Olor a pólvora en el barrio

No hay mucho diálogo posible entre un periodista y los vecinos de una cuadra que acaba de convertirse en escenario de un homicidio vinculado al narcomenudeo. Hay, sí, ciertos códigos tácitos: quien sepa lo que ocurrió y se anime a decir algo lo hará desde el anonimato. Es media mañana de un jueves y en el barrio Empalme Graneros, zona noroeste de Rosario, aunque predomina la cautela, no hay otro tema de conversación más que el asesinato de Joel Bulnette, un tipo de 31 años acribillado la tarde anterior. Joel vivía a unos cien metros de una cortada que nace en la esquina de Felipe Moré al 600 bis, donde cerca de las seis de la tarde estaba parado cuando lo emboscaron a tiros desde una camioneta roja. Herido, pero todavía con fuerzas, intentó correr y tropezó con un bolsón de arena. Al caer al suelo los atacantes lo alcanzaron y lo remataron a corta distancia. 

A la mañana siguiente el vecindario intenta recuperar su rutina: los que hacen mandados, los que trabajan, los que pueden estar ahí sin temor a que pase algo. El peligro llegará al atardecer. A esa hora los pibitos dejarán de jugar en la calle, la despensa cerrará y la cuadra quedará vacía. Es probable, cuentan los vecinos, que entonces se escuchen algunos disparos. Las pruebas están a la vista: en pocos metros alrededor se ve una camioneta, un auto, un poste de luz y algunas casas con agujeros de bala. Los rumores apuntan a una banda que pasa a los tiros para meter miedo. 

Esa noche la fiscal Georgina Pairola, de turno en la Unidad de Homicidios Dolosos, recibe un llamado que la sobresalta: hubo otro homicidio en la cuadra de Felipe Moré al 600 bis. A la mañana ya habrá corrido una versión preliminar: la víctima era una persona ajena a las disputas en la zona. David Paredes, 40 años, había ido a buscar a su hija de 15 años a un cumpleaños. Detuvo la moto sobre la vereda y mientras esperaba a que la chica saliera quedó en el medio de un ataque a balazos que había partido desde una moto y un auto en movimiento. 

"Este hombre vino a buscar a la hija y mirá cómo se lo devuelven a la familia. Adentro de una lata".

Al día siguiente el panorama es similar al de la mañana anterior. 

—¿Ahora vienen? —dice una vecina, mientras apunta la mirada hacia la otra esquina.

Ahí, dos policías custodian la cuadra desde adentro de la camioneta. 

—¿Ahora vienen? ¿Después de que matan a alguien? Este hombre vino cinco minutos a buscar a la hija y mirá cómo se lo devuelven a la familia. Adentro de una lata.

Menos de un mes más tarde, la noche del domingo 15 de mayo, Mauro Feliciano Fleita, 28 años, salía de la casa de su novia en la misma cuadra cuando fue acribillado. Estaba con Iván, un tío de la chica, intentando arrancar una moto cuando una camioneta se les puso a la par. 

Iván lo relata como si cada milésima de segundo se hubiese extendido, pero todo pasó en un instante. Vio cómo bajaban las ventanillas polarizadas y se asomaban una pistola y una ametralladora. Él se tiró al piso, detrás de un tapial de un metro de alto. El novio de su sobrina apenas atinó a levantar los brazos. Recibió varios disparos y murió antes que llegara la ambulancia.

El crimen de Mauro Fleita, el tercero en menos de un mes en la misma cuadra, animó a los vecinos a romper el silencio. 

—Nombralo a este: Mauro Gerez. Ese es el que manda a tirar tiros, el que manda a todos los gatilleros —pide un hombre el día después del homicidio—. Esto es así, allá a dos cuadras hay un búnker, ponen a gente ahí a vender para los Riquelme. La guerra viene a ser Alvarado contra Cantero, eso es lo que se escucha acá —dice.

Se trata de una disputa entre dos grupos de dos barrios vecinos del noroeste rosarino. Buscan tener el control de las calles, para la venta de drogas y otros tipos de recaudación rápida de dinero. Mauro Gerez, 29 años, creció en el barrio Ludueña y hace un tiempo se acercó a gente de Los Monos, la banda narco más famosa del país. Se ganó la confianza mediante su cercanía a personas vinculadas a la hinchada de Newell´s, club del que es fanático. Del otro lado del conflicto está Francisco “Fran” Riquelme, como administrador desde la cárcel de los kioscos de drogas que están en la zona de Felipe Moré al 600 bis, barrio Empalme Graneros. “Fran” está preso por balear a una testigo del juicio a Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua como jefe de una banda que extorsionó, mató a personas y amedrentó a la Justicia con balaceras contra sus edificios, y a 15 años por tráfico de drogas. Alvarado es considerado uno de los narcos más pesados de Rosario y por esa línea que lo une con “Fran” es que apareció el clásico enfrentamiento con Los Monos como telón de fondo de una bronca en la que viven, matan y mueren pibes de ambos barrios.

Algunos acontecimientos importantes alrededor de este conflicto se habían dado a comienzos de 2022. El primero fue el 7 de enero, al caer la noche: dos tipos que pasaron en moto gatillaron contra una casa en Ludueña, a metros de la comisaría 12°, y dejaron herida a una nena de 7 años. Horas más tarde una mujer de 40 años recibió un par de balazos cuando cenaba con una amiga en la vereda de una casa de Felipe Moré al 600 bis. Tres días después otros cuatro vecinos de Ludueña fueron baleados. Lo que se veía venir terminó por concretarse poco después: el 25 de enero, con la misma mecánica de los disparos desde una moto, las balas alcanzaron a dos adolescentes que estaban en una esquina. Uno de ellos murió: se llamaba William Rillos, tenía 17 años y era primo de Mauro Gerez.

"Ya son tantos los hechos, y con tantas personas inocentes asesinadas, que es algo que escaló a otros niveles" (Georgina Pairola, fiscal de homicidios dolosos).

Pero no fue hasta mediados del mes siguiente que el barrio Ludueña quedó en el centro del debate público sobre la violencia en Rosario. La noche del 18 de febrero fue asesinada una mujer de 38 años llamada Verónica Almada. Era hermana de uno de los aliados de Mauro Gerez. La balearon en la puerta de su casa cuando estaba con un grupo de personas, entre ellas su hijo de seis meses que salió lastimado. Al cabo de unas horas, ya de madrugada, los disparos fueron contra la fachada de la comisaría 12°, a pocas cuadras de donde habían matado a la mujer. Varios balazos dieron contra la pared, otros en un vidrio blindado y en un patrullero que estaba estacionado en la puerta. “Fue una represalia a distintos operativos y procedimientos que se estuvieron haciendo en la zona y evidentemente molestaron a las bandas criminales”, dijo entonces el jefe de la comisaría, Walter Benítez.  

Hacía un tiempo que había olor a pólvora en el barrio, pero fue recién cuando los policías de la 12° lo sintieron cerca que la justicia ordenó el allanamiento de un aguantadero ahí a cincuenta metros, cruzando las vías. Se llevaron armas y dos chalecos antibalas. En otras dos casas de distintas zonas detuvieron a algunas personas. Entre ellos quedó demorado Cristian “Larva” Fernández, un muchacho de 28 años ladero de Mauro Gerez y con una historia familiar plagada de violencia: dos hermanos asesinados a balazos en 2018 y un tercero desaparecido desde 2019. “Larva” recuperó la libertad a los pocos días, le habían secuestrado un arma pero el cotejo con la que se usó para tirar a la comisaría dio negativo. El 14 de abril lo mataron de veinte balazos en una esquina de Ludueña cuando estaba sentado adentro de su camioneta, tal vez arreglando un desperfecto técnico.

Tiempo después, luego de uno de los crímenes que tuvo esta saga, un vecino dio su punto de vista sobre el ataque a la comisaría. 

En el 5 por ciento de los crímenes las víctimas no eran los destinatarios principales de los ataques.

—Está corrompida, como toda la vida, pero hoy más que nunca. ¿Por qué la tirotearon? Porque habían matado a una gente de ellos. Como no cumplieron con el respaldo fueron y les balearon toda la comisaría —dijo 

Lo que sugería era que Mauro Gerez recibía protección de la seccional, y que la balacera había sido una represalia por haber dejado la zona desprotegida para el ataque de la banda contraria en el que murió Verónica Almada.

La misma comisaría volvió a quedar en medio de una polémica tras el asesinato de Mauro Fleita. Minutos después de ese crimen dos policías del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona salieron a buscar una EcoSport roja como la que habían descrito los vecinos. Dieron con ella en un semáforo y después de una persecución que incluyó un enfrentamiento a balazos detuvieron a tres jóvenes de 20, 22 y 29 años. Llevaban dos pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros con numeración limada y un subfusil Uzi, un arma de fabricación israelí con capacidad para disparar 600 balas por minuto. Los tres fueron imputados por el homicidio calificado de Mauro Fleita.

El día siguiente al asesinato, martes 17 de mayo por la tarde y a contramano de la costumbre de meterse adentro al caer el sol, los vecinos de Ludueña y familiares del chico se reunieron en la puerta de la comisaría 12°, prendieron fuego un par de cubiertas y a los gritos trataron de corruptos a los policías. A los dos días un fiscal ordenó a la Agencia de Investigación Criminal una inspección en la comisaría. Hicieron copias del libro de guardia y de la lista del personal. La motivación del operativo fue el rumor, tan fuerte y masivo que había llegado por distintas vías a los investigadores, de que Mauro Gerez había pasado por la comisaría luego del homicidio de Mauro Fleita. O en carácter de demorado, y luego liberado sin dejar rastros, o bien para arreglar cuentas tras una semana convulsionada.

A Gerez la Justicia lo investigaba como parte de una organización que, además de vender drogas, extorsionaba a comerciantes y vecinos del barrio para quitarles dinero a cambio de no ser baleados. Tenía pedido de captura pero no lograban dar con él. La búsqueda se intensificó tras la seguidilla de crímenes en los que su nombre aparecía como instigador y por fin lo encontraron el 26 de mayo. Policías encubiertos que vigilaban la casa de la novia lo atraparon al verlo salir junto a su hijo.

En su despacho del Centro de Justicia Penal la fiscal Georgina Pairola -a cargo de un equipo de investigación junto a su par Marisol Fabbro- explica que la disputa entre los grupos de Gerez y Riquelme tiene una motivación “territorial y económica”. 

“Evidentemente el territorio tiene potencial para la venta de estupefacientes y distintos delitos como usurpaciones, extorsiones a comercios y esas son actividades que estas dos bandas realizan indistintamente”, analiza.

También cree necesario remarcar que el fenómeno de grupos chicos que tienen pertenencia a determinados líderes es algo que se da en toda la periferia de la ciudad pero que en estos dos barrios tiene ciertas particularidades: “Es un conflicto muy actualizado y diario. Ya perdió vigencia eso de que un crimen es la venganza de otro, antes se entendía de esa manera con una cronología. Pero ya son tantos los hechos, y con tantas personas inocentes asesinadas, que es algo que escaló a otros niveles”.

La historia de David Paredes, porque su final trágico es parte de esta trama, es un ejemplo claro de víctima ajena a un conflicto determinado. Él y su familia habían llegado a Rosario desde Las Toscas, una ciudad de 13 mil habitantes del noroeste de Santa Fe. Hacía quince años trabajaba en el servicio de mantenimiento del Colegio San José, y su pareja en el buffet de un club. Vivían con tres hijas en una casa que alquilaban cerca de donde aquella noche mataron a David. Ese final inesperado, por sus características, integra una de las categorías con las que el gobierno santafesino analiza la criminalidad: las víctimas que no eran destinatarios principales de los ataques suelen comprender el 5 por ciento del total de homicidios registrados en el departamento Rosario. Así lo indica con sus informes mensuales el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, el organismo encargado de hacer y analizar las estadísticas oficiales relacionadas a la violencia urbana. 

Otra de las categorías que utiliza el Observatorio tiene que ver con el contexto en los que ocurrieron estos crímenes. El 2022 terminó con 288 homicidios, la cifra registrada más alta en la historia del departamento Rosario. El 69 por ciento estuvieron vinculados a “economías ilegales/organizaciones criminales”. El 2023 arrancó con 34 homicidios hasta los primeros días de febrero, contando entre ellos un caso que generó revuelo institucional. A Lorenzo “Jimi” Altamirano, un músico y artista callejero de 28 años, lo mataron a balazos en una de las puertas del estadio de Newell’s luego de bajarlo por la fuerza de un auto. Entre sus prendas había un mensaje con una advertencia a presos vinculados a Los Monos y a la barra brava del club. La principal hipótesis que investigan los fiscales es que a Jimi lo levantaron al azar y lo mataron con el único fin de usarlo como mensajero. Una semana después, por el impacto que generó el caso y tras una seguidilla de balaceras vinculadas a ese trasfondo, el gobierno cambió al ministro de Seguridad. Su sucesor será el cuarto en lo que va de la gestión iniciada en diciembre de 2019.

El 2022 terminó con 288 homicidios, la cifra registrada más alta en la historia del departamento Rosario. Uno de cada siete crímenes estuvieron vinculados a “economías ilegales/organizaciones criminales”.

De nuevo en 2022, en la categoría de homicidios vinculados a organizaciones criminales entran los desenlaces fatales de las emboscadas y balaceras entre los grupos de “Fran” Riquelme y Mauro Gerez. En el año fueron 51 los homicidios en los barrios Ludueña, Empalme Graneros y el limítrofe Industrial donde “Fran” también tiene puntos de venta: al menos treinta se investigan como parte de la misma bronca.

A esta altura es complejo distinguir entre los factores que causan o potencian este escenario. “La provisión de armas es indiscriminada y es un aspecto que no podemos dejar de considerar. Queremos profundizar en la pata policial pero esas investigaciones están más atrasadas que el resto. Tratamos de utilizar la información que nos dan los vecinos, aunque la podamos considerar sucia, la podemos procesar y seguir trabajando”, dice Pairola.

Los fiscales, al menos públicamente, suelen limitarse a analizar estos fenómenos desde sus áreas de trabajo. Pero a su vez son quienes manejan de primera mano parte de la información que, más allá de los casos puntuales que se investigan, les permite construir un contexto que conduce a una conclusión: nada empieza y termina en la persecución penal. “Estos pibes no han terminado el primario, no trabajan, no tienen dinero para comprar los artículos que ellos consideran de jerarquía como zapatillas, motos y armas. Los líderes de los grupos se los proveen, no hay otras opciones para los chicos. Pero eso no es solo en este caso. Hay un problema social gravísimo que no veo que esté en miras de resolverse o que haya un proyecto alrededor de eso”, explica la funcionaria.

El 28 de diciembre de 2021, cerca de las siete de la tarde, una familia de barrio Ludueña recibió en su casa una nota manuscrita que una persona que había llegado en moto deslizó por debajo de la puerta. “Comunicate urgente al 3413559980. Nahuel. Sino, plomo”, decía. Una hora después alguien disparó tres balazos de calibre 9 milímetros contra el frente de la casa. Al día siguiente, casi a la misma hora, los disparos fueron cuatro. Un día más tarde el ataque se repitió pero con cuatro balazos contra una joyería de la familia, ubicada a tres cuadras de la casa. El motivo lo supieron el 6 de enero, cuando al llegar la noche recibieron un mensaje de WhatsApp de un número desconocido.

—Tu viejo se puso el moño y él sabe. Le gusta andar con giles, hacer manejes con giles, ahora que los giles esos lo defiendan o que pague, porque les voy a hacer partir al medio al primero que enganche. En la joyería, en tu casa, en los bares de Juan José Paso donde él se junta, lo vamos a volver loco hasta que lo enganchemos. Así que decime amigo qué vamos a hacer porque si no la sigo. Si me batís la cana o me hacés caer un pibe en cana, tengo 20 más que te van a buscar hasta abajo de las piedras. Si no querés que te cierre el negocio, te zarpe la casa, o que no lo enganche a vos y a tu viejo me van a tener que dar $30.000 USD mañana.

Esa extorsión fue una de las cuarenta que el fiscal Pablo Socca les imputó a Mauro Gerez y su banda. La investigación abarcó casos denunciados entre julio de 2021 y agosto de 2022. El fiscal explicó que todo era diagramado y ordenado por dos personas que están detenidas en la cárcel de Piñero, al sur de la provincia de Santa Fe, donde hacían de estrategas mediante el manejo constante de teléfonos celulares.

Para los investigadores es probable que la banda funcionara como “una célula o una subestructura de una asociación ilícita de mayor envergadura”. Bajo esa sospecha entraba, por ejemplo, la referencia que en uno de los mensajes los extorsionadores hacían a “el de lentes”. Esa es una de las maneras, según varias investigaciones provinciales, en las que bandas barriales aludían a Máximo Ariel “Guille” Cantero, considerado el líder de Los Monos aunque está preso en la cárcel de Marcos Paz con una acumulación de condenas que llega a los 100 años.

Pero en Ludueña, donde la cuestión de los mandos superiores son más rumores que en la Justicia, la banda funcionaba con Mauro Gerez como principal referencia territorial. Los vecinos más antiguos lo vieron crecer, iba seguido a una cancha de fútbol en la que se organizaban torneos barriales. Un testigo de identidad reservada contó en la Fiscalía cómo Gerez había logrado popularidad entre los pibes: “Empezó a ofrecer botines, guantes, los quiso llevar a una prueba al campo. Es la forma que él tiene de convencer a los pibitos para que después terminen soldadeando para él”. 

"Estos pibes no terminaron el primario, no trabajan, no tienen dinero para zapatillas, motos y armas. Los líderes de los grupos se los proveen".

El fiscal Socca imputó a 26 personas como parte de la banda en la que Mauro Gerez fue considerado jefe de sicarios. “Aprovechando su condición de referente criminal en barrio Ludueña se encargó de reclutar nuevos soldaditos”, describió el fiscal y advirtió que entre ellos había menores de edad, incluso no punibles. El resto de la banda que operaba en la calle ocupaba varias tareas: recabar información sobre las víctimas, cobrar las extorsiones, usurpar viviendas, acopiar y repartir armas o vehículos a los gatilleros y salir a balear enemigos o vecinos y comerciantes que resistían a los aprietes.

Para el funcionario, por el impacto de algunas declaraciones de los testigos, públicamente se sobredimensionó el tema de los adolescentes que integraban la banda. Sobre todo aquello de que Gerez los reclutaba seduciéndolos con botines o camisetas, lo que para el fiscal solo fue “una manera más de construir un vínculo y generar confianza”. Lo comprobado, sobre todo a partir de los menores identificados en la investigación, es que son familiares de los adultos imputados. Dos pibes de 14 años, sospechados de ser gatilleros, son primos; la hermana y la madre de uno y el padre del otro quedaron presos por encubrimiento acusados de esconder los celulares que otras personas usaban para delinquir.

“Los que organizan esto desde las cárceles necesitan gente de confianza afuera, porque es mucho el dinero que se mueve. Entonces dependen del núcleo familiar, que termina participando de la asociación ilícita y si hay chicos los van incluyendo”, explica Socca. “La mayoría de menores identificados son los tiratiros o los que ponen a atender los kioscos de drogas de forma tal que si hay algún procedimiento la banda no pierda un soldado”, agrega. Al fiscal ya no le sorprende ver en los celulares secuestrados las fotos de adultos y menores armados, algo que incluso encuentran en las redes sociales: “Alardean su pertenencia, suben historias con armas con el fin de hacerse conocidos en sus ámbitos. Ellos mismos muestran las evidencias que después usamos nosotros”.

El barrio Ludueña es un punto de la ciudad en el que la violencia ligada al narcomenudeo se ha vuelto parte de su idiosincrasia. Hay períodos donde las broncas se recrudecen, pero cuando la tormenta pasa queda lo que siempre está: disputas territoriales entre grupos chicos integrados por pibes que son reemplazados cuando mueren o caen presos.

Por ese mismo contexto también se consolidó como uno de los barrios con más presencia de militancia social y eclesial de base. Una tradición que comenzó a fines de la década del 60 cuando el cura Edgardo Montaldo, de la congregación salesiana inspirada en Don Bosco, se instaló en Ludueña y junto a los vecinos fundaron varias instituciones: una capilla vecinal, un jardín de infantes, una escuela primaria y una de oficios, un comedor y un centro de alfabetización para adultos. Montaldo -el Padre Edgardo para la gente de Ludueña- fue hasta su muerte en 2016 un referente social que nunca dejó de alertar sobre el avance del narcomenudeo y el consumo problemático.

En la década del 90, tras esos pasos marcados por Montaldo, llegó a Ludueña otro salesiano cuyo trabajo social cobraría relevancia después de que lo asesinara un policía en las represiones de diciembre de 2001. Antes, en el barrio, Claudio Lepratti era nada más que Pocho, un tipo con habilidad para armar grupos de pibes. Muchos de ellos continuaron con la militancia social después del 2001, incluso con el asesinato de Lepratti como motor, y fue entonces que crecieron en el barrio otras organizaciones ya no tan vinculadas a las religiones.

Las instituciones públicas también se consolidaron como referencia de contención en ese marco de violencia con el que tantos chicos crecen y conviven. Este año, a partir del recrudecimiento del conflicto que había dejado tantos muertos, firmaron un comunicado que describió a Ludueña como “un escenario de guerra”.

En ese proceso entran las historias de pibes que crecieron en el barrio, que tuvieron vínculos con organizaciones sociales, que terminaron la escuela y que un día, como si hubiera un destino escrito, fueron asesinados o terminaron presos. Una de esas historias es la de Mauro Gerez.

“Yo lo quise mucho, generé una relación muy copada adentro y afuera”, se acuerda Facundo Peralta, militante social de Rosario y ex acompañante del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), rebautizado como Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese entonces Gerez tenía 16 años, había llegado al IRAR acusado de ser uno de los dos autores del homicidio de un chico de su misma edad. “En ese momento el IRAR estaba explotado, lleno de pibes chorros que cometían delitos contra la propiedad. Pero Mauro entró diciendo que había matado, se hizo fama de picante y lo respetaban”, cuenta Peralta.

"El narco tiene muchas herramientas, porque al pibe le ofrece falopa, guita, fierros y todo eso es poder".

En ese acompañamiento Peralta conoció bien a Gerez: “Tenía un montón de recursos, era el único pibe que había llegado al quinto año del secundario cuando la media no terminaba ni la primaria”. A partir de ahí anotó dos anécdotas: fue el primer graduado dentro del IRAR y uno de los participantes de un debate que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario sobre la situación de menores de edad en conflicto con la ley penal. Gerez habló delante de estudiantes, docentes y trabajadores del ámbito penal juvenil y dio su punto de vista sobre pibes que estaban en esa, que era la suya.

En 2019 el juez Alejandro Cardinale, del Juzgado de Menores N° 3 de Rosario, tuvo que decidir si aplicaría una condena por el homicidio por el que Gerez estaba acusado. La evaluación del contexto socioambiental requerido en casos de menores punibles llegó a la conclusión de que había logrado reinsertarse socialmente y lo absolvió. “Habían pasado nueve años, una demora que tuvo que ver con la gravedad del hecho. Él ya tenía un laburo fijo, una familia constituida con dos criaturas, 26 años, no hacía falta aplicarle una pena por más que no fuera efectiva”, explica el Juez. “Me interesaría saber cuándo eligió este camino”, se pregunta.

En el barrio Ludueña cuentan que Gerez construyó su poder reventando búnkeres de droga. Que hasta que se supo con pedido de captura nunca dejaron de verlo en la cancha del barrio, en un rincón con su gente de Newell's. “Era un pibe muy bicho, lo desaprovechamos, no pudimos construir una alternativa de poder para ofrecer y en paralelo ese poder lo ganó el narco. El narco tiene muchas herramientas, porque al pibe le ofrece falopa, guita, fierros y todo eso es poder”, analiza Peralta hoy. “Mauro salió y empezó a construir un proyecto de vida ligado a la potencialidad que tenía”.

10/02/23.