Memoria del seminario “Visiones sobre el futuro de la agricultura en argentina”, el ciclo sobre recursos naturales y desarrollo sostenible coorganizado por CENIT-EEyN-UNSAM, CIECTI y Fundar.
Oklahoma no es Venado Tuerto. En cada punto de la tierra la naturaleza se despliega de manera diferente. La idea del “campo” como un elemento monolítico esconde el peso de la especificidad. Cada chacra, campo o punto de la tierra es una combinación única de clima, suelo, vegetación, plagas y un ecosistema particular. La diversidad invita a la innovación, a la búsqueda de la solución que se adapte a las características particulares de cada lugar persiguiendo el mayor provecho de cada espacio disponible de tierra. En esa búsqueda creativa se combina la observación de la naturaleza y el conocimiento de los genes y su funcionamiento. Sin embargo, quién crea, cómo crea y a qué costo se produce la innovación depende de las reglas del juego que finalmente se impongan en cada territorio.
Una primera mirada a la agricultura argentina de las últimas dos décadas revela la centralidad del paquete basado en la soja transgénica y la siembra directa, un boom de producción y productividad (con su consecuente impacto en los ingresos nacionales y la recaudación) y un cambio sustantivo en el modelo tecnológico y organizativo agrícola. Una mirada más profunda, sin embargo, deja entrever tensiones e interrogantes sobre el futuro de este modelo.
El imaginario social del trabajo en el campo lo supone como un ecosistema de actores innovadores del que participan productores, proveedores de servicios, contratistas y emprendedores. Pero sus actores son cada vez más heterogéneos. Roberto Bisang (IIEP-UBA) analizó este cambio organizacional y tecnológico, la porosidad de las fronteras entre lo agrícola y lo no-agrícola y la dinámica de funcionamiento en forma de red en la que la prestación de servicios y los contratos son ejes articuladores. Desde esta perspectiva, compartida por Federico Bert (IICA), la actividad agropecuaria debe entenderse hoy de manera amplia, incluyendo sus encadenamientos y actividades conexas: insumos para el sector de alimentos, generación de bioenergía, biomateriales y nuevos servicios ecosistémicos.
Otras miradas ponen el énfasis en las asimetrías entre los actores del agro como un rasgo característico de las transformaciones organizacionales recientes. Especialmente, señalan que es necesario prestar atención a la concentración de la provisión de insumos y a cómo esto se relaciona con el sendero de innovación, sustentabilidad y resultados distributivos.
Para pensar el futuro de la agricultura, el mercado de semillas resulta paradigmático. La innovación en este sector es indiscutida, y ha sido visibilizada en particular a partir de la irrupción de nuevas tecnologías como la transgénesis.
Sin embargo, tal como señalaron Diego Gauna (INTA), Juan O’Farell (Fundar) y Sergio Feingold (INTA), la acelerada difusión de cultivos transgénicos en Argentina y en el mundo se produjo en paralelo a la concentración del mercado de semillas en unas pocas empresas multinacionales de orígen químico: cuatro firmas (Bayer, Corteva, BASF y ChemChina) manejan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas. A estas dinámicas de mercado se suma un aspecto determinante para la agenda del futuro del agro: el creciente peso de los consumidores y sus demandas respecto a las formas de producción, calidad de la alimentación y el cuidado del ambiente.
La centralidad de la agenda ambiental
Diez años atrás, en un seminario de estas características, con eje en la producción y el cambio tecnológico, los comentarios sobre el impacto ambiental del modelo productivo habrían estado en los márgenes. Hoy, los problemas de contaminación, las demandas sociales y la agenda de descarbonización a nivel global son de las mayores preocupaciones que atraviesan las agendas de actores del ámbito empresarial, científico, gobierno y de la sociedad civil.
Desde distintos ángulos, se destacaron las tensiones que existen entre la necesidad de aumentar la producción -aprovechando la oportunidad de un mundo necesitado de alimentos-, las exigencias por cumplir con los compromisos internacionales de carbono-neutralidad a 2050 y el objetivo de alcanzar un desarrollo territorial equilibrado.
Esteban Jobbágy (UNSL-CONICET) destacó la multiplicación de áreas inundadas y la degradación creciente del suelo, abonados por un modelo de producción “mezquino”, caracterizado por bajos niveles de riego y fertilización y prácticas poco sostenibles. Por su parte, Roberto Bisang señaló la tensión territorial asociada al corrimiento de la frontera agrícola, que desplaza la actividad ganadera al norte del país con prácticas de engorde de animales inmovilizados con un alto impacto ambiental. Juan O’Farrell (Fundar) destacó la multiplicación de malezas resistentes y la contaminación con agroquímicos, como señales de agotamiento de las formas de producción agrícola imperantes. Feingold (INTA) recordó el incremento en el uso de glifosato, tanto agregado a escala nacional como por hectárea: de 3 litros por hectárea en 1998 se pasó a 15 litros por hectárea 20 años después.
Los objetivos de descarbonización son mencionados como uno de los vectores detrás de la necesidad y la urgencia de revisar las prácticas agrícolas. Los compromisos ambientales sellados en el Acuerdo de París, así como los crecientes requerimientos climáticos y ambientales para acceder a mercados externos, son algunos de los motivos detrás de esa urgencia, como explicó Verónica Gutman (Fundación Di Tella). La investigadora destacó que para que la Argentina cumpla con los compromisos de carbono neutralidad, la actividad agrícola-ganadera y la silvicultura, que explican el 27% de las emisiones de carbono locales, están llamadas a la acción. Se requerirán grandes aumentos de productividad sin expansión del área productiva, mejoras de eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados, deforestación cero (incluyendo el desmonte, que actualmente es considerada una práctica legal en el marco del ordenamiento territorial de bosques nativos). Para esto, además de los cambios productivos y tecnológicos, se necesitarán mayores regulaciones ambientales y ordenamientos territoriales más estrictos.
Un segundo vector es el de las reglas del comercio internacional y su relación con las nuevas demandas sociales. El desafío para el sector es cómo atender una demanda de alimentos creciente y potencialmente distinta. A nivel global existe una multiplicidad de estándares basados en categorías de impacto ambiental, análisis de ciclo de vida y emisiones de gases de efecto invernadero: como puntualizó Gutman, ya hay más de 450 eco-etiquetas y sellos de carbono neutralidad. Agregó también que hay que prestar atención a cómo el reciente Pacto Europeo Verde de la Unión Europea va a generar más condicionamientos comerciales en ese sentido.
¿Se trata de una forma de proteccionismo amparada en objetivos ambientales? Probablemente sí, señaló Gutman. Pero lo importante más allá de esa definición, agregó la investigadora, es definir una estrategia que contemple a estas nuevas condiciones comerciales, que son percibidas como una amenaza, pero también como una oportunidad. Lo que es una certeza bastante generalizada es que estas condiciones llegaron para quedarse. En ese sentido, Gabriel Delgado (IICA) apuntó que la industria agrícola es una de las pocas que puede capturar carbono y que hay que aprovechar y construir capacidades para los nichos de la agricultura del futuro, como la agricultura sin tierra, sin químicos, con trazabilidad de las huellas hídricas y de carbono. Señaló también que la biotecnología y las nuevas tecnologías digitales tienen mucho para aportar en esta dirección. Por último, Diego Gauna (INTA) argumentó que es importante diferenciar la agenda ambiental que necesita el país de la que necesita, por ejemplo, la Unión Europea, y recordó la importancia del concepto de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” respecto al cambio climático.
El desafío de la innovación
Cómo promover el desarrollo de soluciones innovadoras asociadas a la actividad agrícola, por un lado, y cómo acelerar su adopción, por otro, son dos cuestiones clave en torno al desafío de la innovación. Las llamadas “nuevas tecnologías”, como la biotecnología agrícola y las tecnologías de transformación digital, fueron protagonistas de la discusión por su potencial para traccionar estos procesos, así como por los desafíos que implican.
En ambas áreas la Argentina posee una masa crítica de capacidades y de oferta de tecnología con potencial para la innovación local y la exportación. Andrés López (IIEP-FCE-UBA/CONICET) señaló que en la Argentina hay 135 empresas que brindan servicios de Agtech, mientras que 50 empresas desarrollan y proveen equipos de agricultura de precisión. Por su parte, Lilia Stubrin (CONICET/CENIT-UNSAM) destacó que 17 centros de investigación en el país están abocados a la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Sin embargo, la aplicación y transferencia del conocimiento que generan para el desarrollo de soluciones tecnológicas específicas está lejos de ser automática. Cómo potenciar la transferencia de conocimiento científico al sector productivo, y al sector agrícola en particular, fue uno de los grandes desafíos identificados.
La articulación del ecosistema es un elemento central pero difícil de alcanzar en plenitud. Una novedad en el contexto local ha sido la emergencia de aceleradoras de empresas de base tecnológica. Daniel Schacchi, gerente de la Aceleradora Litoral, reflexionó sobre las problemáticas de convertir conocimiento en innovación y compartió tres casos de startups de biotecnología agrícola que están desarrollando soluciones de escala mundial en estrecha colaboración con el sistema científico. Sin embargo, cuando se trata de generar innovaciones no sólo los factores científico-tecnológicos gravitan. En el campo de la biotecnología agrícola encontramos que, aun contando con importantes actores locales públicos y privados con capacidades en mejoramiento vegetal, éstos tuvieron un bajo nivel de protagonismo en el campo de la innovación en eventos transgénicos en los últimos 25 años. Algunos datos son elocuentes: de los 62 eventos transgénicos solicitados en Argentina, solo tres fueron desarrollados por actores locales, como especificó Juan O’Farrell. La explicación hay que buscarla más allá de los factores estrictamente tecnológicos. Los mecanismos regulatorios y las dinámicas de mercado resultan decisivas en la concentración y extranjerización de este mercado, así como en la capacidad de actores locales para entrar. No obstante, como señaló Sergio Feingold, nuevas tecnologías, como la edición génica, abren nuevas ventanas de oportunidad para la innovación local, ya que son mercados que aún se encuentran “abiertos”, donde la complejidad y el costo regulatorio son todavía bajos.
Se señaló que los desafíos no se centran únicamente en la generación de innovaciones, sino también en la adopción. Lilia Stubrin ilustró sobre los bajos grados de adopción de soluciones de inteligencia artificial en el sector de maquinaria agrícola en Argentina, mientras que Andrés López destacó la dificultad de la difusión de tecnologías digitales en productores de menor escala. Acelerar esta agenda requiere de políticas específicas que, entre otras cosas, busquen “generar la demanda”, acercando los beneficios de las tecnologías a los potenciales usuarios y desarrollando en éstos capacidades de “absorción” para el uso de estas tecnologías. Al mismo tiempo, deben buscar modelar la oferta hacia las necesidades efectivas de los usuarios.
La construcción institucional
¿Qué hacer frente a este escenario? ¿Cómo abordar los desafíos y tensiones que presenta la transición hacia modelos productivos sostenibles? Una primera dificultad que debe considerarse es que la discusión sobre la agricultura del futuro excede lo sectorial y está atravesada por desafíos sociales, ambientales y tecnológicos. Por ejemplo, es necesario pensar en el rol socio-cultural de los pequeños productores y apoyarlos con políticas específicas, como señalaron Bert y Delgado.
En esa misma línea, para profundizar los niveles de inclusión es necesario avanzar en la discusión de las condiciones de empleo del sector y en la implementación de políticas para mejorarlas. Además de los altos niveles de informalidad y disparidad salarial, el sector enfrenta un desafío mayúsculo dado por la robotización y la disminución de la demanda de trabajo.
La ambiental es otra cuenta pendiente. Jobbagy y María Mercedes Patrouilleau (JGM-INTA) pusieron énfasis en la necesidad de políticas de transición hacia la sostenibilidad con la aceleración de la adopción de prácticas innovadoras que fomenten un modelo de tipo agroecológico. A futuro, la tímida emergencia de pago por servicios medioambientales y la difusión de la economía circular se mencionan como agendas promisorias. Entre las políticas tecnológicas, López y Stubrin señalaron la vacancia de programas que incentiven una mayor difusión de las nuevas tecnologías, que los usuarios conozcan más sobre los potenciales beneficios y que la oferta se adapte mejor a las necesidades efectivas de los productores y los contratistas.
Este panorama plantea varios desafíos a nivel político e institucional. ¿Cómo incorporar estas agendas a la política pública y a la construcción de instituciones, teniendo en cuenta la diversidad de intereses y objetivos? ¿El actual marco de políticas es adecuado?
Ante estas preguntas se identificaron iniciativas fundamentalmente en tres niveles: el financiamiento, el aprendizaje y la coordinación. Como señaló Diego Gauna, los problemas que enfrentamos no los va a resolver el mercado espontáneamente. Actualmente, los institutos públicos de ciencia y tecnología corren con desventaja respecto al sector privado en términos de recursos. Gauna le puso cifras a esta disparidad con un ejemplo más que ilustrativo: en 2020, las inversiones en emprendimientos de alimentos basados en plantas a nivel mundial fueron de US$ 2.300 millones, lo que equivale a la suma de los presupuestos nacionales de ciencia y tecnología de todos los institutos de investigación agropecuaria de América Latina.
Otro gran desafío es cómo asignar responsabilidades a través de las diferentes áreas del Estado, teniendo en cuenta que las agendas mencionadas atraviesan varios ministerios, desde Agricultura hasta Ciencia y Tecnología, pasando por Ambiente y la Cancillería, como señaló Gutman. Las experiencias de misiones productivas implementadas en algunos países desarrollados pueden servir para atender los problemas de coordinación. Como propuso O’Farrell, el objetivo de una agricultura sostenible puede funcionar como una misión detrás de la cual se organicen y converjan las políticas productivas y científico tecnológicas. Esto requiere, entre otras cosas, jerarquizar políticamente esta agenda, generar un proceso participativo y dotarla de los recursos necesarios.
Por último, un problema extendido es el de la discontinuidad de las políticas y la dificultad para consolidar e institucionalizar los procesos de aprendizaje. Como señaló Patrouilleau las políticas sirven cuando son capaces de desarrollar un ciclo de aprendizaje que pase por la puesta en agenda, el diseño, la implementación, la evaluación para hacer mejoras y aprender y volver a desarrollar políticas. En suma, atender a los desafíos que plantea el futuro de la agricultura será un proceso intensivo de construcción institucional que requerirá una dosis importante de creatividad y consensos.