Las protestas en Perú no cesan. Comenzaron el 7 de diciembre de 2022 con la destitución y detención por rebelión del ahora ex presidente Pedro Castillo y se profundizaron desde el 17 de enero. Lo que sucede en las calles es más que un apoyo al exmandatario. El sistema político y la misma Constitución redactada por el fujimorismo en 1993, que tanto fue usada por el Parlamento para asediar al Ejecutivo, están quebrados políticamente.
El recurso de vacancia del poder presidencial es constitucional y fue utilizado por las oposiciones parlamentarias para limitar, presionar y dejar sin poder al jefe de turno. El fujimorismo, desde su salida del Ejecutivo peruano, siempre intentó vetar a los mandatorios que le siguieron. Pedro Castillo enfrentó tres mociones de vacancia en su contra por incapacidad moral. El Congreso, durante años, rompió la institución presidencial y toda confianza en la continuidad y potencia del primer mandatario. El fujimorismo dejó un Perú con una constitucionalidad laberíntica pensada para partidos mayoritarios que desde el Congreso negocien y presionen a la autoridad presidencial. Inclusive la propia OEA advirtió sobre este conflicto cuando el Parlamento no permitió viajar al Presidente a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que el 85% de la población desaprueba la labor del poder legislativo.
Pedro Castillo, detenido por un autogolpe, fue sustituido por su vicepresidenta. Dina Boluarte es hoy el centro de todas las críticas y responsable de más de 50 muertos por la represión en las calles. Pero en política, y menos cuando están en juego los liderazgos, nada se reemplaza tan fácil, sobre todo, cuando en el propio Castillo se habían depositado expectativas e identificaciones con el cambio y con la realización de una nueva Constitución. No solo los partidos que llevaron al expresidente al poder presionaban para un cambio constitucional sino líderes y lideresas regionales lo esperaban y manifestaban.
El texto del 93 es sostenido hasta la actualidad por la clase política. Parte de ese apoyo reside en que la mayoría de las 22 modificaciones que recibió dicha carta magna benefician a la elite empresarial. Cambiarla coloca todo el statu quo del mismo lado, defienden los vasos comunicantes construidos entre la Constitución y el poder. Pero estos días la presión social es mayor, la novedad radica en su fuerza nacional. Campesinos, campesinas, aymaras, quechuas, chankas y sectores mestizos están en las calles. Resisten a la policía, al ejército y a los medios de comunicación. Hay una rebelión andina en marcha. Cuando cae Castillo, para estos sectores no cae un golpista, caen un conjunto de medidas políticas con cierto impulso redistributivo y las expectativas que se habían establecido sobre su persona. Algo se rompió y eso impulsó a la Sierra y a otras regiones a las calles. La “gestión en paz” de la inestabilidad que provocó dicha Constitución terminó en las calles.
En el año y medio del gobierno de Castillo se produjeron 59 cambios ministeriales, parte debido a la ineficacia de algunos ministros o ministras, otra parte significativa por las presiones ejercidas por la oposición parlamentaria. Los presidentes en Perú no tienen respiro. La oposición fue cruenta y obstruccionista. Más allá de la fragmentación del voto surgido en las últimas elecciones, Pedro Castillo no contó con mayorías en ningún momento y no pudo armar una coalición que le garantizara estabilidad. La obstrucción fue permanente. Nunca le aprobaron un proyecto de ley. De hecho, luego de triunfar en las elecciones presidenciales invitó a las demás fuerzas opositoras a reunirse en el Palacio de Gobierno y Lopez Aliaga de Renovación Popular justificó su ausencia indicando que “cómo voy a ir si estoy pidiendo su renuncia o vacancia”. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tampoco asistió sosteniendo que esa reunión estaba alejada de los problemas y necesidades del país.
En Castillo se habían depositado expectativas e identificaciones con el cambio y con la realización de una nueva Constitución.
En el discurso que dio en el Congreso al cumplirse un año de gestión -en julio de 2022- entregó dos libros con proyectos que parecían imposibles en el futuro inmediato. Aún así, se mantuvo un crecimiento económico de 3.5% en 2022 (el mayor de la región). Se entregaron bonos a afectados y afectadas por el covid. Se atendieron a más de 6 millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Se aumentó la inversión en minería y, por primera vez, se planteó una política a largo plazo de minería artesanal. Petroperú ingresó a la explotación petrolera en Amazonas. Se planteó una segunda reforma agraria rural y se persigue la universalización del sistema de salud y un proyecto para ingreso libre a universidades. Se amortiguó el proceso inflacionario post pandemia, se redujeron la pobreza y la extrema pobreza. A su vez, se insistió en la creación de un Estado intercultural. Se diseñaron un conjunto de políticas que buscaron beneficiar a las diversas regiones y provincias, para romper el “cerco limeño” y cambiar la percepción del 50% de la población que cree que Perú está gobernado solo por Lima y que no se toma en cuenta a las demás regiones del país (Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades ENADES 2022 elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos y Oxfam). Las encuestas advertían algo que el propio Castillo había leído adecuadamente. El 70% de los encuestados y encuestadas estaba de acuerdo con que el Estado peruano implemente políticas para reducir la desigualdad entre ricos y pobres, seguido por el 68% que consideraba que el Estado debería ser el principal responsable de proveer los servicios de salud. En su discurso, Castillo no sólo legitimaba la presencia estatal en un país con un gran consenso neoliberal sino la mirada de reparación de las provincias. Esas provincias están hoy en la calle.
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El escenario peruano sigue tensionado por el bloqueo de rutas, la toma de la Universidad Nacional de San Marcos (Lima) donde estudiantes y manifestantes de la Sierra fueron brutalmente desalojados, los intentos de tomas de aeropuertos. A esto se suma el paro de transportistas, sector que había logrado una buena negociación con Castillo ante el aumento de los precios del petróleo como efecto de la guerra en Europa. El malestar social y político cohesiona a sectores que en otras coyunturas hubieran manifestado intereses disímiles.
La convocada “Toma de Lima”, la “marcha de los Cuatro Suyos”, o como cada actor o actriz lo resignifique o denomine, es un ejercicio de presión social significativo, nacional y unificado en sus reclamos como pocas veces visto en las últimas décadas que pondrá a la actual presidenta, y a los sectores políticos que la sostienen, entre las cuerdas. Recuerda al Aymarazo de 2011 en Juliaca, Puno, contra la concesión de la minera Santa Ana a una empresa canadiense. Y a otra Marcha de los Cuatro Suyos, en 2000, organizada contra el fraude del fujimorismo para acceder a su tercer gobierno por diversos actores y actrices y quien luego sería presidente, Alejandro Toledo,“el cholo”. Ahí empezó el desgaste de XX. Con las movilizaciones actuales podría iniciarse también la erosión del pacto político-económico establecido, y conocido ahora, entre Fujimori y Alan Garcia.
De alguna manera, esta gran movilización es contra el fujimorismo, su remodelación institucional y social y contra una clase política alejada de las expectativas sociales de las diversas provincias y de los sectores populares. Pero a diferencia de la Marcha de los Cuatro Suyos del 2000 organizada desde Lima hacia las provincias, esta tiene un recorrido inverso. Se pensó desde las provincias hacia Lima y quienes convocan no son partidos políticos, sino actores y actrices del sur andino. Protagonistas claves para entender la “consistencia” y el poder territorial que se despliega en las calles.
Las derechas y sectores conservadores, que intentan asociar a las manifestaciones con el terrorismo, recurrieron al racismo, al antiprovincialismo y a una supuesta ayuda de Bolivia para impugnar la protesta social. Ante el desalojo de la universidad limeña, el dirigente fujimorista Ernesto Bustamente felicitó en Twitter a la policía peruana y advirtió que “ahora falta incautar y quemar las banderas bolivianas y wiphalas que ondean los terroristas en sus “marchas pacíficas”. Luego habrá que patearlos hasta Puno y Bolivia”. Dos días después, en la misma red social, pidió al Ejército que invada Bolivia para apropiarse de sus recursos naturales.
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Dos mujeres, con trayectorias distintas, dan cuenta del fenómeno social que está en las calles. La cantante folclórica Yarita Lizeth Yanarico cedió el bus que utiliza para sus presentaciones musicales a un grupo de manifestantes de Juliaca para que lleguen a Lima. En su cuenta de Twitter escribió que “la solidaridad es la ternura de los pueblos” . El 22 de enero comenta a los periodistas: “soy una chica provinciana, soy aimara, soy serrana, soy del pueblo, soy de mi tierra de Juliaca” “Somos personas del pueblo que han venido a Lima a alzar su voz de protesta” “Estoy herida”. Esas múltiples identidades que se articulan y juegan en las manifestaciones sufren por la destitución de Castillo, por las promesas de cambio fraguadas y por la represión policial. Por otro lado, la dirigenta feminista y campesina de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) Lourdes Huanca, con una gran capacidad de movilización, explicaba en estos días que “El presidente era de provincia, campesino, agricultor, profesor rural…. Nos estamos moviendo porque votar por Pedro Castillo nos hacía sentirnos realizados, identificados, y representados”. “En Perú hay un racismo y una discriminación fatal”. “Ellos nos ven y piensan: ‘Que hacen estos cholos acá, váyanse a sus provincias”.
Pedro Castillo se parece bastante, por su trayectoria social, provincial e identitaria, a muchos y muchas que están en las calles. Se parece a sus expectativas y esperanzas sociales e inclusive a sus propias limitaciones frente al poder. Ese pulso puede salir victorioso o derrotado en los próximos días pero dejará memorias fuertes de movilización y de acción y una huella presente en la dinámica institucional.
La otra mujer que es parte de este drama social es la presidenta designada, quien carga con los muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, los detenidos y con la consideración como traidora y usurpadora por parte de los manifestantes. Quien acompañó al propio Castillo acepta ahora gobernar contra una protesta social que la ha desbordado, con una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional por parte de abogados de Arequipa y con la presión de ciertos sectores políticos para que se mantenga en el poder y que pague los costos políticos. La suerte de Dina está echada y será difícil que pueda doblegar la opinión pública. Hace menos de un mes, el 71% de la población, según la Encuesta de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos está en desacuerdo con que haya asumido como presidenta. El descontento es general y crece en las zonas rurales con el 77%. La mayoría de ese mundo rural adhirió a la llegada de Pedro Castillo al poder y fue consolidando ese apoyo ante los intentos del fujimorismo y otros partidos de desalojarlo como jefe de Estado. Éste construyó, en su ejercicio presidencial, un liderazgo ampliado. A diferencia de Yarita y Lourdes Huanca la ahora presidenta cada día tiene menos futuro político. En las últimas horas, Dina Boluarte preparaba un proyecto para adelantar las elecciones.
Pedro Castillo se parece bastante, por su trayectoria social, provincial e identitaria, a muchos y muchas que están en las calles. Se parece a sus expectativas y esperanzas sociales e inclusive a sus propias limitaciones frente al poder.
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La estabilidad económica, tan reconocida en Perú, no provocó “mecánicamente” solidez política. Tal vez, la insistencia en esa estabilidad y en la Constitución que la sostienen se llevó puesta la clase política. El férreo consenso económico transcurrió mientras la clase política se canibalizaba y se judicializaba a sí misma. Tuvieron su propia orgia de poder y un día todo estalló. Pese al crecimiento, y como consecuencia de las políticas económicas, aumentaron las desigualdades en algunas regiones del país, crecieron los conflictos medioambientales y se desgastó tanto la autoridad presidencial que provocó hastío, malestar y apatía en muchos sectores.
La pregunta es si la clase política podrá metabolizar la protesta social y viabilizar algunos de sus reclamos. Existen fuerzas no fujimoristas que hasta ahora prefieren optar por mantener el texto constitucional y alejarse de cualquier expresión que parezca de “izquierdas”. El sistema está trabado en su resolución y el conflicto puede profundizarse. Por ahora, las propuestas de la actual presidenta no han morigerado las protestas, sino todo lo contrario.
La Unión Europea, con la cual Perú firmó un tratado de libre comercio, condenó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades contra los y las manifestantes. El Papa Francisco reprobó la violencia y llamó al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho. Los presidentes Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia, como la presidenta de Honduras Xiomara Castro y el Canciller de México, en la reunión de la CELAC, se expresaron en contra de la represión y pidieron la liberación de Pedro Castillo. Inclusive el gobierno de Joe Biden se manifestó preocupado por la represión del Estado. La presión internacional va modulando salidas consensuadas, negociadas, que buscan poner fin a la violencia institucional. Esto clausura, por lo menos en lo inmediato, cualquier intento de salida autoritaria o cualquier imaginación que busque entregar el poder a alguna fuerza armada. El adelantamiento electoral parece una salida posible. Ello podría, para muchos actores y actrices políticas, “correr de la agenda” la propuesta de una nueva Constitución.
El gran conflicto andino de 2019 que se produjo en Colombia, Ecuador y Chile no había impactado con fuerza en Perú. En ese momento, el triunfo de Castillo parecía morigerar las tensiones pero durante su gobierno éstas no se resolvieron, sino que se profundizaron. El malestar democrático peruano, y sus formulaciones particulares, están instaladas desde hace décadas. Debe cargar, según el Instituto de Estudios Peruanos (Encuesta de Opinión, Dic 2022) con un 51% de la población a la que no le interesa la política. El desenganche laboral, con más de 70% de informalidad, la falta de respuestas a las necesidades sociales en los mundos urbanos y rurales, la presión de las grandes empresas sobre el medioambiente y las comunidades, la apatía de un gran sector de la sociedad y el obstruccionismo político dan cuenta de un trabazón, que explotó en la calle y cobró visibilidad social. La democracia peruana está a prueba, debe decidir si escucha lo que sucede en las calles o si seguirá dispuesta a sostener un orden que erosiona la política.
Fotos: Télam