Lo último que sabemos de Santiago Maldonado es que fue visto el 1° de agosto en un corte de la Ruta Nacional 40, en la Provincia del Chubut, en apoyo a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Depto. Cushamen. El Estado intervino entonces con un procedimiento represivo a cargo de la Gendarmería que, tal como sostuvo el Comandante Balardi, fue en cumplimiento de “órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación”. Desde entonces, Santiago Maldonado está desaparecido.
Ya ha pasado un mes y, aunque la investigación se encuentra en marcha y están pendientes de producción numerosas medidas de prueba, las existentes hasta el momento sostienen una única hipótesis: estamos ante un caso de desaparición forzada de personas. La fiscal a cargo de las actuaciones caratuló la investigación con esa calificación en esta última semana. Estamos ante un hecho objetivo: la justicia investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Así fue comprendido desde el primer momento por la mayoría de nuestra sociedad, que liderada por organismos de derechos humanos y con amplia representación social y política, no ha dejado de expresarse en marchas, acciones en las redes sociales, intervenciones urbanas, actividades en las aulas. De igual manera lo entiende su familia que, con su dolor a cuesta, no da abasto frente a la demonización de su hijo-hermano.
La nominación de desaparición forzada no es sólo un eco local. En los primeros días, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Santiago Maldonado exige acciones específicas del Estado para buscarlo, localizarlo e para identificar a los responsables.
Como contrapartida, el gobierno nacional –de quien depende la fuerza de seguridad sospechada y que actuó en cumplimiento de sus directivas - desplegó una retórica de ocultamiento y de desviación de la responsabilidad, desparramando versiones inverosímiles o sin pruebas que las sostengan, con un único denominador común: todas ellas apartan a la Gendarmería Nacional de su vinculación con el hecho.
Alternativa o simultáneamente, esas versiones alimentan la demonización de la víctima, de su familia, de la comunidad mapuche y de todo lo que haga falta para instalar la idea de que el Estado Nacional no tiene la responsabilidad que, sentido común, contextualización y memoria histórica mediante, apuntan incesantamente hacia allí.
La potencia de la desaparición que se expresa entre otras cosas en la densidad de la ausencia permite hipocresías lacerantes y el despliegue del juego de la impunidad en su máximo esplendor.
¿Qué haría un funcionario público comprometido con el esclarecimiento de estos hechos? Poner a disposición, inmediatamente, toda la información vinculada a la intervención en la que se produjo la desaparición, entregar sin que se las pidan las nóminas de gendarmes actuantes, habilitar el control de las investigaciones administrativas, dejar de desacreditar lo que constituyen pruebas en el sentido de la hipótesis central, recibir a la familia, darle la contención y los recursos que ellos pudieran requerir, someterse a escrutinio externo. Esclarecer, no ocultar. No es lo que ocurrió hasta ahora. Las conductas del gobierno nacional contrarían el mínimo de sensatez esperable.
Al paso de los días y al calor de la agonía alimentada por la ausencia que persiste, la solitaria hipótesis del gobierno nacional consistente en afirmar que no les cabe ninguna responsabilidad, encuentra su principal sustento en las “convicciones íntimas” de la Ministra de Seguridad, quien lleva la voz cantante de la posición oficial, pero a cuyo ritmo se han pronunciado los demás funcionarios.
Pensemos en términos de versiones y verosimilitud: el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y persona de mayor confianza de Bullrich -Pablo Nocetti- estuvo en el lugar del hecho, en el mismo tiempo y lugar donde los gendarmes dicen haber actuado bajo órdenes de ese ministerio. La Ministra, en cambio, pretende que creamos que su presencia en el lugar fue fruto de una casualidad, un pasaba por aquí, justo en pleno despliegue represivo tras el cual desapareció Santiago Maldonado. Los esfuerzos por desacreditar el peso explicativo de los datos disponibles no pueden leerse sólo como un desafío cínico al absurdo. Se entienden mejor cuando los ponemos en relación con el negacionismo que este gobierno viene consolidando como su principal política pública en relación con las violencias de Estado genocidas que hemos padecido.
El negacionismo es la última etapa de los procesos genocidas: implica quitar trascendencia o, inclusive, negar los hechos más atroces que ha sufrido nuestra comunidad. Distintos funcionarios del macrismo –incluyendo al propio presidente- relativizan diariamente, cuando no niegan, los efectos de las acciones del terrorismo de Estado o la existencia de él. No se trata sólo de discursos.
Hay praxis negacionista cuando se desarticulan las políticas de memoria, verdad y justicia, con particular énfasis en desactivar, vaciar y desfinanciar las dependencias abocadas a la recolección, producción y sistematización de información de las estructuras represivas, las que acompañan a víctimas y testigos y en general, las de apoyo a los juicios por los crímenes de lesa humanidad que continúan en marcha.
También se niegan las dimensiones de lo ocurrido cuando dan trato preferente a las demandas de condenados por delito de lesa humanidad, a cuyos representantes el Ministerio de Justicia atiende sin la republicana publicidad del encuentro, mientras que a nuestras Madres de Plaza de Mayo frente a la pregunta directa –y tristemente conocida por ellas- de “¿Dónde está?”, y el pedido de “Aparición con vida”, reciben del mismo funcionario un “no se los permito” y un desplante como toda respuesta institucional.
Con el negacionismo del horror y las responsabilidades por el terrorismo de Estado, convergen la incipiente práctica de criminalización de las disidencias y la apelación constante a la guerra contra el enemigo de turno, elegido a la carta según de la política de ajuste de turno, bajo la elástica invocación del terrorismo, sustentan y dan cauce a las sospechas en cabeza del gobierno respecto de la primera desaparición forzada que ocurre en su mandato.
“Ahora se vuelve indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”, llevaban la voz cantante desde el escenario, el pasado 11 de agosto, en la primera manifestación reclamando por la desaparición de Santiago. Una evocación de lo que muchos conocimos por documentales, por libros de historia, que algunos por primera vez cantamos en primera persona, porque se trataba de una consigna de otros tiempos, aun cuando la desaparición, veremos, no es una experiencia ajena a la democracia. No fue el único revival.
Tenemos dos demonios y si hace falta, inventamos más. La ministra Bullrich convocó en un programa de televisión a hablar de violencia política en la Argentina, y lo hizo de un modo particular: conectando hechos menores, improbables, incluso algunos esclarecidos, pero que alguna prensa adjetiva como atentados anarquistas (sic), a pesar de que la principal sospecha judicial recaiga sobre la policía. La operación, de todos modos, es eficaz. Todos fuimos sometidos al loop constante de “violencia”, “extremismo”, “bombas”, “explosiones”.
En los mismos días, Infobae publicaba el siguiente título: “El gobierno estudia el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad”. Nadie lo niega ni lo afirma, pero el rumor, como retórica discursiva, circula hace dos años. Esta es una práctica política comunicacional habitual: circula una versión, de modo casual, y el bisbiseo hace su propio camino. Ejemplos de ello se multiplican en distintos escenarios: en el campo de los derechos laborales, circulan, aún con contornos difusos, iniciativas de reforma basada en el estrago de conquistas de los trabajadores, mientras, al mismo tiempo, se instala el discurso del ausentismo, la competitividad y el costo laboral. El demonio que cada desmonte de garantías ciudadanas mínimas reclame.
El despliegue comunicacional de los grupos más concentrados se dedica a la producción desinformativa, bajo una lógica más propia de la acción psicológica como fase del combate, que de noble ejercicio del oficio periodístico. Es curioso el ahínco con que esos mismos medios salieron a repudiar las iniciativas sociales, como las de los docentes de hablar en las aulas sobre el caso, sobre alarmados por los efectos que la circulación de la palabra y la información que ellos ocultan, pueda tener si la pregunta por Santiago se instala y se obstina en reclamar respuesta por fuera de los relatos que construyen.
Los medios hegemónicos hacen su parte del juego, mientras trabajan en la demonización de las comunidades indígenas, con reduccionismos varios y sin renuncia al racismo explícito —oh casualidad, justo en los mismos tiempos en el Estado debe prorrogar la ley que suspende los desalojos de las comunidad de las tierras que ancestralmente ocupan— se dedica poco tiempo a la investigación y al reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado.
¿Qué implica la exposición televisiva en horario central de la Ministra de Seguridad caracterizando la violencia de los ‘70 bajo la afirmación de “no eran tan ángeles ni tan demonios”? Imposible conjeturar una imagen de mayor deslegitimación de lo que con fuerza de verdad la justicia ha sentenciado una y cientos de veces. Tribunales de todo el país, integrando por cientos de magistrados han dicho y han escrito para condenar a más de 700 genocidas que existió un terrorismo de Estado, que hubo un Estado que aplicó el terror de modo sistemático y programado, como política, que no hubo una guerra. ¿Qué pretensión hegemónica hace necesaria ese retorno negador sobre esos hechos?
Seguramente no haya una única respuesta pero los despliegues de fuerza represiva al margen de la ley -pero en nombre de la República-, se multiplican: se puede encarcelar a una dirigente social encubriendo con acusaciones penales la persecución política y, cuando eso lo señalan los organismos internacionales, desoírlos; se puede malversar una orden internacional de cese de la prisión de una presa política, ordenando su detención en un lugar inhabitable; se puede intentar disciplinar represivamente al movimiento de mujeres mediante la cacería policial de cuerpos que reclaman; se puede disparar contra una murga de niñxs; se puede poner la fuerza de seguridad al servicio de la represión de trabajadorxs despedidxs a manos de la voracidad financiera de multinacionales. Se puede desaparecer.
Las desapariciones postdictadura. En boca de funcionarios del gobierno y periodistas afines encontramos la sugerencia de supuestos improbables que colocan al desaparecido en distintos lugares, en todos y en ninguno –en Europa o en Ente Ríos, dependiendo la época que se elija-. Al mismo tiempo, cuando la flaqueza de las explicaciones balbuceadas y la exigencia de respuestas se amplifican, se invocan otras desapariciones, que supuestamente son “de otros”.
La operación es clara: invocar la importancia de otros casos para impugnar la pregunta por Santiago, como si los horrores ocurridos previamente neutralizaran la gravedad de las cosas que ocurren en el presente.
Sabemos, como ha señalado Claudio Martyniuk, que “la batalla por la atención tiene campos políticos y estéticos, está atravesada de creencias”. Se invita a la confusión, proponiendo una consideración en condiciones de igualdad abstracta, como si los hechos ocurrieran en el vacío social, sin contexto político. En esta supuesta construcción coyuntural de una preocupación que homogeneiza hechos muy distintos, comparándolos, hay una invitación a bajar el tono cuando preguntamos por Santiago.
La Ministra de Seguridad y algunos que ejercen tareas de comunicación llaman a la desaparición, “forzosa”, cuya primera acepción en el diccionario es “ineludible, inevitable”. En cambio, “forzada” significa literalmente “ocupado o retenido por la fuerza”. La diferencia, aun dejando las precisiones legales de lado, es enorme.
Desde el punto de vista social, colectivo, la desaparición se inscribe en un duelo con textura propia, gestado tras la experiencia del terror de Estado que nos atraviesa, por omisión u acción, por indiferencia, por compromiso, a todos.
La existencia de desapariciones forzadas en democracia implica meter el dedo en la llaga de la memoria colectiva. Pero nos lo debemos: si eludimos esa reflexión caemos en un eterno recomenzar que no nos permite poner en valor la experiencia dolorosamente acumulada y confunde los niveles de responsabilidad, además de los alcances de la exigencia.
¿Cómo funcionan los dispositivos que alimentan la indiferencia funcional a la impunidad? ¿Cuáles son las condiciones subjetivas de la construcción de la memoria de todos aquellos que sobrevivimos a las prácticas genocidas? ¿Cómo nos aseguramos umbrales de tolerancia cero a estas expresiones que ocurren fuera de la dinámica totalitaria a la vez que son en sí mismas expresiones del terror?
Por el contrario, porque aprendimos de ese pasado que nos tocó, la pregunta se impone. La necesidad y la obligación de nombrar a Santiago en las clases, en las redes sociales, en los medios, en los trabajos, de asegurarnos, como afirma Osvaldo Delgado, que “si el otro está desaparecido es imposible dejar de ocupar un lugar de falta para ese Otro”.
La desaparición forzada de personas no es una experiencia ajena a la vida democrática.
Aunque no es sistemática, es una práctica que expresa estados de excepción en el Estado de Derecho.
Lo primero es tomar nota de la pervivencia de la desaparición forzada más allá de los confines temporales de la dictadura, de sus nuevas formas, incluso, como un acto de poder, frente al cual podemos hacernos más preguntas y reclamar respuestas: ¿Qué dispositivos para prevenirla se han desarrollado? ¿Qué capacidades para esclarecerlas hemos construido? ¿Cómo no acumulamos experiencias? ¿Se limitan nuestros recursos de investigación al prestigioso EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense)? ¿Con qué protocolos de investigación trabaja el Estado? ¿No es más razonable en adelante trabajar con la presunción de que cualquier desaparición en el contexto de un operativo represivo estatal sea presumida forzada hasta que, ojalá, se demuestre lo contrario?
La escala maquinal del terrorismo de Estado no debiera obturar la comprensión de que la excepcionalidad, la ilegalidad y la violencia pueden dejar el estado de latencia, cualquiera sea la forma en que el poder público se organice. A 40 años de las desapariciones metódicas, ordenadas, coordinadas, las actuales asumen su propia fenomenología.
Pensar en estas desapariciones forzadas en el contexto democrático no implica emparentar cada uno de estos hechos como reediciones cabales de la dimensión sistemática de terror de Estado. Es posible que haya conexiones en las formas, en la rehabilitación o exaltación de las memorias institucionales represivas. Debemos conocerlas y reconocerlas a fin de comprender su entidad, su relación con aquellas prácticas del pasado, los contextos que hoy las hacen posibles.
Cada desaparición forzada implica un acto violento y atroz que nos obliga a mantener vivas colectivamente las preguntas por ellos, más aún cuando la posición de los funcionarios políticos que ocupan el lugar de la responsabilidad, ostentan actos de encubrimiento en un contexto negacionista.
Todas las desapariciones merecen respuestas, difíciles de construir cuando quien debe esclarecerlas ocupa al mismo tiempo el lugar de los perpetradores, cómplices y/o encubridores. Pero no hay ninguna pregunta sobre otros casos cuyo esclarecimiento reclame silenciar la pregunta presente: ¿Dónde está Santiago Maldonado?