Palo y a la bolsa

Bajo la niebla de un país a la deriva, finalmente la casta obtuvo su ley. Quedó claro durante toda la jornada que se medían en el parlamento dos fuerzas políticas y sociales. 

Por un lado, el trámite opaco con el que las grandes corporaciones internacionales terminan de montar un extraordinario y auténtico sistema de privilegios. Hay que volver una y otra vez sobre esta idea.

Lo que se acaba de votar ―una ley supuestamente fundacional de una nueva época en la política argentina― es, ni más ni menos, un gigantesco sistema de privilegios fiscales, normativos y administrativos en beneficio de muy pocas grandes empresas internacionales.

La extrema derecha gobernante, en alianza con otras fuerzas de derecha y con las oportunas colaboraciones de legisladores que sobre el final de la negociación terminaron adhiriendo a propuesta, acaba de erigir lo que ahora sí es un auténtico sistema de casta.

A partir de la sanción de esta ley van a consolidarse posiciones de sujetos extremadamente privilegiados que van a pagar menos impuestos y van a tener una estabilidad garantizada por el Estado en sus asuntos económicos que no va a gozar el resto de los ciudadanos. Desde un análisis de los procesos ideológicos, se trata del auténtico retorno de una casta que la publicística de la extrema derecha siempre aparenta combatir, mientras que, en cambio, no dejan de consagrar, devotamente, todos sus intereses (incluso en niveles no solicitados por esos poderes económicos). 

Es revelador todo lo que queda del otro lado en el proceso de sanción de esta ley. Vimos a la policía no sólo reprimiendo, sino haciendo un uso provocador, arbitrario, claramente abusivo de la violencia. Como si se tratara de una continuidad en la misma forma del poder. Lo que vemos en los gestos de la policía sobre manifestantes pacíficos son los abusos y provocaciones que las empresas beneficiadas por este infame sistema de promoción de inversiones van a provocar sobre el futuro de la vida social de los argentinos en los próximos años. La brutalidad y la arbitrariedad de la policía no sólo resulta funcional a la consagración de la nueva casta económica de la extrema derecha. Por otra vía, anticipa lo que va a ser esa forma de control sobre los recursos naturales, los derechos de los trabajadores, los contextos y las tradiciones culturales de los habitantes de este país.

Lejos de la fantasía de un libre mercado que ofrece oportunidades infinitas para una masa de individuos que no necesitan organizarse políticamente, lo que vemos en realidad es la consolidación de un sistema que sólo va a concentrar la distribución desigual de oportunidades vitales, económicas y culturales. Precisamente por prescindir ―o, como prefiere decir nuestro presidente, por destruir― la instancia de la organización política de una sociedad que es el Estado. 

La brutalidad y la arbitrariedad de la policía son el preludio de la brutalidad y la arbitrariedad de la verdadera casta. Que de la mano del sadismo de la motosierra ha vuelto a consolidarse en la dirección del gobierno en la Argentina.

El oficialismo consiguió aprobar la ley por un margen mínimo y con una gran dosis de suspenso. Tuvo que negociar mucho para hacerlo y cambiar la estrategia inicial que lo había llevado al fracaso. Aun con sus diatribas contra la casta política, La Libertad Avanza acepta que tiene una minoría inédita en las dos Cámaras y necesita mostrar algún éxito legislativo tras medio año de gobierno. 

El camino supuso negociar con gobernadores, con referentes de los distintos partidos, con senadores que no responden a un gobernador ni tienen alguna terminal política clara. 

Lo hizo a cambio de modificaciones que benefician a sus provincias y también de beneficios puntuales para algunos legisladores. Que los términos de esa trabajosa negociación se conozcan es problemático para el oficialismo, pero que se muestre capaz de negociar y llegar a resultados le anota un triunfo que va a reivindicar de ahora en más. 

La Ley Bases atraviesa el Senado con muchos cambios y con concesiones significativas: se eliminó la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA, y de disolver organismos vinculados a la cultura -entre ellos el CONICET y el INCA; se introdujeron cambios en el RIGI, se rechazaron los capítulos que proponían cambios en impuestos como Bienes Personales y Ganancias, se eliminó la derogación de la moratoria jubilatoria y se mantuvo el monotributo social. Pero la normativa llega también con logros importantes para la agenda de Javier Milei. 

Ahora será el turno de una nueva ronda en Diputados, en la que podrá verse la fuerza o la debilidad de los acuerdos políticos alcanzados en esta fase de la negociación. 

Fue un trámite legislativo de esos que ocurren cuando los números están realmente ajustados y el fondo de la cuestión moviliza a mucho más que el sistema político.

Con la votación de la Ley Bases, el gobierno nacional y el de la Ciudad decidieron que no van a permitir la expresión del disenso en las calles. 

Lo hicieron a partir de un operativo descomunal. Con miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Después se sumó la Policía de la Ciudad. 

En las primeras horas de la manifestación la Policía Federal reprimió con gases lacrimógenos a quienes estaban sobre la Plaza de los Dos Congresos. Usó el mismo gas que había usado en las marchas durante el verano, esos que producen un daño mayor en quienes reciben la sustancia en la cara. 

Después, a la escalada desproporcionada y violenta del operativo le sumaron camiones hidrantes, balas de goma y hasta vimos integrantes de la Prefectura con armas de fuego. Es importante remarcar que hasta hace algunos meses esto estaba prohibido en la Argentina. 

Más tarde las policías Federal y de la Ciudad detuvieron a más de 30 personas que hoy siguen privadas de su libertad. 

El gobierno celebró y aplaudió el operativo y la intervención de las fuerzas de seguridad. Utilizó la palabra “terrorismo” y “golpe de Estado”. Esto es absolutamente problemático porque lo que ocurrió ayer no tiene esos tintes. 

Al utilizar esos términos, el Gobierno legitimó la represión alarmante.

Más allá de las modificaciones cosméticas, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones salió cómo pretendía el Poder Ejecutivo. Esto refleja un consenso que viene operando en este país hace por lo menos dos décadas, que es la cuestión de los commodities. Dirigentes políticos, de la mayoría del espectro político, votan o promueven legislaciones para atraer inversiones para la extracción de petróleo o minera. Pasó también con Vaca Muerta, durante el gobierno anterior. Se vuelve a votar un proyecto que afianza el extractivismo y una economía de enclave. 

Esto generó tensiones en el pasado y generó represión también. Ocurrió en Chubut, en Catamarca, en Jujuy, en Mendoza, en todas las provincias del área cordillerana. Son tensiones que se ven en otras geografías del país. Independientemente del color político de quien esté a cargo del Gobierno, las policías provinciales reprimen o llega Gendarmería. El modelo extractivo conlleva represión, quedan de lado los derechos consagrados, por ejemplo, la voz de las comunidades originarias. Ayer ocurrió en el Congreso. 

No hay inocencia, hay grandes intereses de parte de algunos grupos. De un lado y del otro se oye lo mismo: “No estoy en contra de que vengan inversores". Pareciera que cualquiera que venga está bien sin importar qué es lo que nos deja ese inversor y cómo la inversión directa y sus proyectos van a delinear el sendero de desarrollo de este país. Poco van a poder hacer quienes están a cargo de legislar o en el Ejecutivo. El margen de acción es cada vez más acotado, porque las garantías dadas son muchas.  

Se está planteando avanzar a toda fuerza con el petróleo y el gas, que están llegando a un límite. Además, se olvida la relación entre la extracción petrolera y el cambio climático. Hay un consenso extractivo: ir por los commodities. El cortoplacismo ha ganado y eso es lo trágico.

La votación del Senado va a quedar en la historia del oprobio. Desoyendo las disposiciones de la Constitución, que prohíbe otorgar poderes legislativos así de amplios como los que se concedieron, el Congreso le da facultades para actuar a su antojo a una persona que acababa de decir públicamente que su objetivo es destruir el Estado. No reformarlo, no mejorarlo: destruirlo. El desquicio en el que estamos es total.

Por si a alguien todavía no le quedó en claro, la casta son ellos. Los números son claros: el ajuste recae completamente en la población trabajadora y en los jubilados. Mientras tanto, con la Ley Bases, los ricos amplían sus beneficios y consiguen pagar menos impuestos. Luego de esta votación está más claro que nunca. La casta no tiene miedo porque son ellos. No hay nada en La Libertad Avanza que meta miedo a los factores de poder o a las instituciones. Ni siquiera a la mayoría de los políticos tradicionales: casi todos los partidos del Congreso le están dando a Milei las herramientas de destrucción que solicita. El PRO está en un virtual cogobierno. La UCR, tan vapuleada por el presidente, lo apoya mayoritariamente. Incluyendo a Lousteau, con sus volteretas, que podría haber hecho caer la sesión con solo no presentarse.

En un fallo vergonzoso, la Corte Suprema también le dio su aval a este desquicio al desestimar los pedidos de inconstitucionalidad del súper DNU que dictó Milei al asumir. El empresariado local no deja de manifestarse extasiado. Los magnates estadounidenses también, todos en la foto, pulgares arriba. Casi todas las voces del cacareado “republicanismo” local de antaño hoy festejan y acompañan una concentración del poder como no se ha visto nunca, para un objetivo de destrucción explícito. El reparto de cargos y beneficios personales para obtener votos de los senadores fue escandaloso y a plena luz del día. No nos pidan que creamos en estas instituciones: no son las nuestras.

Lo que se viene luego de la aprobación de superpoderes para Milei será un proceso de destrucción del Estado y de la economía bastante mayor al que nos legó Macri, quizás comparable al que produjo Menem o, antes que él, la dictadura cívico-militar. Ya hemos visto en estos seis meses de qué se trata. Llevamos casi cincuenta años de un loop neoliberal solo interrumpido durante algunos años luego de 2001, cuando como sociedad supimos decir Basta. Cincuenta años de caída, atraso y desmantelamiento de todo lo bueno que tenía este país. Salir de ese ciclo requerirá reaprender cómo decir Basta, pero, además, construir una alternativa política superadora.