Vivir a veinte metros del río puede sonar a paraíso, pero cada día al levantarse Marina Rodríguez veía a pocos metros las bolsas de plástico, las moscas y el agua verdosa con olor a inmundicia. Cuando llovía, el Riachuelo solía traer serpientes, arañas, y un agua fría que en minutos lo inundaba todo.
Se había acostumbrado al barro de las calles de la manzana 25, en la Villa 21-24 de Barracas. Durante 39 años soportó los bichos, el olor y la discriminación por vivir ahí como si fuera parte del paisaje. Pero cuando en abril de 2012 el agua empezó a subir y derrumbó la casa de su vecina, ella se puso a pensar en sus tres hijas. La menor había nacido prematura y con problemas respiratorios. Por eso, cuando escuchó hablar a un vecino de la “relocalización”, de que había grupos prioritarios, se entusiasmó. Su familia y la de su hermana Natalia, las nueve personas que vivían en la misma casa, consiguieron integrar los grupos de urgencia que serían llevados a un nuevo destino.
La cuenca Matanza Riachuelo es junto al pueblo ucraniano Chernobil (donde explotó la central nuclear en 1986), uno de los lugares más contaminados del Planeta. Lo dice Blacksmith, una ONG dedicada a estudiar los niveles de metales en el agua y el aire.
En esta región, a la vera de las aguas espesas que nacen en el río Matanza, al sur de conurbano bonaerense, y confluyen en La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires se hilvanan más de sesenta kilómetros de casas. Son casas precarias que se levantaron sobre suelos que apestan; repletos de zinc, plomo, cobre, níquel y cromo. Suelos discretos y asesinos. Greenpeace la llama “La cuenca más negra de Argentina”. Aquí por años se volcaron residuos cloacales, desechos de las industrias: todo lo que nadie quería.
La palabra relocalización había empezado a aparecer en las charlas de los vecinos, en la carnicería, en las discusiones de política. Se hablaba del colegio de los nenes, del precio de la carne, y también de la relocalización. En el marco de la “Causa Riachuelo”, la Justicia le había ordenado al Gobierno de la Ciudad que trasladara a un grupo familias de la villa 21-24 hacia otro destino, para protegerlas del “riesgo ambiental”.
La relocalización resulta difícil para una familia. En algunos casos, el desplazamiento es voluntario y en otros, impuesto. Siempre, el proceso trae desarraigo e incertidumbre (nadie elige la casa o los vecinos con los que vivirá en esa nueva etapa). Sin embargo, en aquellas primeras mudanzas, para muchos habitantes de la villa 21-24, la relocalización encendía un chispazo de esperanza, un final a la humedad crónica y al aire viciado, a los broncoespasmos.
—Me preguntaron si estaba dispuesta a salir a un lugar mejor y acepté —dice Marina.
Sentada junto a una mesa de material le da la espalda a las dos hamacas: el espacio de juego para los 250 chicos que viven en las Plateas 2 y 3 del Complejo Padre Carlos Mugica, en Villa Lugano. Hay viento y la tierra se arremolina. Allí, llegó Marina hace dos años. Allí, en la parte de juegos, pusieron hace poco un piso de piedra negra, que se deshace en polvo como si fuera carbón, y con la lluvia se vuelve lodazal.
Durante años y años, el Gobierno de la Ciudad prometió estas viviendas a los vecinos de los barrios Inta, Obrero y Bermejo, que reclamaban la famosa urbanización. Sin embargo, frente a las órden judicial de la “Causa Riachuelo”, el Gobierno porteño llevó a este destino familias de la villa 21-24 y del asentamiento Magaldi. El Complejo tiene trece Torres (cuatro en construcción) con 780 departamentos. Hasta ahora se han relocalizado allí 540 familias de distintos barrios.
Más conocido como Barrio Mugica, está en la Comuna 8, en Castañares y General Paz. Fue construido originalmente para relocalizar a otras familias, los habitantes de Villa Cartón, un asentamiento bajo la Autopista 7 que sufrió un incendio en el año 2007.
—Lo peor es que cuando llegué, lo veía todo lindo —dice Marina.
Las fotos de la mudanza no se ven como ahora. Había pasto entre un bloque y otro. Abajo, las hamacas no tenían tierra sino arena. Las paredes de los edificios no chorreaban óxido y humedad. Se veían grises y limpias, como se ven las de los edificios que están construyendo a unos metros, donde a fines de noviembre relocalizarán a otras sesenta familias de la Villa 21-24.
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Marina y otros recién llegados hablaban con personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo a cargo de reubicarlos, cuando escucharon las voces de los vecinos de de la Platea 3, que habían sido traídos desde el Asentamiento Magaldi.
—Acá está todo mal. A los del Gobierno de la Ciudad no les crean nada.
Marina y sus vecinos no les prestaron atención, pero días después, un lunes, el día que los chicos arrancaban el primer día de jardín o de escuela en las instituciones de Lugano, empezaron los problemas.
En Barracas, en las reuniones que se habían hecho en la villa con gente del Ministerio de Educación de la Ciudad, les habían asegurado que las incripciones ya estaban, les habían dicho a qué colegio debía ir cada chico. El primer día de clases de un nene que vivía a la orilla de un río contaminado y con olor a muerte es igual al primer día de clases de cualquier chico. Hay útiles nuevos, hay guardapolvo, mochila y muchos nervios. Algunos era la primera vez que iban a ir al jardín, estar en un aula, conocer chicos nuevos. Como llegaron, tuvieron que volver: sus nombres no figuraban en ningún listado. Los enojos y reclamos de Marina no tuvieron respuesta. Deberían encontrar vacantes en la comuna con más problemas de cobertura del sistema educativo público de toda la Ciudad. El “Acá está todo mal” volvió a aparecer cuando, al poco tiempo, el techo del baño empezó a caerse. La humedad avanzaba sobre las paredes. La Tierra Prometida no llegaba ni a la mitad de lo que les habían dicho que sería.
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La “Causa Riachuelo” nació en 2004 cuando un grupo de vecinos y trabajadores de Villa Inflamable, Avellaneda, presentó una demanda ante la Corte Suprema de la Nación por los daños y perjuicios que les había ocasionado la contaminación del río. Por el daño colectivo que implicaba la degradación del medio ambiente. En el año 2008, la Corte resolvió el fallo histórico: las tres jurisdicciones estatales (Nación-Provincia-Ciudad de Buenos Aires) y catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires fueron obligados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de toda la cuenca, recomponer el aire, el agua y el suelo, y prevenir daños futuros. En 2010, esos tres estados firmaron un convenio en el que definieron que 17.771 familias debían ser relocalizadas a otras zonas, o urbanizados sus barrios o asentamientos.
Este año se cumplieron siete años de la sentencia inicial. En la Ciudad de Buenos Aires, de las 2527 familias que se tienen que relocalizar, al dia de hoy se han mudado sólo 513. Y, en muchos casos, las políticas de relocalización han empeorado la situación de aquellas personas. El Barrio Carlos Mugica es un ejemplo.
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—Con mi hermana llorábamos emocionadas. Nos trajeron a un lugar bueno, decíamos. Luego, cuando se empezó a caer a pedazos se nos destruyó la ilusión ¿Pero ahora a dónde vamos a ir?
Cuando una familia se va, la casa que deja se derrumba o se cede a algún vecino. Marina habla y mira a su hermana Natalia. Allá vivían juntas. Acá, en la misma platea pero en diferentes departamentos. Ambas tienen hijos con problemas respiratorios, por eso vinieron en el mismo grupo. Natalia lleva el pelo rubio y un embarazo avanzado. Cuenta que a uno de sus hijos le salió positivo el estudio del Toxacara humano (un parásito que incrusta en los pulmones, el hígado o la vista). Tiene que hacerle varios análisis: fondo de ojo, ecografía abdominal y estudios en los pulmones. Una peregrinación que debe hacer con paciencia. Para el fondo de ojos todavía no consiguió turno.
El Centro de atención primaria (Cesac) más cercano al Barrio Mugica es el Número 7, queda a unas siete cuadras, en las calles 2 de Abril y Montiel, dentro del Complejo Comandante Luis Piedrabuena. Los vecinos cuentan que es difícil atenderse allí porque no consiguen turnos. Ese Cesac depende del Hospital Santojanni, que es el hospital que más cercano, a treinta cuadras, en la Comuna 9. Por eso muchos deciden volver a los centros de salud de Barracas, donde se atendían antes de la mudanza.
Más de cien cuadras separan el Barrio Mugica, en Lugano, de la Villa 21-24, en Barracas. Una hora y cuarto con dos colectivos, o el tren Belgrano Sur. Hay quienes hacen ese camino para llevar los chicos a la escuela, son los que se quedaron sin vacantes; hay quienes lo hacen para ir a ver a los médicos de la sala de atención primaria N° 35 que los atienden desde el 2005. Sus historias clínicas, y las de sus hijos, quedaron allá. La llaman “la red”. Es invisible pero es el motivo por el que muchas familias decidan viajar durante horas para volver al lugar inmundo del que se fueron.
Según un informe realizado por el Observatorio de las Empresas Transnacionales del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (2008), la contaminación del Riachuelo produce enfermedades en la sangre (plombemia, anemia, leucopenia y leucemia), problemas en los ojos y en la piel, daños pulmonares, altas probabilidades de cáncer, y alteraciones de la función reproductora. Si tenemos en cuenta que gran parte de la población afectada habita en villas y asentamientos que carecen de servicios de agua potable, recolección de residuos, redes cloacales, luz y gas, el problema es aun más grave.
La socióloga Claudia Vacis trabaja en el Cesac Número 35 de la villa 21-24 desde el momento en el que se fundó, hace diez años.
—Hay gente que mantiene sus vínculos con el barrio y sigue trayendo a sus hijos al colegio o al centro de saludo. La Comuna 8 donde están los relocalizados en Mugica no tiene hospital. La gente va a los centros de salud para determinados temas, pero no para determinadas problemática más complejas.
—¿No hubo una política de articulación entre los centros de salud que atendían a las familias antes de la relocalización y los que comienzan a atenderlas después?
—¿Articulación? No. Debería verse alguna manera de compartir las historias clínicas. Los centros de salud se dividen por regiones sanitarias. Y las historias nunca circularon. Lo que se hace, se hace por voluntad profesional.
En el año 2012, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (AcuMaR) hizo un estudio a algunos chicos de la cuenca de hasta seis años de edad. Los más chicos son los que más se enferman por una razón bien clara: juegan y gatean sobre suelos infectados. El estudio se llamó “Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo” y tenía como objetivo medir el nivel de plomo en la sangre. Muchas madres aseguraron que nunca les dieron los resultados. A otras les dijeron que sí, que sus hijos estaban contaminados, pero no les indicaron tratamiento. Ahora, a partir de un cambio en la dirección de salud del organismo, están intentando detectar a esos nenes para iniciar un seguimiento: muchos de ellos fueron relocalizados en el Barrio Mugica.
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Natalia cuenta que hace siete años que trabaja en el sector de limpieza de una empresa. Tuvo que reducir las horas para cuidar a su hijo más chico. Ahora, con cuatro horas laborales, cobra $2700.
—Desde que nos mudamos se pasa mucha hambre– dice-. Porque acá cuesta todo más caro y es más difícil. Allá teníamos casa del niño, los comedores, los merenderos, los centros de salud.. Todos los que pisan acá dicen eso: en la villa era mejor.
Para muchas familias la mudanza al Barrio Mugica supuso un gran cambio en su economía doméstica. De un dia para el otro, tuvieron que empezar a hacerse cargo de pagar los servicios de luz y gas: gastos que no tenían cuando vivían en la villa. Y en el Complejo no hay comercios, así que tienen que ir a la avenida Piedrabuena donde los precios son más caros. Como ningún transporte público ingresa al complejo y los cercanos tienen poca frecuencia, para moverse, muchas veces toman remises. Ademas, pronto tendrán que comenzar a pagar también las cuotas de las viviendas.
El único comedor comunitario de Mugica está ubicado en la Platea 6 donde habitan los vecinos que vienen de Villa Cartón. Se llama “La Misión” y es parte del programa “Apoyo a grupos comunitarios” del gobierno porteño, pero funciona en la vereda de la vivienda de Mabel, en una carpa montada por ella y sus vecinas. Les envían 200 raciones de comida a diario, y ellas hacen malabares para atender con eso a las 500 personas que van todas las noches. Resulta insuficiente, por eso, los vecinos de la Platea 2, donde viven Karina y Natalia, están comenzando a armar un merendero. No consiguieron ninguna ayuda del Estado. Lo llamaron “Los Olvidaditos”.
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Ahí nomas de la Avenida Piedrabuena, nace una reja que se despliega negra y larguísima sobre la Avenida Castañares hasta terminar en la General Paz. Nadie sabe bien cuándo fue que apareció. De un lado, las altas plateas de hormigón. Del otro, casitas bajas con jardines. Dicen algunos habitantes del Complejo que la hicieron los vecinos del barrio lindante cuando comenzó la construcción de las torres. “Para protegerse de los villeros que llegabamos” dicen algunos, “para distinguirse, para no mezclarse” dicen otros. De todos modos, los cartoneros de Mugica le encontraron una funcionalidad a aquella reja divisoria. En ella, atan sus caballos.
Del lado del Complejo, hay tierra, pedregullo, perros flacos; galpones improvisados, unas columnas que deberían ser glorieta y son apenas paredes peladas. Una caballeriza y contenedores atiborrados de basura, moscas y ratas que hacen allí su guarida. El Barrio Mugica es un lugar que parece pensado para recibir familias que “sobran”, que “no merecen” vivir en la Ciudad. En 1980, Osvaldo Cacciatore, que era intendente de Buenos Aires, decía: “Vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que lo merezca. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”. Fue el politólogo Oscar Ozlack, quien analizó el modo en que esa concepción discriminatoria se expresaba en la planificación urbana de aquella gestión. Sólo una concepción similar a la que aplicaba Cacciatore durante los años de dictadura, puede explicar que 40 años después haya políticas habitacionales que no consideren los derechos mínimos que hacen a un hábitat digno.
En las discusiones de lo urbano, existe una antinomia famosa respecto a lo que significa el derecho a una vivienda digna. La concepción viviendista, que reduce la noción a un techo con paredes, hace tiempo fue superada por la idea del “derecho a la ciudad”, que incorpora la infraestructura urbana como dimensión fundamental. Sin embargo, las políticas de relocalización del gobierno porteño parecen ignorarlo.
El 80% de las familias relocalizadas por el Gobierno de la Ciudad fueron llevadas a complejos de viviendas ubicados en la Comuna 8. Ubicada al sudoeste de la Ciudad, es la que tiene mayores problemas habitacionales y sociales, y cuenta con menos infraestructura en términos de salud, educación, accesibilidad. El colapso de los servicios urbanos lo empeora todo. Una política orientada a la acumulación de los sectores más pobres en la zona más excluida de la ciudad. Henri Lefebvre, intelectual francés, gran pensador de lo urbano, decía que la producción del espacio no es neutral; no es un campo separado de la ideología. Su disposición, distribución y organización son procesos eminentemente políticos.
Al fin y al cabo, las relocalizaciones que lleva adelante el gobierno porteño no hacen más que reforzar y acompañar los procesos de valorización transitados hoy por las zonas de Barracas, La Boca, Parque Patricios. Los sectores populares, residentes históricos de estos barrios, se ven forzados a irse a otros destinos, al no poder afrontar el aumento de los costos de vida. Un desplazamiento de familias pobres hacia zonas de villas, asentamientos, torres degradadas y tierras abandonadas, que al mercado inmobiliario le resulta más que oportuno.
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Toni habla a pocos metros de su caballeriza improvisada: unas chapas puestas a modo de casilla en la que guardan los caballos para el cartoneo, en el medio del espacio común entre torre y torre. Adentro, un gallo revuelve el piso de tierra para encontrar comida, o sólo por picotear. Toni cartoneaba en Barracas, tenía su circuito armado. Al mudarse, tuvo que armar un circuito para recorrer, encontrar lugar para sus animales y negociar una mínima convivencia con los vecinos que se quejaban del olor.
—Si decimos que allá era todo enfermedad, bueno...acá estamos arriba de un relleno. Abajo hay de todo: fierros, cualquier cosa. Esta tierra también está contaminada. Y la vida se nos complicó mucho… En la villa éramos todos amigos, vecinos. Me imaginaba que acá iba a vivir bien, pero no puedo pagar la luz. Debo dos mil pesos. El gas sólo lo uso para la cocina y para el baño. No puedo pagar nada, y tengo todo eléctrico.
Como Toni, muchas de las familias que se relocalizaron de la VIlla 21 24 trabajaban como cartoneros. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad les había prometido que destinaría un predio cercano al Complejo, para la guarda de sus carros y caballos. Pero eso nunca se cumplió, y los cartoneros tuvieron que ocupar gran parte del espacio público para construir una caballeriza, rechazada por muchos vecinos por los olores, la suciedad y las plagas que genera.
Al igual que los cartoneros, también otros vecinos tuvieron que ocupar espacio público para rearmar los trabajos que hacían en la villa. Comenzaron a construir en las veredas, espacios para poner kioscos o almacenes. Algunos lo hicieron en sus propios comedores, y atienden por las ventanas. En la villa era común que en las viviendas funcionaran comercios, peluquerías, remiserías, que constituían su actividad laboral. Nada de eso fue tenido en cuenta por el gobierno a la hora de planificar las relocalizaciones. Así es que muchas familias no sólo dejaron atrás sus hogares; también sus trabajos. Por eso, hoy en el Barrio Mugica aquel circuito vuelve a resurgir como puede, dentro de las viviendas, en veredas o en parte del espacio común.
Desde la mirada del Estado, estas actividades son economía ilegal. En el mejor de los casos, las concibe como economías informales. Por ello, las ignora o incluso fomenta su desaparición. Los vecinos, en cambio, hablan de economía social. Algunas organizaciones o instituciones comunitarias la definen como economía popular, porque son las estrategias de subsistencia que desarrollan los sectores populares frente a la insuficiencia de empleo asalariado, además de ser una respuesta a las necesidades de la vida cotidiana de estos barrios, desintegrados de la trama urbana.
Los diversos problemas de estas actividades no pueden abordarse desde la lógica burocrática o empresarial, que ofrece moratorias o facilidades de inscripción impositiva como respuesta. Porque la cuestión no es la informalidad o la ilegalidad de la actividad, sino las condiciones generales de exclusión de un sector social que justamente necesita políticas públicas integrales para su inclusión, en lugar de penas o castigos a sus estrategias de subsistencia. Estos son los sentidos en disputa en el fondo de cada conflicto que surge en torno a los modos de vida de las familias de Mugica.
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Las políticas de relocalización en la Ciudad de Buenos Aires son responsabilidad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, quien debe supervisar y monitorear la obra del Complejo Padre Carlos Mugica, financiada por la Secretaría de obras Públicas de la Nación. El IVC es dueño de los terrenos y de los departamentos hasta que se regularice la titularidad de cada propietario. Pero es una constante la discusión sobre las competencias y responsabilidades de cada quien, mientras el barrio se degrada, y empeoran sus condiciones de habitabilidad. Hay una gran paradoja: el lugar pensado para alejar a las familias de la contaminación del Riachuelo les devuelve la precariedad y el abandono que creían haber dejado atrás.
El intelectual británico David Harvey, exponente del movimiento de justicia ambiental, plantea que el sentido profundo de la injusticia ambiental reside en la forma desigual en que el daño es distribuido socialmente: los sectores más vulnerables pagan la parte más costosa de la degradación del ambiente. Todo ello se refleja en la Causa Riachuelo: los grupos más perjudicados son los mismos que sufren situaciones de pobreza estructural. Y la injusticia se reproduce y persiste aún luego de las políticas que se llevaron a cabo para superarla.
En las paredes de la casa de Karina la humedad reaparece y la contaminación vuelve a invadir el aire. No es casualidad, ni karma; es consecuencia de una política excluyente y discriminatoria.