Los jueces de la Corte Suprema tienen la costumbre de hacer un pequeño festejo cuando alguno de ellos cumple años. Comen saladitos y se regalan libros, llaveros u otras chucherías. En febrero de 2005 el agasajado era Carlos Fayt, siempre reacio a las celebraciones. Recién llegado al cargo, Ricardo Lorenzetti intentó ser ameno y sacarle conversación: “¿Cuántos cumple doctor?”. Catedrático, el decano de los jueces supremos le contestó con su teoría del paso del tiempo: “No lo olvide, un hombre tiene la edad de la mujer que acaricia”. Su esposa, Margarita Escribano, hija de un amigo suyo, tiene treinta años menos que él, que cumplió 97. Fayt, el más remoto de los jueces, y Lorenzetti, el más joven y nuevo, son las caras notorias y controvertidas de lo que queda de un tribunal sin el esplendor que lo hizo único, quizá el mejor.
La mesa de la sala de acuerdos de la Corte, sobre la que se firman los fallos, es un decágono de madera lustrada. Fue adquirida durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se amplió de cinco a nueve el número de jueces tras una votación escandalosa en la que nadie constató qué diputados levantaban la mano. De las diez sillas que la rodean, una estaba originalmente destinada al Procurador General –hoy Alejandra Gils Carbó– a quien ya no se convoca a ningún encuentro; apenas si se le mandan causas para que opine. En 2006, cuando se aprobó una nueva ley de reducción del tribunal, había siete jueces. Es decir, tres lugares vacíos. El año pasado, con el fallecimiento de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, más la renuncia de Raúl Zaffaroni al cumplir los 75 años, quedaron más huecos que jueces. Nadie quiso volver a sentarse en el lugar de los muertos, ni en el de otros que se fueron, expulsados o jubilados.
Hasta entonces los ministros se ubicaban, en sentido de las agujas del reloj: Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Zaffaroni y Argibay. Las sillas parecen sillones por su tamaño. Son redondas, bajas, y presentan un problema de equilibrio: el que se sienta muy adelante, cerca del borde, se cae. Como le pasó al ex juez del Opus Dei Antonio Boggiano, quien se fue de cola al piso al grito de “¡Esto debe ser una premonición!". Al poco tiempo el Senado lo destituyó. Corría septiembre de 2005 y él era el último sobreviviente de la mayoría automática del menemismo.
Hay algo fantasmagórico en esa sala versallesca. Todavía flota el recuerdo de la nube de humo que generaban los cigarrillos de Argibay y Zaffaroni más los habanos de Petracchi, y que atravesaba el histórico ordenanza, Julio Aguirre, un moreno que camina inclinado, bandeja en mano. Aguirre llegó con el ex supremo Eduardo Moliné O’Connor, quien lo trajo de la Cámara Civil. Su padre también era ordenanza. Así como se ha conformado la familia judicial, con parientes y amigos, hay familia de ordenanzas, cuyo oficio se transmite por generaciones.
Los ministros toman café con galletitas de agua. Fayt acostumbraba hundirlas en la taza llena; lo hace cada vez menos. La ausencia de Fayt se volvió costumbre desde que se pronunció su deterioro físico, sus dificultades para caminar sin bastón y para sostener una conversación por más de un par de minutos. Desde hace más de tres años, el juez no concurre a Tribunales durante los inviernos para evitar los gérmenes y virus. En los pasillos de la Corte lo apodaron “oso hormiguero”.
Los 97 años de Fayt se sienten en su voz, apagada, disfónica. El juez acostumbraba a soltar largos monólogos ante sus pares, colaboradores o periodistas. Cuando comenzaba a hablar no permitía preguntas ni interrupciones y sus digresiones pasaban por la república, la división de poderes, la constitución y sobre sí mismo. Lo hacía incluso durante los acuerdos de la Corte. Petracchi solía irritarse cuando Fayt, en lugar de tratar el caso que estaban discutiendo, monologaba sobre cualquier tema. En los últimos años el juez repetía el mismo parlamento por varios días, incluso ante un mismo interlocutor. No son pocos los que comenzaron a preguntarse si este comportamiento se debía a un acting del juez o algún deterioro propio de la edad.
La situación es inquietante. En una Corte que hoy por ley tiene cinco miembros hay una vacante que la oposición política y la incapacidad negociadora del Gobierno impiden llenar. Un juez casi ausente y tres que concentran las decisiones (que antes tomaban siete) y que lo convidan a firmar. Lo necesitan a Fayt, no sólo para evitar empates si no llegan a un acuerdo. Lo necesitó Lorenzetti para su reelección anticipada como presidente del tribunal para un cuarto mandato que comenzará en enero de 2016 y se extenderá hasta 2019. Si el juez nonagenario no lo votaba, se tenía que votar a sí mismo, al estilo Julio Nazareno, que prefirió evitar. Si dejaba pasar más tiempo, la Corte podría tener otros miembros, otra estructura. Y quién sabe en qué andaría Fayt.
El 21 de abril los jueces votaron la reelección de Lorenzetti. La elección fue cuestionada no sólo porque se adelantó ocho meses sino porque el texto original decía que reunido con los supremos “en la sala de acuerdos”, Fayt había avalado la nueva postulación del presidente y había propuesto por sí mismo la candidatura de la Highton a vicepresidenta. Pero Fayt estaba en su domicilio en Recoleta, de donde el secretario Cristian Abritta se llevó su firma temblorosa.
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Poco queda de aquella Corte de oro que impulsó Néstor Kirchner. Elogiada por su alta calidad e independencia, buceó e hizo escuela en la ampliación derechos y las garantías individuales, además de abrir camino al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Lo que permanece apenas son los fallos cruciales y algunas estructuras de vanguardia como la Oficina de la Mujer y la de Violencia Doméstica.
Aquella Corte está casi desintegrada, en el estricto sentido de la palabra. Ahora, en su mínima expresión, se encuentra embarcada en decisiones autorreferenciales, que acentúan su “contrapoder”. En esa línea, busca dar señales de fortaleza con fallos desafiantes. Se ha generado un espiral de enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, que a la vez no para de doblarle la apuesta. Después de la re-re-reelección, el oficialismo pidió una evaluación de la capacidad psicofísica de Fayt en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Nombrado en 1983 por Raúl Alfonsín, a quien decía no conocer para mostrarse independiente, Fayt enfrentó, y sobrevivió, al tema de su edad el 19 de agosto de 1999: consiguió que todos sus colegas excepto Petracchi (que no votó) declararan la nulidad del artículo de la Constitución (99 inciso 4) que en la reforma constitucional de 1994 fijó el límite de 75 años para los jueces del alto tribunal. Gracias a su antigüedad, el supremo tiene hoy el salario más alto de la Corte: 221.700 pesos por mes.
“El ministro”, como impone que lo llamen en vez de “doctor”, tiene la costumbre de repetir frases como axiomas a quienes lo rodean. El tema del paso del tiempo siempre fue una obsesión sobre la que ironizó, para justificar no sólo su perpetuidad sino la de los expedientes “cajoneados”: “el tiempo se venga inexorablemente de lo que se hace sin su auxilio”, solía decir. También bautizó como “cronoterapia” al arte judicial de dejar pasar meses o años ante ciertos casos.
Fayt solía ser quien hacía los comentarios mundanos, cholulos, incómodos. A Argibay, a quien apreciaba, le daba los buenos días: “¿Cómo está la reina de los hoyuelos?”. A Highton, cada tanto, le elogiaba el vestuario. A Zaffaroni, cuando viajaba por premios y conferencias, le preguntaba delante de todos: “¿Qué aeropuerto del mundo gozó de su presencia? ¿De qué ciudad nos puede hablar hoy?”. Un día hasta comentó que tenía “piel de valija”. El penalista le devolvió las gentilezas con una guayabera que le trajo de México, de regalo.
Nadie que conozca bien a Fayt puede imaginarlo en otro lado que no sea la Corte. “Quiere que lo entierren acá, en medio del Palacio”, dice uno de sus antiguos colaboradores. Para algunos de ellos, el juez habla con coherencia y no se lo ve perdido.
El 9 de mayo, después de días en que se dudaba sobre el estado de salud de Fayt, la voz entrecortada del juez se escuchó por radio. “Me encuentro bien, estoy trabajando como siempre y seguiré así mientras Dios me dé fuerza, vida y plenitud”, dijo. La entrevista fue grabada. Fayt leyó buena parte de lo que dijo, lo cual revela dos cosas: el juez puede leer un texto de cierta extensión, pero no puede mantener ese discurso por sí mismo.
Cuatro días más tarde Fayt reapareció en la Corte después de un mes de ausencia. Fue para un plenario extraordinario: los supremos se juntaron para ratificar la reelección de Lorenzetti. Un testigo de la reunión recuerda este diálogo:
—Doctor, esto que está haciendo el Gobierno con usted es una barbaridad —le dijo Highton de Nolasco en referencia a la investigación parlamentaria sobre su condición.
—Está bien Elena, gracias. Igual usted está muy oficialista —le contestó Fayt.
Socialista de origen, autodefinido discípulo de Alfredo Palacios, Fayt no ha ocultado su antipatía por el Gobierno, y en particular por Cristina Kirchner.
—Ahora se tiñe el pelo de caoba—dijo una vez ante sus pares.
—Siempre se tiñó de caoba —retrucó Petracchi, quien desdeñaba todo comentario de Fayt. El encono, cargado de divismo, era mutuo y de larga data.
Highton se sumó y miró fijo al decano:
—¿Y usted de qué color se tiñe?
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Elena Highton nunca fue una opositora –por lo menos acérrima– al gobierno kirchnerista. Traía una carrera iniciada en 1973 con un empujoncito de su tío político, el escritor Arturo Jauretche. Su postulación suprema, cuando todavía era camarista civil, conocida como fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces, fue promovida por el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández. Tiene, además, una buena relación con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. El yerno de Highton, Rómulo Chiesa, dirige la Unidad de Planificación y Gestión de la Administración de Aviación Civil.
El despacho de Highton es espacioso. Al entrar, apenas un perchero y al fondo, cerca de una ventana que mira a la calle Uruguay, el escritorio de la secretaria. En su sala de reuniones tiene una mesa redonda; allí, cada media hora suena un reloj antiguo de pie. Suele quedarse hasta el anochecer, cuando se va a nadar.
En el oficialismo veían en ella a una exponente de la familia judicial, identificada con la tradicional Asociación de Magistrados, capaz de tensionar el vínculo estrecho entre el corporativismo tribunalicio y las corporaciones económicas. Sus votos han tendido a amortiguar efectos negativos para el Estado, aunque este año se sumó a las decisiones provocativas al apoyar presidencia de Lorenzetti y anular la lista de conjueces (jueces suplentes para la Corte) que había aprobado el Poder Ejecutivo. También apoyó una sentencia diseñada por Lorenzetti en la que se afirma que cualquier ciudadano está legitimado para denunciar reformas en la que entrevea una amenaza al sistema republicano y la división de poderes. En el texto, el presidente de la Corte dejó asentada una máxima que repite en sus últimos discursos: el “Poder Judicial debe poner límites” a los otros poderes.
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Las actitudes y fallos de Lorenzetti han descolocado al Gobierno y a algunos de sus pares. Cuando llegó al Palacio, a fines de 2004, nadie sabía bien quién era. Lo mencionaban como un abogado civilista, profesor de la Universidad del Litoral, experto en contratos, oriundo de Rafaela, Santa Fe, donde tenía uno de los estudios más exitosos. En Buenos Aires también llevaba algunos casos, en dupla con su viejo amigo Alfredo Kraut, a quien nombraría después secretario general en la Corte.
Lorenzetti tejió sus primeros vínculos en el Senado de la Nación. Ante los senadores dio algunas charlas y llamó la atención de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. En una oportunidad organizó un congreso de derecho ambiental –otra de sus especialidades—y contactó a Zannini a través de su esposa, Patricia Alzua, también ambientalista.
El presidente de la Corte no tenía carrera judicial. De joven simpatizó con el peronismo y era amigo del ex senador kirchnerista Nicolás Fernández, un santafecino que vivió muchos años en Santa Cruz. La red de contactos, construida con paciencia durante el inicio del kirchnerismo, lo catapultó primero como postulante a representar al Senado en el Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Poco tiempo después fue nominado para el máximo tribunal. Cuando Kirchner le ofreció el cargo le preguntó dos cosas: qué hacer con los depósitos atrapados por el corralito de 2001 y qué pensaba sobre las leyes de punto final y obediencia debida. La respuesta quedó en esas cuatro paredes, pero se materializaría en el fallo que ordenó devolver los depósitos en pesos y en el que invalidó las leyes de impunidad, luego los indultos.
En la audiencia pública en el Senado que debía evaluar su postulación, dijo: "Voy a perder plata, porque voy a ganar menos que en la actividad privada. Voy a perder tranquilidad, por la exposición que significa para mí y para mi familia. Y voy a perder libertad, porque tendría que mudarme a Buenos Aires y no voy a poder seguir dando conferencias en el exterior". Recibió pocas impugnaciones. La que más lo afectó fue una de la Asociación de Médicos del departamento santafesino de Castellanos, que lo vinculaba con negocios de gerenciadoras del PAMI.
En sus primeros plenarios en la Corte daba la imagen de alguien tímido. El presidente era Petracchi, criticado por sus colegas por su modo autocrático. Lorenzetti empezó a cosechar simpatías corporativas cuando organizó la primera “Conferencia Nacional de Jueces” en su provincia, en marzo de 2006. Desde entonces, la reunión se repite cada dos años. Entre charlas y buena comida, los magistrados encontraron un espacio para hacer catarsis y sentirse “unidos”, palabra que les inoculó Lorenzetti. También el Gobierno le tenía gran estima: lo consideraba de su riñón. Con una exposición más alta, Lorenzetti hizo cambios en su aspecto físico, empezando por el bigote: como hizo Mauricio Macri, se lo afeitó para parecer más joven. También se puso a dieta y tomó como regla vestir sólo trajes oscuros y camisas blancas, todo sugerido y supervisado por la jefa de prensa de la Corte y directora del Centro de Información Judicial, María Bourdin.
Una noche Zaffaroni, Lorenzetti y Maqueda se juntaron en una casa prestada a comer canapés y beber. Allí acordaron promover la salida de Petracchi de la presidencia. Maqueda, un hábil político y siempre aliado de José Manuel de la Sota, se quejaba de que Petracchi no les abría el juego. Zaffaroni propuso al cordobés como presidente, pero su respuesta fue negativa, con el argumento de que estaba muy pegado a la imagen de Eduardo Duhalde, quien lo designó en la Corte tras la caída del gobierno de la Alianza. Maqueda había sido senador, diputado y ministro de Educación de su provincia: tenía el músculo entrenado para negociar, tejer y construir poder. El cordobés le retribuyó los laureles a Zaffaroni y lo postuló. El penalista tampoco quiso: más que líder, lo seducía la idea de oficiar de contrapeso de sus compañeros. Todos huían de la administración de los fondos del Poder Judicial, de la exposición propia del cargo y de tener que lidiar con los jueces de todo el país.
Lorenzetti, en cambio, se entusiasmó y encontró en la caja judicial la llave del manejo de salarios y contratos: una poderosa herramienta para dar y recibir favores y conseguir adeptos. Primero tuvo que convivir con la presencia del administrador Nicolás Reyes, un moreno ancho, de anteojos cuadrados de marco dorado, otrora protegido de Nazareno y considerado el hombre más poderoso de la Corte. Cuando, enfermo, Reyes ya no pudo ocuparse de los fondos, Lorenzetti trajo a Buenos Aires a su amigo de Rafaela y ex socio comercial, Héctor Daniel Marchi. A la vez, desplazó al equipo que allí había puesto Petracchi.
Al consagrar a Lorenzetti comandante de la Corte por primera vez, los jueces pactaron que alternaría la presidencia con Highton. Eso nunca se concretó y el santafesino acumuló cada vez más poder. En sus reelecciones siguientes, el 18 de agosto de 2009 y el 16 de octubre de 2012, Petracchi no lo votó.
En sus comienzos Lorenzetti mantuvo un fuerte lazo con Cristina y línea directa con la Casa Rosada. Pero además, el ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Horacio Stiuso, reportaba a Balcarce 50 información de las entrañas supremas. El ex agente mantenía al Gobierno en un estado de alarma permanente respecto de la Corte. Les advertía que les iban a anular todos los decretos de necesidad y urgencia, que les iban a tener que pagar millones a los jubilados y otro tanto a las provincias en carácter de deudas atrasadas. Alberto Fernández, aún en la jefatura de Gabinete, llamaba nervioso preguntando si era cierto. Una tarde, café de por medio, la Presidenta le preguntó a Zaffaroni por el cuadro de situación: “A vos te puso Néstor, pero con Ricardo la responsabilidad es mía”. El juez la tranquilizó y le dijo que ante el menor peligro para la gobernabilidad, le presentaría la renuncia.
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Una de las primeras medidas de Lorenzetti como presidente de la Corte fue suprimir el viejo ritual del “besamanos”: todos los finales de año los jueces supremos se ponían en fila y pasaban los empleados a darles la mano, uno por uno, en señal de pleitesía a la superioridad.
Los primeros años de aquella “nueva Corte” fueron prolíficos en fallos novedosos, que revertían jurisprudencia conservadora. En los inicios, Lorenzetti presentó su gestión bajo la doctrina política de “gobierno abierto”, que supone una amplia participación de todos los sectores en las decisiones y mecanismos de transparencia. Recibió a múltiples sectores sociales y a los organismos de derechos humanos. Puertas adentro, el juez no tiene esa apertura. A sus secretarios letrados, aunque estén en las oficinas linderas, les encarga proyectos para los fallos pero rara vez los recibe personalmente. Todos se quejan por esa falta de contacto directo. El personal teme a los enojos de Lorenzetti. Cuentan que puede ser devastador con las palabras, y que no muestra el menor signo de culpa. Se cuidan de lo que dicen de él y de con quién hablan en el cuarto piso de tribunales: hay cámaras en todos los pasillos y salas de espera de la Corte.
Los otros cortesanos profesan un estilo opuesto. Maqueda cede la mesa de su despacho para que los secretarios se instalen por horas, rodeados de fotos de su jefe con varios presidentes: una con Kirchner en los glaciares, otra con Duhalde, y otra con Fernando de la Rúa. Zaffaroni también solía reunirse e incluso almorzar con sus colaboradores.
El despacho de Fayt tiene alfombra roja, sillones verde oscuro y un timbre en una mesa de reuniones para llamar a sus secretarias privadas. Hubo un tiempo en que una de ellas le dibujaba a los secretarios letrados un planito con las instrucciones para cuando entraran a verlo: 1) Golpear la puerta. 2) Esperar. 3) Cuando se ingresa, doblar a la izquierda. 4) Pararse al lado de la mesa. 5) Esperar a que el ministro se acerque. 6) Tenderle la mano. 7) Decirle “buenos días”.
Uno de los rituales que repetía Fayt siempre al recibir periodistas, políticos, académicos era regalarles uno o varios de sus libros: “La omnipotencia de la prensa”, “Los derechos humanos y el poder mediático, político y económico”, “Cuando seas abogado” o “El socialismo”.
Fayt tiene una especial preocupación por no parecer antisemita. El juez fue muy criticado por sostener a capa y espada la teoría de la implosión en el atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. Su libro “Criminalidad del Terrorismo sagrado” es una defensa de la investigación que hizo la Corte, que no llegó a nada sustancial. No se sabe quién entró al país para cometer el atentado, ni quién adquirió y tuvo los días previos la camioneta Ford F-100 con la que se supone que se hizo, ni de dónde salieron los explosivos. Es más, en los primeros años se difundió que los muertos eran 29, cuando eran 22.
Fayt se reivindicó con la comunidad judía, en cierto modo, cuando logró, con un voto propio, que después del fallo del tribunal oral federal 3 que declaró la nulidad de la causa AMIA y absolvió a los acusados, se ordenara un nuevo juicio contra el desarmador de autos Carlos Telleldín por haber sido quien tuvo la Trafic que se usó en el ataque. El caso venía para ser cerrado definitivamente, pero lo convenció a Lorenzetti.
Ante cada visitante a su despacho, Fayt llama a su secretaria para que despliegue sobre el escritorio una especie de pergamino que instituciones judías le dieron por sus trabajos sobre la discriminación de los judíos en Rusia.
El crucifijo en una de las paredes solía despertar la pregunta de algunos que suponen a Fayt ateo. “Yo le exijo a Dios que exista”, pregonaba él. A los custodios solía mandarlos a estudiar la Constitución Nacional y después les tomaba lección. A cada nuevo empleado le hacía un interrogatorio sobre “recurso extraordinario”. Coqueto, recitador de piropos, recordaba los años en que daba clases en la facultad y las alumnas le dejaban flores sobre el capot del auto.
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Es raro que los jueces escriban sus propias sentencias, aunque a veces sucede. Por lo general, delegan. Tienen entre cinco y siete letrados cada uno. También hay un cuerpo de secretarios especializados en los fueros penal, civil, tributario, contencioso, de juicios originarios, laboral y previsional. Lorenzetti ha delegado no sólo en su círculo más cerrado de colaboradores –entre quienes está la hija homónima de Highton, “Elenita”— sino también, y especialmente, en Abritta, secretario general y de causas especiales. Abritta es una pieza clave en la Corte: gozó de la confianza de Nazareno, Fayt y Petracchi cuando fueron presidentes.
El acto central de la Corte es la ceremonia del acuerdo comienza cuando se cita a los secretarios y se los hace esperar en una sala contigua a la de los plenarios. Se llama “Salón de té” y sus paredes están cubiertas por retratos al óleo de todos los cortesanos; a los más recientes, Argibay y Petracchi, se los recuerda con fotos. Luego los hacen pasar de a uno y los invitan a sentarse en alguna de las sillas vacías para que expliquen casos en análisis. Ni bien terminan de hablar, les piden que se retiren. Los supremos no quieren testigos de sus deliberaciones. Los expedientes, que suelen ser muchos, son llevados por los ordenanzas hasta la sala en unas carretillas verticales de metal parecidas a los carritos de supermercado, las mismas que se usan para trasladar el material de un despacho a otro. Los proyectos de fallos se deslizan sobre la mesa del plenario en unas carpetas de color amarillo patito que los jueces se van pasando entre sí.
Hasta hace tres años, en el salón de té hacían los brindis con la prensa a fin de año y para el día del periodista, con los reporteros de judiciales. Pero Lorenzetti amplió la lista de invitados para incluir a empresarios de medios, columnistas y conductores de tevé. La gente ya no cabe y la celebración se mudó a un hall. Daniel Hadad, Luis Majul, Sergio Szpolski y Jorge Asís integran el elenco más reciente. En el último festejo se sumó Fernán Saguier, subdirector de La Nación. Tenía motivos para ir: en 2014, la Corte prolongó la medida cautelar que desde 2003 le impide a la AFIP ejecutar una deuda impositiva superior a los 300 millones de pesos al diario La Nación y a otras empresas periodísticas. Además de eximirlas de pagar, el tribunal declaró que no se las consideraba en mora.
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En su despacho, Lorenzetti cuelga pergaminos, medallas, premios, fotos con los papas Benedicto XVI y Francisco, una foto de Argibay. Como presidente supremo centraliza la llegada de las causas al tribunal, elige casos y los distribuye en un orden que puede cambiar, pero que solía dejar a Fayt al final, en otros tiempos impredecible. Lorenzetti arma la agenda, instala temas, títulos, frases y decide cuándo se habla públicamente y de qué. Así lo hizo con grandes asuntos: los jubilados, el aborto no punible, la libertad sindical, los topes indemnizatorios, el hacinamiento carcelario. El día que se obsesionó con resolver la inconstitucionalidad de la penalización (castigo) de la tenencia de droga para consumo personal, llegó al punto de mandarle un secretario a Zaffaroni para que firmara la sentencia durante el velorio del último hermano de su madre.
En las causas pendientes es donde radica el gran poder de presión y negociación de los jueces con el poder político. El caso predilecto de Lorenzetti es el de los jubilaciones: si bien la Corte resolvió con el caso “Badaro” la actualización de los haberes para quienes ganaban más de 1000 pesos entre 2002 y 2006, todavía no decidió el destino del resto del universo de los jubilados, aunados en una demanda colectiva del Defensor del Pueblo de la Nación. También tiene en la manga, sin sentencia, las demandas millonarias por coparticipación de Córdoba y Santa Fe.
El fallo que le que dio trascendencia internacional a la Corte fue la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de los indultos, que obstaculizaban el juzgamiento de los represores por crímenes de lesa humanidad. Fueron fallos con votos separados -pero coincidentes- argumentados por cada juez, y alguno en disidencia. Carlos Fayt votó por sostener las leyes de impunidad y los indultos. En este segundo caso, lo mismo consideró Carmen Argibay.
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Lorenzetti importó la idea de hacer un discurso de apertura de cada año judicial de Estados Unidos. Las filtraciones de Wikileaks demostraron los vínculos del cortesano con el país del norte: entre 2006 y 2010 se reunió al menos siete veces con el embajador Earl Anthony Wayne. De esos encuentros se llevó promesas de financiamiento para sus conferencias y expertos para modernizar el sistema informático.
A fines de 2007, el embajador Wayne describió a Lorenzetti como “un servidor público de mente abierta, capaz, independiente y con un ambicioso plan para la Corte Suprema (…) La pregunta sigue siendo si tiene la autoridad, por no decir el apoyo político, para crear un poder judicial e independiente”.
El contacto mermó cuando asumió la embajadora Vilma Socorro Martínez. A ella, en 2010, se encargó de contarle en qué andaba Lorenzetti la dirigente de PRO Gabriela Michetti. Según el informe de la embajadora, dijo que había un grupo de políticos opositores, jueces y empresarios que mantenían reuniones informales. “Este grupo informal, que por ahora elige permanecer confidencial, incluye al diputado nacional por la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay; al gobernador peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey; al presidente del partido radical, Ernesto Sanz, al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y a empresarios y banqueros…”. En 2013, Mauricio Macri los llamaría “el círculo rojo”.
Cuando habla en público, Lorenzetti saca pecho. Tiene porte de deportista. Entrena con aparatos y corre, a veces por Puerto Madero -donde vive- o en el gimnasio. Sus discursos repiten cada año conceptos y frases para satisfacer a todos los oídos. En largas exposiciones en las que no titubea, pide diálogo entre los tres poderes y también que corresponde a la Corte marcar lo que no es constitucional.
Convoca a los jueces a la cohesión, actuar con celeridad y ocuparse de cosas que le importan a lo que define como “la gente”. En los últimos dos años enfatizó que la “inseguridad” y el “narcotráfico” deben ser las grandes preocupaciones. Sus detractores critican la puesta en escena y el tono del discurso. Para garantizarse un auditorio lleno, Lorenzetti hace llamar uno por uno a la mayoría de los jueces. Muchos de ellos dan por sentado que hacer acto de presencia es el único modo de conseguir recursos para sus tribunales o soluciones a problemas básicos. Así lo cuenta un juez en estricto off the récord. Cuando el edificio del fuero de la seguridad social entró en peligro de derrumbe por el colapso de expedientes, algunos de sus miembros confesaron en una reunión de camaristas que habían ido a escuchar al supremo porque no encontraban otra forma de que les diera una audiencia para resolver ese escenario de alto riesgo.
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Durante los años noventa, la Oficina de Prensa de la Corte fue una fachada. Lo único que existía eran filtraciones de ciertos jueces supremos a determinados medios. El titular del área que intentó desafiar esa tradición oscurantista fue Ricardo Arcucci, pero terminó deportado a una oficina perdida en los tribunales federales. Lorenzetti tuvo la viveza de promover un cambio al crear el Centro de Información Judicial (CIJ). Al comienzo fue celebrado por la prensa especializada, porque acortó de acceso a los fallos, que salen publicados en su página web, una especie de agencia de noticias con perfil institucional.
Pronto mostró cuán frágil puede ser la línea divisoria entre la comunicación cristalina de una noticia y la posibilidad de darle un giro para que parezca otra cosa. No es menor, porque todo lo que sale en una agencia de información es reproducido en otros medios. En 2010, el CIJ tituló: “El Poder Ejecutivo recortó casi el 40 por ciento del presupuesto de la Corte”. No era cierto, no le habían sacado fondos, sólo que no le habían dado los 1273 millones de pesos que pedía, sino 918 millones. El reclamo de plata aglutina y agrada a la corporación judicial. Un año antes, el CIJ informó: “la Corte no despenalizó la tenencia de droga”. Pero había declarado inconstitucional su tenencia para consumo personal. Técnicamente la noticia era cierta porque el fallo es sobre un caso, no cambiaba la ley, pero era evidente que guiaría a todos los tribunales en adelante.
La llegada de la periodista María Bourdin como directora del CIJ, recomendada por Daniel Hadad, acabó con la carrera de Arcucci. Ella alcanzó su máximo punto de fama cuando posó con vestido negro y agarrada de un caño para la revista Noticias bajo el título “La Guerrera de la Corte”. En el primer acuerdo de los jueces pos publicación como de costumbre, fue Fayt el que rompió el hielo. Conociendo el eje Lorenzetti - Maqueda, que funcionan como un bloque, dijo:
—Doctor Maqueda ¿Usted lee la revista Noticias?
Maqueda, incómodo, tartamudeó y disertó por diez minutos sobre todas sus lecturas obligadas y favoritas, excepto la revista en cuestión. El resto, aguantaba la risa en silencio.
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La relación con los medios obsesiona a Lorenzetti. Lo irrita que lo critiquen. Frente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –de 2009– era difícil que pudiera, fiel a su estilo, dejar a todo el mundo contento. Él estaba a favor de la norma, pero la Corte le dio a Clarín más de tres años de aire. Aunque primero revocó una medida cautelar que en Mendoza había suspendido la ley completa, prolongó la vigencia de otra del propio multimedios para que no lo obligaran a desinvertir en el plazo de un año. Todo lo que llegaba a los despachos cortesanos venía de otro tribunal, siempre favorable a Clarín, que se haría célebre: la Cámara Civil y Comercial, denunciada por el Gobierno porque la mayoría de sus jueces aceptaron como obsequio, en pleno trámite de la causa, un viaje a Miami a un encuentro sobre libertad de expresión organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Comunicaciones (CERTAL), del que el grupo Clarín es parte. La Corte olvidaría sus advertencias sobre los riesgos de prolongar cautelares y convertirlas en sentencias anticipadas. Concedió una a la empresa en octubre de 2010 y luego la volvió a extender en mayo de 2012, cuando fijó el famoso 7 de diciembre (7D), que tampoco se cumplió.
En 2010 empezaron a visitar a Lorenzetti empresarios potentados. Llegaban al Palacio de tribunales de incógnito, entraban por una puerta lateral que lleva a la Alcaidía, donde están los detenidos, en el subsuelo. De allí, tomaban el ascensor al cuarto piso. Lo alentaban a hacer política. El principal sponsor de esa idea fue Gerardo Werthein, ligado a Telecom, La Caja y los negocios agropecuarios. Pero la presencia de Héctor Magnetto, el CEO de Clarín, desnudó el lobby contra la “Ley de Medios”.
Néstor Kirchner cuestionó las visitas de hombres de negocios, entre quienes también escrachó a Paolo Rocca de Techint, Luis Pagani de Arcor y Sebastián Bagó. Sólo algunos jueces federales (los que investigan corrupción, narcotráfico y derecho humanos) consiguen acceso tan fácil al despacho de Lorenzetti.
El viernes 14 de junio de 2013 llegó a la Corte el expediente entero sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Había que resolver sobre su validez. Venía con una lapidaria declaración de inconstitucionalidad de la Cámara en defensa del monopolio y el derecho de propiedad firmada por Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni. De las Carreras llamó por teléfono a su hijo Matías, secretario de Fayt. “Ese tema ya va para allá”, le avisó. Guarinoni convocó a sus secretarios a tomar un trago en su despacho para celebrar que se habían sacado el tema de encima. Cuando por fin resolvió la Corte, Fayt fue el único que se opuso a votar la constitucionalidad.
El fallo por la ley de medios mostró a una Corte pendiente de la coyuntura política. Era un año de elecciones legislativas. Lorenzetti llevaba el timing del expediente. Hasta que un día Petracchi estalló: “¡Es una vergüenza seguir postergando esto!”, le dijo, al borde del grito. Dos semanas después, a veinticuatro horas del cierre de los comicios, el presidente supremo ponía a circular su voto favorable a la vigencia de la ley, al que se sumaría Highton. Sus colegas lo recibieron de noche. A la mañana siguiente, la del 29 de octubre, salió la sentencia con una defensa de las medidas antimonopólicas y la afirmación de que no estaba afectada la sustentabilidad económica de Clarín. Maqueda y Argibay firmaron aparte. Zaffaroni compartió argumentos con Petracchi y agregó su pincelada al hablar de que la configuración cultural no puede quedar en manos de monopolios. Lorenzetti hizo un aporte de equilibrista, como guiño a las empresas, con un tema que nadie había planteado en la causa: pidió que el “reparto de publicidad u otros beneficios” “no se conviertan en instrumentos de apoyo a una corriente política determinada”. En otros fallos lo había obligado a ponerle publicidad a la editorial Perfil y al diario Río Negro.
La posición ostensiblemente pro Clarín de la Cámara Civil (bautizada “Cámara en lo Clarín y Cautelar” por los partidarios del Gobierno) fue el germen de la discusión de una reforma judicial: mientras el Poder Ejecutivo criticaba a ese tribunal, la “comisión de independencia judicial” de la Corte –que lideraban Highton, “Helen” para sus amigos, y Argibay, “Carmencita”—emitió un comunicado acusándolo de presionar a los jueces. Un sector que discrepaba con esa defensa corporativa, fundó Justicia Legítima. Esta agrupación hizo visible la discusión acerca de la influencia de los poderes fácticos y otras corporaciones (económica, eclesiástica y judicial misma) sobre los jueces. La evidencia de una fractura en el Poder Judicial encolerizó a Lorenzetti, pero más aún el envío por parte del Gobierno de las leyes de “democratización” de la justicia, sin haberlo consultado, pese a que a él le habían encomendado la faraónica reforma del Código Civil y Comercial. La ley que más ruido hizo fue la que incluía desde la elección popular de consejeros de la Magistratura y la ampliación de sus miembros.
Para dejar de ser “el abogadito de Rafaela”, como le decían, Lorenzetti se puso del lado de las togas y estrechó lazos con la tradicional Asociación de Magistrados, en especial con Luis Cabral, un nombre que llegó a las tapas de los diarios cuando el Consejo de la Magistratura puso fin a sus cuatro años de subrogancia en la Cámara de Casación. Cristina Kirchner negoció con el presidente de la Corte: no le tocarían el manejo de los fondos. La lluvia de medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de reforma presentadas por jueces y abogados, avanzó. Gracias a un fallo de la Corte de 2012 los jueces inferiores están habilitados para declarar la inconstitucionalidad de oficio de leyes federales, nacionales o locales.
Casi nada de las leyes reformadoras de la Justicia quedó en pie. Sobrevivió, por ejemplo, el ingreso por concurso, sin nombramientos a dedo, que el alto tribunal ni siquiera aplica.
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El máximo nivel de “concordancia” en los votos de los jueces supremos se dio entre Lorenzetti y Zaffaroni, en un 71,53 por ciento de casos, según un estudio del constitucionalista Gustavo Arballo en base al análisis de 526 casos que trató la Corte desde 1984 hasta 2014. Pero el alineamiento más frecuente en los últimos tres años fue entre Maqueda y Lorenzetti: 92,73 por ciento. El nivel de coincidencia más bajo lo tuvo Argibay, quien votó sola en un 40, 91 por ciento de casos récord. En los últimos diez años, Fayt tuvo como compañero más afín a Lorenzetti, con quien llegó a un nivel de coincidencias de 82 por ciento en el último trienio y de 88 por ciento en los casos relevantes de 2014.
Según Arballo, la Corte de la era Kirchner tuvo su primavera entre 2004 y 2010. “Fue la mejor de todos los tiempos, reparó injusticias históricas”, dice. Ahora la ve en un período de “amesetamiento”. “Más allá de los temas judiciales institucionales, nunca avanzó en fallos que pudieron haber hecho daño al Gobierno, con causas sobre retenciones impositivas o el cepo al dólar, por ejemplo. Hasta lo favoreció, en casos como el que dejó sin efecto el embargo contra Chevron (lo que habilitó a la empresa a ingresar en Vaca Muerta)”, explicó.
Otro joven constitucionalista, Lucas Arrimada, profesor de Derecho de la UBA, sitúa las primeras desavenencias entre la Corte y el Gobierno en 2008, a raíz del conflicto con el campo por las retenciones móviles a la soja. “Así como ese enfrentamiento generó que dirigentes allegados al oficialismo se distanciaran y pasaran a integrar la oposición, en la Corte se produjeron corrimientos similares y algunos fallos con alto impacto, como había sido el de Badaro con las jubilaciones, que se podían leer como dirigidos a darle argumentos a la oposición política y mediática”, señaló.
El contacto asiduo que Lorenzetti tenía con la Presidenta se fue perdiendo. Ahora habla con el secretario de Justicia, Julián Alvarez. En privado se cuida de criticar al gobierno. “A mí me gusta lo que hacen, pero Cristina está mal asesorada, gestiona mal”, dice. La imagen que actualmente cultiva ante la opinión pública, más allá de que ningún fallo haya puesto en riesgo la gobernabilidad, es la de un tribunal opositor, o que se mira a sí mismo y a su gente, los jueces, pero –además—concentrado en su figura.
Una vez más, fue Fayt el que reforzó la teoría de una presunta carrera política de Lorenzetti. En noviembre de 2012, después de recibir un premio a la trayectoria en el Club del Progreso, le pidieron una opinión sobre él. “Hasta podría ser un excelente presidente de la Nación”, pronosticó. La relación entre ambos ha sido cordial, pero oscilante. Cuando la AFIP anunció que investigaba al presidente supremo y su familia por posible evasión, la Corte comunicó que pediría una reunión con el organismo, pese a que era un tema personal. Firmaron cinco jueces. Zaffaroni estaba ausente. Fayt se negó. A un secretario le dijo: “Solo pongo las manos en el fuego por dos o tres personas”.
Zaffaroni se jubiló con una carta de despedida donde dice que discrepa con el carácter vitalicio de los cargos, más propios de una monarquía que de un sistema republicano. Lorenzetti, quien se apoya en la perpetuidad de Fayt, la recibió con desagrado. Al equipo que trabajaba con el penalista lo sacó casi íntegro de la Corte. Cuatro personas fueron a parar a la nueva Cámara de Casación ordinaria y el Instituto de Investigaciones que hace las estadísticas de homicidios estuvo tres meses en el limbo y aterrizó en el Consejo de la Magistratura. Una vez vaciado el despacho de Zaffaroni, inauguró allí su Oficina de Justicia Ambiental.
Cuando se desató la discusión por el reemplazante, Highton dijo que se debe completar el tribunal porque quedarían empatados en muchos temas. Si se suman sus problemas de salud, los de Maqueda y la edad de Fayt, el escenario no es de gran seguridad jurídica. Lorenzetti enfureció con la jueza: él intentaba instalar la idea de que la Corte puede funcionar con sólo cuatro miembros.
En sintonía con su postura sobre el funcionamiento supremo, la oposición política decidió trabar el nombramiento de cualquier candidato que proponga el Ejecutivo. La postulación del penalista Roberto Carlés, cercano a Zaffaroni, no consigue los votos en el Senado.
Durante sus 9 años como presidente de la Corte, Lorenzetti evitó modificar uno de los grandes privilegios judiciales: el que exime a jueces y funcionarios judiciales de pagar impuesto a las ganancias. Cuando fue postulado para el tribunal, había dicho que los jueces deberían tributar como cualquier hijo de vecino.
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La solvencia discursiva de Lorenzetti tambaleó ante la comunidad judicial cuando, al inaugurar el año dijo erróneamente, para contestar a un reclamo de la Presidenta, que el atentado a la Embajada de Israel es “cosa juzgada”. El secretario penal a cargo de esa investigación, Esteban Canevari, le había armado un memo que explicaba por qué sigue abierta. El CIJ tuvo que publicar una aclaración. El juez había estado más concentrado en otra jugada: la proyección de un video sobre “tragedias” que mezcló con comentarios sobre la “impunidad”. Era una combinación de imágenes de centros clandestinos, víctimas como Angeles Rawson, Marita Verón, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la AMIA y por último en un primer plano cada vez más grande aparecía Alberto Nisman, cuya muerte está en plena investigación. De fondo sonaba una versión del himno nacional. Había pantallas a ambos lados de la sala de audiencias. En las butacas, con reservas especiales para jueces federales y figuras de los medios, no había lugar para los familiares de víctimas de la AMIA que integran Memoria Activa.
Los signos de decadencia se acentuaron en un último intento fallido de Lorenzetti por exhibir su poderío cuando convocó a un acto con la excusa del Día del Ambiente. Evitó hacerlo en la fecha verdadera, que era el viernes 5 de junio, porque en tribunales se trabaja a medias y los jueces del interior difícilmente viajaran. Lo pasó para el 10 y lo pegó a un brindis por el día del periodista, para garantizar cobertura mediática. Para que no le criticaran que quedaba gente afuera, lo hizo en el Patio de Honor, al lado de la sala de audiencias. Hubo camaristas, jueces federales y de tribunales orales, pero Lorenzetti quedó casi solo en la tarima pidiendo al Poder Judicial, con las palabras de siempre, “unidad” e “independencia”. Sólo lo acompañaba Maqueda. Estaba el cartelito que indicaba la presencia de Highton, pero la silla estaba vacía. Luego alegó algún compromiso. Fayt, pese a los pedidos para que fuera, se quedó en su departamento.
Una de las últimas acordadas de la Corte la puso en el centro del debate político: la reelección de Lorenzetti, ocho meses antes de que finalizara su mandato. La acordada, breve, la redactó a las apuradas un secretario. Lorenzetti alegó que temía por el futuro de Fayt, pero eso no debía quedar en el texto. También se dijo consciente de que a futuro, sus pares le podrían revocar el mandato, como les pasó a Boggiano y José Severo Caballero.
El secretario Abritta, habituado a llevarle a Fayt los fallos a su casa, le acercó el de la “re-re-re”. Fayt, sin preguntar nada, puso la firma.
Lorenzetti echó a rodar la versión de que había renunciado a la presidencia desde el año que viene por “cansancio moral”. Al periodista Horacio Verbitsky –que suele dedicarle varios párrafos en sus columnas dominicales en Página/12- le escribió una carta diciéndole que ya mismo dejaría la presidencia. El operativo clamor funcionó. Maqueda le empezó a pedir por favor que no abandonara el barco, y ofreció reconfirmarlo por escrito.
La esposa de Fayt, Margarita, una licenciada en Educación que lo aconseja en todo, llamó a Lorenzetti. “Le quería decir que el doctor está muy bien”, empezó la charla. “Y aguarde un momento que le va a hablar”. Fayt tomó el teléfono. Al día siguiente atravesó la marea de cámaras de televisión que había en la puerta de su casa, entró al Palacio por la Alcaidía, se sentó a la silla de la sala de acuerdos y ratificó la reelección, igual que el resto.
Para demostrar que su vitalidad es tan vitalicia como su cargo, Fayt solía llamar a los secretarios, les pide que abran las palmas de las manos y les da unos golpes de puño, con aires de Rocky. “Vamos a ver –los desafía—si ustedes llegan así, con esta energía”.