Entre fines del siglo XX y principios del XXI, con la llegada de gobiernos progresistas o nacionalpopulares a la cabeza del Estado en distintos países de la región, el rol político de los conglomerados mediáticos pasó a estar en el centro del debate público. En ese marco, los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela coincidieron en nombrar, en diferentes momentos, a los grandes grupos mediáticos como sus principales opositores políticos. Al hacerlo, colocaron en la disputa pública, por encima de sus principales adversarios institucionales –los partidos políticos opositores–, a ciertas empresas mediáticas.
Sin embargo, ese diagnóstico compartido ante mercados mediáticos altamente concentrados (Becerra y Mastrini, 2009), no implicó que sus políticas y estrategias comunicacionales fueran similares. Más allá de acuerdos discursivos, las cuestiones de medios y política fueron tramitadas, y se estructuraron, a escala nacional.
Aquí analizaremos los dos primeros gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Es decir, la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) y la de José Mujica (2010-2015). Para eso, proponemos una historización de los vínculos entre medios y política en Uruguay durante esa década. Este artículo surge de una investigación más amplia1 y toma elementos de 35 entrevistas2 realizadas con actores directamente involucrados en esa relación –periodistas, políticos, dueños de medios, académicos– e informantes clave, así como de observaciones de campo y de diversas fuentes documentales.
Intentamos explorar lo distintivo del caso uruguayo en el contexto regional, así como explicar por qué no hubo cambios radicales en las reglas del juego por definir la escena mediática entre el gobierno y los conglomerados comunicacionales. Para eso, postulamos, hay que explorar cómo se negociaron las escenas mediáticas.
Medios y política en Uruguay
Como dijimos, en la última década y media en Sudamérica cambió la manera en que se problematiza públicamente la cuestión mediática: los medios dejaron de ser solo escenarios del debate público y se volvieron también objeto de él.
Los problemas de medios y política son coconstruidos entre diversos actores sociales. Sin embargo, en función de lo observable en los países nombrados anteriormente, entendemos que hay dos actores principales: por un lado, los gobiernos y, por el otro, los grandes grupos mediáticos privados. En ese marco, hubo una negociación en la que, en función de su relación de fuerzas, ambos actores intentaron imponer sus condiciones en el juego de persuasión mutua entre políticos, empresas de medios y periodistas por definir las escenas mediáticas.
Uruguay padeció a principios del siglo XXI una crisis política, social y económica que puso en jaque la representación política anterior que había aplicado las reformas neoliberales. No obstante, a diferencia de lo que sucedió en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela (Kitzberger, 2012), esa crisis no fue asimilada a una crisis simbólica de los medios tradicionales. Sí hubo críticas desde ciertos sectores vinculados a organizaciones de la sociedad civil y del Frente Amplio contra ellos, pero no se sostuvieron en el debate público masivo.
La interpenetración existente entre campo mediático y campo político (Champagne, 1990), hace que entren en tensión distintas lógicas de interpelar a la ciudadanía como sujeto de la soberanía democrática (Vommaro, 2008a). En este caso, dos: las de la política institucional y la de los medios y sus periodistas. Si olvidáramos las interacciones múltiples que existen entre ambos mundos, podríamos suponer que en la escenificación pública los medios informativos son los encargados de la representación de la realidad y los gobernantes los de la representación política de la ciudadanía. No obstante, ¿cómo decidir las acciones de gobierno sin una definición de la realidad? ¿Cómo mostrar la realidad sin representarla políticamente? Esta tensión es inherente a las sociedades democráticas, pero en esta última década y media ha sido central en algunos países de Sudamérica en las que la representación de la realidad y la de la ciudadanía se han solapado de manera que la equivalencia entre una y otra ha generado, en ciertos casos, casi un juego de suma cero. Así, consumir un medio u otro implica representaciones radicalmente diferentes sobre la realidad, pero también sobre la política. Un fenómeno realimentado por los usos sociales de los medios digitales en los que la información se fragmenta (Boczkowski y Mitchelstein, 2013) y circula por “barrios” que no se cruzan (Calvo, 2015). Ahora bien, este solapamiento explica en parte casos como el argentino o el ecuatoriano, pero no el uruguayo.
Los distintos gobiernos coincidieron en problematizar públicamente desde un primer momento el lugar de los grandes medios privados como actores políticos, aunque intentaron evitar cambios radicales en las reglas del juego y no afectar la propiedad de esos medios. La estrategia de los gobiernos, como muestra Guerrero (2010) para el caso mexicano, tuvo que ver con que, desde Estados fragmentados y ante conglomerados mediáticos de gran peso sobre la escena pública, los gobiernos intentan congraciarse con los poderes comunicacionales. Tener a esos medios de grandes dimensiones económicas y de gran éxito de audiencias no como adversarios, sino como enemigos, implicaba, en sus cálculos, una desventaja en la disputa cotidiana por la definición de la escena pública y un gran costo político.
Esa relación se sostuvo así hasta que hubo puntos de ruptura a partir de los que los gobiernos consideraron que no podían negociar su aparición en las escenas mediáticas de maneras aceptables para ellos y que para asegurar la gobernabilidad debían cambiar su relación con los medios. Estos momentos de inflexión fueron el golpe de Estado en Venezuela en 2002, el llamado “conflicto del campo” en Argentina en 2008, las disputas por una nueva Constitución en Bolivia en 2009 y el levantamiento policial en Ecuador en 2010.
Esa ruptura entre gobiernos y medios de comunicación privados que se dio en esos cuatro casos, no existió en el caso uruguayo. Ahí la intensidad del conflicto fue moderada y tanto el primer gobierno de Vázquez como el de Mujica consideraron que lograron negociar su aparición en las escenas mediáticas de manera aceptable. En este artículo nos proponemos demostrar que –antes que con méritos de los líderes o con diferencias entre izquierda populista y no populista– eso se relaciona con la estabilidad del sistema político y del sistema mediático uruguayos, con el peso de los partidos políticos y del Estado, así como con la legitimidad con la que cuentan las figuras políticas para las culturas periodísticas uruguayas.
El sistema mediático uruguayo
Para definir sistemas mediáticos nacionales de manera comparada la obra de Hallin y Mancini (2004) es una referencia ineludible. Los autores crearon una tipología para explicar la relación entre medios y política en Europa, Canadá y Estados Unidos.3 Si bien ese trabajo no tiene una traducción inmediata a otros contextos nacionales (de Albuquerque, 2013; Hallin y Mancini, 2012), permite identificar dimensiones a tener en cuenta y en él nos inspiramos para hacer una propuesta que caracterice al sistema mediático uruguayo, y al de los otros países sudamericanos que nombramos.
El sistema mediático es la base sobre la que se da la negociación de las escenas, ya que el vínculo entre los gobiernos del Frente Amplio y los grandes grupos mediáticos uruguayos está histórica y territorialmente situado.
En ese marco, indagamos en tres dimensiones para definir el sistema mediático nacional uruguayo.
La primera, la estructuración del campo político, en función del peso relativo del Estado y la relevancia de la mediación partidaria.
La segunda, la estructuración –actual e histórica– de las principales empresas de medios y la estabilidad en su línea editorial.
La tercera, las culturas periodísticas. Interesa ver la relación del periodismo con el campo político, haciendo hincapié en los valores profesionales y las vías para notabilizarse dentro de la profesión (Vommaro y Schuliaquer, 2014).
Estructuración del campo político
Comparado con otros países de la región, el Estado uruguayo tiene un poder relativo mayor. Para empezar, porque el neoliberalismo en Uruguay tuvo baja intensidad: la centralidad del Estado para la organización de la vida social no se modificó con la radicalidad de otros casos. Más aún, cuando en la década del noventa comenzó el proceso desregulador, en un referéndum –convocado, entre otros, por el Frente Amplio– los uruguayos votaron contra las privatizaciones (Waksman, 1993). Con lo cual, las empresas públicas más importantes quedaron en manos del Estado (telefonía móvil y fija, electricidad, petrolera, entre otras) lo que redunda en que este cumple un rol central como anunciante (Buquet et al, 2012).
Al mismo tiempo, en Uruguay el mercado es –a escala relativa– pequeño. En ese marco, más allá de que hay actores mediáticos de gran peso, el Estado cumple un rol clave: los protege de la entrada de competidores extranjeros a partir de leyes y regulaciones.
Al peso del Estado se suma la centralidad de los partidos políticos para estructurar las preferencias políticas de la población. A diferencia de lo que sucedió en otros países de la región, la crisis de principios de siglo no implicó una crisis generalizada de los partidos, la aparición de nuevas fuerzas políticas, ni la renuncia del presidente que estaba por entonces, sino una crisis de legitimidad del Partido Colorado, que era el que gobernaba. Para cuando se produjo la salida de la elite política anterior, el Frente Amplio tenía 34 años. Con lo cual, del sistema de partidos surgió la alternativa que llegaría al gobierno. Desde entonces, el progresismo uruguayo ganó todas las elecciones presidenciales, pero los principales articuladores de su oposición siguieron siendo los otros dos partidos mayoritarios: el Blanco y el Colorado. Si en las últimas décadas se dio, en varios países del mundo, una pérdida de la centralidad de los partidos como aglutinadores de voluntades colectivas de grupos diversos (Laclau, 2008), así como la aparición de otras instituciones que logran articularlas –entre ellas, los medios de comunicación–, en el caso uruguayo eso no pasó.
El Frente Amplio es una coalición, o un partido con facciones (Lijphart, 2012). Varias de sus decisiones desde el gobierno –sin por eso negar la autonomía de los presidentes, que existe y es muy fuerte– surgen de la negociación entre tendencias diversas sobre temas en los que muchas veces no están de acuerdo. La regulación mediática es uno de ellos.
En el caso uruguayo tenemos, entonces, un Estado fuerte y partidos fuertes. Pasemos a la segunda dimensión: a la estructuración de las empresas mediáticas de mayor dimensión y a la estabilidad de su línea editorial.
Estructura mediática y línea editorial
Uruguay no tiene un gran grupo mediático nacional, pero tiene a los llamados “Tres grandes”: los grupos titulares de los canales 4 (Romay), 10 (De FeoFontaina) y 12 (CardosoScheck). Desde las primeras transmisiones de la televisión abierta –en los 50 y 60–, estas empresas obtuvieron licencias que sumaron a las propiedades que ya tenían en radios y gráfica. Es decir, los actores preponderantes lideran el sistema mediático uruguayo desde hace más de cinco décadas.
La arqueología de las empresas mediáticas en la región muestra lazos cercanos entre Estado y mercado y que las empresas tuvieron un rol central en las políticas de comunicación (Waisbord, 2013). Esto se vio en Uruguay desde el principio, en los vínculos entre los gobiernos que otorgaron las licencias –ligados al bipartidismo que gobernó hasta 2005– y las empresas que fueron beneficiadas. Esto se volvió a ver en los años noventa en la manera en que las grandes empresas mediáticas latinoamericanas fueron beneficiadas ante los escenarios comunicacionales que se abrían (Fox y Waisbord, 2002). En el caso uruguayo, en el negocio del cable, donde los grupos que conforman los “Tres grandes” son socios en todo el país y, como marcan Lanza y Buquet (2011), actúan “cartelizados”. A su vez, controlan el 95,5 por ciento del mercado de la televisión abierta (medido en audiencia y publicidad), aunque sus mayores ingresos, en el balance contable, no vienen de esos medios –que son los que les dan más peso sobre la agenda pública–, sino de sus empresas de cable.
Otro actor fundamental del ámbito mediático uruguayo es el diario más leído de Uruguay: El País. Surgido del seno del Partido Blanco, aun hoy sus directivos reconocen su vínculo ideológico con ese partido, que también se explicita desde las firmas: en función de quiénes son sus dueños y sus editorialistas. El País formaba parte de los “Tres grandes”, pero, luego de una crisis de la empresa, sus dueños desinvirtieron en otros medios y se focalizaron en el diario. Así, de manera paulatina, a partir de 2002 disminuyeron su presencia en Canal 12.
El panorama breve de la estructura mediática uruguaya incluye a la empresa estatal Antel que es líder, y casi única oferente, en el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, el Estado es el principal actor en uno de los negocios más rentables y en aquel con mayores potencialidades para las empresas mediáticas.
Culturas periodísticas
Según aseguran distintos periodistas uruguayos, en su país prima un “periodismo de declaración”. En él, las figuras políticas ocupan un lugar central en la escenificación mediática de la realidad ya que son ellas quienes declaran y los periodistas son quienes se preocupan por conseguir esos testimonios. En ese marco, aunque de manera informal, los noticieros centrales y los diarios suelen tener, en sus prácticas, cuotas de aparición reservadas a cada uno de los tres partidos principales.4
Este periodismo de declaración se diferencia del de investigación. En este último, que es dominante en lugares como Argentina para notabilizarse dentro del propio campo, prima una sospecha articuladora en la que el periodista es fiscal y contralor de “los políticos” (Vommaro, 2008b). Se trata de una política de la búsqueda de transparencia (Pereyra, 2013), en la que los medios actúan como watchdog del Estado y los políticos. Por el contrario, el periodismo de declaración se considera un mediador, que está un paso detrás de los “legítimos representantes de la ciudadanía”. Eso implica, por un lado, que el periodismo uruguayo depende más de las fuentes políticas que el de otros países y, por otro, que para notabilizarse dentro del campo el acceso privilegiado a figuras jerárquicas del gobierno tiene mayor relevancia.
La negociación de las escenas
¿Por qué no hubo, en el caso uruguayo, una ruptura radical en las reglas de juego de la negociación de las escenas mediáticas como sí se dio en otros países de la región?
Proponemos tres respuestas.
La primera es que, en términos de fuerza relativa, el poder del Estado –por su peso económico, por su presencia en las telecomunicaciones y por la protección ante la entrada de capitales extranjeros, entre otras cosas–, es claramente mayor al de grupos mediáticos que, además, están menos unidos que antes. Por lo tanto, los gobiernos tienen más posibilidades de imponer sus condiciones.
La segunda es que los gobiernos logran negociar las escenas mediáticas de manera que se sienten respetados y, a diferencia de lo que pasó en otros países, no sienten su gobernabilidad amenazada. En tanto, los grupos mediáticos lograron negociar las políticas de regulación y preservar el statu quo. Ante ese panorama, ningún actor tiene interés en romper la relación que se coconstruye entre varios actores. Al mismo tiempo, la estabilidad de los actores políticos y mediáticos permitió que la crítica pública del gobierno a los medios y de los medios al gobierno se inscribiera bajo parámetros coherentes con la historia de interacciones entre ellos. Así, el señalamiento de varios de los medios comerciales como adversarios ideológicos al Frente Amplio fue en línea con la narrativa de ese partido y la línea editorial de esos medios –muchas veces opositora al gobierno– fue también coherente con la manera en que trataban antes a esa fuerza política.
La tercera es que, más allá de la diferencia ideológica entre el Frente Amplio y la mayoría de los grandes grupos mediáticos privados uruguayos, para la cultura periodística dominante los políticos son los legítimos representantes de la ciudadanía y aquellos a los que hay consultar para dar sentido a, y definir, los problemas de la coyuntura. Al mismo tiempo, la selección de los principales líderes la hacen los partidos políticos que, como marcamos, son los principales estructuradores de las preferencias políticas de la población. Este “periodismo de declaración” permite que la tensión entre la representación de la realidad y la representación política de la ciudadanía se solape menos que en otros países y que políticos y periodistas establezcan mayores alianzas de mutua conveniencia (y no de competencia).
1. Es fruto de una tesis doctoral en curso, financiada por el Conicet, sobre políticas de comunicación y comunicación política en Argentina (20032015), Bolivia (20062015) y Uruguay (20052015), que se realiza entre la Sorbonne Nouvelle y la Universidad de Buenos Aires.
2. Las entrevistas se realizaron en estancias de trabajo de campo en Montevideo en febrero de 2013, julio de 2013 y julio de 2014 y son utilizadas en otros artículos también.
3 .Esas cuatro dimensiones son: 1. El desarrollo de mercados de medios de comunicación. 2. El paralelismo político. O sea, si cada medio se identifica con una fuerza política. 3. La profesionalización del periodismo. 4. La intervención del Estado en los sistemas de medios.
4. Esto se da incluso en talk shows de la tarde: no es privativo de las culturas periodísticas. El programa Esta boca es mía, magazine emitido por Canal 12, cuenta con cuatro panelistas. Cada uno de ellos fue elegido por su afinidad con un partido político diferente (Blanco, Colorado, Frente Amplio e Independiente).
*Este texto es un fragmento del capítulo "¿Quién domina la escena?", de "Titulares, hashtags y videojuegos".