Ilustración: Sebastián Angresano
En la política actual se suele identificar la limitación de posibilidades con un problema de comunicación. Es un malentendido que ciertamente trasciende a la política, pero quizás en ningún otro campo sea tan riesgoso y significativo. Esta clase de equívoco sobrevino con un cambio tecno-social de alcance planetario que no tiene antecedentes y que aún está lejos de culminar. El laborioso y resistido tránsito por ese purgatorio epocal es un reflejo de las dificultades que representa para la modernidad tardía asimilar una mutación cultural que, aún cuando es vasta y diversa, se tiende a identificar con las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC). Mientras tanto, a la espera de un horizonte de sentido más claro, se ha conformado una idea tan extendida como errática de la comunicación, una opacidad semántica en la que se funde y confunde un sinnúmero de vocablos tecnológicos que, debido a su carácter innovador y su escaso respaldo experiencial, todavía cuesta distinguir, explicar, y aplicar apropiadamente. En la vida doméstica esto se sobrelleva con tanteos, intercambios y verificaciones prácticas que ayudan a definir el uso y el alcance de la terminología emergente. Pero en la arena política adquiere una dimensión y una implicación diferentes.
Es importante recordar que esta transformación sucede en el mismo tiempo que la política atraviesa su propio proceso de resignificación. Entre otras cosas, por el agotamiento de una idea de sociedad cuyo sentido y orden emanaban del Estado-nación, y que hoy se extravía frente a la globalidad, la financiarización desregulada, y el policentrismo social. La caducidad de ese universo categorial se manifiesta, entre otras cosas, en el hiato que se abrió entre la teoría política y la nueva gramática social; en la interpelación que actualmente padecen los sistemas de representación; en la emergencia de alternativas de sentido y legitimidad (como las identidades religiosas) que trastocan la idea de ciudadanía que antes detentaba el Estado-nación. Esta situación, sin resolución a la vista y en sintonía con lo que necesita el poder económico, erosiona las estructuras partidarias, vulnera la dinámica democrática, y reduce el horizonte político a coyunturas y urgencias donde el interés común muchas veces queda eclipsado por los intereses particulares o las presiones externas.
En este contexto, y como un rasgo que complejiza aún más la escena pública, los conflictos sociales se fueron desplazando cada vez más hacia las redes de información y comunicación. Esto reformuló el carácter que históricamente habían tenido los espacios públicos y surgieron territorios novedosos e imprevisibles en los que se incubaron acciones colectivas que demostraron una temeraria capacidad de afectación. Son espacios virtuales y contingentes, pero a la vez manifiestos y pedestres, en los que se exploran variantes de un poder alternativo que rehúye las intermediaciones tanto como los liderazgos y las delegaciones. Sobre la base de un hartazgo real, estos emergentes sociales suelen utilizar las prestaciones que ofrecen las herramientas interactivas para promover la democracia directa y enaltecer el poder ciudadano como una manera de contrarrestar el peso de las corporaciones políticas profesionales. Sin embargo, muchas de estas iniciativas, de corte autonomista, se fundan en creencias discutibles (que merecen un debate mejor que el que se le puede dar en esta nota), como la de suponer que hay un poder ciudadano llamado a ejercer su autoridad por sobre “la clase política” y a impedir su reificación, que ven encarnada en la maquinaria estatal. Como si la política partidaria fuera una expresión hipertrófica de lo común y el Estado la negación de la autonomía social. Todo esto contribuye a generar una mayor inestabilidad en el campo político que, en el afán de recuperar su fatigada credibilidad, se vuelca cada vez más hacia la “nueva comunicación”.
Ahora bien, ¿puede la ingeniería comunicacional modificar la limitación de posibilidades que afectan el campo político? Quien así lo considere, desconoce o no entendió el mantra que recita Manuel Castells en cada una de sus conferencias y que, de manera fundamentada, dice: la comunicación no es un poder en sí mismo, sino el territorio donde se juega el poder[1]. Dicho de otro modo: no es la comunicación la que nutre de sentido a la política, sino al revés. Mal puede entonces el campo de la política subordinar su carácter decisionista a las exigencias de las técnicas comunicacionales. Sin embargo, la imagen salvífica que se construyó de la “nueva comunicación” y la impotencia de un campo que viene cediéndole sus competencias al poder económico, llevaron a muchas estructuras partidarias a pensar que ése es el territorio en que van a resolver su desenganche con la calle. Sin advertir que con ese pase de mano se resigna una presencia —y una escucha— decisiva en el territorio. Más aún: se cede la iniciativa política a una comunicación cada vez más atolondrada y compulsiva, que no tiene ningún reparo en instrumentalizar la vida política y someterla a montajes escénicos donde domina lo artificioso, lo inverosímil, lo moral. Eso tal vez sea apropiado para figuras como Macri, Piñera, Temer, Capriles, Trump o Rajoy, que ejercen una política de tipo empresarial. Pero de ningún modo para partidos políticos con tradición representativa o para quienes pretendan articular con sectores populares y vulnerables.
El rol de la política en “la nueva comunicación”. En “la nueva comunicación”, la distancia con las vivencias cotidianas no es un problema. Por eso Durán Barba dice y exhorta: “Más que comités, necesitamos manejar bien las redes sociales”, porque “la gente está cansada de las ideologías y de los políticos”. En este esquema la política deviene una urdimbre de intrigas palaciegas al estilo de House of card[2], completamente fuera del alcance de los ciudadanos de a pie, que deben conformarse con el rol de meros espectadores; o, en el mejor de los casos, con ser convocados para demostrar su responsabilidad social ahorrando energía[3]. Es decir, en las antípodas de una política que se nutre de sentido social en el entre de las relaciones sociales e institucionales.
En “la nueva comunicación”, la política se suplanta por discursos motivadores y frases sensibles donde priman los imperativos morales que cimentan el sentido común. Y los opositores se reducen (anche disciplinan) con ejércitos de trolls operando y manipulando la información en las redes sociales, como cuando tuitiearon miles de mensajes en contra de los científicos que reclamaban frente al CONICET, o como cuando embistieron contra Tinelli por sus satirizaciones mediáticas del presidente. Bajo esta idea de las cosas, la realidad es una creencia mediada por estigmatizaciones y emociones que no necesitan correspondencia con los hechos ni las experiencias de la vida cotidiana.
Cederle, pues, la iniciativa política a esa “nueva comunicación” significa insistir precisamente en aquello que malogró la política. Peor aún, significa renunciar a lo que es propio de las plataformas interactivas y que sí representa un nuevo modelo comunicacional. Porque, a contramano de quienes las utilizan —y las presentan— como si fueran versiones actualizadas de los massmedias, las plataformas interactivas se caracterizan por:
1] generar una ampliación de la escucha
2] favorecer el intercambio de argumentos
3] recolectar y viabilizar propuestas
4] establecer acuerdos ubicuos
5] promover acciones conjuntas
Es decir, todo aquello que naturalmente nutre a la política pero —esta vez— a través de dispositivos interactivos que devinieron en instancias enriquecidas de accesibilidad, visibilidad, inclusión, legitimación y democratización.
En este sentido el hashtag #NiUnaMenos es un ejemplo elocuente y clarificador de lo que es y puede la verdadera nueva comunicación. Porque abrió la interacción y la argumentación a una “autocomunicación de masas” que produjo hechos y tuvo derivaciones realmente importantes. Y porque, fundamental, configuró su accionar en un registro político acorde a la dinámica y el potencial de la nueva esfera pública. Por eso el paro nacional de mujeres del 19 de octubre pasado —a contramano del imperio de la posverdad—, fue uno de los acontecimientos políticos más efectivos, relevantes y de mayor proyección internacional de los últimos tiempos. No sólo porque demostró el alcance que tiene la operatoria reticular en el contexto de la nueva gramática social, o porque presenta una alteridad irreductible a la cultura patriarcal; sino porque, además, aparece como una instancia que en cierto modo trasciende —y no es poco— a los movimientos “occupy” y de “indignados” que hasta el momento habían demostrado más poder destituyente que instituyente.
No se puede, entonces, subordinar la acción política a una lógica comunicacional que, como parte de una estrategia de colonización mayor, pretende negar la interacción. Sobre todo porque en la interacción que permite la tecnología actual entre quienes “no tienen más títulos para gobernar que para ser gobernados”[4], se encuentra la posibilidad de incubar y proyectar las expresiones más elaboradas de lo común.
[1] Ver Castells sobre los “Medios de Auto-comunicación de Masas” https://youtu.be/FgqxVMMJ9-w
[2] Sería interesante analizar el predicamento de la concepción política que promueve Netflix, como intrigas palaciegas y ambiciones personales de poder, sin construcción colectiva alguna.
[3] Esto debe entenderse como la delegación de una responsabilidad que comparten el Estado y las empresas proveedoras de energía; lo cual, hablando en criollo, significa diluir la carga de la culpa en el caso de que los cortes de luz continúen.
[4] Rancière, Jacques, El odio a la democracia, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2007