Mientras el presidente Alberto Fernández le tomaba juramento como nuevo ministro de Educación, Jaime Perczyk apartó la Biblia que estaba sobre la mesa y dejó sólo la Constitución. Con ese gesto, inédito en la política argentina, se reavivó el debate impulsado por la ampliación de derechos y el lobby de las iglesias que, en estos días, vuelve a mostrar su poder en la embestida contra la obra Theodora en el Teatro Colón. La discusión ya había tenido su capítulo especial el año pasado, cuando durante el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -con la muñeca envuelta por el pañuelo celeste- la diputada evangélica Dina Rezinovsky (PRO) explicó su voto negativo:
— Hace unos días, una diputada dijo que los diputados que venimos a debatir dejemos nuestras creencias religiosas en la puerta. Yo le hice caso, no voy a hablar desde la religión. Aunque bien podría hacerlo, porque estamos en un país libre y, sobre todo, porque nuestra Constitución, como las constituciones de occidente, están basadas en la fe judeocristiana. ¡Si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución!
La frase fue tendencia en las redes sociales y hasta se imprimieron remeras. La Ley de IVE tuvo media sanción ese día y tres semanas después se terminó de aprobar en el Senado. El debate por un Estado Laico que estaba en el trasfondo de la afirmación de la diputada y en la mayoría de las exposiciones siguió igual que hace décadas: cada tanto hay movidas aisladas y sectorizadas, por ideología, por rubro, por territorio, pero no consiguen ubicar el tema en el centro de la escena.
¿Dónde está Dios en la Constitución?
La primera Constitución de la Argentina se firmó en 1853. Tuvo varias reformas pero casi todos los artículos que hablan de dios, fe o religión permanecen intactos. Hoy son 7 en total: los artículos 2, 14, 16, 19, 20, 73 y 93. La abogada Lorena González Tocci, profesora de derecho constitucional de la UBA y miembra fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales (ACEC), dice que para empezar esta discusión hay que partir de por qué y cómo está presente dios en la ley de leyes: “Es de la mano de la libertad religiosa y de ninguna otra cosa que está presente dios en nuestra Constitución”. Y esto, que es así desde siempre, tiene una razón histórica: la prioridad a mediados del siglo XIX era poblar el país. Y para lograr que muchas personas quisieran venir al sur del mundo era necesario garantizarles que no serían perseguidas por sus creencias. Por eso además de la libertad religiosa se consagró el principio de igualdad y no discriminación. Esto era distinto en los otros países de la región, que sí adoptaron religiones oficiales.
La religión en la Argentina se practica en el marco de la libertad de culto, garantizada por el artículo 14 que establece el derecho de todos los habitantes de la Nación a profesar libremente su culto. Esto implica que también tienen el derecho a no profesar ninguno. En este sentido, “en nombre de la libertad religiosa, una diputada puede argumentar desde sus dogmas o creencias. En el ejercicio de su libertad de expresión puede decir lo que quiera. Pero esos argumentos no son válidos en un proyecto de ley que es transversal a toda la ciudadanía. Porque hay una pauta de no religiosidad que tienen las leyes del Estado argentino”.
Entre esos otros seis artículos, tres regulan la relación entre el Estado y los cultos. Hay uno de ellos que concentra todas las discusiones: también escrito en 1853, el artículo 2 dice que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. González Tocci dice que ese artículo es un “mojón” que dejó la Iglesia Católica argentina, que no pudo imponerse como única religión oficial del país pero se garantizó el sostenimiento económico.
La primera Constitución de la Argentina se firmó en 1853. Tuvo varias reformas pero casi todos los artículos que hablan de dios, fe o religión permanecen intactos. Hoy son 7 en total: los artículos 2, 14, 16, 19, 20, 73 y 93.
Para la abogada Julieta Arosteguy, integrante de la Campaña por un Estado Laico, no es en el artículo donde está el mayor problema, sino en los decretos leyes que lo reglamentan y que establecen una serie de beneficios económicos, financiamiento directo, para la Iglesia Católica. El último lo firmó Eduardo Duhalde cuando fue presidente de la Nación por un año y medio (2002-2003). Pero además de los de la democracia, hay siete decretos aún vigentes de la última dictadura militar: pagan salarios y jubilaciones a la jerarquía eclesiástica, pasajes nacionales e internacionales de religiosos y una variedad de asignaciones y subsidios. Cinco llevan la firma del exjefe de la Junta Militar y dictador Jorge Rafael Videla, condenado en tres juicios por delitos de lesa humanidad que incluyen secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y apropiación de bebés y niñxs. Otros dos fueron firmados en 1983, junto antes del regreso de la democracia, por otros dos militares condenados por delitos de lesa humanidad: Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone. “Representan un premio a la Iglesia Católica por su silencio y complicidad con los crímenes de la dictadura. De mínima, deberían ser derogados y que la democracia discuta la reglamentación del artículo”, dice Arosteguy.
En el presupuesto de 2018, la asignación directa fue de 177 millones de pesos para sostener a 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1200 seminaristas. La cifra la dio el entonces jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, por una pregunta del diputado Martín Lousteau. Fue en medio del primer debate por la legalización del aborto y disparó, entre otros rechazos, la campaña de apostasía colectiva por la que al menos 4 mil personas renunciaron al catolicismo. Además, aunque no hay números oficiales, muchas personas iniciaron el trámite por su cuenta.
Los números respaldan un cambio en la relación de la Argentina con la religión en la última década. Según la Segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, realizada por el Conicet, hay menos católicos en el país -pasaron de ser el 76% en 2008 al 63% en 2019 (en 1960 era el 90%-; más personas que no siguen ningún culto en particular (ateos o agnósticos) -pasaron de 11% a 19%-; y más evangélicos -del 9 al 15%-.
Para la filósofa política Macarena Marey, directora del Núcleo de Estudios Críticos y Filosofía del Presente, Instituto de Filosofía, FFyL (UBA) e investigadora del CONICET, es falaz el argumento de la mayoría católica o de cualquier número para pensar en el financiamiento: “Porque eso implica creer que hay una relación prístina entre las jerarquías y los fieles. Y no es para nada así. Hay que proteger la diversidad religiosa, inclusive de sus propias cúpulas jerárquicas que construyen una unicidad y no contemplan otras expresiones o vivencias”. En ese sentido, separa ser anticlerical de antisecular, que es una distinción necesaria para abordar el debate por el Estado Laico: “Yo me defino como anticlerical pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el lema de que cada uno se pague sus creencias, porque eso querría decir que los pobres no tienen derecho a la religión. Sería antidemocrático y antipopular, y sería desconocer la importancia que tiene la religión en la vida de las personas”.
En el presupuesto 2018, la asignación directa para la Iglesia Católica fue de 177 millones de pesos. En 2020 la Conferencia Episcopal Argentina (CAE) presentó un plan de renuncia progresiva al financiamiento llamado FE. No se llevó a cabo, aún en 2021 perciben la asignación.
Marey define como injusta e ilegítima la relación de privilegio que tiene la Iglesia Católica argentina con el Estado argentino: “Otorga un estatuto inequitativo que le da prioridad y supremacía por sobre el resto de las religiones y visiones del mundo que hay disponibles en nuestro territorio. Porque el privilegio económico que tiene en el país le da mayor poder político. No hay ninguna razón democrática, política ni moral para sostener esa supremacía”. Y explica que muchas democracias occidentales liberales tienen esta relación de privilegio con los Estados porque así se generaron: “El poder político que estructura el Estado liberal se construyó con las élites económica y eclesiástica: el diseño institucional y la redacción de la Constitución se hicieron con la Iglesia. Por eso, tampoco creo que alcance con separar la Iglesia del Estado. Lo que habría que hacer es otro Estado”.
Aquel debate sobre el financiamiento disparó dos proyectos de ley -de lxs diputadxs radicales Alejandro Etchegaray y Carla Carrizo- para desfinanciar a la jerarquía eclesiástica. Entonces, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) salió a decir que esa asignación sólo representaba el 10% del presupuesto de la institución y poco después anunció que renunciaría de manera progresiva a este aporte. En marzo de 2020 se presentó el plan de renuncia progresiva llamado FE. No se llevó a cabo, aún en 2021 percibe la asignación.
Esa cifra es sólo una parte de lo que recibe la Iglesia Católica de parte del Estado, dice Arosteguy: “Las instituciones de la Iglesia perciben muchas otras asignaciones millonarias de distintos ministerios nacionales para escuelas, hogares, organizaciones e iniciativas sociales. Además, hay subvenciones provinciales, casi siempre discrecionales, y que en educación llegan al 100 por ciento de financiamiento”.
Además del presupuesto, el debate de lo laico apunta al uso de territorios y propiedades del Estado por las que no tributan. Ninguna iglesia paga impuestos, pero la Iglesia Católica recibió históricamente -y recibe- propiedades y tierras. “Y muchas veces esas asignaciones se quitan a proyectos sociales o barriales”, apunta Arosteguy. Sólo por citar un caso: la Campaña por el Estado Laico junto a varias organizaciones sociales acompañan un reclamo de vecinos de El Rincón, Villa Elisa, porque en junio el Concejo Deliberante del Municipio de La Plata le cedió al Obispado un terreno fiscal que el barrio pedía para hacer un jardín maternal y un centro de salud. El proyecto ahora es que Cáritas construya una iglesia y un salón de usos múltiples.
Es imposible rastrear las propiedades de la Iglesia Católica en la Argentina, porque en su mayoría no están registradas como bienes eclesiásticos sino a nombre de decenas de asociaciones civiles y fundaciones. Y son muchas más que las que pueden identificarse a simple vista -porque tienen una iglesia, un colegio, un monasterio, una universidad, un hogar o un predio-. Esta dificultad para localizarlas ocurre en todos los países del mundo. La mayor investigación hecha hasta hoy sobre este tema fue la del periodista Héctor Ruiz Núñez en la década del 90’. En el libro La cara oculta de la Iglesia, Nuñez afirmaba que si esos bienes estuvieran centralizados representarían “el mayor patrimonio privado del país” y que “si los ingresos eclesiásticos tributaran impuestos, la conferencia episcopal encabezaría la lista de contribuyentes". En Italia, hace unos años se publicó un relevamiento que indica que la Iglesia Católica es dueña del 20 por ciento de Italia.
¿Qué hacer con los símbolos?
“Los símbolos tienen poder”, dice el abogado Carlos Ensinck, presidente del Colegio de Abogados de Rosario desde 2019. Egresado del Colegio San José y de la Universidad Católica Argentina, hizo una presentación a la Corte para que se quiten los símbolos religiosos de todas las dependencias judiciales de la ciudad de Rosario. Pero fue rechazado y por eso tomó la decisión de trasladar la jura de los abogados al Colegio, donde no hay ninguna imagen confesional y donde se puede jurar por Dios y/o la Patria y el honor, “pero sin biblias ni santos ni cruces, donde un abogado de cualquier religión puede sentirse representado”.
Según la Segunda encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, realizada por el Conicet, hay menos católicos en el país -pasaron de ser el 76% en 2008 al 63% en 2019 (en 1960 era el 90%-; más personas que no siguen ningún culto en particular (ateos o agnósticos) -pasaron de 11% a 19%-; y más evangélicos -del 9 al 15%-.
Desde la firma del Concordato con el Vaticano durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1966, Argentina reconoce y garantiza a la Iglesia el libre y pleno ejercicio del poder espiritual y su culto. Esto es: no tiene injerencia en la órbita eclesiástica. “Si bien no existe nada que proteja a la Iglesia o que impida a la justicia civil entrar en la órbita eclesiástica, es muy raro encontrar, por ejemplo, a religiosos citados a declarar o allanamientos en la Iglesia. Ni siquiera en los casos de investigaciones de abusos sexuales, por ejemplo”, dice Ensinck, que en 2020 tuvo otra demostración del poder simbólico y real: denunció penalmente a los arzobispados de Rosario y Santa Fe por "usurpación de autoridad", luego de que anunciaran la creación de un sistema de recepción de denuncias de posibles víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. “Quisieron abrir una ventanilla violando las garantías de debido proceso y defensa en juicio, consagradas por la Constitución Nacional y Pactos Internacionales. Esto nos da la urgencia de la necesidad del debate: la Iglesia no es parte del Estado de Derecho, es una monarquía, un poder vertical, que no debería tener ninguna injerencia en el funcionamiento de la justicia ni de ninguna institución de la democracia”.
La pelea contra la inclusión de símbolos religiosos en oficinas del Poder Judicial tiene antecedentes. Aunque fallidos: el Tribunal Superior de La Pampa rechazó un pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) de 2013 “el diseño constitucional no prohíbe ni elimina la presencia del factor religioso en la sociedad, y no se encuentran afectados los derechos y principios fundamentales como la libertad religiosa, la igualdad y la imparcialidad en el ejercicio de la Magistratura”. Además, decía que “el principio sentado en el artículo 2 de la Constitución (...) ubica a la Iglesia Católica de Roma en una situación de preferencia respecto a las demás religiones, por cuanto se vincula al sentimiento espiritual e histórico de la mayoría del pueblo argentino”.
Un reclamo similar está en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y podría sentar una jurisprudencia distinta: en 2010, la Asociación de Ateos de Mar del Plata y la ADC pidieron el retiro de una imagen de la virgen de Luján entronizada en la Legislatura bonaerense por una disposición votada por todos los bloques. “Si bien el Estado Argentino sostiene el culto católico, se declara neutral respecto de las creencias religiosas. Y entonces poner un símbolo de una religión en el espacio de la pluralidad radical es contradictorio e inconstitucional”, explica el autor de la presentación por ADC, el abogado José María Martocci, que hoy es director de la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El reclamo llegó a la justicia porque la Legislatura nunca respondió la presentación. En primera instancia rechazaron el planteo y la Cámara de Apelaciones confirmó. Así llegaron a la Corte Suprema. Está circulando ya el proyecto de sentencia que, si fuera a favor del retiro, sería el primero del país y la región.
Arosteguy, sin embargo, dice que “la Corte Suprema ha entendido de manera sistemática que sólo se refiere al sostenimiento económico de la Iglesia y que de ningún modo implica una adhesión a su doctrina”. Son muchas las provincias que tienen símbolos católicos en oficinas e instituciones públicas. Por ejemplo, es posible encontrar vírgenes y crucifijos en escuelas públicas, en el Congreso de la Nación, en legislaturas provinciales y municipales, en hospitales y en municipalidades. También se usan instalaciones públicas para fiestas religiosas o clases de catequesis. Y hay feriados nacionales y provinciales del calendario católico.
Lo que Dios manda
En los primeros seis meses desde que se sancionó la ley de IVE hubo 30 intentos para impedir su aplicación en distintos lugares del país y 13 aún están en trámite. El más serio fue el del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, que en mayo hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad y logró poner en suspenso la ley por unos días. El magistrado declaró que su condición de católico no interfirió en su fallo, pero al día siguiente subió a su cuenta de twitter una foto con una imagen de Jesucristo y escribió: “Al final Él triunfará”. Entre sus miles de tweets hay referencias religiosas, antiderechos y también antidemocráticas. Por ejemplo, después de que el Estado anunciara que iba a recursarlo, entre muchas otras imágenes, subió citas como esta: “Todo lo que manda el Rey, que va contra lo que Dios manda, no tiene valor de Ley, ni es Rey quien así se desmanda”.
¿Qué lugar tienen las religiones en los debates de las leyes de la democracia? ¿La Constitución actual habilita a que se piensen leyes o políticas públicas a partir de creencias religiosas? “Una democracia plural exige de laicidad para funcionar, en tanto implica reconocer la autonomía de la política y de la ética pública frente a las pretensiones de las iglesias de dar una legitimación social al poder político”, dice la teóloga feminista e integrante de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina María de los Ángeles Roberto. Y sostiene que “hay laicidad cuando se asegura una división real entre la Iglesia y el Estado, de forma tal de evitar que los dogmas de una porción de la comunidad se conviertan en normas de vida de toda la comunidad”.
Roberto destaca las iglesias protestantes históricas, representadas por la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), están a favor de la despenalización y legalización del aborto, apoyan la ley de Educación Sexual Integral (ESI), el acceso gratuito universal efectivo a métodos anticonceptivos y el matrimonio igualitario”. Y por eso dice que “es paradójica la alianza entre la Iglesia Católica y los evangélicos conservadores para hacer lobbys contra esas leyes”. Define esa alianza como un “ecumenismo del odio”, como lo denomina el teólogo italiano Antonio Spadaro, que los “une en el anhelo de un Estado de rasgos teocráticos”. Aunque considera que el Estado Laico es una creencia que no se cumple en la Argentina, señala que está más cerca después del debate por el aborto en 2018 y, por eso, la discusión tiene que darse sin esperar más.
“Hay que entender a los actores eclesiásticos como actores eminentemente políticos con un protagonismo que no tienen otros sectores ni colectivos y así comprender el interés constante en bloquear el acceso a derechos para evitar que entren otros”, agrega Marey desde la filosofía política. Para ella, no se trata de “sacar a dios de la Constitución” sino de disputar el sentido que tiene: ¿cuál es ese dios? ¿qué significa en la Constitución? “Podría ser un dios queer, podría ser un dios a favor de la ampliación de los derechos, podría ser un dios no eclesiástico, ¿no?”, propone.
No se trata de “sacar a dios de la Constitución” sino de disputar el sentido que tiene: ¿cuál es ese dios? ¿qué significa en la Constitución? “Podría ser un dios queer, podría ser un dios a favor de la ampliación de los derechos, podría ser un dios no eclesiástico, ¿no?”
Un dios queer era lo que proponía el texto de la actriz Mercedes Morán en la puesta de Theodora, que “ofendió” a la Iglesia: “Nuestros dioses son queer porque son lo que queremos que sean”. Las líneas son de la teóloga y escritora argentina Marcella Althaus-Reid, fallecida en 2009, las aportó el periodista Franco Torchia, y generaron un intento de intervención directa. Primero, la Corporación de Abogados Católicos pidió la renuncia del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, “por mal desempeño de sus funciones”. Y después la Conferencia Episcopal Argentina sacó un comunicado y dijo que "bastardearon y blasfemaron la fe". La reacción católica fue criticada por intelectuales y artistas, pero el abucheo organizado en la función de despedida fue la noticia.
¿Por qué no hay un gran debate público y académico sobre la laicidad? El que lo pregunta es el abogado Ensink y dice que es insólito y a la vez una muestra de hasta qué punto la Iglesia tiene injerencia en los poderes del Estado: “Me resulta llamativo que no esté en la agenda política en una democracia del siglo XXI. Creo que las carreras de Derecho deberían estar discutiendo esto, que tendrían que haber congresos, charlas. Y no los hay”.