ante la negativa de la madre superiora (la responsable del convento) a dejarlos pasar, rompieron la puerta y les exigieron a las religiosas que entregaran sus cilicios y disciplinas. Además, las revisaron con un médico mientras el convento era filmado y fotografiado desde afuera por los medios. Estas imágenes fueron transmitidas por la televisión de la tarde y diferentes comentaristas editorializaban la escena con frases como “¡Qué horror!”, “¡Esto no tiene nada que ver con Dios!”, “¡Estas cosas se dejaron de hacer en la Edad Media!”.
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, se puso en contacto con los medios para explicar esta situación, pero poco se reflexionó sobre el sentido que las religiosas o los católicos en general pueden darles a estas prácticas. Los cilicios son fajas con puntas pequeñas de metal que algunos católicos (ciertas carmelitas, cartujos, integrantes de Verbo Encarnado y Opus Dei) usan a veces en el muslo. Las disciplinas son látigos chicos con varias puntas que se utilizan para golpearse en la espalda. Este elemento también es utilizado en distintas partes del mundo por laicos que, en determinadas fiestas como Semana Santa, se laceran de manera ritual en el espacio público, en procesiones multitudinarias.
Estas prácticas, definidas en el campo católico como “penitenciales”, son entendidas por quienes las realizan como una forma de acercarse al sufrimiento de Cristo y al de los demás, y ofrecer su dolor para ser mejores personas. Por otro lado, como marcó Verónica Giménez Béliveau en su libro Católicos militantes (2016) para el caso de Verbo Encarnado, operan también como defensa de una identidad, de una memoria, de una tradición y de un linaje creyente, determinados histórica y socialmente. Los votos de silencio y pobreza y la opción por una vida en los claustros monásticos o conventuales responden a esta misma lógica. A pesar de que las religiosas del convento de Nogoyá eligieron esta forma de vida, la primera interpretación de los medios de comunicación y de la Justicia fue que se trataba de una imposición que las religiosas aceptaban desde el sometimiento.
¿Cómo se explicaría este sometimiento? Porque son mujeres que provienen de hogares pobres o de zonas periféricas y eligen ingresar al convento siendo muy jóvenes. Es decir, son representadas como mujeres jóvenes pobres: la sumatoria de vulnerabilidades vuelve perfecto el relato sobre el sometimiento del cual estas religiosas serían víctimas. Eso permite a los televidentes y lectores indignarse y agradecer su propia libertad, sin preguntarse cuán lejos o cuán cerca se encuentra esa libertad de la de las carmelitas. Concepciones similares se ponen en juego cuando la policía desmantela un departamento alquilado por un grupo de mujeres para ofrecer sus servicios sexuales: se supone que, libremente, ninguna mujer podría trabajar de “eso”.
Sin embargo, hay muchos espacios sociales que comparten la lógica de los conventos de clausura. Tomemos como ejemplo las dinámicas de las categorías inferiores de los clubes de fútbol. Los chicos que forman parte de estos equipos son menores de edad y muchos dejan a sus familias para ir a vivir al club. Conviven todos juntos en la misma casa y están sometidos a una rígida disciplina de alimentación y entrenamiento, así como a tratamientos médicos que pueden ser agresivos, además de un control de su actividad sexual en pos de un mayor rendimiento en la cancha. Durante los entrenamientos y los partidos pueden producirse lesiones dolorosas y aun así, pese al dolor, siguen jugando. A nadie se le ocurriría pensar que estos jóvenes están encerrados contra su voluntad ni que sufren vejaciones. Como son varones que juegan al fútbol, no necesitan ser liberados por nadie. De modo similar, si una persona adulta realiza prácticas sado con un látigo o fusta similar a la disciplina, se entiende que su opción es por el placer y entonces, no es cuestionada por respeto a las premisas de la revolución sexual y sus promesas libertarias.
Y, mientras las mujeres que eligen ponerse un bikini son libres, las que eligen burkini, están “encarceladas en una tela”. No contamos con espacio aquí para plantear el origen, forma y significados de la burka, el niqab, el chador, el hiyab, pero es importante resaltar que social y políticamente en torno a estas prendas se ha establecido una graduación que separa lo tolerable de lo que no lo es. Algunas posiciones consideran que el velo colorido con un jean ajustado y tacos altos es multiculturalidad, mientras que otras elecciones son sometimiento. Como analistas no deberíamos quedarnos con lo que nos parece sino escuchar a las propias mujeres musulmanas, lo que ellas tienen para decir sobre este tema y realmente hemos leído a pocas. Y no podemos decir que es porque no se les permite hablar. Además, ¿podemos en verdad ignorar que quienes están prohibiendo el uso de esta prenda en la costa francesa son los mismos que quieren terminar con la inmigración? ¿No debería resultarnos sospechosa tanta preocupación por la liberación de las mujeres?
Esta alianza evoca a las llamadas “guerras del sexo” que dividieron al feminismo estadounidense a fines de los ’70 y principios de los ‘80 sobre la posición que debía tomarse en torno a la pornografía y la prostitución. Quienes estaban del bando “anti-pornográfico” encontraron apoyo en la derecha conservadora que quería censurar y prohibir toda manifestación contranormativa. Lo que está en juego con estas medidas exceden también al género; como explicó la historiadora feminista Joan Scott cuando se ocupó de la prohibición del velo, su uso actual no tiene que ver con una tradición antigua, es más bien un efecto de la geopolítica y la movilidad internacional contemporánea.
Debe decirse que el Estado y la sociedad francesa tienen rica historia en lo que respecta a regulaciones de vestimenta. Christine Bard lo muestra en su Historia política del pantalón (Tusquets, 2012) cuando explica que hasta 1980 la Asamblea Nacional prohibía la entrada de mujeres en pantalones. Eric Hobsbawm en su Historia del Siglo XX (Critica, 1998:333) nos trae un dato significativo cuando cuenta que en 1965 la producción de pantalones femeninos en Francia superó la de las faldas. Bard completó su investigación con un análisis de las faldas en Ce que soulève la jupe. Identités, transgressions, résistances (Autremont,2010) y confirmó allí a la minifalda como un hito en la historia del pudor, sin dejar de relacionar este hecho liberador con el surgimiento de nuevas imposiciones: depilación, delgadez, bronceado, tonicidad, suavidad y un pujante mercado de medias de nylon. La liberadora minifalda no estaba cuestionando los cánones de belleza hegemónicos. De hecho, en algunas revistas femeninas, incluso conservadoras, el problema no era la falda sino qué tipo de piernas iban a mostrarse. La película de Jean-Paul Lilienfeld, La Journée de la jupe, reactualizó este tema al representar una situación real, la de las estudiantes y profesoras imposibilitadas por razones de prejuicio y también de seguridad de llevar faldas en las barriadas francesas, en donde los pantalones actuaban como, en palabras de Bard, una especie de velo laico que protege a las chicas de amedrentamientos.
“Un Estado laico”
En general, cuando un colectivo político o social argentino demanda la existencia de un Estado laico, se refiere a la necesidad de separar la esfera política de la esfera religiosa. En otras palabras, se pide que las leyes no coincidan con la doctrina de una religión particular y que los fundamentos del poder político no sean los mismos que los del poder religioso, para que, de este modo, las instituciones democráticas puedan proteger los derechos de todos, sean cuales sean sus creencias o no-creencias.
Debido a la fuerte influencia de la Iglesia Católica y más recientemente de los sectores evangélicos en la política argentina, la cuestión de la separación entre Estado e Iglesias es relevante a la hora de defender los derechos y la autonomía de las personas en las decisiones que tienen que ver con sus cuerpos e identidades sexo genéricas. Pero una mirada más global sobre las relaciones entre Iglesias y Estados, que abarque otro tipo de casos, debe ser capaz de observar las situaciones de incidencia mutua y comprender, también, los casos en los que existe un control de la religión por parte del Estado ya sea prohibiendo las prácticas religiosas, controlando a la religión mayoritaria o discriminando a las otras. Porque así como las iglesias inciden sobre la política, a menudo los Estados también inciden sobre las instituciones, normas y prácticas religiosas, a veces afectando los derechos individuales. Y este fenómeno tiene que ser tenido en cuenta a la hora de definir qué es la laicidad.
En este sentido, autores como Micheline Milot, Roberto Blancarte y Juan Esquivel, que trabajan este tema, coinciden en que la laicidad es un “régimen de convivencia” y sostienen que para hablar de laicidad hay tres condiciones que deben cumplirse: una es, como lo plantean los movimientos políticos, la autonomía de lo político respecto a lo religioso. Pero también, para poder decir que determinado país es “laico”, debe existir respeto a la libertad de conciencia y expresión, y garantía de igualdad y no discriminación.
Desde este punto de vista, el ingreso de la policía al convento y la confiscación de los cilicios y disciplinas implica vulnerar el régimen de laicidad. Esto se debe a que, por un lado, se viola la libertad de creer y practicar una religión. Pero además, teniendo en cuenta el sentido identitario que estas prácticas tienen para quienes las llevan a cabo, impedirlas implica una discriminación hacia estos grupos. Lo mismo vale para las mujeres musulmanas detenidas por la policía por usar burkini: al impedirles portar esta marca identitaria se está discriminando su identidad religiosa y étnica. En ambos casos, no solo se asigna un valor negativo a determinada identidad, sino que además se la persigue y criminaliza.
Tener en cuenta estas cuestiones a la hora de especificar la demanda de “un estado laico” permite, además, cambiar parcialmente el eje de la discusión y poner en juego elementos importantes en las dinámicas políticas de reconocimiento de derechos como son la libertad de conciencia y expresión y, sobre todo, la no discriminación. De este modo, la penalización del aborto, por ejemplo, puede ser criticada no sólo como un problema de separación entre Estado e Iglesias, sino también como una vulneración de la libertad de conciencia y la no discriminación. Esto se debe a que, desde una mirada no católica, el aborto no es un pecado sino una práctica médica. Por lo tanto, al criminalizarlo, se vulnera la libertad de conciencia de quienes quieren o necesitan interrumpir sus embarazos y se discrimina a estas personas asignándoles un valor menor a sus ideas y a su moral.
Desde esta definición de laicidad que tiene en cuenta estos tres elementos, las religiosas investigadas por la policía y el poder judicial, las musulmanas perseguidas por la policía francesa y las mujeres que interrumpen sus embarazos, están siendo “víctimas” no sólo del patriarcado y de una moral religiosa medieval sino también de una definición incompleta de la laicidad, una que focaliza en la separación del poder religioso y el político, pero que relativiza las dimensiones de libertad y no discriminación.
Hay varios estudios que van hacia un análisis de la secularización y la laicidad “engenerada” y focalizan tanto en el agenciamiento como en las categorías de intersección que permiten contextualizar cuando, como, por que, para que y sobre quienes se toman determinadas decisiones, como presentan Mari-Sol García Somoza y Gabriela Irrazabal. Es justamente García Somoza quien estudia las mujeres musulmanas argentinas y propone recuperar sus experiencias, un acercamiento obligado para quienes activan demandas de laicidad en estas tierras. Analizando diferentes países y legislaciones no hay una sola modalidad de Estado laico y tampoco hay un solo guión de liberación femenina. Podemos pensar que si despegamos los papelitos que publicitan servicios sexuales estamos terminando con la trata y que si apoyamos medidas xenófobas y que atacan la libertad de culto estamos terminando con el patriarcado islámico y el católico. Puede que así tranquilicemos nuestras conciencias, pero desde ya no estamos solucionando nada. Tampoco avanzamos en el camino hacia la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas del país ni en la legalización del aborto criticando los dichos de Monseñor Aguer. En cambio, este objetivo se puede alcanzar demandando al Estado, que es el responsable de implementar esta política educativa, que acompañe esta decisión soberana controlando que la educación sexual se brinde en las distintas materias que la abarcan de manera transversal; que los supervisores controlen que estos contenidos se impartan y que se enseñen todos los métodos anticonceptivos; que invierta una parte del presupuesto educativo en formar a los docentes en esta temática. En otras palabras, la demanda por un Estado laico tiene que tener como receptor al Estado y a la esfera política, no a Aguer.
“Mi cuerpo es mío” y “Estado laico” son dos consignas potentes que deben seguir estando en nuestros carteles, pero si nos dedicamos a estas luchas vale detenerse en lo que emerge de estas consignas. Como sostiene Judith Butler en Vidas precarias. El poder del duelo y la violencia (2006): “aunque luchemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, los cuerpos por los que luchamos nunca son lo suficientemente nuestros. El cuerpo tiene una dimensión invariablemente pública. Constituido en la esfera pública como fenómeno social, mi cuerpo es y no es mío” (52). Una frase como “la única iglesia que ilumina es la que arde” no remite a la laicidad sino a un tipo específico de laicidad, que es la laicidad anticlerical. Este tipo de laicidad fue necesaria y útil en casos como el mexicano o el francés, en los cuales el poder de la Iglesia podía representar un freno a importantes procesos emancipatorios. En el caso argentino, en cambio, donde la historia marca que los cruces entre movimientos populares y emancipatorios y catolicismos son muchos y variados (sociales, políticos, militantes, etc.), la definición de una laicidad entendida a partir de la separación pero también de la libertad y la no discriminación abre el juego para, por un lado, definir una laicidad desde la propia experiencia argentina. Y, por otro lado, sumar a más actores en las demandas propias de los movimientos de mujeres y feministas.