Son dos los casos más recientes, y tienen final abierto. En agosto, en la provincia de Río Negro, una audiencia pública fue cuestionada y rotulada como fraudulenta. Se convocó para tratar un conflicto originado en septiembre de 2022, luego de que la legislatura de esa provincia derogara la ley 3308 que desde 1999 protegía las costas del Golfo San Matías hasta la Península de Valdés de toda actividad hidrocarburífera en sus aguas. El objetivo, facilitar la construcción de un gasoducto para transportar hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta. Esa modificación no fue bien recibida por vecinos, académicos y profesionales que cuestionaron tanto el proceso como los resultados. Esa nueva ley, que desampara a una biorregión marina de alto valor natural y cultural, fue votada en tan solo 15 días, sin consulta ciudadana. Sigue en pie. Antes, en junio, la crisis que desencadenó la reforma constitucional en Jujuy es única. Y repudiable. En particular, por la violencia con la que el gobierno provincial decidió (y decide) enfrentarla. La disputa es por tierras con litio y otros minerales raros esenciales para la transición energética.
Estos conflictos tienen algo en común, también, con otros que se dieron en los últimos años en Argentina. Nacen del rechazo masivo a medidas de gobierno dirigidas a promover actividades que explotan recursos naturales y de bien común, como el agua y la biodiversidad. Son medidas que además avanzan sobre derechos adquiridos por las poblaciones locales y sobre preocupaciones de la sociedad civil. Por eso convocan tanto. Poblaciones locales, científicos, profesionales, trabajadores, artistas, vecinos se autoconvocan para pedir información, cuestionar y resistir las medidas. Plantean preocupaciones que no son atendidas. Estas resistencias no tienen partido político y atraviesan a los diferentes gobiernos, más allá de sus ideologías.
Estas resistencias no tienen partido político, atraviesan a los diferentes gobiernos y nacen del rechazo masivo a actividades que explotan recursos naturales y de bien común.
Haciendo un poco de memoria, en los últimos cuatro años fueron muchos los intentos de avance similares. También fueron muchas las resistencias.
● Cachi, Salta, 2022. El Boletín Oficial de la provincia anunció el hallazgo de un yacimiento de oro y cobre en la cuenca del río Luracatao y la intención del gobierno provincial -liderado por Gustavo Saénz (Identidad Salteña)- de concesionar el yacimiento a Yacones SRL para iniciar actividades de exploración. La alerta de la noticia no fue bien recibida por las comunidades indígenas del Alto Valle, que junto a diversos sectores sociales se organizaron en asambleas y señalaron la ilegalidad del proceso. Luego, el Concejo Deliberante local, en una sesión en la que se unieron representantes de diversos partidos políticos, sancionó una ordenanza que protege la tierra y el agua de emprendimientos mineros.
● 2021, Tierra del Fuego: En 2019, luego de un acuerdo firmado por instituciones en esa provincia austral y Nación con Innovation Norway para promover la industria del salmón en el canal de Beagle, se instalaron las primeras jaulas salmoneras. La iniciativa no fue bien recibida ni en Chile ni en Tierra del Fuego. Las comunidades de ambos países organizaron varias acciones y manifestaciones en contra. Entonces la Legislatura provincial sancionó una ley que establece la prohibición de la instalación de cualquier tipo de cultivo y producción de salmones en las aguas marinas y de lagos de la provincia. El gobernador en ese momento era Gustavo Melella (Unidad Fueguina). Argentina se convirtió así en la primera nación en pronunciarse en contra de ese tipo de proceso de producción.
● 2020-2021, Chaco/Nación. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá (Frente de Todos), anunció la firma de un memorándum de entendimiento con el gobierno chino. La intención: promover la instalación, en el plazo de ocho años, de 25 macro granjas porcinas que permitirían criar una población de 100 millones de cerdos, una cifra 14 veces superior a la que se producía. Las fuertes críticas al proceso y el rechazo llevaron a cancillería a dar marcha atrás y cancelar la firma del acuerdo.
● 2021, Chubut: durante el gobierno de Mariano Arcioni (Frente de Todos), la Legislatura aprobó un proyecto de zonificación minera para habilitar la actividad en los departamentos de Telsen y Gastre, y así evitar las restricciones impuestas por la Ley N.° 5.001 (actual Ley XVII-N.° 68) que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. La zonificación tenía claro apoyo presidencial. De nuevo, las movilizaciones populares fueron tan fuertes que el gobernador debió retroceder.
● 2019, Mendoza: el gobierno provincial, a cargo de Rodolfo Suarez (UCR-Frente Cambia Mendoza), intentó modificar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y quitarle potestad a la Legislatura cuyana para la evaluación ambiental y aprobación de proyectos de minería. La propuesta de modificación sufrió un rechazo social tan contundente que una semana después se tuvo que dar marcha atrás.
Estas crisis no pueden seguir siendo ignoradas, menos cuando nos perfilamos como fuente de las commodities que demanda la transición energética.
El fenómeno no es exclusivamente argentino. En las últimas semanas, los habitantes de Ecuador se manifestaron en contra en una consulta ciudadana histórica: un 67% apoyó el lema “Quito sin minería” y un 59% se manifestó en contra de la actividad petrolera en la zona del Yasuní ITT. En Chile la resistencia a proyectos mineros ha crecido tanto en los últimos años que hoy el 50% de la actividad está en conflicto con la sociedad civil y las disputas lograron judicializar y parar el 30% de las inversiones. Algo similar ocurre en Perú, donde el 50% de la actividad metalífera es disputada por las comunidades locales.
Estos casos muestran un problema estructural en el modelo oficial de toma decisiones y gestión de uso de nuestros recursos naturales y del bien común.
Estas crisis no pueden seguir siendo ignoradas, menos cuando parece evidente que nos perfilamos como fuente de las commodities que demanda la transición energética. Es llamativo que, a pesar de todo, se siga intentando el mismo camino.
Instituciones democráticas en disputa
En el caso reciente de Jujuy, como la crisis estalló en la previa del armado de listas y con candidatos protagonistas en las elecciones nacionales, ocupó un lugar preponderante en la agenda mediática de esas semanas y fue asociada a disputas partidarias. Pero existen causas más profundas.
Una nota de La Nación resulta sintomática de la lectura sesgada del problema: “Jujuy es un espejo que adelanta lo que puede pasar en el país si el kirchnerismo se aparta de la esencia del sistema democrático: reconocer la legitimidad de la victoria de otro”. El artículo compara ese levantamiento con el que realizaron los simpatizantes de Donald Trump en el Capitolio o quienes hicieron un despliegue similar apoyando a Bolsonaro en Brasil. Estas comparaciones pueden ser absurdas (y mal intencionadas) excepto por la reflexión que introducen sobre la relación entre estos levantamientos y el sistema democrático.
Este tipo de resistencia social no representa un cuestionamiento a la democracia. No la desafía. Al contrario: la movilización social no piden derribarla, pide que la democracia se profundice.
Nuestro sistema representativo no es perfecto, nunca lo fue. Incluso con sus grietas, funcionaba, había una suerte de consenso y las disidencias eran integradas al modelo (aunque sus voces, marginalizadas). Lo que diferenciaba a un gobierno de otro era el modo de impulsar este tipo de proyectos y el reconocimiento que le daban a la pobreza y a la desigualdad como fenómenos estructurales. Hoy, sin embargo, enfrenta un desafío sin precedentes porque el gran imaginario que lo sostenía está en crisis: el crecimiento económico no mejora la vida de la mayoría.
La resistencia social no cuestiona a la democracia. No la desafía. Al contrario; no pide derribarla, pide que la democracia se profundice.
La emergencia climática tiró por la borda esta idea aglutinadora: el crecimiento no solo no garantiza una caída de la desigualdad sino que además destruye el medio ambiente. Las consecuencias son masivas y atañen a todos. Tanto que la enorme comunidad que se ocupa de pensar e implementar soluciones a los problemas ambientales ha empezado a pensar cómo sería no crecer o decrecer. Ya no es tan sencillo convencer a los excluidos de que integrándose al sistema se van a solucionar sus problemas.
Hoy tenemos más información y un acceso inmediato a ella. Vivimos conectados. La ciudadanía sabe más y, como sabe más, demanda participar. A medida que las comunidades afectadas por las actividades económicas son más conscientes de los impactos medioambientales y sociales, su compromiso activo y su resistencia son una respuesta a la falta de posibilidades de participación en los procesos de toma de decisiones. Ya no es tan sencillo marginalizar las disidencias. Cada vez vemos más y mayores demandas por el ejercicio del derecho a decidir.
Cómo responder al cambio de paradigma
Los gobiernos democráticos tienen que aprender a lidiar con estas nuevas tensiones para no perder credibilidad (y gobernabilidad). Necesitan reconocer que la toma de decisiones de políticas con modelos jerárquicos y centralizados ya no funcionan. Las ideas de justicia centradas en cuestiones distributivas tampoco.
Lo que está en disputa son las posibilidades de acceso a recursos esenciales para la vida, para su reproducción según diferentes visiones sobre el bienestar, sobre nuestro rol y vínculo con el planeta y otros seres vivientes.
Un nuevo enfoque para el diseño y la implementación de políticas mira el desarrollo de formas más deliberativas de toma de decisiones. Incluye nuevos modelos que les permitan a los y las ciudadanas pasar de ser vigilantes -o reaccionarios con capacidad como máximo para detener proyectos- a ser partícipes activos de las políticas y a desempeñar funciones transformadoras.
Democratizar decisiones fomenta formas de justicia cada vez más necesarias, como la justicia cognitiva (la que involucra la legitimidad y respeto por diferentes formas de conocimiento) y la procedimental. Con el mayor acceso a la información y la interconexión, la justicia distributiva ya no alcanza. Los reclamos hoy no son solo por una mejor distribución de los beneficios económicos, sino también por el derecho a decidir.
Estos nuevos modelos contribuyen a que las decisiones y políticas sean legitimadas ya que ofrecen a los ciudadanos la oportunidad de cumplir el deseo democrático permitiéndoles ejercer influencia real en el proceso de gobierno.
Los gobiernos democráticos tienen que aprender a lidiar con estas nuevas tensiones para no perder credibilidad (y gobernabilidad). La toma de decisiones de políticas con modelos jerárquicos y centralizados ya no funcionan.
Las comunidades son cada vez más conscientes de los costos y riesgos que plantean las actividades económicas como la minería y la agricultura para su vida cotidiana y el medio ambiente. Implicarlas reduce las posibilidades de oposición o veto y puede transformarlas en promotoras de las políticas que sientan propias. Así las políticas ganan también eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Es un gran desafío.
Reconocer que existe una nueva redistribución de poder (poder para) y que el conocimiento experto tiene límites son los dos desafíos nuevos que las elites argentinas no logran visualizar.
Este involucramiento tiene costos y riesgos. Hay intereses contrapuestos entre los miembros de la comunidad afectados por las actividades y los que intentan impulsarlas. Algunas de esas empresas no serán posibles si no hay acuerdo.
Quienes lo logren tendrán muchas más chances de ser sostenibles en el tiempo, ya que serán el fruto de un compromiso entre las partes en conflicto.
Esto debiera ser de interés para aquellos preocupados por atender temas de justicia y también para aquellos que tienen como prioridad impulsar la actividad económica.
Por ejemplo: ¿cuán sostenible puede ser la minería sin acuerdos cuando la mitad de la actividad está en situación de conflicto con una ciudadanía que tiene clara capacidad de veto? En Argentina, el 50% de los proyectos que están en conflicto se frenan por completo. Al menos que el plan sea el uso de la fuerza, lo que implicaría volver cien pasos para atrás.
¿Pero cómo y para qué?
Este proceso no es sencillo ni directo. No sabemos mucho, pero conocemos pistas que pueden orientarnos. Por ejemplo, no cualquier forma de participación funciona. Importa quién toma la iniciativa, a quién se invita a participar, cómo se gestionan las asimetrías de poder y si los procesos políticos en los que participa la sociedad civil tienen o no consecuencias vinculantes.
Los procesos transformadores requieren participación temprana y amplia, incluyendo toda la diversidad de partes interesadas en los territorios. La intención tiene que ser involucrar de verdad, para la coproducción de políticas, a ciudadanos y otras partes interesadas y el objetivo, generar cambios. Es importante también que las decisiones sean vinculantes y los resultados flexibles: las decisiones deben tener repercusiones y debe existir la posibilidad de que un proyecto no salga adelante.
Los procesos orientados a gestionar el disenso o a fabricar consentimiento son decepcionantes. Dar transparencia y acordar alguna forma de redistribución de costes y beneficios no alcanza. Tampoco es deseable en sectores como el de minería, con enormes consecuencias socioambientales. En estos casos el objetivo debe ser promover cambios profundos en las prácticas tecnológicas y productivas y en los comportamientos de las empresas.
Con una economía global cada vez más preocupada por la justicia, ¿cómo incluir las diversidades, en lugar de anularlas?
La escala del desafío es ambiciosa. Nuestro sistema democrático está en riesgo. La antinomia preocupante no es democracia representativa o caos, sino democracia deliberativa o autoritarismo. Lo justo es respetar las diversidades, no anularlas. Este camino tiene más chances de tener apoyo local e internacional, con una economía global cada vez más preocupada por la justicia.
Una pregunta importantísima para nuestro país, sin embargo, es cuánto será posible avanzar en esta dirección con gobiernos que frente a las fallas de la política en vez de pensar cómo revisarlas y corregirlas, proponen limitarlas al máximo o eliminarlas, y que niegan fenómenos tan evidentes como el cambio climático.
La negación del desastre ambiental que vivimos tiene dos tipos de implicaciones nefastas: una, sobre el medio ambiente (la negación asegura que el impacto negativo continuará alcanzando umbrales cada vez más irreversibles). Otra, sobre nuestras posibilidades económicas, ya que los mercados globales, sobre todo los de altos ingresos, se mueven en la dirección de restringir bienes y servicios producidos con prácticas que dañan el ambiente.
¿Qué futuro le espera a un país que no activa ya las transformaciones necesarias para subsistir económicamente en un mercado global con estas restricciones? Es difícil entender que ni los defensores del mercado no reconozcan la urgencia de estos cambios.