Cinco millones de dólares y 65 hectáreas cedidas en 1993 por el Ministerio de Economía de Domingo Cavallo fueron el puntapié para la apertura de la Fundación Felices Los Niños. La ONG con sede en Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, llegó a tener 17 hogares distribuidos en todo país por los que transitaron más de 6000 niñas y niños alejades de sus familias por distintos tipos de violencias.
En Juana Manuela Gorriti al 3500, Hurlingham, tenía su oficina Julio César Grassi, el cura que estuvo al frente desde su creación hasta 2001. Hoy Grassi vive en la celda 16, pabellón 6, de la cárcel de Campana. Fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Su nombre está en la lista del registro de violadores del Ministerio de Justicia junto, por ejemplo, a Jorge Mangieri, el femicida de Angeles Rawson. En el 2026 Grassi quedaría en libertad y podría volver a dar misa. En realidad, si quiere ya puede darla dentro del penal.
El modus operandi del cura, la reacción eclesiástica y judicial y el hostigamiento que recibieron las víctimas luego de animarse a denunciarlo dan cuenta del sentido estructurante de los pedófilos dentro de la iglesia: Julio Grassi, Luis Anguita, Walter Eduardo Avanzini, Nicolás Corradi son algunos de los 62 curas abusadores denunciados en Argentina desde que explotó el caso. Sólo 3 de ellos fueron expulsados del sacerdocio.
El suicidio del cura Eduardo Lorenzo (ex capellán Penitenciario y confesor de Julio César Grassi, acusado de abuso sexual infantil y corrupción de menores) y antes la explosión pública del caso del Instituto Provolo también son referentes de este tipo de violencia institucional sostenida por la complicidad social, mediática, política y judicial además de eclesiástica. Muestran que la existencia de pedófilos dentro de la iglesia no se trata de casos aislados. Como dicen las víctimas de Lorenzo, agrupadas en la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiásitico de Argentina: “la muerte no repara el daño hecho, lo único que repara es la justicia”. También dicen: “Abusos Nunca Más: Iglesia y Estado asunto separado”.
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Las primeras acusaciones contra el referente de Felices Los Niños fueron hechas en el 2002, luego de una investigación periodística de Miriam Lewin para Telenoche Investiga (Canal 13). Entonces, tres jóvenes contaban cómo el cura abusaba de ellos cuando tenían 9, 13 y 17 años. Seguramente hoy un caso como éste no tendría la impunidad social que tuvo en su momento ni el apoyo público de figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez. Pero entonces la contundencia del relato de las víctimas, en primera persona y frente a la cámara de uno de los programas más vistos y legitimados de la TV, no fue suficiente. Unos años después, el cura también fue condenado por corrupción.
Felices Los Niños siguió existiendo con fondos otorgados por el Organismo de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y desde 2014 tuvo a Juan Manuel Casolati ( ex Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín) como interventor. En 2017, una auditoría detectó que la Fundación tenía deudas millonarias con la AFIP, acumulaba juicios laborales y deudas a proveedores. Entonces la cerraron. El Estado intervino las escuelas que funcionan en el predio y reubicó a los 52 niños y niñas que seguían viviendo allí con familias biológicas o adoptivas y fueron derivados a otras instituciones. El interventor, por su parte, denunció: “Desde 2016 el gobierno provincial dejó de darnos las partidas de dinero a razón de unos 500 mil pesos por mes y tiene la intención de realizar un negocio inmobiliario millonario con los bienes de la fundación, que no sólo posee terrenos aquí en Hurlingham –unas 67 hectáreas-, sino en Calafate, Santa Cruz; además de otros lugares del Gran Buenos Aires, como La Matanza y San Miguel. Nos están liquidando, vaciando de a poco”.
En 2019 el gobierno provincial redestinó la gestión de ese terreno fiscal de 50 mil metros cuadrados y lo volvió a entregar a la iglesia: el Obispado de Morón desarrollará infraestructura para fines recreativos y comunitarios. A fines del mismo año, el Papa Francisco firmó un decreto histórico en el que dispone abolir el secreto pontificio sobre las denuncias, encubrimientos y procesos vinculados a violencia sexual en el marco de la institución religiosa y los juicios canónicos.
Las fotografías que conforman el corpus de este trabajo fueron tomadas entre 2016 y 2019 dentro del predio que pertenecía a la Fundación Felices Los Niños, y acompañadas por la edición de Martín Acosta. Estas fotos buscan construir sentido frente a la opulencia del poder político-económico de los pederastas y de la Iglesia como incubadora de éstos.