¿Quién es Pablo Grillo? Su nombre, de repente, repetido en titulares, copiado y pegado en medios de comunicación que replican declaraciones de la ministra de Seguridad sin pensarlo dos veces. Pablo no es su Instagram, no importa su foto con el Pepo, sus vacaciones en Brasil, ni que en sus historias destacadas haya posteos de Cristina Kirchner. Lo que importa es que Pablo, fotógrafo de 35 años, de Lanús, toma imágenes de la marcha en el Congreso y un proyectil de gas lacrimógeno le abre la cabeza.
Pablo es hijo de Fabián, que además de salir a pedir dadores de sangre en la puerta del Hospital Ramos Mejía, tiene que aclarar que “la militancia no es mala” después de escuchar las declaraciones de Patricia Bullrich. Mientras habla con la prensa, adentro está su hijo en estado crítico, peleando por su vida, con traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica.
Martina, psicóloga del hospital Evita de Lanús, cuenta que Pablo tiene un compromiso muy fuerte con la comunidad. Durante la pandemia tuvo una beca de contingencia con la que trabajó allí. Colaboró con la campaña de vacunación y se hizo cargo de la recuperación de los espacios verdes del hospital. “Imaginate lo importante que es para lxs pacientes poder tomar un mate al aire libre, hasta un estanque de peces le metió”. El área de salud mental está en un sector del edificio que había quedado abandonado y Pablo intervino para mejorarla. “Llegó a parquizar y a recuperar el verde, pero no llegó a reconstruir el banquito que quería para los pacientes”.
En los alrededores del Congreso circulan y escupen agua los hidrantes, estallan las balas de goma, ya se respiran los gases lacrimógenos. Las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich han armado un cordón varias cuadras a la redonda y van ahuyentando a la gente. Hay policías que cargan las armas y disparan contra gente que está en la vereda. Algunos salen en racimo a agarrar a los primeros detenidos. Pablo quedó sobre Hipólito Yrigoyen, frente al anexo del Congreso. Está agachado, intentando sacar una foto a un grupo de policías. Ellos gatillan antes. Uno dispara un cartucho de gas lacrimógeno apuntando al piso, a propósito, para que rebote y pegue en las piernas. Es una práctica usual de las fuerzas de seguridad. Buscan herir. La gente empieza a gritar. Se arma una ronda. Ahora Pablo está en el piso, sangra. Un colega, al lado suyo, lo asiste. “Está hecho pelota”, dice. No fue mala suerte, ni casualidad. Mientras lo atienden y esperan que llegue la ambulancia siguen las detonaciones de gases lacrimógenos y las balas de goma.
Dentro del Congreso, la oposición logró el quorum para tratar la quita de facultades a Milei y Martín Menem decide levantar la sesión. Hay piñas entre libertarios que quieren sesionar. Todo es confusión. En los hechos, mientras afuera reprime a la gente, adentro el oficialismo decide cerrar el Congreso cuando está a punto de perder una votación.
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Faltan quince minutos para las cinco de la tarde, hora fijada para una movilización que será masiva. Hinchas con camisetas de varios equipos ocupan la plaza y las calles aledañas desde temprano. La convocatoria transversal de hinchas de fútbol se convirtió en un hecho político de enorme trascendencia. Estacionado sobre la avenida, un motorhome azul decorado con imágenes y simbología maradoniana: es el proyecto @pelusaporelmundo, de Lucas y Estefanía, una pareja que, junto a sus hijxs, recorre las rutas homenajeando al ídolo. Por la ventanilla, unas manos infantiles sostienen un cartel con una frase de Maradona: “Hay que ser muy cagón para no defender a un jubilado”. Las palabras de Diego circularon como leitmotiv principal en las redes y entre los grupos de hinchas; la legitimación de la causa en la voz del máximo ídolo deportivo nacional. Desde su muerte, Maradona aparece cada vez con más frecuencia como intérprete de reclamos sociales y causas populares.
A Rúben Cocurullo, uno de los fundadores de la agrupación Jubilados Insurgentes, la idea no lo convencía del todo al principio. Pero ahora, después de hablar con lxs compañerxs, está entusiasmado con la participación de hinchas y clubes. Aunque tiene tres stents, todos los miércoles, desde hace ocho años, da la vuelta al Congreso junto a otrxs adultxs mayores. Antes de formar Jubilados Insurgentes fue parte de Jubilados Autogestionados, y mucho antes del Partido Socialista, cuando era vecino de Alfredo Bravo. Cuenta que lo echaron del partido por ser “demasiado zurdo”. Rubén es anarquista. Tiene 77 años y milita desde los 17. “La gente cree que ir a votar es suficiente, pero si no hay participación ciudadana nada cambia”, dice.
“Al principio en el Congreso éramos 17 compañeros nomás, y tres o cuatro que venían de la Mesa”, dice Rubén, que se refiere a la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, creada en respuesta al surgimiento de las AFJP en 1993. “Nos miraban como a unos locos, nos tiraban los coches encima, la policía nos cuidaba para que pudiéramos dar la vuelta”. Después vinieron las “toneladas de piedras”, los palazos y los gases, el protocolo antipiquetes. Y lxs jubiladxs fueron lxs primerxs en romperlo con su ronda de los miércoles. Rubén dice que Patricia Bullrich es su secretaria de prensa, porque desde que asumió salen en todos los medios y no para de sumarse gente.
La bandera roja de los Jubilados Insurgentes estuvo en el 8M, pero para la marcha Antifascista del primero de febrero, encabezada por el colectivo LGBTIQ+, llevaron una con letras de colores. A Rubén le entusiasma más que se sumen las hinchadas y los clubes a la movilización que la CGT: “Algunos serán barras pero la mayoría son laburantes. Los Jubilados Insurgentes somos todos trabajadores, no tenemos dirigentes, somos autogestionados. Yo sé que la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, pero a mí no me representan, ni los que están en el Estado ni los traidores de las centrales obreras”. Aunque tiene 43 años de aportes como técnico electromecánico, cobra la mínima y hace changas para llegar a fin de mes: “Yo pensé: ‘me jubilo y disfruto de mis nietos’, pero cada vez laburo más”. En Argentina casi el 50% de los adultos mayores cobra el haber mínimo.
La Ley de movilidad jubilatoria 26.417 de 2008, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se aplicó a partir del 1 de marzo de 2009 para lxs beneficiarixs del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las jubilaciones empezaron a actualizarse automáticamente dos veces por año en base a una fórmula que contemplaba los salarios y la recaudación impositiva. En 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, se modificó el cálculo con la Ley Nº 27.426, que establecía actualizaciones trimestrales según una fórmula que tenía en cuenta inflación y salarios (70% del incremento de la inflación del trimestre y el 30% del aumento de los salarios privados de ese mismo período). Bajo la gestión de Alberto Fernández el Congreso aprobó la Ley 27.609, en la que el cálculo surgía de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de la ANSES y un 50% por la variación salarial del mismo período. En este último caso, se utilizaban los datos del INDEC o del Ministerio de Trabajo.
En marzo de 2024 el gobierno de Milei modificó nuevamente el cálculo a través del DNU 274/24, que estableció actualizaciones mensuales sólo por inflación y una recomposición por única vez de 12,5% en abril de 2024. Hubo un proyecto de reforma presentado por los Diputados en septiembre que mantenía el esquema de actualización por inflación, pero le sumaba un incremento adicional para compensar la inflación correspondiente de enero y proponía que la fórmula también tuviera en cuenta los salarios. Pero fue vetado por el presidente.
Walter Arrighi, abogado, consultor en temas previsionales y exsecretario del Ministerio de Seguridad Social de la Nación entre 2007 y 2010, sostiene que siempre se habla de cambiar los indicadores de movilidad jubilatoria, pero que lo central es la sustentabilidad del sistema basado en tres ejes: la aceptabilidad social, la viabilidad financiera y la factibilidad política. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) las jubilaciones constituyeron un factor central en el ajuste del gasto público de 2024:
Virginia Fernández trabajó como licenciada en enfermería y educadora clínica durante cuarenta años: “Siempre tuve un estándar de vida relativamente cómodo, pero cuando me jubilé descubrí que caía en un abismo, aunque mis aportes fueron importantes, perdí poder adquisitivo de una manera drástica”. Se jubiló a los 60 pero siguió trabajando hasta los 64, facturando para la misma empresa. Hoy, con 70 años, está usando sus ahorros para pagar los impuestos, los remedios y el supermercado. “Me imaginaba la jubilación como un período con mucha fuerza vital, haciendo lo que no podés cuando trabajás 10 horas por día: estudiar, viajar, estar con mis hijas, darme algún gusto, poder hacerle un regalo a mis nietos”. Virginia fue militante en los setenta, siempre le interesó la política, pero recién se incorporó a Jubilados Insurgentes con el gobierno de Milei: “Quedarse en casa rumiando bronca enferma. Nuestros haberes nunca se recompusieron después de la devaluación de enero del 118%, empezaron a faltar medicamentos en el PAMI, a negarse los turnos. Hay que salir a pelear”, dice.
Virginia insiste en que no se trata sólo de las reivindicaciones de lxs jubiladxs. “Nosotros somos trabajadores, queremos que los jóvenes entiendan que la jubilación no es una cosa de viejos, porque lo que les está pasando a ellos con las suspensiones, con los cierres de fábricas, con los despidos, pone en verdadero riesgo su futura jubilación. La nueva reforma laboral legaliza la informalidad, nos afecta a nosotros y también a ellos, los futuros jubilados”. Dice que desde las organizaciones agradecen el apoyo de todos los sectores, también de hinchas y clubes, pero que no tienen que ir a ayudarlos o cuidarlos. “Tienen que venir a pelear, cada uno por sus reivindicaciones, desde los hinchas a los que les quieren meter las sociedades anónimas, hasta los trabajadores despedidos, desocupados o precarizados”.
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La Coordinadora de Hinchas, que ocupó un lugar relevante en la convocatoria de apoyo a los jubilados, se organizó en la década pasada, con los primeros intentos para implementar las sociedades anónimas deportivas (SAD). En los clubes es un foco de conflicto que el gobierno libertario ahora profundizó con el mundo del fútbol argentino, y también con lxs hinchas. La excepcionalidad argentina de los clubes como asociaciones civiles es motivo de orgullo para los socios de esas instituciones. La primera avanzada, sin éxito, había ocurrido durante el gobierno de Macri, y fue lo que motivó la conformación de organizaciones como la Coordinadora. La discusión por la privatización de los clubes volvió a poner en guardia a hinchas y a otros actores del fútbol —la AFA en primer lugar—, que reivindican a los clubes como espacios fértiles de vida democrática. En ese sentido, la participación de hinchas en la marcha se amparó en muchos de los valores que se promueven desde los clubes: la solidaridad, el barrio, la familia.
“No son solamente hinchas de fútbol los que empezaron a venir. El miércoles se convirtió en una tribuna de denuncia, son muchos los sectores que se acercan a tomar el micrófono y a contar lo que les está pasando”. El tema, para Virginia, es uno solo: resistir la destrucción de la clase trabajadora, desde abajo y al costado de la burocracia sindical: “Hay que coordinar las luchas, queremos que éste sea el lugar adonde vengan. Y están viniendo cada vez más, estamos contentísimos”. Cuando la hinchada de Chacarita se acercó por primera vez a la movilización —después de que la policía gaseara y le pegara a un jubilado que iba siempre con su camiseta— las agrupaciones temieron que la hinchada quisiera monopolizar el acto, o que llegaran barras a generar disturbios: “Resulta que no”, dice Virginia, “fue una experiencia hermosa, estuvieron acompañándonos, no asumieron el protagonismo. Y no solamente estaba la hinchada de Chaca, también estaba la gente del Garrahan, del Bonaparte, los trabajadores de Shell, de Praxair”.
La historia de la gestión de la violencia en el fútbol en Argentina es monocromática: todos los gobiernos han apelado invariablemente a medidas prohibitivas y represivas para intentar garantizar el gobierno de la seguridad en los estadios. Saturación policial, vallados, encapsulamientos y cámaras de vigilancia refuerzan la premisa de que, para la mirada del Estado, el hincha es siempre un sujeto peligroso que debe ser controlado y nunca un sujeto de derechos que debe ser cuidado. Basta con recordar que en los estadios de Primera División está prohibido el público visitante desde hace 11 años.
Como ministra de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich hizo de la seguridad deportiva un área relevante de su gestión. Sintetizado en la fórmula de “guerra a las barras bravas”, su trabajo se basó en un fuerte marketing securitario alrededor del fútbol, en la definición de las barras como parte del “crimen organizado” y en la incorporación de nuevos dispositivos de control a un espacio ya hipervigilado como los estadios de fútbol. Su principal medida fue la adopción del Derecho de Admisión por parte del Estado a través del dispositivo “Tribuna Segura”, una herramienta administrativa antes reservada a los clubes con la cual las agencias públicas de seguridad deportiva asumieron la potestad de prohibir el ingreso de lxs hinchas a las canchas. La cantidad de personas con derecho de admisión creció paulatinamente año tras año y hoy son cerca de 13 mil, entre las que hay desde barrabravas condenados por asesinato a hinchas que orinaron en lugares indebidos, o prestaron su carnet de socio a un amigo. Delito y desviación se mezclan en un listado al que es sencillo ingresar pero complejo salir.
Para un hincha no hay castigo más cruel que privarlo de ver a su equipo. Así, la sombra del Derecho de Admisión operó como herramienta eficaz en los últimos años para agencias de seguridad y policías en su relación —siempre vigente, nunca confesa— con las barras bravas. El lunes, cuando la convocatoria de los hinchas se masificó, Bullrich amenazó con “medidas especiales” y “cambios legislativos” para quienes protagonizaran disturbios. A través de una modificación ad hoc de la resolución de “Tribuna Segura”, el Ministerio de Seguridad amplió el radio de influencia del Derecho de Admisión: de circunscribirse a “eventos deportivos” pasó a penar a quienes afectaran la seguridad “en el marco de una manifestación o congregación en la vía pública o en lugares abiertos al público en general”. La herramienta ideada para controlar un problema social —la violencia en el fútbol— y pacificar los estadios se convirtió de la noche a la mañana en un dispositivo a la medida del gobierno para combatir la protesta social.
El día anterior a la movilización Raúl Roverano también estuvo en el Congreso, llegó a su casa a las diez de la noche, después de asistir a la conferencia del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Aunque se jubiló con más de 35 años de aportes —pasó por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Garrahan, y el Ministerio de la Salud de la PBA—, se va a quedar trabajando hasta medianoche. Dice que todos los gobiernos apelaron a las cajas de jubilaciones para resolver sus problemas, y que ellos lo denunciaron en el gobierno de Cristina, de Macri, y de Fernández, pero que con Milei es aún peor. “Cada uno superó al anterior en la presión que nos meten a los jubilados, cada vez que modificaron la manera de establecer el haber inicial y las actualizaciones lo hicieron para peor”. La frase “con la fórmula del gobierno anterior estaríamos mejor” es una constante, dice Raúl. El problema de las jubilaciones son los aportes, pero también los salarios: “Si el salario de los trabajadores es una porquería, no hay aportes para el sistema jubilatorio. La lucha de los trabajadores es nuestra lucha, y viceversa, el tema es que nadie piensa en la jubilación cuando es jóven”. Raúl cree que se empieza a entender que es transversal, ve nuevos sujetos sociales acercándose a los reclamos de lxs jubiladxs, no sólo lxs hinchas sino también lxs trabajadorxs de fábricas recuperadas, o de la salud: “Estamos más cerca que nunca de conseguir esa masa crítica que va a desnudar que este es un gobierno opresor, que esto no es democracia. No es protejamos a los viejitos, es defender el sistema jubilatorio de todos”.
Elsa Rodríguez Romero es docente y directora del Posgrado de Actualización en Derecho Previsional de la UBA-AABA. Dice que Argentina es uno de los países con mayor grado de litigiosidad a nivel mundial por la cantidad de juicios que hacen los jubilados, no por hechos, como sucede en otros países, sino por las cuestiones numéricas que hacen a la previsión social. El sistema previsional espeja el mercado laboral y el sistema tributario. Históricamente siempre hubo una concatenación entre salarios y jubilaciones, explica Romero, la movilidad busca que la jubilación mantenga en el tiempo el valor adquisitivo de cuando se la otorgó por primera vez. “El problema es que dependiendo del año en que se haya jubilado la persona, si el haber inicial fue mal calculado, por más que sea correcta la movilidad que te den, se va a arrastrar el atraso y la realidad es que los haberes iniciales se hicieron mal durante décadas”. La abogada coincide con Raúl en que cada reforma de movilidad de las últimas décadas fue para peor: “Si la fórmula combinaba A y B, cuando A empezaba a subir la disminuían o la quitaban”. La movilidad se cambia para poder pagar menos cuando la cuenta empieza a dar bien.
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Hinchas y trabajadores pobres, en un país pobre, con jubilados pobres. Entonces, la represión feroz para pasar y mantener el ajuste. Un policía empuja a una jubilada de bastón. Ella cae al piso de espaldas, se golpea la cabeza. Se llama Beatriz Bianco, tiene 87 años y ningún efectivo se acerca para asistirla. Minutos después, la imagen de un cráneo en carne viva. La represión es previa a todo, originaria, visceral. Aunque la convocatoria era a las cinco, como todos los miércoles, ya a las cuatro de la tarde las arterias que conducen al Congreso están colapsadas. Hay banderas LGBTIQ+, de sindicatos, whipalas, veteranos de Malvinas en uniforme, jubiladas con máscaras improvisadas con bidones de agua, limones y cuchillos de plástico, y muchas, muchas camisetas de fútbol.
En el relato de medios afines al discurso oficial, la deslegitimación de la convocatoria se basó en calificar a los asistentes de “barrabravas”. Caracterizadas, como señala el antropólogo José Garriga, por la fiesta, la violencia y los negocios, en los últimos 20 años las barras bravas aparecen cada vez más vinculadas a las economías informales y criminales. La oposición entre “hinchas comunes” y “barras” viene siendo recorrida por la seguridad deportiva estatal para marcar la frontera entre el hincha legítimo y el ilegítimo. Sin embargo, esa presentación esquemática que vincula a todo hincha organizado con un barrabrava es demasiado simplista para reflejar la complejidad de la organización de lxs hinchas argentinxs. Dentro de cada club hay muchas formas de agrupamientos: peñas, subcomisiones de hinchas, agrupaciones por barrios, agrupaciones temáticas, grupos no orgánicos. Está la barra, y están lxs hinchas independientes. Todos esos perfiles estuvieron representados en la convocatoria. La novedad hoy fue la participación de hinchas con camisetas de diferentes y múltiples equipos de Primera y del Ascenso, alrededor de una causa común que habilita la pregunta, muy incipiente, de si se está frente a la posible conformación de un movimiento transversal de hinchas de fútbol.
En un texto de los años 2000, Mariana Galvani y Javier Palma caracterizaban a la policía en el mundo del fútbol como a la “hinchada de uniforme”. Lxs autorxs señalaban que policías e hinchadas compartían valores y prácticas alrededor del uso de la violencia, y que estas últimas percibían a la policía no como una institución estatal encargada de brindar seguridad a los ciudadanos sino como una “tercera hinchada” contra la que había que combatir. Su investigación tuvo lugar en los años ochenta y noventa, cuando la represión policial en las canchas argentinas era moneda corriente y estaba naturalizada como parte de la experiencia de ir a un estadio. De hecho, según datos de “Salvemos al Fútbol”, el 25 por ciento de las muertes vinculadas al fútbol hasta inicios de los 2010 tuvo participación de la policía.
Actualmente los estadios en Argentina son lugares más pacíficos que décadas atrás, pero la relación entre las hinchadas y la policía sigue siendo conflictiva.
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Para las diez la bruma venenosa alrededor del Congreso se había disipado, pararon los estruendos y el ruido de las balas de goma, se escucharon los últimos estertores de cacerolazos, y la noche se hundió en el silencio. El reportero gráfico Pablo Grillo, de las radios Latina y FM La Tribu, que sufrió una fractura de cráneo después de ser alcanzado por un tubo de gas lacrimógeno está muy grave en el hospital. Según información de la Red Federal por los DDHH, la lista de detenciones convalidadas hasta las 00 hs alcanza a 132 personas. Lxs Jubiladxs Insurgentes están bien, pero cuenta Virginia que a una de sus compañeras, Ana Tapia, tiene cinco perdigones en la pierna izquierda y uno en la derecha. Apenas se pudo parar volvió a su casa en subte, no quiso demorar a lxs voluntarios. “Que atiendan a gente con lesiones de más gravedad”. Rubén dice que están todxs un poco gaseadxs pero ya en casa. Raúl cuenta que se fueron con algunxs compañerxs al obelisco, espera que el próximo miércoles puedan “hacer la actividad de siempre y planear la del 23”, día en que el Gobierno de Javier Milei dejará definitivamente sin efecto la moratoria previsional.
