Fotos: Anita Pouchard Serra y Alejandra Malcorra
—Muchas veces no sabemos dónde sentarnos: ¿somos funcionarios? ¿Somos sindicalistas? ¿Un rato somos dirigentes políticos? En realidad, somos todo eso.
Con esta frase, mencionada en el acto de unificación con Barrios de Pie, el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico ilustraba los dilemas de los movimientistas que llegaron al Estado. Esos dilemas se tornaron aún más dramáticos tras un año y medio de gobierno, período en el que parecen haber pasado de la esperanza a la ¿desilusión?
Foto: Anita Pouchard-Serra
“Nosotros vemos cómo va creciendo la decepción en un sector de nuestro pueblo -dijo Juan Grabois en abril-. No está claro cuál es el rumbo que marca el Gobierno.” Su espacio, el Frente Patria Grande, es una de las alianzas de organizaciones que apoya al gobierno y que ha colocado militantes en puestos estatales. Grabois, sin embargo, rechazó los cargos y lidera el espacio desde el llano.
Unos meses antes, el líder de la también afín al gobierno la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Diputado Nacional Juan Carlos Alderete había señalado que Alberto Fernández “se equivocó al sacar el cuarto IFE”. “Le decimos a nuestro Gobierno que hay que apurarse”, agregó.
La gran transformación
Para comprender el lugar desde el cual estas organizaciones se posicionan, hay que considerar su enorme evolución de los últimos años. Aquellos movimientos de desocupados que confrontaban al neoliberalismo noventista al grito de “piqueteros, carajo”, hoy se han transformado en gigantescas organizaciones sociales y políticas. “Cuando asumió Néstor, pedíamos planes sociales y comida. Y el gobierno nos dio planes sociales y comida; no teníamos una política de desarrollo”, recuerda Pérsico.
La foto de familia de las organizaciones es hoy muy distinta. Se han transformado en verdaderos movimientos todoterreno: asisten con alimentos en las barriadas populares, crean cooperativas de trabajo en ramas de las más diversas (textiles, reciclados, carpinterías o producción de alimentos), inventaron escuelas secundarias auto-gestionadas, articulan proyectos con organismos científicos (como la alianza entre el CONICET y el Frente Darío Santillán para fabricar barbijos); constituyeron un sindicato propio, la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), colocaron referentes en cargos de gestión e incluso tienen diputados/as en el Congreso.
En esta historia de crecimientos y conquistas, una destaca por su singularidad Mariel Fernández, del Movimiento Evita, que en 2019 se convirtió en la primera intendenta del populoso municipio bonaerense de Moreno.
De transcurrir “entre la ruta y el barrio”, tomando el título del pionero estudio de Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, hoy los movimientos pasaron a ser todoterreno: se manejan por los escarpados caminos de los ministerios, transitan las negociaciones de la realpolitik y posicionan a sus cuadros con herramientas del marketing político. Incorporaron experticias propias de la “rosca política”, ese oficio tras bambalinas que analizó con agudeza la socióloga Mariana Gené.
Posiblemente en función de dicho crecimiento han logrado muchos más cargos en el actual gobierno que en cualquier gestión anterior. Para el Frente de Todos, contar con el apoyo de este enorme sector significa hacerse con una de las llaves de la gobernabilidad de la siempre inasible sociedad argentina.
Foto: Anita Pouchard-Serra
¿Límites propios?
Si bien a primera vista se observan movimientistas en diversas carteras nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social sigue siendo -al igual que durante la década kirchnerista- el lugar donde más cargos han conseguido.
Esto presenta un primer interrogante: si han constituido un masivo sindicato y plantean poner el trabajo en el centro, ¿por qué siguen tan asociados al ministerio de la ‘asistencia social’? ¿Cómo es que no tienen mayor injerencia en los ministerios de Economía o de Trabajo? Algunos/as movimientistas consultados cuentan que no pidieron ocupar esas dos carteras al momento de negociar los cargos. De ser así, podría señalarse una suerte de auto-restricción por parte de los movimientos, que priorizaron espacios estatales desde los cuales asistir a las acuciantes necesidades de sus bases antes que donde se elaboran políticas públicas más estructurales.
Sin embargo, otros sí lo colocan como una demanda actual. “Tendría que existir un ministerio dedicado a elaborar las políticas para el sector desde la mirada de la economía popular”, dice Lucila de Ponti, Diputada evitista en Santa Fe.
Los movimientos parecen enfrentar una tensión entre las demandas particulares y las políticas universales. Esto puede ocurrir con cualquier actor llegado a la gestión desde un ámbito sectorial específico. Martín Rodríguez y Ana Natalucci retrataron ese conflicto “entre la representación directa y corporativa de la clase y la representación indirecta, política y mediada”, en un lúcido trabajo sobre Hugo Moyano. A dicho conflicto podríamos denominarlo el dilema del sindicalista-presidente: elegido por sus virtudes como defensor de intereses sectoriales, al ocupar la primera magistratura enfrentaría el desafío de hacer política para toda la sociedad sin priorizar a su grupo de origen.
Foto: Anita Pouchard-Serra
La presencia movimientista en el Congreso Nacional amplía sus posibilidades de elaborar políticas con miras universalistas. Aunque actualmente son siete los diputados/as que reconocen su proveniencia en los movimientos sociales, no todos coinciden en el perfil público de sus bancas. Para algunos, se deberían conformar visiblemente como un bloque de diputados de los movimientos sociales; para otros, eso implicaría generar una división al interior del bloque del Frente de Todos.
Estas estrategias divergentes reenvían a las diferentes “terminales” -en la jerga del mundo político- que tienen los movimientos. El sector de Grabois se referencia mucho más en la figura de la vicepresidenta y en el armado camporista de su hijo; el de Pérsico pivotea en el nunca del todo consolidado albertismo. Esas diferencias por momentos dejan traslucir viejos pases de facturas de los años macristas, cuando algunos movimientistas seguían apostando a Cristina Fernández de Kirchner, mientras otros pugnaban por reemplazarla.
Desde que son parte de la gestión algunos movimientos han enfrentado crisis y rupturas. El Movimiento La Dignidad se dividió en dos organizaciones. Barrios de Pie experimentó la salida de un grupo importante, referenciado en Victoria Donda; el espacio de Grabois sufrió la salida de un sector liderado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta; y al interior de la CCC se vivieron durante este año momentos de tensión entre sectores provinciales ávidos de cuestionar con dureza al gobierno y referentes nacionales que pedían morigerar las críticas.
Sumarse a un gobierno no es recostarse en un lecho de rosas. Lo llamativo es que todos los grupos y subgrupos derivados de estas rupturas continuaron apoyando esta gestión y siendo parte de ella.
Foto: Alejandra Malcorra
Tensionar para negociar
Las diferencias internas son dejadas de lado en algunas coyunturas para unirse en pos de las reivindicaciones de sus bases. El año pasado los referentes movimientistas fueron críticos con el desalojo de la toma de tierras de Guernica, aunque focalizaron sus cuestionamientos en el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni y evitaron mencionar al gobernador Axel Kicillof. Este año convergieron nuevamente en las críticas a la Tarjeta Alimentar. Cuestionaron, entre otras cosas, que el dinero no se transfiera de manera directa a la cuenta de las beneficiarias y que se haga por medio de una tarjeta, lo cual –sostienen- beneficia a los grandes supermercadistas. “¿Cómo se va a implementar esta política si los almacenes de la Economía Popular no tenemos Posnet?”, dice Dina Sánchez, de la UTEP.
¿Pero cuál es el trasfondo de las controversias en torno a la política estrella de la cartera que conduce -en estado de auditoría permanente- Daniel Arroyo? Se pueden identificar tres grandes nudos: quién elabora la política, cómo se reparten los recursos y cómo se construye una estrategia de poder propia.
El primero reenvía al debate sobre dónde se toman las decisiones y quién las ejecuta. La Tarjeta Alimentar “se decidió en una oficina”, cuestionó Grabois y sugirió que los funcionarios desconocen el mundo social de los de abajo. Entre los movimientistas, por momentos resurge una deslegitimación de la política profesional a la que acusan de “desconocer el territorio”. ¿Cuál sería entonces la clave para que las políticas públicas respondan a las necesidades populares?
Para el Movimiento Evita se trata de ‘llenar de negros el Estado’. Para La Cámpora pareciera ser que hay que ‘llenar de cuadros’ el Estado; para Cambiemos fue ‘llenarlo de CEOS’. Sin embargo, y por decirlo al modo de Augusto Monterroso, cuando los tres se despertaron el Estado seguía allí. Al final del día, una dependencia estatal del conurbano profundo donde se tarda horas en ser atendido no le hace honor a la idea de justicia social.
El segundo nudo se refiere a los recursos. El acceso a las arcas estatales suele ser el comodín para estigmatizar a los sectores populares cuando quieren hacerse un lugar en la política. A las organizaciones sociales incorporadas durante el kirchnerismo se las acusó de sumarse al gobierno a cambio de recursos, pero los estudios empíricos luego demostraron que el acceso que tuvieron a los “fierros estatales” fue marginal. Aun así, está claro que los fondos para la Tarjeta Alimentar podrían ir a otros proyectos dedicados a generar trabajo, donde los movimientos tienen actualmente mayor injerencia. Para un funcionario de la Provincia de Buenos Aires afín a La Cámpora, en el affaire Tarjeta Alimentar “parte del enojo está vinculado con quién administra esos fondos. No creo que sea la única discusión, pero creo que está presente en sordina”.
El tercer pilar de este conflicto puede pensarse en términos más estratégicos y de mediano plazo. La disputa de meses atrás entre La Cámpora y el albertismo por las tarifas de energía dejó algo desdibujadas a las organizaciones sociales en el debate público. Levantar el perfil criticando al gobierno les permitió posicionar su voz en los medios, otro aprendizaje que han incorporado los movimientos todoterreno.
De todos modos, hay un aspecto de la crítica que genera un gran interrogante: considerando las necesidades urgentes relativas al hambre en el país, ¿las bases de estas organizaciones también están en contra de la Tarjeta Alimentar?
Foto: Anita Pouchard-Serra
Tres caminos, una lista
Julio fue el mes de gastar los últimos cartuchos para llegar de la mejor manera al cierre de las listas para las elecciones legislativas. Los tres espacios más importantes de los movimientos que apoyan al gobierno optaron por estrategias diferentes.
Semanas atrás, en un teatro porteño poblado de ministros y sindicalistas que incluyó un saludo grabado del Presidente de la Nación, el Movimiento Evita y Barrios de Pie dieron un paso trascendental: lanzaron un proceso de unificación entre las dos organizaciones. De concretarse, se convertirían sin dudas en la organización social más grande del país y quizás también de la región.
El sector de Grabois, por su parte, optó por una campaña de fuerte contenido ideológico. Bajo la consigna “Argentina: de ellos o de todos”, graficada con fotos de grandes empresarios y logos de empresas líderes, plantearon que era “hora de avanzar” afectando intereses de los poderes reales. Sostuvieron que se debía recuperar el contrato electoral de un frente que ganó prometiendo poner “primero a los últimos”.
La CCC optó por el tradicional método de la movilización: realizó cerca del cierre de listas una Jornada Nacional de Lucha en todo el país, donde exigieron entre otras demandas el “urgente aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.
Mostrar unidad, mostrar contenido y mostrar calle fueron tres caminos para visibilizar la fuerza de la Economía Popular de cara al cierre de listas que, sin embargo, tuvo un magro resultado.
La entente Evita-BdP pudo posicionar un candidato a diputado nacional por la PBA pero recién en el puesto 16, es decir en el umbral de lo que se considera un cargo expectable; lo mismo ocurrió con la referente que ubicaron en la lista de la CABA. A la vez, generó controversias su participación en las listas del peronismo antikirchnerista (como en Córdoba y Santa Fe). Es muy probable que esta estrategia de negociación con tanta independencia entre las provincias haya debilitado su desempeño en distritos de resonancia nacional como la provincia de Buenos Aires.
Tampoco fue buena la performance de los conducidos por Grabois, que lograron ubicar algunas militantes en las listas porteña y bonaerense, pero también en puestos no expectables. Como compensación -probablemente insuficiente-, negociaron que en diciembre se efectúen algunas renuncias para que asuman sus bancas militantes que habían quedado lejos en las listas de 2019. La CCC tampoco logró resultados significativos en las listas, aunque muestran alguna presencia importante a nivel municipal como en La Matanza.
¿La magra cosecha de candidaturas se explica únicamente por la cerrazón histórica de los políticos profesionales hacia los candidatos movimientistas? ¿O hubo también errores de los movimientos en la estrategia de negociación?
Entre los referentes consultados hay distintas miradas. Algunos creen que este cierre de listas confirma que los movimientos deben plantearse con más agresividad una estrategia electoral propia; otros, que es necesario ubicarse de manera más directa bajo el ala de quien maneja la lapicera. En ambos casos, consideran que no fueron suficientemente retribuidos, lo cual augura una reformulación de sus estrategias electorales.
Foto: Alejandra Malcorra
Lo que vendrá
En diciembre se cumplirán dos décadas desde el estallido social de 2001. Veinte años después, hay dos imágenes que parecen destinadas a un eterno retorno: las organizaciones sociales vigentes y la economía rota.
Además, el camino que resta de aquí a dicho aniversario no parece auspicioso. La pobreza alcanza al 57% de los menores de 14 años. La inflación es mayor a la esperada y el consumo de carne, aquella “promesa peronista de reparación de los agravios del pasado”, como la describió el historiador Roy Hora, está en sus niveles más bajos en mucho tiempo.
Nunca será suficiente insistir en que sin los movimientos populares, sin sus redes de contención social y laboral, todo este escenario sería mucho más trágico.
Es cierto que la inesperada pandemia trastocó los planes del Ejecutivo. Pero el Covid-19 comienza a agotarse como carta justificativa de los malos resultados. Sobre todo ante organizaciones que han desarrollado un significativo volumen y deben responder ante quienes sufren de manera directa el deterioro social.
Ya despejadas las dudas sobre las candidaturas de este sector, el delicado cuadro social y las tensiones al interior del gobierno transforman el porvenir de los movimientos en un laberinto dilemático: si levantan el tono crítico en defensa de su base social se resienten las relaciones con sus socios del Frente de Todos. En caso de no realizar críticas, sus bases pueden hacerles sentir la falta de representación migrando a movimientos opositores, o quitándole el voto al gobierno en las legislativas.
En ese escenario, y tomando las palabras de Paula Abal Medina, ¿cómo atenderán al ‘momento sindical’ sin obviar el ‘momento político’? Si el cuadro económico no mejora, ¿justificarán su pertenencia al FdT hasta el final del mandato o romperán su alianza con el gobierno?
Los movimientos todoterreno saldrán fortalecidos de la actual experiencia estatal sólo si logran respuestas virtuosas e innovadoras a dichos interrogantes.
Fecha de publicación: 4 de agosto de 2021