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La democracia en América Latina está enferma.
Los indicadores de cultura política hablan del descontento de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. El nivel de satisfacción con la democracia pasó de un 38% en 1995 al 39% en 2013. La confianza en las instituciones políticas (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) en 18 países de América Latina promedia el 30%. En algunos países es todavía más abajo, como Perú, 20%. Uruguay es la excepción, con una legitimidad del 55%.
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Según los expertos, los mecanismos institucionales más efectivos para mitigar las prácticas irregulares pasan por el control tributario y de transparencia del patrimonio de los políticos. Sin embargo, el 25% de ellos reconoce que ninguna de las medidas aplicadas hasta ahora fue efectiva.
Más allá de los datos globales, hay especificidades por región: en Argentina y Uruguay los niveles de satisfacción son altos, y esa confianza se extiende a las instituciones políticas (Gobierno Nacional, Parlamento, Partidos Políticos) y sociales (como sindicatos y movimientos sociales). Los académicos coinciden: en estos países las élites políticas son más permeables a las demandas de la ciudadanía que a las de las élites económicas. Quizá porque es donde menos presencia empresarial se observa en los parlamentos.
En la vereda de enfrente se ubican Brasil, Colombia, Perú y Chile con los niveles más altos de influencia empresarial sobre gobiernos y parlamentos. En México y El Salvador, por su parte, esa incidencia es alta e impacta sobre todo en las campañas electorales.
Al clima de creciente desafección política en la opinión pública se agregan debates sobre la calidad de la democracia. Pese a que América Latina cuenta con regímenes e instituciones de la democracia representativa y ciclos electorales regulares, los análisis llaman la atención sobre las limitaciones y déficits en la calidad de las instituciones políticas. Se señalan problemas de accountability para controlar los abusos de poder, hacer efectivos los derechos ciudadanos, las debilidades de los mecanismos de participación y la inscripción de intereses privados en la esfera pública. La corrupción aparece como el problema principal.
Pero los problemas contemporáneos no se acaban en los déficit de legitimidad, desempeño e inestabilidad institucional. Un problema crucial que enfrenta la democracia en América Latina es la perversa y persistente convergencia entre democracia y desigualdad. La concentración extrema de la riqueza va de la mano con la concentración del poder, y ésta deriva en sistemas democráticos capturados por quienes tienen ese poder. Así, se reproducen políticas excluyentes que van a contrapelo de la reducción de la pobreza. Esa desigualdad económica lleva a la ciudadanía a cuestionar el sistema democrático. La percepción dice que los intereses de la mayoría son ignorados, y que se gobierna para grupos poderosos.
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La desigualdad de ingreso de los hogares no es la principal medida para captar esas desigualdades económicas en la distribución de la riqueza y sus tendencias a la concentración en los denominados ricos y ultra-ricos. Esos datos deben complementarse con las mediciones en base a registros tributarios. Estas medidas aún son limitadas. Según una comparación internacional de 22 países se sabe que en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay la concentración de la riqueza en el 1% más rico de la población entre 1990 y 2015 es mayor que en el resto de las naciones subdesarrolladas del mundo.
Pese a algunos avances, la persistencia de disparidades estructurales y de la posición activa de los grupos de poder para mantener privilegios trae aparejado bloqueos y frenos recurrentes a las reformas tributarias progresivas o incrementos en políticas sociales.
El interés de este trabajo es abordar la presencia de empresarios y grupos empresariales en la política latinoamericana en tanto élites económicas de poder emergente en los últimos tiempos. Esta influencia aparece como un fenómeno recurrente en la política de Latinoamérica con consecuencias políticas, ideológicas y económicas relevantes sobre el devenir de la democracia y la reproducción de la desigualdad en la región.
Algunas preguntas guía de la investigación fueron: ¿De qué empresarios hablamos? ¿Son grupos nacionales o representantes de multinacionales? ¿Cómo se relacionan las élites y las Cámaras Empresariales con el campo político? ¿Cuáles son los empresarios que ingresan a la política? ¿Qué prácticas son más frecuentes?
La presencia pública de empresarios, empresas y gremiales empresariales en la vida política es un signo de los tiempos contemporáneos en los países de América Latina. (...) Una interpretación sencilla diría que las reformas económicas neoliberales colocaron en el centro el empoderamiento al sector privado y a los empresarios como agentes del desarrollo económico y del orden social. De todas formas, para comprender esta influencia hay que entender otros procesos.
En primer lugar, hubo cambios subterráneos relevantes en la relación empresarios- Estado a partir de la década del 70’ a través de “colonización” y “captura” de reductos de la burocracia estatal por parte de sectores empresariales o de grupos técnicos representantes de intereses privados nacionales e internacionales. Lo hicieron a través de la influencia ejercida por economistas neoliberales: los Chicago Boys articulando con la dictadura chilena y sus homólogos de los Ministerios de Economía en los países del Cono Sur. Después, durante las reformas neoliberales de los 90’ reaparecieron en puestos claves de toma de decisiones, como Ministerios de Economía y Bancos Centrales.
Parte de esa “colonización” se produjo a partir del fomento de mecanismos institucionales de asociación “colusoria” entre intereses privados y públicos en áreas privilegiadas de intervención estatal para la acumulación y captura de rentas, como las privatizaciones. También se sumó la aparición de grupos técnicos intermediarios entre grupos empresariales, burocracias estatales y partidos políticos como consultoras, think tanks, profesionales con saber especializado y vínculos con instituciones referentes del capitalismo internacional y de las redes de gobernanza mundial.
Estos asesores especializados promovieron nuevos enfoques manageriales de la gestión pública, imbuidos del “nuevo espíritu del capitalismo”, de los valores asociados a la industria del management (como ser el liderazgo, la innovación, emprendedurismo), las virtudes de la eficiencia del libre mercado y de la empresa como agentes de modernización. Chile es un caso emblemático del empoderamiento de los tecnócratas y los technopols en la formación de los programas de gobierno para las políticas públicas.
En segundo lugar, desde la década del 70’ se registran cambios dentro del campo empresarial en los sectores económicos y la composición de sus organizaciones. Esto se produjo en tres grandes grupos: 1) La reproducción parcial de las élites tradicionales locales asociadas a la propiedad de la tierra y el control de las gremiales empresariales nacionales. 2) La conformación y expansión de grupos económicos nacionales asociados al Estado (resultado de las privatizaciones, la intervención estatal en áreas económicas privilegiadas, el complejo industrial militar estatal). 3) La incorporación de capitales extranjeros y empresas multinacionales, muchas veces en asociación con capitales locales.
En tercer lugar, ocurrió una reconversión política de los empresarios en democracia. La politización de los empresarios se trasladó de las arenas ocultas del poder del Estado en los períodos autoritarios a los espacios públicos de la política partidaria en democracia. Este ascenso político resulta, en parte, de implementar reformas neoliberales que pusieron en el centro el empoderamiento del sector privado y a los empresarios como agentes del cambio económico y del orden social.
La organización colectiva e influencia política de los empresarios en América Latina se ha caracterizado por diversos “tipos de acción política empresarial”: 1) Protestas y revueltas. 2) Golpes de Estado; 3) Invasiones militares; 4) Elecciones con acomodos empresariales a partidos o candidaturas populistas; y 5) Candidaturas y Gobiernos conservadores. Las primeras tres prácticas han sido más comunes en el pasado y en los períodos de crisis, en tanto las últimas se relacionan con las estrategias de adaptación e inserción en el juego democrático.
Durante la transición democrática, los empresarios tuvieron “escasa” representación política porque estaban asociados a los sectores civiles que apoyaron a los regímenes autoritarios de los ‘ 60. De todas formas, las democracias emergentes no cuestionaron los intereses fundamentales de la economía de mercado, y esos empresarios fueron progresivamente insertándose como un actor económico y político de creciente visibilidad pública. El impulso del segundo ciclo de reformas neoliberales en un contexto de democratización facilitó su reconversión a la competencia electoral, su politización creciente y el ascenso a posiciones de poder a través de partidos políticos. Algunos ejemplos: el fujimorismo en Perú, el menemismo en la Argentina.
Al cierre del ciclo neoliberal de los 90’, se produjo la concentración y extranjerización de las estructuras económicas, con el debilitamiento de grupos empresariales tradicionales. A ello se sumó la multiplicación de crisis económicas y el ascenso del giro político de las izquierdas latinoamericanas a los gobiernos a partir de los años 2000, lo que obligó a un repliegue táctico de los empresarios en la política.
Las coyunturas más recientes de reacciones conservadores y frenos al ciclo progresista, por la persistencia del peso parlamentario de los partidos de derecha y la renovación de candidaturas de empresarios en partidos empresariales o conservadores, vuelven a poner en primer plano a los empresarios como actor político. Además, en este último período histórico emergen protestas y movilizaciones políticas activas de los empresarios apoyadas desde los grandes medios como el caso de “nao vou pagar o pato” de la FIESP en Brasil previo al Golpe de Estado encubierto impulsado en 2016.
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De acuerdo con la amplitud estos cambios emergen tres perfiles de países en América Latina. Los que mantuvieron una continuidad en las políticas públicas y matrices socioeconómicas típicas del neoliberalismo como Chile, Colombia, México y Perú. En una posición intermedia, están los que vieron llegar al poder izquierdas moderadas e institucionales, que llevaron a cabo reformas sociales pero convivieron con el peso de las derechas en la oposición, como Uruguay y Brasil. En el otro extremo, las experiencias de gobiernos de Izquierda que apostaron a cambios más radicales al tiempo que las derechas tradicionales perdían espacio político, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con sus diversas trayectorias, el peso político de las derechas vuelve a poner en el centro de la escena la necesidad de analizar la convergencia entre programas políticos neoliberales y el reclutamiento de políticos provenientes del campo empresarial.
En América Latina este análisis es especialmente interesante por la influencia histórica que tienen las clases altas en la composición de las élites políticas. Está probado el vínculo entre el capital social y cultural familiar de origen de los parlamentarios y los indicadores de desigualdad socioeconómica de los países. Dicho patrón elitista no se relaciona positivamente con una mejor práctica democrática.
Fragmento del informe Oxfam/CLACSO El poder fáctico de las élites empresariales en la política latinoamericana: Un estudio comparado de ocho países, por Miguel Serna y Eduardo Bottinelli.
Fotos Emiliana Miguelez