Un manifestante trae buenas noticias. El Gobierno nacional está dispuesto a conversar con ocho representantes.
—Que entre alguno que sepa hablar bien.
Silencio.
—O alguien con jerarquía.
Silencio.
—Mejor que no vaya nadie, o entramos todos o ninguno —sugieren varios, y cierran los minutos de zozobra.
La protesta en la entrada de la Quinta de Olivos sale de la pausa y vuelve a perturbar el tránsito. Dejaron un carril libre para que la congestión no sea total y saltan animados al ritmo de bombos y tambores de murga. Son entre 250 y 300 personas sin directivas claras ni representantes unificados. A lo largo de la fachada de la residencia presidencial hay 28 móviles de la Policía Bonaerenses. Pertenecen a los destacamentos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, y Tigre. Pareciera una exageración de seguridad si no fueran los mismos policías de esos destacamentos los que están cortando la avenida Maipú.
El sonido de una sirena continua, clavada en sí misma como un timbre roto, anuncia una tormenta de problemas. Una advertencia de peligro basada en una ecuación que suele repetirse en la historia argentina: manifestación + policía = represión. Esta vez, la sensación de peligro excede la protesta. La imagen de las fuerzas policiales en desobediencia refresca los peores recuerdos. El país en alerta. Llamativamente, en la puerta de Olivos se siente una extraña sensación de tranquilidad. Hoy, en esta manifestación, no habrá represión. Hoy, la represión está de paro.
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En total serán cuatro días de protestas y de un inédito conflicto en el que parte de los 95 mil efectivos de La Bonaerense reclamarán por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, armados, uniformados y movilizados en sus patrullas en horario de servicio en 10 puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, la casa de la gobernación de La Plata, la residencia presidencial y el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía donde el secretario de Seguridad, Sergio Berni, tiene sus oficinas. El lugar -conocido como Puente 12, en el partido de La Matanza- se convertirá en el epicentro de las protestas.
El último antecedente de una revuelta policial se remonta a 2013, cuando los agentes cordobeses detuvieron su actividad y generaron un caos que casi le cuesta la gobernación a Juan Manuel de la Sota. La medida de fuerza fue imitada en casi todo el país aunque con menor impacto en La Bonaerense. Un año después, el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció el ingreso de 14 mil nuevos policías.
Emiliano tiene 27 años, dos hijos, es sargento en San Fernando y, como muchos de los que ahora están en la puerta de la Quinta de Olivos, pertenece a esa generación que hizo un curso de un año -nueve meses en rigor- y salió a la calle.
Todavía falta un día para que Axel Kicillof desactive el conflicto al anunciar el aumento del salario mínimo de 34 a 49 mil pesos (incluido un aumento de 5 mil de compensación por el uniforme) y de las horas extras (cores) de 40 a 120 pesos.
Emiliano, como el resto de sus compañeros, todavía tiene bronca. Enumera las dificultades en una ráfaga de reclamos. “Nos tenemos que pagar todo. Si pinchamos las ruedas del patrullero, el arreglo lo tenemos que pagar nosotros. Si queremos practicar tiro, tenemos que pagar nosotros las balas. Los borcegos, la funda de los chalecos, la comida, nos suspenden ascensos, nos trasladan sin avisarnos. Para llegar a fin de mes tenemos que hacer adicionales, trabajamos 24, algunos 36 horas seguidas. Muchos tienen changas, son albañiles, cocineros.” Sus compañeros superponen los mismos reclamos con gritos desesperados.
El único que no lleva uniforme se llama Diego. Tiene 40 años y viene de San Fernando. Se acerca y, detrás de un barbijo de hombre araña, dice: “Quise ser maestro, como mis padres, pero no pude, tuve que dejar. Yo solo quiero tener un sueldo digno, esto es una protesta pacífica para que de una vez nos escuchen, no podemos seguir así. Acá está la tropa, los de la calle que nos organizamos por grupos de facebook”.
Para Kevin y Julián esta es la primera marcha de sus vidas. Tienen 39 y 26 años. Kevin es hijo de policía. Desde chiquito recorre comisarías y destacamentos con su padre, todavía en actividad. Julián es de 9 de julio y dice que es policía porque le gusta ayudar a la gente. Ambos quieren un sindicato o “algo” que los represente. También dicen que se sienten incómodos en esta marcha. Que ellos no deberían estar acá pero que la movilización generó más solidaridad y orgullo de pertenecer a la fuerza. Dudan en responder cuando se les pregunta qué harán cuando en una manifestación los reclamos por trabajo y salario digno los hagan otros.
—Nosotros no damos las órdenes. Si hay una orden, la cumplimos.
Julián espera a que hable Kevin, después lo mira y completa.
—Siempre que sea pacífica, como la nuestra ahora, no vamos a hacer nada.
La pregunta rebota en todos los grupos movilizados con la misma respuesta: silencio. Una mujer policía, de civil, cambia el libreto. “Sí, somos hipócritas al marchar. Y después será como antes, orden dada, orden ejecutada.” La mujer policía tiene 33 años, prefiere no dar su nombre. Antes de entrar a la fuerza, también con los 14 mil de Scioli, era cajera en un almacén. “Siempre quise ser policía porque así puedo ayudar a hacer un mundo mejor. Por eso nos merecemos un mejor salario.”
El sueldo extra se completa con las adicionales, que rondan los 250 pesos por hora y no las paga la provincia sino cada lugar que requiere de los servicios. Puede ser una guardia en Edenor, en el Banco Provincia o en un partido de fútbol, donde pagan los clubes. Los comisarios son los encargados de administrarlas y, según denuncian los efectivos, muchas veces se quedan con un porcentaje. “Lo tenemos que aceptar porque igual nos sirve la plata; ya lo denunciamos mil veces pero no nos dan bola”, cuenta un grupo de mujeres policías. Una de ellas muestra su chaleco antibalas roto, pegado con cinta, y refresca el escándalo de los chalecos vencidos de María Eugenia Vidal. “Nos dieron chalecos que no servían y nos tiraron 500 pesos de aumento en un par de cuotas.”
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¿Por qué protestan ahora entonces, en plena pandemia, y no antes? La respuesta es coral y sube desesperante en boca de todos los policías. Cada uno suma un cuadro de problemas. No es político, es que no damos más. Salario digno, basta de promesas. Los argumentos se repiten. ¿Los policías son trabajadores que pueden tener representación sindical? Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no. Para Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad de Quilmes, existen alternativas al sindicato tradicional para las fuerzas policiales. “Podría ser también la figura del ombudsman policial. O un sindicato con algunos derechos restringidos como el derecho a huelga, o que pueden manifestarse en lugares públicos sin portar armas y sin uniforme y garantizando las guardias y el patrullaje.”
Como sea, los relatos se espejan, en la puerta de Olivos o Puente 12, donde las mujeres policías de Pilar se niegan retirarse como el resto de sus compañeros después del anuncio de Kicillof. Son ellas y un grupo de Ituzaingó que no suman más de 50 disconformes. El grupo de Pilar recuerda a un compañero de 22 años que, asfixiado por las deudas y las precariedades laborales, se pegó un tiro en la cabeza hace dos meses.
—Se suicidan muchos compañeros. Así de mal estamos. Este anuncio del aumento es una cargada. Nosotras no vivimos con 49 mil pesos. Queremos 60 mil, como la policía de la Ciudad. No nos vamos a ir porque no recibimos nada. Y encima no nos garantizaron que no habrá sumarios.
Los reclamos de los policías emergen con una presión sostenida en el tiempo. Como el vapor humeante de un auto a punto de fundir. No queda claro quién -o qué- hizo que la tapa estallara para que todos los reclamos surjan en este momento, a días de que el gobierno bonaerense anunciara inversiones millonarias en materia de seguridad que no contemplaban los bolsillos de los suboficiales, a dos semanas de que Eduardo Duhalde hablara de un Golpe de Estado y cuando aún no está clara la participación, otra vez, de la bonaerense en la muerte de Facundo Astudillo Castro. La familia de Facundo no sólo apunta contra la fuerza provincial sino también contra el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
Para Rodríguez Alzueta, en este conflicto Berni “forma parte del problema porque este conflicto se veía venir. Habría que haberlo desactivado antes de que ganara el espacio público. El aumento de salario va a implicar que tengan que aumentar a los penitenciarios, a los médicos, los enfermeros, que también están retrasados, los maestros. Le termina creando otro problema a Kicillof y a otros gobernadores del país.”
En Puente 12, horas después del anuncio, un grupo de zona Oeste disconforme con la propuesta también prefiere quedarse. Algunos se sacan fotos con Juan Carlos Blumberg, que acaba de llegar. Son ellos, las chicas de Pilar y no muchos más. El más enojado se llama Nicolás. Se corre el barbijo para hablar.
—El tema acá son las estructuras. La gestión de la Policía, ni los gobiernos ni Berni. Pasan todos y la estructura es siempre la misma. Eso hay que cambiar. Y esta propuesta no cambia nada.
Alejado de los grupos, un agente mira la nada, parece congelado. Se llama Jorge, local de Moreno. Mueve la cabeza horizontalmente y dice, bajito, como si lo estuvieran escuchando sus superiores, que no, que no le gusta el acuerdo. “Me perdí la infancia de mi hijo porque tengo que laburar mil horas y aún así no me alcanza, no me dan la IFE por ser de la policía. No doy más”, baja la cabeza y comienza a llorar.
Para ese momento de la tarde, ya había fracasado el intento de un inspector que -acompañado por un hombre vestido de traje y autopercibido vocero de los 14 puntos- fue grupo por grupo para convencerlos y hacer retirar a la totalidad de los policías en la zona.
El vocero es Gabriel Andrés Juricich, abogado y ex funcionario del Ministerio de Seguridad de Scioli, que pocos policías conocen. Juricich, sin embargo, dice representar a supuestos delegados de las departamentales y muestra una copia de los 14 puntos. Al lado de cada reclamo, según lo aprobado en la negociación, tiene una x o el número acordado. El primero pide: “no habrá ningún tipo de represalia ni sanciones al personal”. Y una cruz.
Es una preocupación que comparten incluso los primeros en irse de Puente 12. Para Jorge, uno de los referentes de la departamental de Merlo, “el acuerdo está bien, es un avance, ahora hay que preocuparse por los que dieron la cara, seguro van a haber descuentos, sobre todo para los conductores de los patrulleros; son los primeros que van a ser castigados”.
Hasta el momento, según Juricich, hay dos causas abiertas en la Justicia. Una en la UFI 8 de Lomas de Zamora y otra en la Fiscalía de San Isidro, que buscan determinar si los policías incurrieron en un delito al obstruir el tránsito. La de San Isidro investiga la participación de los policías en la protesta de Olivos, dispersada la tarde noche del miércoles por un grupo de militantes kirchneristas de La Paternal.
El sol del mediodía delata la llegada de la primavera. Berni está a punto de llegar para ponerle el moño al acuerdo. Los 50 policías disconformes hacen un círculo para escuchar a dos de sus compañeros de civil que, como tantos otros, tomaron un micrófono, se subieron a una tarima y se presentaron como voceros a lo largo de todo el conflicto. “Nos van a mandar a la Gendarmería. ¿Qué vamos a hacer cuándo nos vayan a buscar a nuestras casas?”, grita uno, también de civil. Están preocupados y solos. Todos sus compañeros volvieron al servicio. Jorge, el policía en lágrimas, también se fue.