La simbiosis entre un hongo y un alga es bien conocida: estos organismos, cuando se asocian, crean mundos y modos de resistencia. Se pueden encontrar líquenes en bosques quemados, en rocas resecas del desierto, en la tundra helada. Pero las interacciones mutualistas no son exclusivas de la naturaleza. En el partido de San Martín hay una simbiosis entre universidad y territorio. La Universidad Nacional de San Martín tiene ADN interdisciplinario y construye, a diario, ecología de saberes, parentescos raros y geografías abiertas. Desde agosto de 2024, más de 150 docentes y estudiantes, funcionarixs municipales, militantes barriales, maestrxs, investigadorxs, trabajadoras comunitarias, migrantes, empresarixs y sindicalistas se reúnen en el Palancas para pensar soluciones simples a problemas concretos de la comunidad. Se convierten en algo más que la suma de las partes.
“Palancas: la revolución de las pequeñas cosas” es un programa creado por la Fundación Felipe González y apoyado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El objetivo es incentivar pequeñas reformas útiles para la sociedad, simples, concretas y replicables. Durante cuatro meses personas con diferentes experiencias, saberes y posiciones políticas se juntan para elaborar proyectos de políticas públicas, que serán evaluados por un comité de expertxs, publicados y presentados a tomadorxs de decisiones en diferentes niveles de gobierno a fin de apalancar su implementación. La iniciativa ya se llevó a cabo en España, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Recientemente se sumaron Chile y Argentina. De San Martín para el mundo, UNSAM diseñó para el Palancas un laboratorio polifónico, un modo de resistencia para imaginar lo común.
Reiniciar el ciclo de la convivencia democrática
Los discursos de odio, expresiones violentas que generan climas de intolerancia social y condiciones para prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas, no son un problema nuevo, pero sí lo es su relación con las nuevas tecnologías, con las redes sociales y las plataformas de comunicación digitales, que aparecieron como el bastión de una nueva forma de la democratización de la palabra y la participación ciudadana, pero se fueron transformando en el espacio donde circulan y se replican discursos odiantes y violentos. Después del intento de magnicidio de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, el poder performativo de la palabra no está en discusión, tampoco que los discursos de odio son un problema para la democracia.
Desde agosto de 2024, docentes y estudiantes, funcionarixs, militantes barriales, maestrxs, investigadorxs, trabajadoras comunitarias, migrantes, empresarixs y sindicalistas se reúnen para pensar soluciones simples a problemas concretos de la comunidad.
El grupo “Violencia y discursos de odio en el aula” formado por docentes, psicólogas, directores de escuela, investigadorxs, académicxs y especialistas, está trabajando en el diseño de mecanismos y herramientas para su detección, monitoreo, prevención, abordaje y promoción del principio de no repetición. En tres meses ya construyeron dos palancas, es decir, dos proyectos. Lxs participantes vinculadxs a la docencia y lxs especialistas en educación le están dando forma a un observatorio en el ámbito escolar, preocupadxs por cómo los discursos que circulan en las redes impactan en las aulas y cómo las violencias que se inician en otros espacios repercuten en las escuelas.
Alberto Palacio, abogado especializado en DDHH y derechos de las infancias y juventudes, y actual director de la escuela secundaria técnica de UNSAM, explica que no solo se trata de identificar las violencias y generar datos, sino también de relevar las estrategias de resolución de conflictos que implementan lxs educadores y los mecanismos de acompañamiento que activan las instituciones ante situaciones de vulneración de derechos de sus estudiantes. “El daño que produce esa violencia muchas veces se gestiona en soledad, y desde el marco de la corresponsabilidad creemos que la escuela debe tener un rol de acompañamiento y también restaurativo del derecho vulnerado. Queremos construir dispositivos de abordaje novedosos porque nuestros chicos y chicas del área Reconquista enfrentan situaciones muy complejas”, dice Palacio.
El proyecto se centra en el reconocimiento del saber propio de la práctica docente y en sus experiencias situadas, cotidianas. Con metodologías participativas que evitan el verticalismo de la imposición de un saber experto desterritorializado, a esta palanca le dan forma quienes están todos los días en las aulas. No se trata de un diagnóstico, sino de actuar frente a las violencias, prevenir y reparar.
La segunda palanca reúne a investigadorxs interesadxs en la construcción de subjetividades y jurisprudencia de Derechos Humanos, que están elaborando principios y recomendaciones para regular los discursos de odio en entornos digitales y garantizar una convivencia democrática. Andrea Bonvillani, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) se sumó a ese equipo porque desde el 2012 trabaja en lo que conceptualiza como “el campo antirrepresivo local”: acciones organizadas de resistencia de las juventudes en contra de la violencia policial. Considera que los procesos de violencia institucional no pueden ser pensados por fuera de la construcción de creencias e imaginarios vinculados a los discursos de odio como código cultural de época: “Visibilizar los discursos de odio, que no son algo pueril ni banal, es una manera de intentar prevenir sus efectos, entre ellos una violencia física que puede llegar a ser letal” dice. La palanca apunta a establecer lineamientos para fundamentar, clarificar y ordenar el tratamiento público del problema de los discursos de odio en sus diferentes dimensiones, para ayudar a la comunicación y comprensión social de sus consecuencias, pero también a su apropiado monitoreo y prevención. Para Bonvillani se trata de generar un conocimiento que pueda incidir en la realidad concreta de las personas.
Es un problema emergente para las democracias lidiar con las tensiones entre la regulación de los discursos de odio y la libertad de expresión, y definir y delimitar responsabilidades del Estado y el sector privado, pero también prevenir la escalada de violencia, y los efectos sobre la subjetividad que pueden imposibilitar imaginar futuros y construir proyectos de vida, tanto individuales como colectivos. Laura Gottero, licenciada en comunicación social e investigadora del Conicet, trabaja temas vinculados a discursos de odio y grupos expuestos a la discriminación estructural en el Instituto de DDHH de la Universidad Nacional de La Plata. Se sumó al grupo de Palancas porque le interesa generar instrumentos de medición que permitan evaluar avances y retrocesos de la actuación de los Estados con respecto a la prevención y no repetición de los discursos odio: “Me parece clave en el contexto regresivo actual donde son muchas veces los propios Estados los que los promueven” dice. Para ella, la mayor fortaleza del proyecto es el respeto por la escucha y la diversidad de experiencias, el diálogo de saberes y la pluralidad, y que permite articular actores institucionales, territoriales, locales y diversos para que el diseño de las políticas públicas se vuelva una especificidad tecnopolítica: “Ni técnico-burocrática, totalmente disociada de la esfera social, ni estrategia partidaria que solo contemple el juego político como manejo de las voluntades, sino que potencie la dimensión comunitaria de definición de las políticas públicas, las sitúe y democratice”.
El grupo “Violencia y discursos de odio en el aula” está trabajando en el diseño de mecanismos y herramientas para su detección, prevención y abordaje.
Pablo Villarreal, coordinador del grupo de trabajo, está sorprendido. Aunque hace muchos años trabaja el tema de discursos de odio en relación a las redes sociales en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo (LEDA) de la UNSAM, la diversidad de actores en el Palancas le mostró cuánta amplitud tiene el problema, y cómo se desplaza por diferentes ámbitos de la vida social: “Uno desde la teoría va con distintos presupuestos, con una idea de cómo funciona, pero en cada ámbito tiene su propia lógica, y eso complejiza el problema”. Aunque a Pablo -que es sociólogo, politólogo, docente de UNSAM e investigador del CONICET- nunca le faltan las palabras, no sabe cómo llamar a esta máquina que se puso en marcha: “Por momentos aparece la academia, pero enseguida entra el territorio por abajo, no es interdisciplinariedad nada más, no sé cómo definirlo, es interespacial, este cruce de saberes es transterritorial”.
Parar la bronca
La primera frase que se escucha en la reunión es una pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de delito juvenil? Antes de las discusiones sobre la edad de punibilidad, los dispositivos de encierro o la legislación penal juvenil, está el territorio, y las personas e instituciones que trabajan todos los días con lxs jóvenes. Al grupo “Prevención del delito juvenil” que coordina José Garriga Zucal, doctor en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y docente de UNSAM, se sumaron alumnas de la universidad, investigadoras, criminólogas, y también funcionarias, a partir de un diagnóstico común: muchas de las instituciones que atraviesan las trayectorias de lxs jóvenes -la familia, la escuela, el club, la iglesia- no logran contener las violencias, que muchas veces escalan de conflictos interpersonales a conductas impulsivas o agresivas de gravedad. “Empezamos pensando en la dimensión más micro del delito juvenil, la que tiene que ver con las conflictividades interpersonales, con delitos menores, porque creemos que es una forma de abordar la escalada de las violencias. Las violencias son multicausales, por eso su abordaje demanda una intervención interdisciplinaria, comunitaria y situada”, explica Garriga Zucal.
El grupo se propuso diseñar y elaborar una guía práctica/protocolo participativo/comunitario de estrategias de abordaje y mediación en conflictos interpersonales entre jóvenes que prevee tres etapas: la primera es la articulación con 5 espacios concretos (Centro Juvenil 9 de Julio, Unidad Penal 48, Escuela Secundaria Técnica UNSAM, Centro Cultural y Deportivo Los Amigos, Centro Socio Educativo) para relevar los conflictos que atraviesan, alojan y producen las instituciones en territorio, y habilitar un espacio de escucha y puesta en común para analizar las situaciones de violencia que atravesaron y las distintas medidas y estrategias que implementaron para su abordaje. La segunda etapa conlleva la elaboración de una guía práctica a partir de la reflexión y modos de elaboración de los conflictos en la trayectoria de estos espacios, con generación de contenidos y propuestas de abordaje novedosas y útiles para quienes trabajan diariamente con jóvenes. La última etapa es la capacitación de agentes que trabajan -o se encuentran en formación- con jóvenes en territorio, porque más allá de una guía de contenidos, lo que se proponen es la construcción de escenas colectivas que discutan y profundicen las estrategias de manera dinámica, participativa y comunitaria, donde quienes trabajan en territorio puedan ensayar la activación del protocolo con ejercicios prácticos para prevenir conflictos de maneras no punitivistas ni segregativas.
Guillermina Nogueyra es psicóloga, activista de DDHH y de deportes inclusivos LGBTQ+, y trabajó diecinueve años en el Servicio Penitenciario Federal. Llegó a este grupo de Palancas habiendo pedido el retiro como Jefa de criminología de la Unidad 12 de Viedma. “La lucha pequeña y diaria dentro del sistema carcelario tiene un costo emocional muy grande”, dice. Cree que es posible hacer modificaciones dentro de espacios institucionales, pero, además de los costos que conlleva, su permanencia siempre está en entredicho: “El problema es que los cambios queden, porque sucede que cambia un gobierno, o cambia un jefe y todo lo hecho vuela, entonces tenemos que pensar cómo tejer esas redes para que la macropolítica no se lleve el trabajo puesto”. Para Nogueyra, eso sucede cuando una política pública es pensada y sostenida por las mismas personas que están involucradas. Dice que ya vio demasiados megaproyectos, que ahora le interesa que los cambios sean viables.
La estrategia participativa que se proponen en el grupo no es un formalismo, o solo un posicionamiento epistemológico, sino que apunta, en la práctica, a construir a partir de un sujeto concreto, atravesado por múltiples violencias. Garriga Zuncal considera que ese es el mayor desafío: “Creemos que la idea va a poder ser replicada y que va a ser útil para gestionar conflictos en diferentes lugares, pero la pensamos situada en San Martín, porque nuestra universidad y nuestro territorio es lo que somos”.
Reparar las raíces
Roberto Busnelli, doctor en arquitectura, profesor, miembro de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de UNSAM, y coordinador del grupo “Derecho a la vivienda” trabaja junto a un grupo de arquitectxs, investigadorexs, sociólogxs, ingenierxs ambientales y funcionarixs en un proyecto para intervenir sobre una línea que habitualmente los gobiernos no jerarquizan: la vivienda existente. “Desde las políticas públicas se suele poner énfasis en la producción de viviendas nuevas, pero pocas veces se plantea la necesidad de resolver los problemas de habitabilidad de lo ya construído en los barrios populares. El enfoque suele ser más cuantitativo que cualitativo”, dice Busnelli. Por eso, se propusieron desarrollar una estrategia de rehabilitación ambiental y arquitectónica para mejorar las condiciones de habitabilidad.
Trabajan en el diseño de una App que permitirá que sean lxs propixs vecinxs quienes registren las condiciones que hacen a la habitabilidad de sus viviendas, los aspectos materiales, pero también los del contexto ambiental o los socioeconómicos, y las diversas formas de habitar las viviendas y el territorio. Ese será el insumo que organice el mapa de necesidades y las prioridades, consensuadas con la comunidad, para pensar programas de rehabilitación no desde los escritorios sino desde los barrios. Lxs vecinxs serán protagonistas, apoyados por la universidad -con voluntarios que acerquen datos y formularios para quienes no tienen acceso a Wifi- y por el gobierno local, que facilitará radios censales y la logística territorial.
“No podemos hablar de derecho a la vivienda sin hablar de deberes, de lo que significa una vivienda adecuada. Eso ya está plasmado en varias normativas internacionales, como en la Declaración de DDHH de Naciones Unidas de 1948, en la que casi que el sinónimo de derecho a la vivienda es la vivienda adecuada. También está reconocido en nuestra Constitución Nacional, en el art. 14 bis”. Quien habla es Martín Reibel Maier, arquitecto especialista en Dirección de Proyectos de la Universidad de Buenos Aires, ex vicepresidente de Pro.Cre.Ar, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), además de Director de la Especialidad en Gestión y Producción del Hábitat de UNSAM, y actual vicepresidente de la Autoridad del Agua del gobierno de la Pcia de Bs As.
Para Reibel Maier, no se puede pensar el derecho a la vivienda sin pensar el derecho a la ciudad, y los elementos que hacen a una vivienda adecuada: seguridad jurídica en la tenencia (que incluye la protección contra los desalojos); disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura (que hacen también a cuestiones sanitarias, los déficits de vivienda no se cubren solo en su materialidad); gastos soportables (el costo de la vivienda, y de los servicios, debe ser tal que se pueda acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otras necesidades básicas); asequibilidad (que sea accesible para todxs); lugar (acceso a opciones de empleo, servicios de atención de la salud, escuelas, etc); adecuación cultural (diseño, materiales), y la habitabilidad (condiciones de salubridad, higiene, seguridad, que proteja de la humedad, del frío, el calor, y la lluvia). “La habitabilidad es la piel de la vivienda, y la vivienda es la primera medicina. De cosas tan básicas como éstas hablamos, cuando hablamos de derecho a la vivienda”, dice Reibel Maier.
“Derecho a la Vivienda” trabaja en el diseño de una App que permitirá a lxs propixs vecinxs registrar las condiciones que hacen a la habitabilidad de sus viviendas. 10 grupos más están trabajando en este laboratorio polifónico.
Lxs vecinxs del área Reconquista saben que su vivienda carece de servicios, o que tiene problemas de infraestructura, pero lo que muchas veces desconocen, explica Eduardo Verón -politólogo y magister en DDHH que estudia los procesos de urbanización en zonas de degradación ambiental- son las causas subyacentes: que las paredes de una vivienda construída sobre relleno sanitario se rajan porque los residuos se degradan y los pisos se hunden, por ejemplo. “Algunas situaciones -como un recubrimiento de cable que es demasiado fino, o cables sin contención- no son consideradas un problema por lxs vecinxs, porque no saben que eso constituye un riesgo eléctrico. Nosotros podemos aportar información para que ellxs mismxs detecten los problemas”, dice Verón.
Ali Fasa Medina es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Trajo su experiencia en rehabilitación de viviendas construidas sobre relleno sanitario en el barrio El Triunfo, en Maracay, a la Carcova. Trabajó en el barrio Padre Mugica de Retiro y también en Villa Soldati. “Yo soy un villero”, dice lejos de la corrección política local. Cree que es el capital humano “gigantesco” lo que hace que en Argentina se lleven adelante tantos proyectos que a él le dan sana envidia. Cree que lo mejor del proyecto al que llegaron es que se centra en lo que necesitan lxs vecinxs. “Mi trabajo siempre me permitió tener mucho contacto con el vecino, y oirle sus quejas, su llantén decimos nosotros, pero tuve la satisfacción, sobre todo en la villa 31, de ver cuando se le entregaba la llavecita al vecino de su unidad funcional en condiciones, con todas esas mejoras, y la verdad que es un poema”.
Se necesita una aldea
El grupo de “Futuro del trabajo decente”, coordinado por Matías Maito, politólogo y director del centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de UNSAM, está hecho de parentescos raros. Empresarixs, trabajadorxs de la economía popular, académicxs, funcionarixs y sindicalistas piensan nuevas formas de implementación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo -que obliga a las empresas de 100 empleados o más a contar con espacios de cuidado- para garantizar el derecho de las infancias en clave de corresponsabilidad, y tender puentes entre el trabajo formal y la economía popular.
Aunque el artículo 179 fue reglamentado en el 2022, su implementación efectiva dista de ser completa. En Argentina más del 95% de las empresas son Pymes. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para septiembre de 2024 un 16.7% de las pymes tuvieron problemas para pagar sueldos, el 29,5% tuvo que reducir los gastos operativos, el 29,1% diversificó productos y el 13,4% redujo las horas laborales de sus empleadxs. A este escenario recesivo se suma el mapa del empleo local, donde la tasa de empleo informal entre lxs asalariadxs que llegó al 36,4% en el segundo trimestre del año -casi 4 de cada 10 trabajadorxs en relación de dependencia no están registradxs-. La incidencia de informalidad es mayor para las mujeres y disidencias. Lo mismo sucede entre lxs trabajadorxs de la economía popular -aproximadamente un 16% de la PEA según los últimos datos de inscripciones en el ReNaTEP- de lxs cuales el 58,4% son mujeres.
Para afrontar todos los desafíos, al mismo tiempo, pensaron en clave de corresponsabilidad: favorecer una distribución social de los cuidados más igualitaria mediante la participación del sector privado y de la economía popular. El proyecto apunta a la creación de un espacio de cuidado sostenido de manera colaborativa por empresas que funcionan dentro de un mismo parque industrial en San Martín. Esos espacios serán utilizados no solo por las infancias (de 45 días a tres años de edad) que estén a cargo de lxs trabajadorxs formales de las empresas que funcionan dentro del parque, sino que también estarán a disposición de la comunidad aledaña, para ser utilizados por las infancias a cargo de personas que se desempeñan en la economía popular. La propuesta apunta a que sean lxs educadorxs populares quienes brinden los servicios de cuidado, reconociendo así sus saberes y experiencia en cuidados comunitarios.
Las educadoras populares muchas veces no son remuneradas, o son mal remuneradas, y sus saberes, experiencias y marcos teóricos en primera infancia no suelen ser reconocidos. “Las universidades suelen compilar esos saberes, pero nunca se certifican formalmente” dice Marina Joski, militante de Barrios de Pie, Secretaria de Mujeres y Diversidades de UTEP, y promotora comunitaria de Salud y Géneros. “Desde los sectores populares siempre tapamos los baches que la ausencia del Estado nos deja regados por el territorio, pero después en las discusiones de política pública de cuidados no se reconoce el trabajo que hacemos desde la economía popular, ni la importancia de los cuidados comunitarios”. Dice que en el espacio del Palancas se sienten escuchadas porque el proyecto se reversiona a partir de sus intervenciones.
María José Rodríguez se sumó desde la primera reunión y conoce la legislación de memoria. Su tema siempre ha sido el cruce entre los problemas del mundo del trabajo y el orden de género. Además del Palancas, hoy integra La cocina de los cuidados en el CELS, un espacio de seguimiento y producción de información sobre las medidas del gobierno en el campo de los cuidados. Ella, como muchxs de quienes conforman este grupo, acuerdan en un punto central: la agenda de género no está separada de la agenda económica, ni de la laboral. No puede aislarse de ninguna dimensión social ni económica, porque las define. La feminización de los cuidados no solo impacta negativamente en las trayectorias laborales (techos de cristal y suelos pegajosos) sino también en la sobrecarga: doble jornada -triple en el caso de las trabajadoras de la economía popular-, y contribuye en la existencia y persistencia de la brecha salarial.
Patricio Camalet le Noble es el presidente de la Cámara Empresaria de San Martín. Dice que una cámara que no esté vinculada a la comunidad es una cáscara vacía, y que es importante, para llevar adelante cualquier proyecto que involucre al sector, tener una visión clara de la realidad del mundo empresarial: “cuando se habla de empresarios se piensa que todos son la Coca Cola, pero en nuestro país la mayoría son pymes. Le Noble sostiene que lo más valioso para las pymes son los recursos humanos, que implican una gran inversión en capacitación, y que en la actualidad es titánico el esfuerzo que están haciendo para sostener las fuentes de trabajo. “El proyecto tiene que tener los pies en la tierra. En la letra la ley es hermosa, pero cumplirla cuesta. Muchas empresas prefieren pagar la suma no remunerativa y que los trabajadores mismos contraten sus servicios de cuidado en lugar de sostener espacios propios. Es importante pensar alternativas de cumplimiento posibles y realistas”.
La propuesta puede constituir una experiencia de promoción del derecho al cuidado tanto en el universo de trabajo registrado, como en el del trabajo no registrado y/o economía popular, porque la contracara del deber de las empresas (y del Estado) es el derecho de las infancias. Al mismo tiempo apunta a certificar y reconocer valor de los cuidados comunitarios, y a tender un puente entre los derechos del trabajo formal e informal, ampliando el alcance de la legislación laboral en términos de corresponsabilidad en el cuidado de hijxs de trabajadoras del sector formal, a hijxs de trabajadorxs de la economía popular.
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En un bosque quemado, en el desierto, en la tundra helada, 150 parentescos raros trabajan en doce grupos, estos son solo cuatro. Las universidades públicas persisten, junto al territorio, en el acto político de reimaginar lo común y transformar el mundo.