Fabián Rodríguez Simón entró por primera vez a la Casa Rosada el 15 de diciembre de 2015, cinco días después de que Mauricio Macri asumiera como presidente. Pepín, como lo llamaban todos en el mundillo PRO, aún no había conseguido su despacho en la Rosada, pero ya había logrado imponer la que sería la apuesta más osada -y resistida- de los primeros días de la gestión macrista: completar la Corte Suprema con dos jueces designados por decreto, saltándose el aval del Senado. Los elegidos eran Carlos Rosenkrantz, un viejo amigo suyo, y Horacio Rosatti, exprocurador del Tesoro y ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que había abandonado el gobierno pegando un portazo. Los dos reunían varias bondades: Rosenkrantz, de origen radical, tenía claras simpatías con el nuevo gobierno; Rosatti, peronista, contaba con el aval de Elisa “Lilita” Carrió, la gran aliada de Pepín en la alianza de gobierno. Era, en otras palabras, un peronista de Santa Fe que podía hacerle sombra al santafesino que tanto Pepín como Lilita soñaban con destronar: Ricardo Lorenzetti.
El encargado de defender públicamente la designación de los jueces en comisión fue el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano. Dentro y fuera de la Rosada todos sabían que era una jugada de Pepín, el ministro sin cartera, el abogado corporativo acostumbrado a jugar en los márgenes al que no le preocupaba patear el tablero con un tema tan sensible como las designaciones para el máximo tribunal.
El martes 15 de diciembre los nombramientos de Rosenkrantz y Rosatti se publicaron en el Boletín Oficial. Ese día, Pepín entró a la Casa de Gobierno a las 14.21 y se quedó hasta pasadas las 20. Mientras estaba en la Rosada, abrió su cuenta de Twitter, @PericlesCABA, y publicó dos mensajes en los que defendió la que él creía era su mejor idea y que veía como empezaba a empañarse. “La idea del nombramiento en comisión de los jueces fue de Alberdi. Que la tomó de Jefferson”, escribió a las 16.15. “Y en 1994 la reforma constitucional mantuvo la idea”, completó cuatro minutos más tarde.
No tuvo grandes interacciones en la red social, pero Pepín sintió la necesidad de defender públicamente su propuesta. Por esos días todo era vértigo e incertidumbre. Pepín quería que les tomaran juramento antes de pasar por el Senado y veía que lo estaban dejando solo: Garavano no estaba de acuerdo y hasta Carrió protestaba públicamente. La oposición estaba en un grito. En ese frenesí, “Pepín” intercambió 16 llamadas y 49 mensajes con el ministro de Justicia. Con Rosenkrantz se llamaron quince veces y con Rosatti, nueve.
La jugada de Pepín quedó a mitad de camino. Si bien Rosatti y Rosenkrantz se sumaron a la Corte, lo hicieron después de pasar por la audiencia pública y la votación de sus pliegos en la Cámara Alta.
Los registros de llamadas de “Pepín” se conocerían recién cinco años después, tras el fin del gobierno de Macri y en su ocaso como operador judicial todoterreno. La jueza María Servini -única sobreviviente de los federales que poblaron por primera vez Comodoro Py durante la primera presidencia de Carlos Menem- ordenó cruzar sus llamadas con las de otros imputados -como el propio Macri- en la causa en la que se investigan las presiones al Grupo Indalo, que encabezan los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y que es propietario de C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Oil Combustibles, entre otras empresas.
Pepín había estado desde el principio como guardián de los temas que obsesionaban a Mauricio Macri. Pergeñó una estrategia para la Corte y reclamó la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó mientras hacía campaña por la jueza Inés Weinberg de Roca para reemplazarla. Se enfureció cuando los medios lo criticaban. Pero nadie lo acompañó en la caída. Ahora volvía a sentirse solo, asediado por la justicia federal, y tomó la decisión que ningún otro habría tomado. Se escapó a Uruguay.
***
Cuando llegó al gobierno nacional, Macri buscó hacer con la justicia federal lo que había hecho en la Ciudad. Como era un terreno en el que se manejaba con especial torpeza, se apoyó en los distintos sectores que lo acompañaban: tribus judiciales con intereses diversos, que incluso competían entre sí. Al igual que lo había hecho en el gobierno porteño, Pepín lo asesoró. Fue uno de los que más se preocupó por hacer público ese poder.
Pepín compartía un despacho amplio con su amigo José Torello -jefe de asesores de Macri- en el primer piso de la Casa Rosada, bien cerca del despacho presidencial. Torello y Macri se habían hecho amigos en el selecto colegio Cardenal Newman. Pepín, por el contrario, era egresado del Champagnat. Promoción 1976-C. Esa diferencia no fue impedimento para que se ganara un lugar destacado en la mesa judicial del macrismo en la que convivían, al menos, tres grupos bien diferenciados: los abogados corporativos -como Pepín, Torello, el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías-; el sector del “Tano” Daniel Angelici -más dedicado a la rosca y con gran predicamento en la justicia de la Ciudad y en Comodoro Py a través de Boca Juniors- y Germán Garavano, un cuadro técnico, formado en el conservador Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). Otra de las patas de esa mesa era Gustavo Arribas, entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), radicado desde hacía años en Brasil y dedicado a la compra-venta de futbolistas. Macri lo había hecho volver al país con la promesa de poner un pie en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Le mintió por una letra.
Macri ya había tenido su proto-mesa judicial en la Ciudad mientras era jefe de gobierno. La había creado en octubre de 2009 por decreto, a través de la figura de un gabinete jurídico estratégico. Pepín también tuvo su lugar ahí. Para ese entonces, el abogado había dejado su lugar en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, donde tenía a su cargo la tenebrosa Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), tristemente célebre por apalear a personas en situación de calle.
La agenda judicial fue una preocupación constante para el macrismo, especialmente cuando el empresario olfateó que realmente tenía chances de llegar a la Casa Rosada. En abril de 2015, Garavano citó a los cuadros más importantes del PRO a un encuentro en el Salón Blanco de la entonces sede del gobierno porteño. Pepín, por supuesto, estuvo entre los invitados. Además, acudieron Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Germán Garavano, Julio Conte Grand, Clusellas y el propio “Tano” Angelici.
En ese encuentro se discutió lo que sería la agenda de Macri al llegar a la presidencia: las leyes que había que derogar o modificar, las candidaturas para la Corte, los nombramientos de jueces y fiscales y la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que ponía las investigaciones en cabeza de los fiscales. Cuando ganó, Macri suspendió la aplicación del Código Procesal. Era parte de la estrategia para cercenar el poder de Gils Carbó.
***
Pericles fue un abogado, político e importante orador de la Antigua Grecia. Es el nombre, también, que eligió Pepín para su cuenta en Twitter y para la fundación que creó para hacer grandes tertulias. Instalada en un subsuelo de la Avenida Belgrano, en San Telmo, Pepín solía armar charlas o presentaciones de libros.
Pepín tiene un perfil ecléctico. Quienes lo conocen hablan de su avidez por la lectura y su interés en el arte. “Podría ser un liberal, pero de derecha”, lo define un amigo que habló bajo condición de anonimato. Corazón verde en Twitter. En esa red social, también mostró sus discrepancias con algunos de los exponentes del negacionismo dentro de Cambiemos.
Algunos le atribuyen la inteligencia para convertirse en la persona de confianza, nada más y nada menos, que de dos de los hombres más poderosos de las últimas décadas: Héctor Magnetto y Mauricio Macri. Pero insisten en su falta de cintura política.
—Pepín es como un autito chocador que va peleándose con todos —apunta un exfuncionario que lo sufrió en el gabinete de Macri.
Pepín fue un abanderado del Grupo Clarín. En 2013, publicó un libro que postulaba la inconstitucionalidad de la Ley de Medios. A los días, la mayoría de la Corte sostuvo lo contrario y el libro pasó a venderse en saldos.
***
El 25 de octubre de 2015 Macri recibió a Cristóbal López en la casa de su padre, Franco Macri. Era el día de las elecciones presidenciales. Macri estaba tranquilo. Tenía una encuesta de la embajada de los Estados Unidos que lo daba vencedor en la segunda vuelta frente a Daniel Scioli y se lo dijo a su interlocutor. Quería saber cómo lo iba a tratar C5N cuando él fuera presidente y si ese medio iba a estar al servicio de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. López le dijo que no.
Cuando Macri asumió, Pepín fue designado interlocutor del Grupo Indalo. Varias veces se reunió con Cristóbal López y Federico de Achával, su socio en el Hipódromo de Palermo y en el Casino de Buenos Aires. En cada encuentro les reclamaba el pago de ingresos brutos para el Gobierno de la Ciudad y se quejaba insistentemente por la línea editorial de C5N. El que lo hacía estallar de furia, en particular, era el periodista Roberto Navarro, que en ese entonces conducía el programa Economía Política.
Las conversaciones no avanzaron como quería Pepín. En un ataque de furia, le escribió por Blackberry messenger a Joaquín Labougle, abogado de López y de Achával: “Arreglá tus honorarios porque comenzó la guerra”.
Para López y De Sousa, la declaración de guerra fue una tapa del diario La Nación del 13 de marzo de 2016. La nota decía que debían 8000 millones de pesos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por esa causa, los dos empresarios terminaron presos.
***
El 7 de marzo de 2019, de Sousa habló de la presiones en la causa en la que se investigaba la supuesta venta irregular del Grupo durante el macrismo. El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo escuchó, formó un expediente separado y lo mandó a sorteo. La causa quedó en manos de Servini. La denuncia preocupó desde un primer momento a Pepín, que había sido el interlocutor entre el Grupo y el gobierno de Macri.
A los pocos días y todavía en el gobierno de Cambiemos, Pepín citó a Ricardo Benedicto, exsocio de López, a su departamento de Avenida del Libertador y Coronel Díaz, como relata el periodista Pablo Duggan en su libro La Persecución.
—Ricardo, quiero aclararte que estoy acá en mi nombre y en el de Mauricio Macri, Mario Quintana, Nicolás Caputo y José Torello —dijo Pepín a su interlocutor.
—Ah, bueno. ¿Y en qué puedo ayudarte?
—Ustedes tienen que levantar la denuncia.
***
Gabriel De Vedia entró a la justicia en 1989. Es fiscal federal de la seguridad social y, entre 2014 y 2018, estuvo al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). Integrante de una familia a la vez tradicional y ecléctica; su prima hermana es Soledad De Vedia, exesposa de Pepín y jueza civil y comercial en San Isidro.
El fiscal nunca tuvo demasiado contacto con Pepín. Ni siquiera estuvo en el casamiento del abogado y su prima. Pero se preocupó por tenerlo en la segunda mitad de 2017, cuando el asedio sobre Gils Carbó ya estaba en su cénit. Fue por su propia cuenta, sin que la entonces procuradora estuviese enterada.
Pepín lo citó para el 26 de octubre de 2017 a las 16 en la Casa Rosada, según declaró De Vedia ante la justicia. El fiscal llegó puntual. Se anunció en la entrada por Balcarce y una chica lo llevó hasta un hall de espera. A los diez minutos hizo su entrada Pepín. La conversación duró unos minutos y el abogado no se mostró especialmente hospitalario.
—¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra? —fue al punto De Vedia.
—Si me conseguís la renuncia, termina acá —respondió, veloz, Pepín.
—No va a renunciar la procuradora. Tiene una responsabilidad.
—Bueno. Si no renuncia, las vamos a meter presas a las hijas y a ella. En ese orden.
***
Alejandra Gils Carbó está sentada en una sala de su casa. Eligió una camisa blanca, se calzó los anteojos y se sentó frente a la computadora. Parte del ambiente, iluminado, se adivina gracias a un espejo enorme que tiene a sus espaldas. Al otro lado del Zoom está el fiscal federal Franco Picardi, una empleada de la fiscalía y tres abogados de los imputados en la causa llamada “Mesa judicial”, en la que se investigan las presiones a jueces y fiscales durante el gobierno de Macri. Es 8 de junio de 2021 y ya pasaron casi cuatro años desde que renunció a la Procuración General.
Como si relatara una película que quedó grabada en su memoria, Gils Carbó repasa las diatribas públicas de Macri para sacarla del Ministerio Público y focaliza en los días de ese aciago mes de octubre de 2017, cuando el juez Julián Ercolini la procesó por la compra del edificio en el que ella tenía su despacho, el editor de Clarín Ricardo Roa publicó el teléfono de su hija menor y un juez dictaminó -a pedido de los abogados de la City- y que no era necesario el juicio político para removerla.
El viernes 27 de octubre, Gils Carbó llamó a sus colaboradores más cercanos a la oficina. Les dijo que el juego estaba llegando a su fin y que esta vez sí estaba pensando en renunciar. En ese momento, alguien le habló de la reunión de Pepín con De Vedia. Al fiscal lo vio el fin de semana en un bar. Escuchar de su boca las amenazas que habían vertido en un despacho de la Casa Rosada contra sus hijas la estremeció. Las chicas tenían una causa abierta por el juez Claudio Bonadio, que las acusaba de conformar una asociación ilícita por tener un portal que publicaba noticias judiciales.
—Esa frase dicha en otro contexto podría no haber tenido significado alguno, pero en este sí, porque no hacía más que confirmar lo que yo venía viendo —le dijo Gils Carbó a Picardi—. Tenía temor cierto de que mis hijas fueran presas. Había detenciones arbitrarias de funcionarios políticos. Querían detener a Florencia Kirchner, la hija de Cristina Fernández, y le causaron un grave daño a la salud.
Finalmente, la procuradora renunció el 30 de octubre de 2017. Dio a conocer su decisión en una carta. No habló de las chicas en la nota.
—El padecimiento de mis hijas y el mío por esa persecución que sufrieron me lo guardé para mi privacidad —le dijo Gils Carbó a Picardi con un tono más pesado—. Yo quería otra vida para ellas.
Terminó y apuró un sorbo del vaso de agua que tenía a un costado. Con la mirada baja, como no la había tenido en ningún otro tramo de la declaración.
***
Exactamente un año después de la reunión con De Vedia en la Rosada, Pepín entró por última vez a la AFI. No era un habitué. Sólo había ido dos veces antes a ver a Arribas. No era un lugar especialmente cómodo para él: era conocida por todos su enemistad con la subdirectora Silvia Majdalani y con el Tano Angelici, que tenía a gente de su confianza en la dirección de Asuntos Jurídicos.
Su tercera visita fue distinta. Llegó con la certeza de que alguien lo estaba caminando. Aquel 26 de octubre de 2018 a las 15.30 subió al quinto piso, donde Arribas tenía su despacho, recientemente remodelado. Estaba preocupado porque lo habían estado filmando en un bar el fin de semana anterior. Ese episodio se sumaba al que había tenido el mes anterior en el bar Biblos, cuando lo engancharon tomando un café con Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal y progenitor de la doctrina que permitió encarcelar a funcionarios kirchneristas. Con Irurzun estaban emparentados porque sus hijos estaban de novios, pero la foto, que publicó Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, alteró los nervios de Pepín.
Arribas y Majdalani dejaron la cuestión en manos de Alan Ruiz, un extrovertido expolicía que ahora oficiaba de director de Operaciones Especiales de la AFI. Ruiz ordenó a los agentes conocidos como los Súper Mario Bros encontrar el bar donde habían filmado a Pepín el sábado anterior. “Dividanse que es pedido del 1”, escribió. Si Arribas era el 5 y Majdalani era la 8, el 1 era Macri.
Los espías salieron a recorrer bares por Palermo y Recoleta, y, a las pocas horas, encontraron el lugar del altercado. A los pocos días, Ruiz volvió les pidió a sus agentes que compararan una foto que aparentemente habían tomado del acompañante de Pepín con el presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, que acababa de destronar a Lorenzetti tras once años como titular del máximo tribunal. “Es él”, concluyeron los espías.
La amistad de Pepín con Rosenkrantz se mantuvo intacta. El 30 de marzo de 2019, la hija de Pepín se casó en un campo de San Antonio de Areco. Un fotógrafo retrató al presidente del máximo tribunal del país charlando animadamente en la fiesta que ofrecía el operador más afamado del entonces presidente. La foto se conoció por un tuit de la periodista Irina Hauser y terminó de sacudir los cimientos de Rosenkrantz en la Corte, a quien la llamada “mayoría peronista” de Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda tenía a mal traer.
***
Macri quiso ordenar su salida del gobierno. Le preocupaban las causas que empezaban a moverse mientras su poder se empezaba a devaluar. Para esos días quiso tener a Pepín cerca, como cuando llegó a la Casa Rosada. El asesor mantuvo, al menos, nueve reuniones con el entonces presidente durante 2019. La información surge del teléfono de Darío Nieto, el secretario privado de Macri que fue investigado en la causa de espionaje que tramitó en los tribunales de Lomas de Zamora y en abril pasó a Comodoro Py.
Una de las reuniones claves de Pepín con Macri, Marcos Peña y Garavano fue el 26 de febrero de 2019. En ese momento, la principal preocupación del gobierno de Cambiemos era la investigación que empezaba a dar sus primeros pasos en Dolores, donde el juez federal Alejo Ramos Padilla había dictado el día anterior el primer procesamiento contra el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, un personaje que orbitaba entre el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y la AFI y del que la embajada de Estados Unidos se preocupaba por despegarse.
Pepín y Saravia Frías fueron varias veces a visitar a Macri en octubre. No sólo preocupaban las elecciones, que ya parecían irremontables, sino también algunas causas, como las del Correo, Panamá Papers, Peajes y Parques Eólicos, que tenían a la familia Macri a los dos lados del mostrador. La dupla Pepín y Saravia Frías fue el 5 de octubre a ver al presidente, cuando la Cámara Federal ordenó excarcelar a De Sousa y a López, y volvió el 8, cuando la excarcelación ya se había hecho efectiva.
***
El 18 de marzo de 2021, Servini llamó a Pepín a indagatoria. Consideraba que había reunido los suficientes elementos para interrogarlo por el hostigamiento y ahogo financiero al Grupo Indalo. Once días más tarde, ordenó la prohibición de salida del país. Pepín, en realidad, ya no estaba en Argentina. Se había ido el 8 de diciembre de 2020 a Uruguay, según explicó después la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a Servini. Él nunca tomó el recaudo de avisarle a la jueza. Sí mandó al juzgado a su abogado, Gustavo de Urquieta -que compartía con el ex ministro Garavano-, para informar que estaba en Uruguay asesorando a inversores que querían hacer negocios en la Argentina y que tenía un proyecto comercial en Maldonado y otro inmobiliario en Rocha. El abogado explicó que volvería al país el 15 de mayo. Incluso le mostró a la jueza los pasajes del Buquebus.
Tres días después del prometido regreso a la Argentina, el defensor se aproximó al Juzgado y explicó que Pepín no iba a volver. Había pedido refugio en Uruguay. Dijo que era un perseguido político, que sectores vinculados al juego buscaban revancha por haberles hecho pagar impuestos durante el gobierno de Macri y que el Juzgado, junto a un sector de los servicios de inteligencia, estaban bailando al ritmo de esa venganza.
Antes, se había comunicado con varios referentes de Juntos por el Cambio. Algunos le dieron su apoyo, otros dijeron que era un disparate. Algunos murmuraban en voz baja que Pepín se creía una reversión posmoderna de Esteban Echeverría huyendo de Juan Manuel de Rosas
La decisión ya estaba tomada. Pepín anunció su determinación de quedarse en Uruguay a través de una carta pública. “Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas con pretexto de encarcelarme”, escribió. Al rato, apareció con tono más pausado que el habitual en el programa que todos los lunes conduce Carlos Pagni en LN+.
Servini se enfureció. Lo que más le molestó fue que Pepín dijera que estaba “grande” y que le “manejaban el juzgado”. La jueza lo declaró en rebeldía y reclamó a Interpol su captura internacional. Mandó los papeles para pedir a Uruguay su inmediata extradición.
Pepín no sabe cómo va a terminar el pedido de refugio que, por estas horas, analiza la Comisión de Refugiados (CORE), pero le sirve para ganar tiempo. Un año o dos años, estiman los más optimistas. Cuando el organismo dé su opinión, la palabra final la tendrá la jueza uruguaya Adriana Chamsarián, que ya le ordenó el cierre de fronteras y le quitó el pasaporte.
El 8 de junio, Interpol sumó a Pepín, el abogado de la City porteña y el asesor judicial más poderoso de Macri, al listado de alertas rojas, la nómina que integran los criminales de más baja calaña.
***
Pepín es un runner. Le gusta correr, encontrar el envión y tomar distancia.
Su escape hacia Uruguay dejó a medio Juntos por el Cambio ensayando explicaciones sobre la rebeldía frente a los tribunales de una de las principales espadas judiciales de Macri, de ese asesor que había puesto su osadía a favor de completar la Corte y que había estado hasta el final reunido con Macri.
—Él puso a todo el mundo a jugar su juego —dice un jurista, que se define como amigo de Pepín—. Está acostumbrado a jugar en los bordes como abogado corporativo. Ahora quiso hacer lo mismo, pero terminó implicando a todos. No sabe de penal, pero tampoco le interesa. Lo que está claro es que ahora pateó el tablero.