Las protestas policiales son una preocupación pública y política desde hace tiempo. En la última semana se reactualizaron con las manifestaciones que tuvieron foco en la Provincia de Buenos Aires, pero que llegaron a resonar en algunas provincias del interior -donde se hicieron extensivas convocatorias a policías para reclamar sobre sus condiciones de trabajo-. Así, los temores y preguntas sobre el rol de las policías en la sociedad cobran de nuevo intensidad: ¿son intentos de desestabilización o genuinos reclamos de trabajadores sin representación? ¿son problemas gremiales y/o políticos? ¿pueden los/as policías pensarse como trabajadores/as representados/as o sindicalizados/as?
Confiamos en que quienes tienen posiciones de responsabilidad política y manifestaron preocupación por las protestas, interpretándolas como intentos de desestabilización institucional, lo hicieron desde una opinión fundada y respaldada por información fehaciente. Protestas que, por otro lado, tuvieron en un principio el apoyo de algunos sectores asociados al partido que fue derrotado en Buenos Aires y en la Nación en 2019, tal como reconocieron algunos de sus protagonistas. Recién una vez que se encontraron con la residencia de Olivos rodeada por patrulleros y funcionarios armados, con el presidente, el gobernador, la vicegobernadora y un conjunto de intendentes adentro, el rechazo a la forma que había adquirido la protesta se volvió (casi) unánime.
Hoy sabemos que algunos puntos del petitorio presentado por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron atendido por las autoridades provinciales. Durante el anuncio encabezado por el gobernador Axel Kicillof, que contó con la reaparición en público del Ministro de Seguridad Sergio Berni, se abordaron cuestiones salariales, como la equiparación progresiva del salario con el de la Policía Federal Argentina (PFA), se anunció la creación de dos hospitales para la atención exclusiva de policías como el Complejo Churruca de la PFA, hubo anuncios tendientes a la profesionalización policial como la creación del Instituto Universitario Juan Vucetich y, según se supo horas después, que no habrían sanciones al personal involucrado en las protestas. Si una vez hechos estos anuncios las protestas continúan, habrá que evaluar seriamente los intereses políticos para sostener el conflicto. De todos modos, no deja de ser una buena ocasión para pensar en una serie de dificultades de largo aliento que recaen sobre las condiciones que hacen posible estas situaciones.
Quienes pertenecen a fuerzas policiales y de seguridad en nuestro país se enfrentan desde su ingreso con un relato institucional que los invita a abandonar la vida civil para incorporar(se) a un nuevo estado, fundar un nuevo self. Esta expectativa pretende anular junto a esa incorporación toda huella de civilidad y una serie de adscripciones previas de los nuevos policías. Entre ellas, las de la participación política y su experiencia como trabajadores sindicalizados. Pero también pretende ignorar que además de policías se trata de vecinos, de familiares, de hinchas de un club de fútbol, de hombres mujeres y disidencias, en fin, de sujetos plurales.
Como sabemos, las policías -y más aún las provinciales- encuentran sus bases de reclutamiento en los sectores de clase trabajadora. En muchos casos son habitantes de barrios populares. Por la duración de las carreras, todos ingresaron a la fuerza en el actual período democrático. Estas personas son convocadas a una profesión vocacional, pero también desde una promesa de estabilidad en sus trayectorias laborales. La policía se inscribe muchas veces en trayectorias biográficas de múltiples padecimientos y explotación laboral previa, pero la diferencia es que el padecimiento ahora se incorpora a una idea de sacrificio institucional que otorga, en el relato policial, un sentido trascendente a lo que se padece siendo policía. En sus propios términos, se trata de “obrar con vocación de servicio”.
Sin embargo, la promesa institucional de un trabajo de carrera y con un profundo sentido de pertenencia conlleva el abandono de una experiencia de clase ineludible en la sociedad argentina: la posibilidad de ser representados como trabajadores. Como decíamos, los/as miembros de las policías provienen de sectores trabajadores y muy probablemente sus padres, madres, hermanos/as, amigos/as y vecinos/as sean parte de la economía popular en la CTEP, docentes afiliados a Suteba, torneros de la UOM u obreros de la construcción afiliados a la UOCRA, por nombrar algunos gremios importantes. Seguramente forman parte de alguna de las “familias sindicales” y conocen experiencias de trabajadores/as representados y cuyas condiciones laborales son, en algunos casos, oídas y defendidas.
Nos encontramos frente a un problema cuya resolución se aplaza una y otra vez hasta el próximo conflicto. Si nos enfocamos en la organización institucional, las policías observan un riguroso orden jerárquico que establece pautas para realizar su tarea mediante un ordenamiento claro de las relaciones de obediencia y conducción. Esto permitiría la ejecución de órdenes y el establecimiento de responsabilidades para el desarrollo de su tarea. Sin embargo, son esos mismos canales los que están previstos para articular y transmitir demandas, reclamos e incluso denuncias, lo que pone en manos de los superiores la representatividad y resonancia de la voz de los subalternos e implica una serie de dificultades.
En primer lugar, salvo las líneas de atención que en los últimos años se han abierto en los distintos ministerios para realizar denuncias y reclamos, históricamente los superiores debían escuchar y abordar los problemas de sus subordinados, algo que siempre depende de los estilos y herramientas de conducción. Así, se diferencia a los oficiales “troperos”, que se ponen al frente de los operativos y comparten tareas con sus subordinados mostrando proximidad y escucha, de otros que tienen un perfil “de oficina”, es decir, aquellos que no comparten ámbitos ni tareas y en muchas ocasiones se muestran distantes frente a los problemas de sus subordinados. Pero más allá del estilo de conducción, en ambos casos queda en evidencia el rol de los superiores para dar (o no) voz a su personal, y la dificultad de presentar quejas y reclamos a quienes conducen las fuerzas y sus autoridades civiles. Es necesaria más escucha y menos arenga.
En segundo lugar, los reclamos policiales muestran la dificultad de conducción de las cúpulas: por la dimensión de las fuerzas, en extensión y cantidad de personal, es imposible que ningún jefe conduzca desde la proximidad pero, según muchos suboficiales, lo que los aleja más es la diferencia en sus condiciones de vida. Son sujetos que habitan la misma institución pero pertenecen a sectores sociales muy diferentes. Reclaman porque el diálogo con los Ministerios de Seguridad se ejerce mediante miembros de la misma institución pero que ya están lejos en el tiempo, en las condiciones de vida y en la actividad operativa. “Ya no se acuerdan de lo que era ser vigi” decía un policía de sus jefes, y agregaba: “hay vigis viejos que parecen ratas de lo muertos de hambre que están, mientras los jefes llegan en unos autos que parecen helicópteros, entre lo que ganan y lo que consiguen están forrados”.
Del mismo modo, los estilos de conducción civil también varían en los propios Ministerios de Seguridad. Esos ámbitos, principalmente el nacional, realizaron una apuesta al trabajo sobre las áreas de Bienestar del personal de las distintas fuerzas federales, entendiendo la responsabilidad política de abordar las condiciones de trabajo y de vida de quienes se incorporan a esas instituciones. Son esfuerzos muy necesarios a los que subsiste el debate sobre la representación laboral de los/as policías.
Las investigaciones académicas dan cuenta de las diversas demandas que se ejercen desde las fuerzas en las convocatorias, huelgas o acuartelamientos -porque los/as policías también cuentan con un extenso repertorio de acciones para sus protestas-. Si bien los reclamos salariales encabezan las solicitudes, también encontramos protestas de miembros de la Policía Federal Argentina “traspasados” a la Ciudad de Buenos Aires como motivos para salir a la calle a reclamar en tanto policías.
La discusión sobre la representación policial no está saldada. Revive con cada ejercicio de reforma y se trata de un debate que no es exclusivo de nuestro país. Contamos con experiencias cercanas como la sindicalización de la Policía civil de Brasil o la Policía Nacional de Uruguay en 2006, que ha sido abordado en investigaciones recientes, o en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y en la Unión Europea. En muchos de esos países la policía es un servicio esencial y, como tal, tienen derecho a la representación, pero no a huelga ni manifestación pública.
Sin presentar una solución ingenua, comprendemos que la sindicalización es también un tema con múltiples reveses, toda vez que imaginamos que entre los reclamos se pueda contener una defensa corporativa de situaciones de violencia institucional. Así lo acreditan experiencias en Estados Unidos, según un informe de la Universidad de Oxford, donde incluso se encuentran demandas sindicales de absolución de efectivos involucrados en asesinatos. No obstante, las condiciones de trabajo son una punto que requiere atención: el trabajo en la Policía de la Provincia de Buenos Aires incluye situaciones de recarga arbitraria en la tarea con el pago de horas CORES (sobre las que el gobernador anunció un aumento de $40 la hora a $120), la propensión a endeudarse, la situación de los caídos y heridos en servicio , los problemas de acceso a la vivienda, de escala salarial, las demandas en clave de género y otras que precisan de un relevamiento permanente similar a las que realizan las organizaciones sindicales en otras profesiones.
Inscribir a las policías en la historia democrática de nuestro país no significa únicamente delimitar roles institucionales y conducciones claras, profesionalizar su formación o garantizar el uso racional de la fuerza. Estas son cuestiones esenciales, pero también se trata de que sus miembros cuenten con las herramientas que les den voz y defiendan en el ejercicio de sus derechos. Que permitan identificar con claridad y de antemano reclamos por condiciones de trabajo de intentos de desestabilización institucional, algo no menor luego del rol reciente que tuvieron las policías en Bolivia y Ecuador.
Al terminar el anuncio del gobernador los movileros de los principales medios pusieron la atención en las improvisadas asambleas. Muchos efectivos se retiraron junto con los patrulleros provistos por el Estado. Otros, que se habían autoproclamado voceros, pidieron disculpas a la sociedad por la zozobra causada. También aparecieron quienes postulaban a Blumberg como vocero para una mesa de negociación que ya no tendría lugar. Algunos efectivos, desde abajo de las cajas de las camionetas policiales que funcionaban de improvisados escenarios, abucheaban y decían que Blumberg nunca se había subido a un móvil, que no los representaba y que estaba “politizando” la demanda. En otros puntos del conurbano, las autoridades departamentales “bajaron” a los lugares de protesta para ordenar su fin. Allí se encontraban policías muy jóvenes que representan lo más bajo en la estructura institucional -y salarial-. Fueron ellos los que vieron mermados sus ingresos por la reducción de la actividad comercial y administrativa producto del ASPO y la imposibilidad de hacer servicios de policía adicional, conocidos como horas POLAD.
Ni durante el conflicto ni para su resolución hubo representantes, voces y directivas claras. Quedaron expuestas las dificultades para la comunicación con los miembros de las fuerzas si no es “desde arriba”, cuando se desconocen la jerarquía y la capacidad de conducción. La policía no es únicamente ni en todo momento una institución jerárquica, también está conformada por sectores -como los que acudieron a puente 12 y los que lo hicieron a Olivos- que se desempeñan en distintos destinos, ejercen funciones diferentes y también son conducidos diferencialmente, no todos vieron con buenos ojos llevar la protesta a la quinta presidencial y comprendieron los riesgos que esto implicaba para la legitimidad pública de la protesta. Tampoco sabemos qué rol tuvieron los intendentes en la movilización y posterior desmovilización policial porque su vínculo con la fuerza provincial es tan intenso como informal, se supone que no conducen a una fuerza a la que muchas veces equipan y a la que proporcionan materiales indispensables para el desarrollo de su función.
La cuestión de los reclamos por las condiciones de vida y de trabajo de los/as miembros de las fuerzas merece ser atendida para que, nunca más, bajo el manto de un reclamo legítimo se ponga en peligro el orden institucional. Figuras como el defensor del policía o el ombudsman policial se enmarcan en las propuestas viables a corto plazo, mientras sindicatos policiales, vetados por la corte suprema en un fallo de 2017 y resistidos por partidos políticos y centrales sindicales, persisten como opción para anticipar y evitar este tipo de protestas o, al menos, mediante representaciones legítimas, distinguir cuándo se trate de reclamos por condiciones de trabajo y cuando estamos hablando de otra cosa.