Fotos interior: Archivo Anfibia
La noticia del fallo de la Corte llegó a los periodistas en un mail institucional del propio tribunal. “La Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad”, era el título. Unos días antes, uno de los jueces supremos había anticipado off the récord, con aire misterioso, que habría “novedades importantes” en el próximo plenario. Más de uno imaginó alguna decisión sobre la situación de Milagro Sala, imperiosa a esta altura, pero nunca que se trataba de aliviar la situación de genocidas y represores. Casi una semana después de darse a conocer el fallo no quedan dudas: además de supremos, hay que ser temerarios para tomar una decisión semejante. Hay que “tener ganas” de enfrentar a la sociedad en sus consensos básicos. Hay que tener la cabeza fría y disociada hasta de la propia doctrina para dinamitar en catorce páginas doce años de reparación a las víctimas, y a la ciudadanía toda. Hay que perder escrúpulos para desafiar un modelo de Memoria, Verdad y Justicia que es ejemplo a imitar en tantos países. Hay que tener una ambición extrema para dejarse atravesar por la política y violentar, en definitiva, el sentido común.
¿A quién se le ocurre aplicarle a un represor una ley que no existía cuando cometió sus crímenes aberrantes y que fue derogada antes de que lo detengan y que lo juzguen? A tres jueces. Los temerarios. A Carlos Ronsenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Los dos jueces que Mauricio Macri intentó hacer entrar por la ventana, sin acuerdo del Senado, en su primera medida de gubernamental fuerte, apenas asumió, y que finalmente llegaron por un acuerdo político entre distintos partidos. Y la jueza que logró su permanencia en la Corte para después de los 75 años (que cumplirá en diciembre) gracias a que ese mismo Gobierno no apeló una sentencia que la favorecía en su reclamo de designación vitalicia.
A ellos y a ella se les ocurrió, haciendo una lectura retorcida, que podía aplicarse una ley (la 24.390) que no rige desde hace 16 años. La ley “2x1” estaba pensada para frenar las prisiones preventivas en delitos comunes que hacían y hacen desbordar las cárceles (al computar dobles los días de detención a partir del segundo año de prisión sin condena). La sacaron de un cajón lleno de telarañas porque Luis Muiña, acusado de torturas y secuestros en el Hospital Posadas, la necesitaba. No sólo él: cientos de represores "necesitaban" de ese fallo.
Un desenlace así alentaban en los últimos días, juntos, sectores con poder en la Iglesia Católica y el Gobierno, bajo el recurrente eufemismo de la “reconciliación”. A nadie debe habérsele cruzado por la cabeza que el repudio sería extendido, masivo, al borde de la unanimidad, que que llegaría a una sesión especial en el Congreso, que atravesaría las fronteras a punto de generar un pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
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¿En qué piensan un juez o una jueza cuando escriben sus sentencias? ¿Las escriben ellos? ¿Conocen al imputado/a? ¿Hablaron con él/ella? ¿Conocen a las víctimas? ¿Saben de su dolor? ¿Saben algo más que de hacer piruetas para acomodar la letra de la ley a los climas políticos en los que se sumergen? Es fácil imaginarse respuestas negativas.
El aparato judicial, o parte de él, no responde a la sociedad sino al poder. Al poder político de turno, a los poderes fácticos y a su propio poder sobre la vida y la libertad de las personas. La independencia es casi una utopía. La Corte Suprema tiene la última palabra. En todo, excepto cuando los organismos y tribunales internacionales habilitan una vía para cuestionarla. Esta Corte dio su primera señal fuerte de retroceso en materia de derechos humanos en un fallo de mediados de febrero de 2017, en el que estableció que no tiene obligación de acatar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la que la instaba a revocar una condena suprema contra los periodistas Héctor D’Amico y Jorge Fontevecchia por una publicación de la revista Noticias sobre el hijo no reconocido de Carlos Menem. Nadie controla a la Corte en su superioridad.
Desde hacía un tiempo, esta Corte no firmaba ninguna sentencia en favor del avance de los juicios de lesa humanidad, muchos de ellos, hoy, empantanados. Hubo dos fallos más, recientes, que fueron marcando el nuevo rumbo. Uno, la prisión domiciliaria para el represor Felipe Jorge Alespeiti, que por sus 85 años y su dudoso estado de salud habilitó discusiones sobre la pertinencia de la medida. El segundo fue una sentencia que reconfirmó que prescriben las acciones civiles de sobrevivientes y familiares contra el Estado en los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La Corte Suprema que caracterizó a la etapa política del kirchnerismo, la que inauguró Néstor Kirchner en un salto ornamental que puso fin a la mayoría automática menemista, se terminó cuando se jubiló Raúl Zaffaroni. Fue la Corte que en un primer período amplió derechos y que, al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y los indultos, abrió camino a los juicios contra represores, como prescriben el derecho y los pactos internacionales con rango constitucional. De los nombramientos que hizo el entonces presidente, quedaron Ricardo Lorenzetti y Highton de Nolasco. Carmen Argibay y Petrachi (nombrado por Alfonsín) fallecieron.
Cuando entrevió que un nuevo gobierno pondría a sus propios supremos, Lorenzetti se procuró la presidencia cortesana por cuarta vez, en una vergonzosa votación que se anticipó ocho meses para aprovechar los últimos días de otro juez, Carlos Fayt, en la Corte. Lorenzetti tiene mandato como presidente del tribunal hasta 2019. Preveía un escenario que pondría en jaque su poderío, el liderazgo político-judicial que cultivó durante una década y que terminó en un enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner. El poder de Lorenzetti está en crisis. No tiene el control interno de la Corte, no maneja la agenda a su antojo, ni los términos de los fallos, ni la comunicación.
La “nueva” Corte, la de la actual etapa, hizo su verdadero acto inaugural en septiembre de 2016, cuando resolvió que la muerte de Alberto Nisman debía ser investigada por el fuero federal. Hasta entonces era considerada una muerte dudosa. La reaparición en tribunales del ex jefe de Operaciones de la vieja SIDE, Antonio Jaime Stiuso cambió todo. Con un testimonio notablemente distinto al que había dado un año antes, Stiuso teorizó acerca de la intervención de un comando iraní y del gobierno de Cristina Fernández. Esa declaración catapultó el expediente al fuero federal, donde los jueces son permeables a los vaivenes políticos.
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Hay un denominador común de todas las sentencias que la Corte Suprema firmó en los últimos meses. El caso Nisman, los retrocesos en Derechos Humanos y el fallo que rechazó la sindicalización policial contaron, sin excepción, con el voto del supremo Carlos Rosenkrantz. Ex rector de la Universidad de San Andrés, Rosenkrantz también acumulaba años como abogado de grandes empresas (representó al Grupo Clarín en el expediente de la “Ley de Medios”). En cambio, fue el único juez que votó en disidencia el fallo que fijó en 75 años la jubilación de los jueces, a menos que obtengan nuevo acuerdo del Senado.
En el fallo del “2x1”, la jueza Highton reveló un cambio de criterio rotundo. No sólo porque había acompañado todos los fallos tendientes al juzgamiento de los crímenes del Terrorismo de Estado, sino porque en parte de sus fundamentos se contradice con posiciones previas. Apoyó, esta vez, la aplicación de la ley penal más benigna cuando en dos casos de apropiaciones de hijos de desaparecidos había dicho otra cosa.
En el fallo sobre el caso Luis Muiña, la ley más gravosa sería la que está vigente, que derogó el “2x1”. Es la que creen que vale Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, cuyos votos en disidencia contienen las posturas que la Corte mantuvo desde 2005. Lorenzetti dijo decenas de veces en sus discursos que en los juicios de lesa humanidad “no hay marcha atrás”. Ha repetido un concepto que entonces sonaba casi como una obviedad y hoy ya no: los crímenes contra la humanidad no son amnistiables ni indultables, y las penas deben de ser acordes a su gravedad; esto implica que no es posible reducir las condenas que los sancionan. Escribió, además, un libro junto a Alfredo Kraut que se llama “Derechos Humanos, Justicia y Reparación. La experiencia de los juicios en la Argentina. Crímenes de lesa humanidad” (Editorial Sudamericana 2011).
Los avances que hubo en los juicios contra los represores no hubieran sido posibles si, en el origen de todo, no hubiera estado la lucha infatigable de los organismos de derechos humanos y luego la voluntad política de un gobierno –tres mandatos, en rigor- que los alentaron y apoyaron. A pesar del distanciamiento que Lorenzetti tuvo con la Casa Rosada en los últimos años, nunca abandonó un argumento “directriz” que solía repetir y que volvió a escribir en su voto contra el 2x1: “se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”.
El voto mayoritario, en la pluma de Rosatti –histórico peronista y ex ministro de Kirchner—agrega una frase poco feliz, irritante para quienes esperaron los juicios durante los treinta años de impunidad generados por las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Escribió: “la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes…”. Como si a los genocidas no se los juzgara con todos los derechos y garantías. La sentencia habla de una falsa igualdad ante la ley: está hecho a medida de los represores, cuyos crímenes se siguen cometiendo, no de quienes cometen delitos comunes, que ya habrán cumplido o conmutado sus penas a esta altura.
Una mayoría de tres votos, como la que definió la aplicación del “2x1”, es justa, pero mínima y endeble cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. La Corte marca rumbos, fija destinos posibles. La Corte de cinco miembros es una composición de la que se arrepiente CFK. Es una gran cuota de poder concentrado con enorme capacidad de daño, o de aciertos. Los cortesanos pueden revisar sus posturas y no necesariamente está mal que cambie. Por lo general, esos cambios ocurren a la par de los cambios políticos. A pesar de la creencia extendida, los jueces no necesitan que el poder político de turno les dé instrucciones para actuar en algún sentido. Lo infieren, lo interpretan y actúan.
Ya desde la campaña electoral, el actual presidente Mauricio Macri prometió terminar “con el curro de los derechos humanos”. Ya en la Casa Rosada, ninguneó una fecha como como el 24 de marzo al intentar convertirlo en un feriado móvil. Funcionarios de su gobierno manosearon el número de 30.000 desaparecidos. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al enterarse de la noticia del fallo del 2x1, dijo: “Hay que acatarlo”. Con el correr de los días, el gobierno nacional suavizó su postura, cambió de pareceres e inclusó llevó al Congreso una propuesta para evitar que los represores no puedan verse beneficiados por el 2x1. Algo impensable hasta hace dos semanas, cuando funcionarios oficiales intentaban convencer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que durante su visita al país se sentaran a escuchar a los familiares de los represores condenados.
Desde los organismos de Derechos Humanos y otros sectores políticos y sociales se convocó a una marcha que se prevé multitudinaria. El mensaje de la sociedad fue claro, marcó un límite. Es el “límite” que, además, los cortesanos no reciben de ningún otro lado. La misma Corte sobre la que Lorenzetti pregona que les pone límites a los otros poderes. Resta saber si habrá otras consecuencias políticas para los temerarios supremos.