Fotos interiores: Victoria Gesualdi
Pasaron tres semanas desde la muerte de Nisman. Las repercusiones siguen marcadas por lo que quiere ocultarse y lo que se quiere mostrar. Una disputa política, mediática y legal entre el gobierno y la oposición, exacerbada por el año electoral.
Por un lado, el gobierno busca ocultar dos grandes temas. Primero, el haber negociado con un estado negacionista y violador notorio de los derechos humanos, que se ha manifestado numerosas veces en favor de la destrucción del estado israelí, un acuerdo jurídico que alivia de hecho la situación procesal de los principales imputados en la causa AMIA. A cambio, recibiría supuestos beneficios que permitirían avanzar en la investigación. Pasaron dos años ya desde la firma del memorandum y en nada avanzó la causa, sino todo lo contrario. Segundo, que durante la década kirchnerista las causas de corrupción contra la presidenta y su entorno fueron rechazadas o cajoneadas en una justicia federal infectada por un sistema de cooptación de jueces y fiscales a través de sobresueldos y prebendas, chantajes y carpetazos, orquestado y financiado desde la Secretaría de Inteligencia, a instancias del ejecutivo. A esto se suma el llamativo crecimiento en los últimos años del presupuesto de inteligencia militar y el sostén gubernamental hacia el general César Milani como jefe del Ejército (proveniente de la rama de inteligencia) ante dos imputaciones serias y creíbles de que habría cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. También, la designación, hace dos meses, del operador judicial Juan Martín Mena en un puesto jerárquico de la Secretaría de Inteligencia.
Por otro lado la necesidad de la oposición y sus aliados mediáticos y judiciales, de elevar a Nisman al status de héroe nacional asesinado por atreverse a acusar a la presidenta, oculta otras verdades incómodas. En principio, que hasta ahora no hay pruebas de que Nisman haya sido asesinado. Ni de que la presidenta haya encubierto criminalmente a los verdaderos autores del atentado a la AMIA. Ni de que Nisman haya investigado el atentado de manera independiente sino que, antes bien. recibía órdenes directas de la embajada estadounidense de inculpar a los iraníes. Tampoco hay evidencia de que Nisman haya producido un sólo avance significativo en la causa durante los casi diez años en que manejó la investigación. Porque una cosa es denunciar políticamente el acuerdo con Irán y otra es la desprolija denuncia de Nisman, que causó una conmoción internacional, aunque, al momento de hacerla, no tuvo eco ni en los gobiernos de Israel y Estados Unidos, ni en la AMIA y la DAIA, ni entre los jueces Servini de Cubría y Lijo, quienes se negaron a habilitar la feria judicial para recibirla, aduciendo que no había pruebas suficientes, algo que parece obvio al leer el escrito del fiscal.
A esto se suma que la familia del fiscal y gran parte de la opinión pública no quiere creer que Nisman se haya suicidado, algo que sucede en casi todos los suicidios con connotaciones políticas, llámese el muerto Alfredo Yabrán o Salvador Allende. También hay que agregar: padecimos en nuestra historia reciente una serie de asesinatos burdamente disfrazados de suicidio, como los casos del Lourdes Di Natale, Marcelo Cattáneo o el capitán Estrada. Estos casos nunca fueron esclarecidos, pero acreditan diversas evidencias forenses que apuntan al asesinato, cosa que en el caso Nisman hasta ahora, y bien vale repetir hasta ahora, brillan por su ausencia.
Porque no alcanza con decir que a Nisman se lo veía bien de ánimo, que los custodios fueron negligentes o que antes de morir habló varias veces con el agente secreto Stiuso para concluir sin más que fue asesinado. Que Nisman haya sido asesinado implica, al menos, que alguien violó la cerradura electrónica de su casa sin dejar rastro, que haya conseguido hacerse del arma de Nisman sin dejar rastros de un forcejeo, que le haya sacado la ropa al fiscal sin dejar rastros de ADN en sus prendas (o que lo haya convencido que se desnude solo), que lo haya conducido al baño sin dejar ni un rasguño o moretón en el cuerpo del fiscal, que le haya disparado a quemarropa desde un ángulo ascendente indicativo de una herida autoinfligida, que haya manipulado un cadáver, una mano y un dedo índice rígidos por el espasmo de la muerte violenta para colocar la pistola de forma tal que parezca que él se hubiera disparado a sí mismo, y que haya salido de baño sin dejar rastros pero habiendo colocado el cuerpo de Nisman de manera tal de que obturase la entrada. Además, para que la historia cierre, a este brillante y casi invisible supuesto asesino hay que ponerlo a trabajar en tándem con el más que torpe Lagomarsino, el colaborador de máxima confianza de Nisman, que sin embargo lo habría traicionado al darle el arma a sabiendas de que sería utilizado por el asesino casi invisible, aunque sin darse cuenta de que, al facilitar su pistola, se estaba implicando en el supuesto asesinato. Todo esto, claro, al amparo de una zona liberada ordenada por Cristina o Stiuso y una gran conspiración que incluiría a Berni, los custodios, la ambulancia y los medios que se inclinan hacia la hipótesis del suicidio, incluyendo esta publicación.
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Más allá de las marchas y contramarchas y tanto declaracionismo, las consecuencias concretas de lo sucedido se ramifican en cuatro escenarios de disputa política, mediática y legal. Primero, la investigación de la muerte del fiscal. Segundo, la reforma del sistema de inteligencia. Tercero la denuncia de Nisman contra la presidenta. Cuarto, cómo sigue la investigación del atentado a la AMIA sin el fiscal que la dirigía.
Con respecto a lo primero, más allá de lo dicho más arriba: Está claro que el clima político imperante hace muy difícil que la fiscal Viviana Fein pueda expedirse en favor del suicidio, si es que ese termina siendo su veredicto, como parecen indicar las conclusiones parciales de la prueba analizada que viene anunciando. En esto coincido con el colega y abogado Mario Wainfeld, que hoy escribe en Página/12: "Si no se sumaran evidencias sólidas nuevas, en algún momento debería dictaminarse que hubo posible suicidio (...). En términos políticos, todo indica que un veredicto de suicidio generaría un torrente de repudio a la fiscal. Se supone que ella debería pronunciarse según su saber y conciencia. Debería... pero sus derivaciones previsibles podrían condicionarla. Es muy improbable que no sienta la presión, consciente o inconscientemente. Prolongar la investigación puede ser un rebusque para zafar de un escenario difícil de soportar."
Con respecto a lo segundo, el gobierno se agarra del trámite express de una nueva ley de servicios de inteligencia para mostrar iniciativa y salir del embrollo que tanto ha dañado su imagen de cara a las elecciones presidenciales de agosto y octubre. La última vez que llevó al recinto una reforma judicial, también contó con la inestimable ayuda del CELS. A falta de una oposición que acuda a sus bancas a legitimar lo actuado, el gobierno tuvo en la ONG especializada en derechos humanos la contraparte necesaria para facilitar los debates, mejoras y compromisos necesarios, evitando así que el Congreso parezca una mera escribanía. Pero como dijo Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, "Se aprobó un proyecto mejor. Es el primer paso. El segundo es la reglamentación, y el tercero, la práctica.” O sea, la ley representa una mejora significativa con respecto a lo que había hasta ahora, pero más importante será cómo se regula y como se implementa. Y mientras no se transparenten los verdaderos motivos para mantener a Milani, mientras no se sepa quiénes son los jueces, fiscales, operadores y periodistas que cobran sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia, no hay por qué pensar que esta ley, al menos mientras dure este gobierno, no sea más que un lavado de cara.
Con respecto a lo tercero, hoy viernes, Clarín adelantó en exclusiva que el fiscal Gerardo Pollicita, quien heredó la causa de Nisman, va a ratificar la imputación a la presidenta, el canciller y demás acusados. Horas más tarde la primicia se confirmó. Está bien. Pero, ¿y las pruebas? Una fuente me asegura que D´Elía y Khalil efectivamente querían acusar falsamente a "un grupo de fachos" para hacer zafar a los iraníes. ¿Y? Hace falta bastante más para acusar a la presidenta y su canciller de encubrimiento. Está bien que el fiscal Pollicita investigue pero es imposible desconocer que esta imputación, al igual que la anterior, está teñida de intereses políticos y geoestratégicos. La denuncia, más que una acusación, es una invitación a hurgar en los archivos de la Cancillería y de la Secretaría de Inteligencia. En ese sentido, si se hace de manera responsable, bienvenido sea. Pero lo que no quieren admitir los opositores al gobierno -y lo que no sale en Clarín - es tan evidente como la desnudez de Nisman a la hora de morir. Esto es, si el fiscal hubiera tenido pruebas convincentes en contra de Cristina y Timerman, las hubiera incluido en su denuncia de más 300 páginas. Y si nadie las ha encontrado todavía, y vaya si las buscaron, debe ser porque no están.
El cuarto punto es para mí el más importante y preocupante. Los Wikileaks mostraron que Nisman no llevó adelante una investigación independiente, sino que se comprometió ante una superpotencia extranjera a seguir exclusivamente la pista iraní. Dicho comportamiento, registrado en decenas de cables diplomáticos secretos estadounidenses, al menos compromete seriamente la indagación de Nisman, si es que no la descalifica en términos éticos, morales y legales. Entonces tenemos a un presidente, Menem, acusado de encubrir la pista siria, a punto de ir a juicio. Y a una presidenta, Cristina, acusada de encubrir la pista iraní, a punto de ser investigada.
Pero, en cuanto a pruebas concretas, en veintiún años no se avanzó prácticamente nada. Eso sí, tenemos cinco presuntos autores intelectuales: cuatro funcionarios o ex funcionarios del gobierno iraní y un líder de Hezbolá. El problema es que sin autores materiales no se puede llegar a los intelectuales. Sin saber quién puso la bomba no se puede saber a quién obedeció esa persona, porque muchos podrán dar la orden pero sólo el que lo hizo sabe a quién obedeció. Por eso no existen muchos antecedentes de crímenes en los que se conoce quién lo ordenó sin saber quién lo hizo. Es de por sí demasiado raro.
Más grave que el problema de resolver quién cometió el atentado es no poder hablar del tema. Con la AMIA pasó algo parecido a lo que pasó con la convertibilidad en los años noventa. La premisa básica no se podía cuestionar, había que ser un economista neoliberal para opinar del tema y cualquiera que hablara desde afuera era un burro o un ignorante. Hasta que esa careta se cayó. Con la AMIA pasó lo mismo. Durante años había que ser un experto en abogacía, servicios de inteligencia, Medio Oriente y unas cuantas cosas más para poder emitir una opinión disonante al pensamiento único. Un pensamiento único o política de Estado de defender la investigación de Nisman contra viento y marea que incluyó al juez, a la AMIA y a la DAIA, al gobierno, a la oposición, y a los medios k y anti k. Una política impulsada y alentada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel y por el interés del gobierno argentino de posicionarse en la alianza occidental, más allá de sus coqueteos bolivarianos.
No importaba que cuatro respetados autores de libros de investigación sobre la AMIA habían concluido poco después del atentado que no hubo coche bomba, o sea que no existió una piedra basal sobre la que se montó la versión oficial que no ha cambiado en estos 21 años. Total, lo que importaba era que el bombazo fuera obra de los iraníes. La historia oficial tampoco cambió en 1997 cuando Jorge Lanata puso al aire un video mostrando cómo el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, coimeaba al único imputado por participar en la preparación del atentado, Carlos Telleldín, para que acusara de poner la bomba a un chorro de la policía bonaerense que no tenía nada que ver. Total, los autores intelectuales seguían siendo los iraníes. Tampoco se torció la historia en el 2010, cuando los Wikileaks mostraron cómo los estadounidenses interfirieron en la investigación instruyendo al fiscal que persiga a los iraníes y sólo a los iraníes y recibiendo a cambio información privilegiada de la causa. El apoyo a Nisman siguió intacto. Hasta que el gobierno negoció con Irán, mal o bien, hace dos años, la investigación de la AMIA no se podía cuestionar. Pero, ¿donde están las pruebas? No es tan complicado, están o no están.
Y lo que lo que hay son informes de inteligencia secretos que no se pueden corroborar, un denunciante profesional que ha recorrido el mundo testificando sobre demasiados episodios, un varias veces arrepentido mantenido a sueldo en Alemania por nuestra Secretaría de Inteligencia para que no cambie su testimonio una vez más, un brasileño de película que alguna vez avisó que algo iba a pasar antes de desaparecer en el submundo de los espías, una prostituta que conocía a algunos agentes secretos...En fin: nada concreto y tangible.
El trágico recorrido que empieza con la firma del acuerdo con Irán, sigue con el desplazamiento de Stiuso de la Secretaría de Inteligencia, se prolonga con la denuncia de Nisman contra la presidenta y desemboca en la muerte del fiscal, ha tenido como efecto colateral el desnudar la trama de complicidades y encubrimientos que descarriló la causa AMIA desde el primer día. El tema es qué hacemos con esto, ahora que vuelve a salir a la luz.
Hoy viernes la Procuradora General Gils Carbó nombró a un equipo de fiscales que ya han sido criticados por la oposición por adherir a la agrupación judicial protokirchnerista Justicia Legítima. Con semejante debut será muy difícil evitar que intereses políticos de uno u otro lado condicionen la investigación.
Mientras tanto, esta semana un grupo de respetados juristas e intelectuales propusieron la creación de una "Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA" al estilo CONADEP. "Es en este contexto que los abajo firmantes creemos indispensable la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional a una `Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA´ bajo la premisa de que la misma opere con plena independencia y capacidad de actuación y que cuente con los recursos necesarios para efectuar su tarea. Tanto a partir de nuestra experiencia con la `Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas´(CONADEP) como con experiencias en otras latitudes, se ha podido constatar que esta clase de instrumento es apto para hacer un mejor diagnóstico de una situación compleja y delicada, para revisar una política pública desacertada o para evaluar el fracaso de una estrategia, entre otras. En nuestro caso, se trata de un mecanismo imprescindible para abordar un ejemplo emblemático de impunidad que está horadando la democracia argentina pues pone en entredicho y deslegitima a instituciones del Estado, así como a partidos y dirigencia política. De allí que creemos que una Comisión como la sugerida, reputada respecto a la honestidad y capacidad de sus miembros, plural en su conformación ideológica y diversa en su procedencia disciplinaria, puede contribuir decisivamente a dar luces en cuanto al atentado a la AMIA”, señala la propuesta.
Lleva la firma de nada menos que Víctor Abramovich, Carlos H. Acuña, Eduardo Anguita, León Carlos Arslanian, Abraham Gak, Roberto Gargarella, Luis Moreno Ocampo, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo y Juan Gabriel Tokatlian. Se trata de un texto llamativamente entusiasta y optimista en medio de tanta angustia y oscuridad. Sobre todo para el inicio de una investigación después de dos décadas de pruebas perdidas.
Se trata, claro, apenas de una idea. Pero no tengo una mejor. Estamos en la Argentina, donde todo puede pasar, menos darnos por vencidos.