Micki dividía en tres la plata que ganaba revolviendo basura y separando el cartón. Una parte para comprar la comida diaria para sus cuatro hijos; la segunda para pagar el camión que la trasladaba a ella y a su carro desde Villa Fiorito hasta la zona de Barrio Norte en la Ciudad de Buenos Aires —allí se conseguía mejor mercadería—; y la tercera estaba destinada exclusivamente al pago de coimas a la policía a cambio de que no le retuvieran la mercadería.
Haber salido a cartonear fue su última opción después de que echaran a su marido que trabajaba como chofer en el Casino de Puerto Madero. Con el sueldo de Marcelo y algunas changas, Micki vivían una vida digna en uno de los enclaves más populares de Lomas de Zamora. Creyó que el cartoneo iba a ser temporal. Mejor dicho: deseaba que la experiencia diaria de revolver los desechos junto a sus hijos — los cuatro pibes la acompañaban todos los días— fuera tan solo un mal sueño. Pero la pesadilla de 2001 para Micki y Marcelo, revolver cartón en una Argentina con niveles extremos de pobreza y desocupación, duró más tiempo de lo imaginado.
Durante siete años la modalidad de cartonear siguió siendo más o menos la misma, aunque en los barrios y en las villas las organizaciones sociales— nacidas al calor de aquel estallido en donde el piquete y la cacerola fueron los protagonistas de jornadas sangrientas— comenzaban a pensar cómo canalizar la demanda de este grupo de hombres y mujeres dedicados a remover desechos llevando carros de hasta 320 kilos. Así nació en 2007 el germen del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La primera victoria como organización fue lograr —a fuerza de marchas, reclamos y movilizaciones— que el Gobierno de la Ciudad, en ese entonces comando por Mauricio Macri, les garantizara transporte gratuito para el traslado de Villa Fiorito a Buenos Aires y que eso fuera regulado por el Estado local para eliminar los sobornos. Después de siete años Marcelo volvió a su oficio como chofer y se puso al volante del camión Nº1 que trasladó, entre otros, a Micki. La plata que ganó ese día y la del resto de los días no tuvo que dividirla. Todo fue a un único destino: más comida para sus pibes.
Micki y Marcelo siguen viajando todos los días desde Villa Fiorito hasta la capital. Ya no van a cartonear a Barrio Norte sino a trabajar a Parque Patricios donde funciona la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, la más grande de Sudamérica, con más de 3.500 asociados. Ambos trabajan en la planta de reciclaje donde comparten la tarea con otros 200 compañeros. Sumado a ellos están los 800 cartoneros que van diariamente a buscar material para llevarlo a la planta que luego se procesa y se revende a la industria como materia prima. Además del salario social que perciben del Gobierno de la Ciudad (que oscila los 6000 pesos) tienen la obra social otorgada por la Corriente de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el sindicato que nuclea a varias organizaciones de la economía informal. Los hijos de Micki y Marcelo también trabajan en las cooperativas del MTE. Algunos en la de Parque Patricios otros cerca de su barrio, en Lomas de Zamora.
Los últimos datos del INDEC arrojaron que la pobreza llegó al 32 por ciento, una cifra que implica 2,7 millones de nuevos pobres. Micki y Marcelo no necesitan saberlo: son pobres. Lo perciben, además, cuando cada día se acercan tres o cuatro personas a la cooperativa a pedir trabajo, a ofrecerse para cartonear.
No necesitan saber que la cantidad de chicos pobres de entre 0 y 14 años aumentó de 39,7 por ciento en el segundo semestre de 2017 a 46,5 a fines de 2018. Lo ven todos los días cuando más y más pibes llegan a pedir un plato de comida a los comedores o merenderos del MTE en los barrios.
—Sin la cooperativa y sin la organización yo seguiría siendo una escoria, una ciruja. Para mí 2001 fue la humillación más grande de toda mi vida. Yo no quiero un estallido social. Yo quiero al pueblo unido en un solo grito: Basta - dice Micki.
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Durante los 59 minutos del discurso inaugural de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente Mauricio Macri hizo un solo anuncio que no estuvo vinculado al ajuste. Notificó un aumento del 46 por ciento la Asignación Universal por Hijo (AUH): $2644 por mes para las personas desocupadas, trabajadores informales o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil.
La misma semana que Macri hizo el anuncio, Belén terminó de hacer los trámites en el Anses para cobrar finalmente la AUH. Hace seis meses fue mamá de Dasha Catalina, pero como tiene 17 años el periplo burocrático no fue tan sencillo.
Su suegra, Dina Sánchez, la ayudó. Ya no podía ver cómo a su nieta Dasha la dejaban con el mismo pañal durante varias horas porque tenían que administrar lo poco que podían comprar con el salario social de su hijo Joel un trabajador de la cooperativa Darío Santillán, el polo textil de la organización piquetera del que ella es su referente nacional. La organización nuclea a más de veinte mil personas en todo el país y surgió, al igual que el MTE, luego de la crisis de 2001 y en homenaje a Darío Santillán (asesinado por la policía en el Puente Pueyrredón en 2002 junto a Maximiliano Kosteki).
En el polo textil Joel confecciona guardapolvos y ambos: el principal comprador es el Gobierno de la Ciudad. Entre los $6000 de su salario social y los que empezará a cobrar Belén con la AUH van a estar un poquito más aliviados, o al menos, van a poder dedicarle un poco más de tiempo a terminar el secundario en el Bachillerato de la organización que funciona en el local de Constitución.
Para Alfredo Zaiat, editor de economía del Diario Página 12 y especialista en historia económica de nuestro país, la clave para entender por qué no estalla la crisis es el “colchón social y económico” que dejó el kirchnerismo: la AUH, el salario social y los complementos vinculados a los trabajos en cooperativas, y la cobertura previsional que llegó al 95 por ciento de los adultos mayores. “En las clases medias ese colchón fueron los ahorros. A lo largo de estos tres años las clases medias fueron achicando ese ahorro producto de la pérdida del poder adquisitivo y el desempleo. En los sectores más vulnerables y en los jubilados también se achicó pero no desapareció. Ese es el escenario más claro y diferenciador de 2001, cuando la cobertura previsional era del 55 por ciento y la clase media venía de una pérdida de su capacidad de ahorro”.
Los planes se mantuvieron durante la gestión de Cambiemos. Desde fines de 2017 la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, acordó con la CTEP y otras organizaciones el Salario Social Complementario (SSC) que llega a 300.000 beneficiarios, 1621 millones de pesos y supera lo otorgado por el gobierno anterior, como cuenta Esteban de Gori. Ese año, en el que las cifras de pobreza fueron menores a las de 2018, también crecieron los ingresos familiares por el aumento de jubilaciones y pensiones por dos políticas: la aplicación de la antigua fórmula de movilidad jubilatoria y la implementación del Programa de Reparación Histórica, según un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD).
Dina siempre vivió en un barrio popular en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown. En 2001 se volvió a Perú, su país natal, con sus dos hijos chiquitos porque en Argentina ya no podía sobrevivir. Diez años después, volvió tras la insistencia de su madre que ya había comenzado a trabajar en uno de los comedores del Frente Popular Darío Santillán. Dina no sabía quién había sido Darío Santillán, pero apenas pisó Buenos Aires fue directo a meter el cucharón en la olla. Nueve años después, se convirtió en su principal referente.
—Esto no estalla porque nosotros nos estamos conteniendo como podemos. Sacamos un puchito por acá, otro por allá. Y nadie nos regala nada. Somos nosotros los que construimos organización, redes, peleamos en las calles. Hace veinte años que aprendimos que la única salida es colectiva - dice Dina.
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El 14 de febrero al mediodía, la zona cercana al ministerio de Desarrollo fue copada por más de 200.000 de integrantes de organizaciones sociales y sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Barrios de Pie; el Frente Darío Santillán (FDS); Federación Nacional Territorial (Fenat) de la CTA Autónoma Capital, y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que decidieron abrir este 2019 electoral con un fuerte plan de lucha y bajo el ya clásico lema: “Tierra, Techo y Trabajo, contra el hambre y los tarifazos”.
El diputado del Movimiento Evita Leo Grosso encabeza una columna que viene desde el municipio de San Martín. Mientras camina, reflexiona: “los pobres están organizados y ese saldo organizativo y en unidad es lo que les permite aún estar de pie, cobrar un paupérrimo salario social de $6.000, pero con el que acceden, al menos, a poder comprar arroz o fideos y algo más para darles de comer a los pibes”.
Ese saldo organizativo les permite realizar esta y otras tantas marchas. Pero no solo eso. Muchos de los que empezaron en la militancia de los movimientos sociales hoy son diputados nacionales y promueven leyes que se generan al calor de las barriadas. El año pasado las organizaciones sociales presentaron cuatro leyes en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones.
Ana Natalucci es investigadora y especialista en movimientos sociales y sindicales: “La pregunta del millón es por qué no estalla. En parte tiene que ver con la organización y con la plata que pone el Gobierno y que permite de alguna manera las organizaciones sociales puedan seguir conteniendo. Por otro lado creo que hay una memoria de mediano plazo, porque la crisis de 2001 la podemos recordar celebratoriamente, como hacen algunos sectores, o podemos recordar que la consecuencia inmediata de esa crisis fue enero de 2002, que llevó a la población al 54 por ciento bajo la línea de pobreza. Este año electoral las organizaciones sociales están haciendo una apuesta institucional al recambio de gobierno más que al estallido. Me parece que hay un aprendizaje de quién termina pagando la crisis y de cómo se resuelven esas crisis”.
En ese sentido, Zaiat opina que otro de los factores determinantes para que la Argentina no estalle tiene que ver con una expectativa: “En 2001 no había ninguna perspectiva política, era el que se vayan todos. Hoy hay una expectativa y una esperanza con Cristina. No por ella en particular, tiene que ver con algo simbólico, con un imaginario social de los sectores más castigados de que existe una salida política a una crisis”.
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Carmencita trabajaba hacía más de 30 años como enfermera en la fundación Favaloro cuando la despidieron en 2001. Vivía en una casa en Parque La Gloria, un barrio de clase trabajadora en la localidad de San Miguel. Hacía poco había fallecido su hija. Sin trabajo, tenía que hacerse cargo de sus dos nietos pequeños. Después de usar el último puchito que tenía ya no quedó más. Con otros vecinos, empezaron a tocar las puertas de las casas. Algunos les dieron un paquete de lentejas, unas papas y una cebolla. Y así empezaron las ollas populares que cada vez tenían más y más adeptos: fue el germen del movimiento Barrios de Pie en esa localidad. Carmencita entendió que la única manera de sobrevivir y darle un futuro a sus nietos era a través de la jubilación. En 2008 le salió el trámite, después de haber aportado durante más de treinta años.
Carmencita sigue viviendo en la misma casa pero hoy cobra una jubilación de 11.200 pesos, casi la mínima: le alcanza para pagar la luz, el gas y algo de comida. El nieto más grande estudia derecho en la Universidad de José C. Paz y trabaja como pintor para pagar los estudios y ayudar a su abuela. Él y sus otros hijos le compran los remedios para la artrosis.
—Yo sigo yendo a comer y a merendar a los comedores de Barrios de Pie. Estamos muy mal, y quizás hasta peor que en 2001, pero ahora tenemos un mínimo colchón, pero sobre todo, nos tenemos entre nosotros, construimos colectivo. Militar es lo que nos salvó. Y lo que nos va a salvar - dice Carmencita.
