Fotos: DyN
La enorme reacción generada por la desaparición del artesano Santiago Maldonado en la represión a una comunidad mapuche tal vez se esté por cobrar una nueva víctima: la Gendarmería Nacional Argentina. Al menos su imagen institucional, trabajosamente construída desde la década de 1990, por la cual se consiguió cubrir—o asordinar—su decisivo papel en la militarización de la seguridad interior.
La de Maldonado no es la primera desaparición forzada en democracia por parte de una fuerza de seguridad (1), pero afecta como nunca antes la imagen de una fuerza que hasta no hace mucho tiempo gozaba de cierto prestigio –entre distintos sectores políticos y sociales- por controlar o contrarrestar a las policías corruptas, por sus peritajes forenses, su efectividad para despejar cortes de ruta o su participación en misiones humanitarias.
El despliegue de una operación militar abrumadora en la Patagonia, con abundancia de armas largas y uniformes verdes; la relativa impunidad con la que se llevó a cabo, no sólo la desaparición forzada sino las tácticas de encubrimiento y protección institucional, y la aplicación de categorías esigmatizadoras (terroristas, guerrilleros, indios, incluso “hippie”, son emergentes de un trauma colectivo que no cesa de operar.
Uno de los consensos de la restitución democrática iniciada en 1983 fue limitar el poder de los militares para evitar que intervengan en la política. Para ello se juzgó a los jefes militares que actuaron entre 1976 y 1983, se procuró su control civil, la reducción de su fuerza material y, sobre todo, la prohibición legal de manejar hipótesis de conflicto interno según las leyes de Defensa (1987) y de Seguridad Interior (1992). Los militares no podían actuar en la represión de delitos y movilizaciones o realizar actividades de inteligencia sobre población civil. Sin embargo, desde mediados de la década de 1990 se tornó habitual que la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad con doctrina, organización y capacidad militar cuya principal función histórica era la custodia de las fronteras, fuera llamada para intervenir en la represión de conflictos representados como una amenaza al propio estado: cortes de ruta por parte de piqueteros, la autonomía delictiva de las policías, los atentados terroristas a instituciones de la colectividad judía o la represión del narcotráfico.
Su actuación en la represión de movilizaciones sociales fue la principal y más controvertida novedad. La Gendarmería estuvo presente desde el primer episodio a partir del cual se disparan los cortes de ruta en todo el país y se instalan los piqueteros como un actor político central: el asesinato de Teresa Rodríguez, en abril de 1997, a raíz del desalojo de una ruta en Cutral-có.
El éxito de los Gendarmes en disolver los cortes, asociado a su capacidad de desplegar violencia, fue elogiado por algunos sectores y nutrió su fama de “mano dura” y efectividad represiva. A veces la represión se desató habiendo familias completas en las rutas, en condiciones en que las propias policías locales se inhibían de actuar. En muchos casos se produjeron muertes por heridas de bala que nunca fueron aclaradas. El 17 de diciembre 1999, una semana después de la asunción de De la Rúa, la Gendarmería tomó un puente ocupado por manifestantes en Corrientes con un saldo de 2 muertos y 50 heridos. El gobierno aseguró que hubo francotiradores, “provocadores e infiltrados” entre aquellos que reclamaban. (2)
Al mismo tiempo, la Gendarmería fue creciendo en sus funciones perfilándose como una fuerza “para todo uso” en misiones de seguridad interior, tales como la custodia de edificios de la comunidad judía, peritajes forenses, el reforzamiento de la seguridad ciudadana y la custodia de militares presos por violación a los derechos humanos o funcionarios del gobierno implicados en resonantes casos de corrupción. Por último, comenzó a participar en forma activa en misiones internacionales, humanitarias o de intervención militar en Angola, Argelia, Haití, El Salvador, Marruecos y la ex Yugoslavia entre otros territorios.
Pese a alguna resistencia inicial, la decisión de otorgar a la Gendarmería funciones centrales en el complejo organigrma de la seguridad interior no sólo fue tácita o explícitamente aceptada por el grueso del arco político, sino que fue continuada y profundizada por los sucesivos gobiernos desde Carlos Menem a Mauricio Macri. Con la refuncionalización de Gendarmería la política argentina parece haber enfrentado también el dilema, no menor, de intentar construir un monopolio de la violencia legítima con real control civil en un contexto de autonomías armadas y criminales en el propio estado.
De la dictadura militar al golpe policial
Pero como me sugirieran los asesores de la Comisión de Seguridad del Senado de la Nación en 2002, este intento maniobraba con los lobbys de las propias Fuerzas en competencia por los nichos institucionales, propiciado por la ambigüedad de límites de competencia y acicateados por el temor a una reducción presupuestaria y una reforma general del aparato de seguridad en el país. En esta lucha la Gendarmería resultó una clara ganadora.
Además de garantizar la represión de piqueteros, desde la década del ‘90 la Gendarmería fue interpuesta como recurso para controlar, contrarrestar o desplazar a las policías consideradas ineficientes, corruptas o políticamente amenazantes para el orden democrático. (3) Junto con el masivo aumento del delito, la inoperancia de las policías para combatirlo o más bien la connivencia de éstas con las mafias, aumentaron las denuncias por violencia policial, como los apremios ilegales o el asesinato de sospechosos. (4)
La Gendarmería también fue convocada para una de las tareas que más prestigio le ganó: los peritajes forenses sobre crímenes en que estaba implicada la policía, y que las pericias internas la habían librado de culpabilidad. Este es el caso por ejemplo de la muerte del obrero Víctor Choque durante una manifestación en Tierra del Fuego en 1995, donde el peritaje de 250 armas por parte de la Gendarmería permitió condenar a un comisario a 9 años de cárcel (Clarín 28/09/1999). O la investigación por el caso emblemático que precipitó la intervención de la policía de la Provincia de Buenos Aires: el asesinato del reportero José Luis Cabezas a principios de 1997. Dos años después, el peritaje de la Gendarmería fue clave en el caso conocido como la “Masacre de Ramallo”.
A partir del asesinato de Cabezas y la voladura de la AMIA, donde el comisario Juan José Ribelli hombre de confianza del entonces jefe de la Bonaerense, Pedro Klodczyk, fue procesado como partícipe necesario, todo el personal de la misma fue puesto en disponibilidad o pasado a retiro. Para dimensionar la magnitud del problema, consideremos que la Bonaerense contaba con 47.000 efectivos, las agencias de seguridad privada (nutridas por ex-agentes policiales y de las Fuerzas Armadas) 75.000, mientras que el total de las fuerzas de seguridad alcanzaba 66.000 de los cuales 17.000 correspondían a la Gendarmería.
Junto con las pericias y la custodia de posibles blancos de terrorismo islámico, otro golpe asestado a las policías fue la creciente asignación, desde entonces, de misiones de seguridad ciudadana. La utilización de la Gendarmería como “refuerzo” de seguridad había suscitado dudas y debates desde fines de la década de 1990, cuando se la comenzó a convocar para el patrullaje de zonas “calientes”. El principal cuestionamiento a estas medidas, como veremos más adelante, era la asociación con militares en las calles, como publicó La Nación en su artículo titulado “La ciudad fue tomada por hombres de verde” donde relata la llegada de 1300 gendarmes a la ciudad de Mendoza a raíz de la sublevación de la policía.
Sin embargo, este problema parece haber sido desactivado a lo largo del tiempo a la par que la Gendarmería ha profundizado su participación en la seguridad, en particular durante las gestiones kirchneristas, en las que duplicó su personal.
Durante las gestiones de Néstor Kirchner y en especial de Cristina Fernández de Kirchner, la Gendarmería aumentó su despliegue en operativos de seguridad policiales, con un crecimiento sin parangón, de 17.000 a 34.000 efectivos. También en este período se intensificaron las acciones para democratizar la Gendarmería a través de la formación de los aspirantes con contenidos sobre Derechos Humanos y la aplicación políticas de equidad de género a partir de aumentar la participación femenina de la tropa.
Si la aplaudida “desmilitarización de la sociedad” a través de la prohibición a las Fuerzas Armadas de actuar en seguridad interior suscitó el principal consenso parlamentario en los primeros años de la democracia (5), la instalación de la Gendarmería como un rol protagónico en la seguridad interior fue también una de las pocas políticas de Estado que existieron hasta el momento en la Argentina.
La administración de la memoria
En la primera mitad de la década del 2000 tuve oportunidad de entrevistar altos mandos de la Gendarmería que habían servido durante el período dictatorial y que en ese momento enfrentaban la reconversión de la Fuerza. Sinceros o no, señalaban la existencia de una deliberación interna sobre la conveniencia de participar en la represión de conflictos. “No es bueno para la imagen de la Fuerza en la sociedad”, “complica al personal porque no esta motivado” y “lo afecta psicológicamente”, aducían (6).
En la misma época, los asesores de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados admitieron también que muchos gendarmes se oponían a este rol represivo por temor a ser vistos como “las SS del país” y que dicha actuación se vería dificultada por “la división entre seguridad y defensa en el contexto del estado de derecho (…) impracticable por las secuelas de la represión (…) todavía están velando los muertos”.
Los gendarmes eran claramente conscientes de que enfrentaban una negociación con el gobierno y un amplio multipartidario de la política civil. Desde el gobierno de Alfonsín pero sobre todo de Carlos Menem se instaló la convicción de la necesidad de contar con una fuerza de seguridad leal a la democracia, con capacidad de contener potenciales desbordes sociales pero también militares o policiales. La Gendarmería fue visualizada como un candidato ideal.
De pertenencia militar, había sido separada del Ejército en 1984. Guardaba viejos rencores con sus antiguos superiores, a los que veían como una casta blanca que rebajaba a un papel secundario a quienes habían tradicionalmente protagonizado los combates durante campañas represivas desde su creación en 1938. Indígenas, obreros y bandidos del Chaco; guerrilleros de Jorge Masetti en Salta o del ERP en el monte tucumano habían sido enfrentados por la Gendarmería como fuerza de choque, pese a lo cual seguían siendo vistos como los “morochos” subalternos del mundo militar. Según se lamentaba otro gendarme entrevistado “Hay un desconcepto en la prensa y el juicio popular con el gendarme (…) la gente los identificaba como ejército y ejército por su lado los discriminaba”.
A lo largo de su historia, el vínculo con el ejército estuvo signado tanto por la subordinación como por el deseo de emulación y el resentimiento. Tradicionalmente, la Gendarmería fue vista por el ejército como “militares de segunda”: sus funciones, ligadas al patrullaje fronterizo y la administración cotidiana de control social de poblaciones eran pedestres en relación con las gestas patrióticas en que se complacían los militares dentro de sus mundos cerrados y en el misterio de los cuarteles. Hay que conocer los sentimientos de casta sobre los que se articuló la identidad institucional de los militares argentinos para comprender el sentido de degradación de ese contacto cotidiano con la civilidad.
Estas diferencias se remontarían a una identidad institucional de larga data presente en la elección de carrera de los jóvenes reclutas: “si querías estar el campo, en la montaña, en la selva, patrullando, te enrolabas en la gendarmería. Si te gustaba andar en camión, en los desfiles, las paradas, te ibas al ejército”.
El rol represivo asumido por la Gendarmería fue una especie de moneda de cambio por una mayor asignación de funciones y presupuesto como así también de salvataje simbólico del rechazo generalizado y el juzgamiento de que eran objeto las Fuerzas Armadas. Una oportunidad de oro para dotar de prestigio, recursos y un futuro profesional a una institución gris, relegada a un lugar literalmente liminal del amplio organigrama de la seguridad.
Centinelas, la revista de la Gendarmería, sugería que cubrir objetivos fijos en la Capital Federal “significó un gran impacto sobre el personal (…) Para la sociedad toda una incógnita y, por qué no, una mirada recelosa ante los uniformes verdes en las calles porteñas”(7). El jefe de la fuerza, Comandante Hugo Miranda, sostenía sin embargo que la imagen de la institución era “buena, la Gendarmería siempre actúa de acuerdo a las leyes y con un uso mesurado, dosificado de la fuerza. La violencia que se aplica es mínima. Por acción del personal nunca hemos tenido quejas ni denuncias. Usted me dirá que (durante la represión a los piqueteros) en Cutral-Có murió una mujer. Pero no fue imputable a la Gendarmería. En el desalojo al puente de Corrientes (en diciembre) hubo dos muertos. Pero nada tuvimos que ver. No somos una fuerza represora (8).
El mito del “Gendarme empático”
La transformación de la imagen de la Gendarmería no era tan sencilla; no tanto porque fuera difícil borrar los efectos de las memorias sino porque en la práctica tampoco era deseable que estos desaparecieran del todo.
En noviembre de 1999, el entonces gobernador de Buenos Aires Carlos Ruckauf pidió gendarmes para patrullar las calles: “apelar a los hombres de uniforme verde” era considerado un remedio para la inseguridad (9). Durante esos años el recurso a la Gendarmería para cubrir demandas de seguridad fue constante. Una nueva doctrina promovía fuerzas militarizadas que concentren funciones de policía y militares, las llamadas “Fuerzas Intermedias” para accionar contra las “nuevas amenazas” que incluían, además del “narcoterrorismo” y otros tópicos, a los movimientos indígenas (10). Pero en esencia, el mantenimiento de su imagen militar era el principal factor en su estima como recurso disuasorio.
Esta compleja exposición no obstante, implicaba precarios ajustes en el ánimo y la propia identidad de los gendarmes. Para referirse a la idoneidad de la Gendarmería en las tareas de seguridad los oficiales entrevistados en la pasada década recurrían constantemente a la noción de que la institución “forma parte de la comunidad”, “traba relación con la gente” y “conoce los conflictos” porque su personal es parte de esa misma población que los padece. Esta proximidad haría de la Gendarmería el actor ideal de una securitización de la sociedad ofreciendo al mismo tiempo fuerza militar y amorosa mediación.
La representación de los gendarmes como afines a las comunidades, solidarios, contemporizadores e intérpretes de las necesidades populares, se transpone a distintas experiencias históricas incluyendo la contención de protestas de piqueteros e indígenas, la participación en las Fuerzas de Paz e inclusive la propia represión durante la dictadura. Según contaba un entrevistado “los de Ejército no les querían dar prisioneros a los gendarmes porque ellos “respetaban al subversivo”. Otro afirmó que la “convivencia con la gente” “ayudó incluso en “la época de la subversión” en que había “misiones odiosas”, “había que detener y trasladar gente”. Hacia el final de la entrevista, utilizó esta misma expresión “es una función odiosa” para referirse la represión del movimiento piquetero. Otro entrevistado, finalmente, apuntaba que existía “una alteración psicológica” del personal que reprime en la actualidad y un “trauma” de quienes participaron en la represión de los años '70. El carácter “traumático” estaría dado, en ambos casos porque debieron entrar en conflicto con el principio de “empatía” con la comunidad. El “mito del gendarme empático” operaba entonces tanto en el plano institucional como subjetivo, como un paliativo de necesidades morales y psicológicas frente a los imperativos estratégicos de la propia institución.
La Gendarmería en su laberinto
Desde la restauración democrática el problema fundamental de la Gendarmería para su posicionamiento estratégico consistía en recorrer una difícil tangente: evitar herir las memorias sociales lo suficiente para ser aceptada y al mismo tiempo ser capaces de avivar selectivamente esa misma herida. Tal vez por ello, y porque ésta fue probablemente una sostenida demanda gubernamental, la Gendarmería no modificó casi sus marcas militares visibles. Sus uniformes y armamento continuaron siendo prácticamente los mismos; su orden, tácticas y despliegue también. Y veló celosamente por el mantenimiento de su estado militar. Al mismo tiempo debió operar cuidadosamente para morigerar y desviar la posibilidad de convertirse en metáfora y metonimia de la dictadura militar.
Como hemos visto en los recientes sucesos de Cushamen, el equilibrio en esa cuerda floja no puede mantenerse eternamente. La Gendarmería logró superar otros episodios represivos e incluso vivió un acelerado crecimiento hasta la actualidad. Pero la grotesca performance en Cushamen, estimulada por el ministerio de Seguridad para, probablemente entre otros motivos, incrementar su aceptación en una porción apreciable del electorado, la asoció al pasado represivo con la desaparición de Santiago Maldonado. La Gendarmería parece haber perdido en 30 días la acumulación simbólica de 30 años.
En resumen, el caso Maldonado afecta y desnuda una de las principales políticas de estado que de facto se desarrolla desde la década de 1990: la modificación de la imagen de la Gendarmeria y la administración del trauma de la represión para posibilitar la militarización de conflictos y control social a través de dicha fuerza.
¿Cómo se resolverán las tensiones internas de la Gendarmería? ¿Cómo afectará sus eventuales acuerdos y obediencia para con el gobierno, o un sector de éste?
Se ha especulado con un pacto de silencio por parte de la Gendarmería para encubrir el crimen de Santiago Maldonado, mientras que otros propusieron que la responsabilidad sería del Gobierno ya que la Gendarmería actúa obedeciendo órdenes. Esta última aseveración puede ser cierta, pero es igualmente conjetural y tiene el efecto secundario de disculpar a la Gendarmería evocando en forma indirecta el concepto de “obediencia debida”. Como sabemos, no debería eximirse de reponsabilidades a los ejecutores de órdenes aberrantes o inconstitucionales no obstante su lugar en la cadena de mandos.
De existir y persistir, el pacto de silencio y la obediencia debida aumentarían los efectos del caso Maldonado sobre la Gendarmería colisionando con sus esfuerzos de dos décadas para deshacerse de la imagen desaparecedora de los militares argentinos.
(1) Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) 210 personas desaparecidas y 69 asesinatos en el marco de protestas y manifestaciones sociales desde 1983.
(2) Clarín, 14 de diciembre de 1999, “Nuevo Gobierno: buscan una salida de emergencia.2 18 de diciembre de 1999, Sección Política. “Nuevo gobierno: desalojo del puente que une Corrientes con Chaco.”.
(3) Escolar, Diego: represión y Represión: memorias, política militar y estrategias institucionales en la Gendarmería Nacional Argentina (2001). Proyecto Memoria colectiva y represión: perspectivas comparativas sobre el proceso de democratización en el cono sur de américa latina. IDES/Social Science Research Council.
(4) Para el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Argentina del CELS, correspondiente a 1998 la “cuestión policial” fue una de las principales fuentes de violaciones a los derechos humanos junto con la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar (CELS 1998, CELS/Human Rights Watch 1998).
(5) Sain, Marcelo F. 2000 “Quince años de legislación democrática sobre temas militares y de defensa (1983-1998)” en Desarrollo Económico, Buenos Aires, vol. 40, Nº157, abril-junio 2000, pp.: 121-142.
(6) Escolar, Diego, op. cit. y 2005b “represión y Represión: militarización de la seguridad interior, prácticas de la memoria e imagen institucional en la Gendarmería Nacional Argentina” Felipe Agüero y Eric Hershberg comps. Memorias militares sobre la represión en el Cono Sur: visiones en disputa en dictadura y democracia. Serie Memorias de la Represión 10, dirigida por Elizabeth Jelin. Editorial Siglo XXI de España y de Argentina. Pp. 143-174.
(7) E. Della Gáspera, 2000. “Nuevas Funciones para la Institución”. Centinelas, N° 9, Gendarmería Nacional Argentina (30-31): 30.
(8) Clarín 22 de enero de 2000, Sección Sociedad. “Sólo secuestramos el 10 % de la droga que entra al país”.
(9) La Nación, 18 de noviembre de 1999, Sección General. “Ruckauf pide gendarmes en las calles”.
(10) Muzzopappa, Eva 2000 Metáforas Estratégicas. El Concepto de Cultura en y sobre el ámbito de la Seguridad, Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.