Como pocas veces en nuestra historia, durante el último lustro “el republicanismo” fue objeto de acalorados debates.Voces de un amplio espectro ideológico reprocharon al kirchnerismo su escaso compromiso con valores como la división de poderes o el pluralismo, a los que se calificó con insistencia como “republicanos”, como modo de afirmar su carácter indispensable para la vida democrática. Entre las filas kirchneristas replicaron que ese argumento enmascaraba un disgusto más profundo que en verdad estaba motivado por los avances en el plano de la justicia social. En esa línea se desarrolló en 2013, por ejemplo, un interesante debate público entre Eduardo Jozami, miembro de Carta Abierta, y el constitucionalista Roberto Gargarella. Este último se quejó, además, de que el término “republicanismo” hubiera comenzado a utilizarse como una especie de “insulto político” que insólitamente parecería referirnos a gente que se escandaliza “por niñerías” como modo de sembrar el terreno para políticas reaccionarias. Para evadirse de las críticas, los kirchneristas construían así un enemigo a su medida, el “republicano bobo” que “habla como un zombie del equilibrio de poderes” sin entender nada de política real. Por el contrario –sostuvo Gargarella–, la tradición republicana remite a figuras como Rousseau, Marx o Artigas y debería ser tenida como “una doctrina radical-revolucionaria” que tiende a la ampliación de la democracia sustantiva. Quienes atacan a la primera, atacan también a la segunda.
La derrota del kirchnerismo y las primeras muestras de la alianza que lo reemplazó parecerían el momento ideal para preguntarnos cuánto tuvo de legítima preocupación el clamor por la República y cuánto de pretexto insincero para políticas de derecha. Aquí intentaré avanzar en una respuesta, aclarando que será un balance sobre el republicanismo nuestro, aquel que existe concretamente en nuestra sociedad, antes que el de las definiciones ideales o académicas. En efecto, si se tratara de un debate sobre los orígenes del republicanismo (o sobre filósofos como John Rawls, desconocidos para el gran público), Gargarella llevaría toda la razón. En sus inicios, efectivamente se trató de una tradición progresista enfocada en promover la participación popular en la vida política y nociones de “bien común” de ribetes igualitaristas. Durante el siglo XIX los republicanos en Europa chocaron frecuentemente no sólo con los reaccionarios sino también con los liberales, quienes en varios países fueron sus enemigos, incluso si tenían varios puntos de coincidencia. Pero con el correr de los años el republicanismo se fue desgranando y volviendo menos reconocible. Por una parte, las ideas de los republicanos más moderados se fueron acercando a las de los liberales hasta volverse indistinguibles. Por la otra, quienes mantuvieron el eje más fuertemente anclado en nociones del bien común (antes que en los derechos del individuo) confluyeron con el naciente socialismo. Por efecto de esos realineamientos, lo “republicano” terminaría siendo utilizado cada vez más como seña de identidad por los liberales y conservadores. Incluso en Francia, donde ser republicano tenía hasta no hace tanto tiempo una connotación progresista, la defensa de la República pasó a ser bandera de la derecha. En Argentina, fueron los derechistas quienes tendieron a utilizar el término para identificarse, comenzando por los del periódico La nueva república a fines de 1927. Más recientemente, Domingo Cavallo bautizó “Acción por la República” el partido que creó en 1997, mientras que Macri denominó “Propuesta Republicana” (PRO) al suyo. Para contrarrestar el insidioso anatema lanzado contra los “republicanos bobos” no alcanza entonces con invocar, desde este presente, el pasado glorioso del republicanismo.Y por supuesto, ningún defecto de aquellos es prueba de que la preocupación por nuestras instituciones republicanas sea irrelevante o un mero deporte de gente de derecha.
República y republicanos hoy
Separar la paja del trigo es particularmente trabajoso cuando hay abundancia de ambos. El kirchnerismo ciertamente incurrió en ofensas a la República, algunas de gravedad. No deben considerarse tales, sin embargo, las que conciernen al mentado “estilo” de Cristina Kirchner. Ni la ausencia de reuniones de gabinete o de conferencias de prensa, ni el lenguaje confrontativo, ni los malos modales, ni la preferencia por determinada marca de carteras, ni la selección de funcionarios de poca preparación, ni el abuso de las cadenas nacionales constituyen ataques a la República. Por supuesto, cada cual tiene derecho a considerarlos rasgos inapropiados, pero no existen normas legales ni preceptos filosóficos que regulen el modo en que debe hablar, ataviarse u organizar sus labores diarias el mandatario de una República. En todo caso, si uno es un “militante del detalle” (como los llama Bruno Bauer) debería indignarse del mismo modo cuando un ministro rompe una página de Clarín y cuando otro borra notas de Infojus; cuando se propone un funcionario sin idoneidad como Reposo y cuando se hace a Bergman Ministro de Ambiente. Quienes sienten que un centro cultural llamado “Néstor Kirchner” es propio de un país bananero deberían calificar de tal modo a Francia, cuya imponente Biblioteca Nacional, construida durante la presidencia de François Miterrand, lleva por nombre “François Miterrand”. En este tipo de cuestiones es en las que el estereotipo del “republicano bobo” se acerca más a la realidad.
Lo mismo vale para algunos desbordes denuncialistas francamente bizarros. La más vehemente defensora de la República en estos años fue sin dudas Elisa Carrió, quien propuso nada menos que “la reinvención de la Argentina republicana” como programa de gobierno. Celosa madre de “Republiquita” –la muñeca de plástico que usa como alegoría del país–, acusó a sus agresores, entre otras cosas, de planear la eliminación de la prensa libre, la formación de milicias armadas, la instauración de una “dictadura fascista”, un “autogolpe”, un fraude electoral de gran escala o incluso su propio asesinato, desgracias de las que, afortunadamente, sigue sin haber indicios. Viniendo de una persona de sus antecedentes, es justo no tomarse demasiado en serio su clamor por el diálogo y el respeto del adversario político. En fin, en su caso es difícil no dar la razón a la rápida descalificación de los kirchneristas.
Apenas menos exageradas fueron las voces de alarma de quienes atribuían al gobierno de Cristina Kirchner ver en cada opositor un enemigo de la Nación a destruir. Es cierto que, en la pluma de algunos kirchneristas y en algunos discursos, se tendía a partir el campo político “binariamente”, presentando a los propios como adalides del Pueblo y a los ajenos como personeros de las corporaciones. Pero más allá de la retórica no existieron medidas concretas que buscaran eliminar o poner límites las libertades de éstos. Vistas retrospectivamente, las invocaciones a la República en riesgo de algunos intelectuales que denunciaban la formación de un aparato del terror o el ascenso de un régimen igual al de Mussolini (con grupos armados y todo), fueron infundadas. No hubo en estos años intentos de reformas corporativistas, expropiaciones de diarios o cárcel para líderes de otros partidos (como en tiempos de Perón), ni se habilitó al gobierno a suprimir garantías constitucionales a su antojo y a militarizar la sociedad (como lo hizo Frondizi con el plan CONINTES), ni se utilizó el Estado de Sitio para encarcelar a periodistas o dirigentes opositores (como en los años de Alfonsín, quien también metió diez días preso por “desacato” a un manifestante por haber dicho “tenemos hambre” en su presencia), ni nada parecido. El Estado siguió financiando a todos los partidos como marca la ley y no hubo restricciones a su accionar. El espacio público fue repetidamente utilizado por la oposición para la protesta sin incidentes. Como todo gobierno, el kirchnerista propuso su propio “relato”, pero no hubo cercenamientos a los relatos ajenos. Tuvo sus intelectuales afines, pero no hubo molestias relevantes para los otros. Ni siquiera en las áreas bajo control directo del Ejecutivo hubo una política inevitablemente facciosa: una rápida ojeada por las listas de ganadores de Premios Nacionales encontrará unos cuantos abiertamente opositores, como Eduardo Grüner, José E. Burucúa, Vicente Palermo o el propio Gargarella, todos premiados por sus ideas. La relación con los medios de comunicación fue tensa, pero la prensa mantuvo y ejerció su independencia ad nauseam, escrutando sin obstáculos considerables todos y cada uno de los actos de gobierno (en medida no menor, gracias a que el gobierno promovió la eliminación del delito de calumnias e injurias con el que Menem los había perseguido). En todos los años del kirchnerismo se registraron una cesantía en un medio público y alrededor de media docena en el sector privado atribuidas a motivos políticos (todos se reubicaron rápidamente), un número que no absuelve, pero que en todo caso es muy inferior al de la gran purga con la que arrancó el macrismo, que sólo motivó entre los no kirchneristas alguna protesta aislada. El kirchnerismo ciertamente tuvo sus impresentables y sus “fanáticos” (la oposición también), pero también tuvo espacio para el disenso interno, como se comprobó semanalmente en Página 12 en las columnas de figuras como Mario Wainfeld u Horacio Verbitsky y en el disgusto público de Carta Abierta por la candidatura de Daniel Scioli. La pretensión de algunos periodistas o intelectuales de que se tenga como atentatorio a la libertad de expresión el verse cuestionados por funcionarios, por otros colegas o en las redes sociales no encuentra validación en ningún principio republicano conocido. La retórica oficial ciertamente pudo desagradar, pero no hay leyes ni preceptos republicanos que ordenen que no haya discusiones políticas ásperas, ni que prohíban que se identifique a algún grupo como vocero de minorías privilegiadas. Y no hay nada intrínsecamente malo en dividir el campo político binariamente, ni se trata de una práctica privativa de los kirchneristas (otras tradiciones presentan también visiones binarias, como la izquierda en todas sus variantes o implícitamente –como veremos– el liberalismo).
Otras preocupaciones por la República, sin embargo, fueron más certeras y relevantes.En el uso de los dineros públicos hubo muchos aspectos cuestionables. La famosa “caja” fue utilizada como modo atraer el apoyo de gobernadores o legisladores, para premiar a los propios y castigar a los ajenos. Es cierto que la práctica de intercambiar “favores” entre los representantes de los partidos políticos (incluyendo fondos por votos en el parlamento) está lejos de ser privativa de la Argentina; en Estados Unidos se llama logrolling y se considera perfectamente legítima. Y sería de gran ingenuidad ignorar que el uso de cargos públicos para ofrecer una renta a militantes es una costumbre ubicua en todo el mundo. Nuestro sistema presidencialista, cierto, pone en manos del Ejecutivo una capacidad bastante mayor de condicionar fondos por votos, que el anterior gobierno aprovechó a gusto. Pero no sería sincera una indignación selectiva por ello: se trata de una práctica de larga presencia en nuestro país y nada permite aventurar que se haya detenido. Veremos si los defensores de la República de ayer reaccionan por el uso de la “caja” con la misma indignación hoy (Macri ciertamente no lo hizo cuando el que repartía era Menem y nadie se indignó tampoco por la lógica “clientelística” con la que utilizó los fondos públicos en las villas porteñas, indistinguible de la de los punteros peronistas del Conurbano). Por lo pronto, se constata que los pases inesperados de legisladores de un lado al otro son una imperdonable “borocotización” si se dan hacia el peronismo, pero se celebran como un soplo republicano si siguen la dirección inversa. Aquí cabe la crítica al republicanismo, digamos, “situacional”, que se activa según convenga. Lo mismo vale para la indignación por el nepotismo, que no se reencuentra cuando se trata de primos, hijos, sobrinos o novias de funcionarios del actual gobierno.
Más grave fue la corrupción, de alta incidencia en años pasados, con algunos casos –como los de Jaime y Miceli– ya probados en sede judicial. De los restantes, es difícil calibrar cuántos corresponden a hechos reales,entre la maraña de operaciones de prensa y denuncias falsas que se promovieron. Basta recordar que la justicia ya ha determinado no la falta de pruebas sino la falsedad absoluta de dos de los resonantes casos presentados por Jorge Lanata en la TV –el de los “bolsos con dinero” de Kirchner y el de las famosas “bóvedas” santacruceñas. Así y todo, los niveles de corrupción de la década pasada parecen indudablemente altos. En este aspecto fueron justas y necesarias las invocaciones a la República, incuso si no solieran hacer esfuerzos para no entremezclarse con operaciones de prensa de fines espurios. Lo que resulta menos justificado es la doble vara en la percepción e indignación por la corrupción, según sea su promotor. Los casos de incompatibilidad que involucran a Boudou, las obras de Lázaro Báez y los hoteles de la familia Kirchner son perfectamente comparables con los negocios concedidos por Macri a su amigo Nicolás Caputo o las transferencias de fondos a Fernando Niembro, temas que rara vez ocupan las tapas de los diarios o motivan indignación “republicana”. La causa de los trenes que llevó a la condena de Jaime es comparable a la del caso Iron Mountain, olvidado por la prensa, que involucra al gobierno porteño y marcha hacia la impunidad. Los numerosos hechos de corrupción que involucran a funcionarios macristas tampoco generan angustias (por mencionar sólo dos, el escándalo de los “Swissleaks” de Prat Gay o el procesamiento por el megacanje de Sturzenegger) y lo misma vale para los casos de incompatibilidad que ya afloran, por haberse designado a empresarios en cargos desde los que deben regular sus propios negocios (Aranguren, Braun, Costantini, etc).
De todas las alarmas por el estado de la República, acaso las más relevantes son las que involucran la división de poderes. Todo indica que el kirchnerismo continuó con la costumbre instalada por Menem (y mantenida bajo De la Rúa) de utilizar la Secretaría de Inteligencia para realizar operaciones políticas, mediáticas y judiciales, sea con la amenaza de “carpetazos”, sea endulzando la vida de periodistas, jueces o fiscales con los sobres de la famosa “cadena de la felicidad”. En un plano más visible, no es exagerado decir que Cristina Kirchner intentó avanzar indebidamente sobre terrenos del Poder Judicial en el modo propuesto para la designación de jueces subrogantes y en los manejos en las designaciones del Consejo de la Magistratura. Aquí las quejas fueron perfectamente justificadas. Sin desmedro de ello, habida cuenta de la variedad de jueces de todas las instancias que dictaron cautelares o fallaron contra el gobierno, sería exagerado decir que la independencia del Poder Judicial en su conjunto se viera comprometida, como sucedió en tiempos de Menem. Incluir como contraargumento la muerte de Nisman sería temerario: es tan poco serio asegurar que fue asesinado como dar por probado que se suicidó, incluso si todas las evidencias apuntan a lo segundo (por otra parte, si algo prueba el caso es que los agentes de inteligencia también pusieron su “cadena de la felicidad” al servicio de la oposición).
Nuevamente en este ámbito, cualesquiera fueran los abusos del kirchnerismo, uno esperaría que la consternación republicana se distribuyera de manera más ecuánime. En lo que lleva en el gobierno Macri produjo los que acaso sean los dos hechos singulares de avasallamiento de la división de poderes más graves que realizara un gobierno civil luego de 1955. El primero fue el pedido, concedido por la jueza Servini de Cubría, de acortar el mandato presidencial de Cristina Kirchner, acompañado de la orden de que se tomara juramento a Pinedo como presidente provisional antes de la jura de Macri. Ese hecho quedó rápidamente en el olvido por su efecto efímero, pero fue de un tenor inédito: un simple juez se arrogó el derecho de reemplazar un presidente electo democráticamente por otro que nadie había votado. El segundo hecho inédito es, naturalmente, la designación de dos jueces para la Corte Suprema por decreto simple mediante un artilugio legal, algo que ningún presidente civil argentino hizo nunca desde la Organización Nacional. Salvo alguna voz aislada, ningún amante de la República manifestó preocupación por el primer hecho; algunos pusieron algún tibio reparo frente al segundo, pero la UCR en bloque lo apoyó. La doble vara en estos temas es pasmosa, más visible aún respecto de la utilización de jueces y fiscales afines para propósitos políticos: los que desesperan por figuras como Oyarbide o por las lealtades de Gils Carbó raramente reparan en los desaguisados de Bonadío ni recuerdan a Martín Ocampo como procurador porteño. Quienes antes pusieron el grito en el cielo por el respeto al Consejo de la Magistratura no hacen hoy lo mismo frente a la escandalosa apropiación de uno de sus sitiales por parte del macrismo para acercarse a una mayoría calificada que le permita nombrar y despedir jueces a su antojo. Justo es decirlo, las oscuras operaciones de Macri para controlar a los jueces desde las sombras sí vienen siendo denunciadas por la prensa, incluso por Carrió.
Respecto del Poder Legislativo, el kirchnerismo sacó amplio provecho de sus mayorías y apuró varias leyes sin dar tiempos para un debate amplio. Así y todo el Congreso funcionó normalmente para parámetros argentinos. La ex presidenta hizo uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pero en asuntos que no suponían quitarle prerrogativas y con una frecuencia muy por debajo de la media. La cantidad de sus vetos fue moderada, comparativamente hablando. Sus DNUs y vetos, sin embargo, motivaron en su momento indignadas defensas de la República. Por contraste, la gran mayoría de esas voces permanecieron inaudibles cuando Macri inauguró su mandato presidencial con DNUs para cosas tan poco urgentes como revertir los efectos antimonopólicos de la Ley de Medios. De hecho, algunos de los referentes del liberalismo argentino y quienes otrora lamentaban el “gobierno ilimitado” escribieron columnas llamando a “no rasgarse las vestiduras” si ahora se pasa un poquito por encima al Congreso. Está por verse cuál será la actitud del nuevo gobierno en lo que a vetos concierne, pero los antecedentes no son nada auspiciosos: como Jefe de Gobierno porteño Macri vetó una cantidad alarmante de leyes, incluyendo más de 80 que habían sido aprobadas o presentadas por legisladores del PRO, lo que revela poco diálogo incluso con los suyos.
De todas, acaso la mayor agresión a la República producida por el kirchnerismo fue la de las vergonzosas “candidaturas testimoniales” en las elecciones de 2009, que atentaron nada menos que contra su núcleo más caro: la soberanía popular. Las alarmas republicanas por este hecho estuvieron más que justificadas. Otras del mismo rubro, como las monótonas denuncias de fraude en cada distrito en el que el PRO perdiera –fuera a manos de peronistas o socialistas, con boleta papel o voto electrónico– deben archivarse en cambio en los engordados anales de las operaciones de prensa.
Republicanismo, versión liberal
Aun siendo perfectamente válida la preocupación por el estado de la República, no se puede evitar cierta extrañeza por las maneras paradójicas en las que “lo republicano” se pone a jugar en la política argentina. No sólo en referencia a las dobles varas e inconsistencias reseñadas –al fin y al cabo adjudicables a defectos personales–, sino también en una tensión más profunda. Y es que el argumento en favor de la República termina a veces utilizado en función de reclamos que amenazan disolver la razón misma de la vida republicana. Un buen ejemplo es el del frecuente reclamo por la “falta de diálogo”, un pedido perfectamente respetable si no fuera porque, con frecuencia, se combina con la exigencia de que se excluya del diálogo a quienes previamente se señala como sus enemigos. El “unanimismo” sin dudas es una tendencia repudiable. Pero un lector se siente desconcertado cuando se dice eso en un artículo que, al mismo tiempo, exige que cualquiera que refiera al liberalismo con una connotación negativa (como suele hacerlo un servidor) sea tenido por un “enano unanimista” enemigo de la democracia. La crítica al unanimismo aparece así en función del reclamo de una unanimidad diferente.
En otras intervenciones de este tipo, el kirchnerismo fue insistentemente presentado como la encarnación local de “el populismo”, un mal global que amenazaría la vida republicana y, por ende, a la propia democracia. En un ensayo que publiqué tiempo atrás expliqué que el concepto de “populismo” funciona de una manera sutilmente normativa, marginando ideas y experiencias políticas variadas e invitando a una unanimidad que sin embargo no se reconoce como tal. Bajo ese rótulo suele meterse en una misma bolsa ideas y grupos políticos totalmente disímiles, tanto de derecha como de izquierda, cuyo único punto en común es causar desagrado a quienes profesan ideas liberales. De ese modo, se nos invita a percibir un escenario dividido en dos campos claramente distinguibles: por un lado democracia liberal (la única que merece ser llamada “democracia”y considerada “una República”) y por el otro la presencia fantasmal de todo lo que no se corresponde con ese ideal y, por ello, debe rechazarse de plano. En otras palabras, la crítica al “populismo” nos invita a cerrar filas alrededor del republicanismo liberal para combatir a un solo monstruo compuesto por todo lo demás, en cuyo cuerpo indiscernible conviven neonazis, keynesianos, caudillos latinoamericanos, socialistas, charlatanes, anticapitalistas, corruptos, nacionalistas y cualquier otra cosa sospechosa. La verdadera República, se sobreentiende, debe combatir sin tregua contra cualquier manifestación del mal “populista” (una visión extrañamente “binaria” para quienes con frecuencia se quejan del binarismo de los demás).
Ante este tipo de nociones, es legítima la sospecha de que el pedido de “diálogo”, “tolerancia” y “pluralismo” lleva implícita una lista de invitados que excluye a buena parte de la población y a toda una gama de expresiones políticas, muchas de las cuales pueden ser ciertamente repudiables, pero otras merecen su lugar bajo el sol. La comunidad de los que “saben escucharse” necesita, para afirmarse, excluir a los que no pueden o no quieren participar de las reglas de ese juego, o simplemente a aquellos cuya participación podría amenazarlas. El reverso de ese “pluralismo” se revela así curiosamente unanimista e intolerante. El actor Diego Capusotto graficó esta paradoja con humor en la frase de uno de sus personajes, el típico oyente desbocado que deja mensajes en los programas de radio: “¡Hay que fusilarlos a todos para acabar con la falta de diálogo!”.
Nuestro pobre republicanismo
Este recorrido sucinto termina, lamentablemente, dando la razón a las dos posturas del debate reseñado al comienzo. El republicanismo –como cultura y como ordenamiento legal– es crucial para la vida democrática y no hay dudas de que puede reprocharse al kirchnerismo el no haber mantenido un firme apego respecto de algunas de sus plasmaciones institucionales y principios rectores. No puede despacharse esos reproches alegando que son todos propios del “republicanismo bobo”. Y sin embargo, es indudable que se vienen utilizado las instituciones y los valores republicanos de manera instrumental y falaz para excluir a supuestos “enemigos de la República”, para defender privilegios de grupos minoritarios y como estrategia de marketing para políticas y políticos de derecha, más interesados en limitar o torcer la soberanía popular que en defenderla. El ejemplo inevitable es el de la Ley de Medios, una norma que en su contenido implicó una mejora ciudadana, tramitada impecablemente desde el punto de vista de las formas y procedimientos institucionales y aprobada con amplio consenso multipartidario, fue sin embargo bloqueada de manera indebida durante largos años por un puñado de jueces para ser finalmente barrida de un plumazo por un gobierno cuyos votos, en buena medida, se cosecharon invocando la defensa de la República. Así como el kirchnerismo debe rendir cuentas por sus falencias, también los republicanos honestos deben explicar cómo es posible que fuera tan sencillo utilizar las instituciones de la República para torcer la voluntad popular legítimamente expresada y legalmente canalizada, con el único fin de beneficiar a un puñado de empresarios.
Es triste comprobarlo, pero el uso instrumental de la República y el “republicanismo bobo” vienen dejando ya una larga estela en nuestra historia. Tanto Yrigoyen como Perón fueron derrocados en nombre de la República y gracias a un clima preparado con sonidos de alarma por la falta de decencia y por el maltrato a las instituciones (bastante justificados en el caso del segundo, mucho menos en el del primero). Pero los regímenes que los reemplazaron agredieron a la República de modos mucho peores sin suscitar climas parecidos. Parece acaso un rasgo fundante de la política nacional: los discursos que afirman preocuparse por las instituciones y por la libertad con frecuencia se han combinado, en los hechos, con la justificación de la ilegalidad y la violencia de Estado y con la pretensión de suprimir a los adversarios por el simple procedimiento de convertirlos en seres indignos de la vida civil. Algo así ya observaba Juan Bautista Alberdi hacia el final de su vida, desencantado ante el espectáculo de la vida nacional: “El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”. Puede que lo que Alberdi consideraba un mal argentino sea en verdad, sin embargo, propio del liberalismo como tradición.
Necesitamos la República. Pero la retórica republicana ha quedado capturada por agendas y prácticas políticas que apuntan más bien en sentido contrario. “La República”, artículo retórico, conspira hoy contra la República entendida como valor sustantivo. (La inspiración borgeana del título de este ensayo parte de esa constatación). Es dudoso que podamos recuperar la palabra “república” para una política verdaderamente democrática, radical, como la que animó parte del republicanismo en sus inicios. La retórica de “lo republicano”, tanto en Argentina como en el resto del mundo, está hoy en manos de las derechas y de viejos progresismos que inadvertidamente se ven imantados hacia ellas. Pero si acaso fuese posible, deberá ser un republicanismo que vuelva a tener su eje en el autogobierno y en la vida común, antes que en el derecho de los (ciertos) individuos. Un republicanismo que entienda que la ley debe defender también los derechos colectivos y a las generaciones futuras. Un republicanismo que no tema ampliar los alcances de la soberanía popular y que sepa reconocer, en el diseño institucional forjado por la tradición liberal, la cantidad de trabas que existen para ello y que es necesario desarmar (en todos los poderes, incluyendo el Judicial). Un republicanismo capaz de percibir las múltiples maneras en las que el capital corroe la democracia y degrada la vida en común y que encuentre mecanismos institucionales para contrapesar no sólo el poder de los gobernantes, sino también el de los empresarios, sus corporaciones y sus medios de comunicación.