La táctica del bait

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció como novedad algo que ya ocurre: es necesario ser residente con DNI para estudiar una carrera universitaria en Argentina. A ese requisito algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, suman un examen pago de español para poder estudiar allí. Minutos después del anuncio, un estudiante de Paraguay viraliza la noticia en foros estudiantiles. Otros discuten las condiciones para aplicar una reforma del estilo. La conversación deriva en lo que dicta la ley: la reforma anunciada no es posible, porque ya ocurre. Unas horas más tarde, un estudiante de posgrado oriundo de Colombia pero residente en Chile, que está iniciando sus trámites de admisión a la UNSAM para la co-tutela, envía la noticia derivada del anuncio acompañada de un emoji de ojos llorosos y otro de llanto quebrado.

El anuncio, que produce temor en unos y regocijo en otros, ¿responde a un desconocimiento de las normas que rigen el funcionamiento del sistema público de universidades nacionales? Si analizáramos el caso de modo aislado esta respuesta podría tener asidero. Pero, puesto en una serie, esta declaración se apila en una montaña de ejemplos heterogéneos que nos llevarían o bien a afirmar que lo ignoran todo acerca de todo, o bien a sospechar sobre un modus operandi mileista estudiado y calculado con precisión. 

Sin caer en disposiciones conspiranoicas -que son el combustible de LLA-, el procedimiento es detectable en lo que sucede en el “caso” del debate sobre la reestructuración del Estado, donde se esparcen cifras descontextualizadas que ilustran su pretendida ineficacia: número de empleados, volúmenes de flotas, transferencias absolutas, que no contemplan participación en presupuestos generales, habitantes o alcance territorial. ¿Qué se busca a través de este modus operandi? Ofrecer argumentos (no importa si falaces) para la construcción de una legitimidad masiva que valide la destrucción de puestos de trabajo, el desguace de organismos, o bien la privatización de empresas y servicios públicos. En cada uno de estos casos lo que se subordina e invisibiliza es la función y los roles de esas infraestructuras estatales (compuestas por maestras, médicos, asistentes sociales, informáticos, empleados de oficinas estatales, etc.) a la hora de garantizar derechos sociales, económicos y políticos.

El bait responde a ese lenguaje de las redes sociales de las que el fenómeno de las extremas derechas contemporáneas se nutre. Baitear es lanzar a la red un comentario falso para incitar la polémica, una suerte de “fase superior” del trolleo, extendida como práctica tras las regulaciones de la plataforma X que volvieron rentable la interacción, sobre todo aquella cargada afectivamente. 

Baitear, como táctica de gobierno, escenifica esa misma intención de promover interacciones capitalizables pero ahora en términos políticos y ya no exclusivamente económicos, exponiendo una relación polémica e infiel respecto de “la verdad”. Una vez consolidado el escenario de una brutal escasez, se propone esa falsa medida que alimenta una fantasía de expulsión de otros con la promesa de entrar mejor uno mismo. Se apunta a legitimar así políticas de discriminación, rechazo y exclusión “desde abajo” del tejido social que dejan intactos los intereses de “los de arriba”. 

La performance del Gobierno consiste en fingir desconocimiento sobre el funcionamiento de nuestro sistema educativo para difundir entonces “verdades a medias” o hechos aislados que, en su generalización, refuerzan el estigma que ya pesa sobre sujetos concretos. Con ello pretende salir ileso de una discusión sobre la situación de las universidades, que ocupó la escena pública los últimos meses. 

La performance del Gobierno consiste en fingir desconocimiento sobre el funcionamiento de nuestro sistema educativo.

Operando en ese registro, a través de estos discursos que carecen de todo menos de inocencia, se empatiza con formas del autoritarismo social preexistentes otorgándoles autoridad y, luego, habilitando su propagación. Los objetos hacia los que se dirigen y lastiman estos enunciados agraviantes son sujetos que cargan ya con estigmas: ahora son los migrantes, y desde siempre son los pobres, las mujeres y disidencias, los sindicalistas, los militantes populares. A esos, sobre quienes ya pesa un prejuicio histórico, podemos agregar “otros” relativamente novedosos: zurdos sucios, jubilados, estudiantes, periodistas, cantantes populares. 

Cuando los discursos de odio demostraron su eficacia devinieron política de Estado. La táctica del bait es un segundo paso que, al echar mano de ellos busca habilitar el avance sobre los derechos que una comunidad tiene o demanda, y transformar los andamiajes legales y entramados institucionales que les dan sustento. En este caso, procura salidas privatistas a la demanda existente sobre la educación. Y lo hace persiguiendo al menos tres efectos:

1. El desplazamiento del eje de las discusiones: pasar de la centralidad de la demanda de garantía de derechos -como el acceso a la educación pública a todos aquellos que habiten el suelo argentino- a discutir, en el marco de la crisis, quién debe pagar su costo.

2. La reproducción y consolidación de una violencia sobre un colectivo históricamente vulnerabilizado: los migrantes.

3. La fragmentación de un sujeto que se mostró cohesionado: incitar una división en las aguas de un movimiento que este año se posicionó eficazmente con sus demandas, marcando no sólo una posición defensiva sino también respuestas creativas y críticas para la democratización de la universidad pública. El arancelamiento a migrantes coloca a algunos por fuera del derecho reclamado por todos.

En 2023, en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos realizamos una encuesta probabilística en la que, entre otros elementos, interrogamos la legitimidad de la universidad pública. Con el objetivo de indagar las preferencias y prioridades de los encuestados, los confrontamos con el dilema que ponía por un lado la educación y la salud pública, y por el otro el problema de la inflación. La pregunta apuntaba a relevar el acuerdo o desacuerdo en relación al ajuste en la inversión en educación y salud pública con el objetivo de contener el proceso inflacionario. Frente a este interrogante, una mayoría (53,5%) priorizó las inversiones en educación y salud pública por sobre el problema de la inflación. Esto sugiere que para amplios sectores de la sociedad, el recorte del presupuesto estatal destinado a educación (y a salud) no es un camino legítimo y aceptable para solucionar los problemas económicos del país. 

El gobierno apunta contra la población migrante al cierre de un año donde el valor social de la universidad fue un asunto público. 

Ahora bien, en los grupos focales -una técnica privilegiada para captar las tramas del prejuicio- cuando indagamos en las percepciones en particular sobre la Universidad, salieron a flote prejuicios que se anudan con otras formaciones ideológicas que se arrastran de tiempos previos en la sociedad argentina. Si bien tienen una pregnancia menor, emergen argumentos que, circulando en la esfera pública, tienden a erosionar el valor social de la Universidad Pública. Entre la realización de las entrevistas y el día de hoy, algunas de ellas se volvieron conocidas: la sobreestimación de la población migrante, la identificación de ésta como una amenaza al ejercicio de un derecho para los nativos, la imputación de un “usufructo” indebido de su parte, la denuncia de un trato “injusto” asentado en la no reciprocidad de beneficios entre países. La articulación de estos elementos sirve como justificación ideológica para su privatización parcial o total. Eso es lo que el gobierno parecería estar viendo a la hora de apuntar contra la población migrante, al cierre de un año donde el valor social de la universidad fue un asunto público que logró adhesión de la sociedad y movilizó a las comunidades educativas con tomas, paros, dos impactantes movilizaciones federales universitarias y un estado de discusión rebozante. 

Con la táctica del bait, la extrema derecha -emuladora de tendencias globales- elige por razones ideológicas tejer sus textos con esa trama de prejuicios en lugar de atender a esos otros donde pulsa un deseo democratizador. Del análisis de los grupos focales emergen también críticas a la Universidad Pública orientadas a profundizar el ejercicio pleno de ese derecho para cualquiera: se demanda no sólo gratuidad sino una ampliación de las condiciones de igualdad necesarias para sostenerse en el sistema universitario. Cuando aparecen sospechas sobre la ejecución presupuestaria, éstas se ligan tanto al deterioro de los salarios docentes como al de las instalaciones e infraestructura de ciertas universidades públicas. En esta percepción se sustenta una demanda de mejores salarios y condiciones edilicias, como requisito para el correcto desenvolvimiento de las actividades educativas. Si bien esto no niega la existencia de los prejuicios detallados, la legitimidad de la Universidad Pública es eso que suena en el proceso de movilización. Eso es lo que el gobierno, baiteando, busca acallar. 

Arte: Agustín Frega en colaboración con María Celina Podestá.