¿Será el respaldo del gobierno de Macri al policía Chocobar, procesado por “exceso en la legítima defensa”, solo señal de apego al punitivismo y confrontación política con el garantismo? ¿O se trata en rigor de una impugnación a la ley y la administración de justicia? ¿No hay en el gesto presidencial una exaltación de la venganza que implica el homicidio de un joven a manos de otro? Sí hay algo claro es que no hay ley vigente en Argentina, ni en buena parte del mundo occidental, que ampare la actuación de Luis Chocobar como funcionario policial.
Estamos en presencia de un manifiesto del poder ejecutivo nacional de descreimiento y rechazo a la justicia, a ese cúmulo de acuerdos escritos convalidados por rigurosos procedimientos oficializados que nos regulan, aunque personalmente puedan disgustarnos. Al margen del derecho penal, proponer que la policía no es culpable en un enfrentamiento, como dijo Patricia Bullrich, es respaldar la conducta vengativa y revanchista, el “ojo por ojo” como régimen policial. Perseguir a un ladrón que hirió a un turista para rematarlo por la espalda cuando ya estaba caído y no representaba una amenaza, es venganza. Y la venganza viene cargando la atmósfera del clima de época, alimentando una cosmovisión que quienes nos gobiernan en Argentina no han perdido oportunidad para subrayar. Recordemos la prisión preventiva dictada y sostenida solo a funcionarios políticos del anterior gobierno, y el escarnio contenido en esas imágenes especialmente tomadas durante el momento de su detención, para el goce mediático de una parte la audiencia.
Macri y Bullrich conocían los detalles del expediente judicial mediante el cual el juez procesó y embargó al policía Luis Chocobar. También habían visto el video. Y aun así, recibieron al policía. Estaban plenamente convencidos de que era importante apoyar su conducta y desafiar lo que el Jefe de Gabinete denominó el “prejuzgamiento de la justicia”. Se refería a que la justicia al detener y embargar a Chocobar, velaba por los derechos del delincuente, en este caso asesinado, y no por los del policía. Si tomamos en serio la afirmación, por qué no hacerlo, el funcionario en cuestión (y el Gobierno) consideran que hay paridad entre la persona del delincuente y la persona del policía. Y la hay, son humanos, eran vecinos de la Boca, jóvenes. Pero el policía está investido por el Estado, actúa en nombre de este y ejerce una fuerza delegada, es decir una fuerza que no le es propia. Esta condición diferencial lo somete a numerosas y rígidas obligaciones impuestas a los integrantes de una institución del poder ejecutivo nacional según las leyes vigentes.
En fin, como todo acto de venganza, la propuesta es dejar fuera de juego la actuación judicial. “Cambió la doctrina, la Policía no es culpable en un enfrentamiento”, dijo Bullrich. Y agregó que es algo que “los jueces no entienden” y que terminaría en una reforma del código penal. Las imágenes del video niegan un enfrentamiento y el eufemismo nos retrotrae a los años de plomo. Así, el gobierno reivindica el derecho del policía a ejecutar extrajudicialmente y empuja a todas y todos los uniformados a ejercer esa fuerza delegada en casos de flagrancia como este.
El homicidio se convierte en el castigo merecido por el delincuente. Las persecuciones y tiroteos en plena ciudad quedarán justificados, aunque en la correría se hiera a ciudadanos “de a pie”. Como ocurrió cinco días después del caso Chocobar en la zona de Tribunales y en la misma jornada en que Bullrich redobló su apuesta. La Policía de la Ciudad se sintió “libre” o “alentada” a faltar al protocolo de actuación urbana que pondera daños y prohíbe la persecución en zonas de concentración de personas. ¿Justifica el robo a una joyería dejar tres personas heridas, entre ellas el delincuente, e instalar el pánico en la ciudad?
Pero los golpes de efecto a los que nos tiene acostumbrado este gobierno no son señales evanescentes, se inscriben en una cosmovisión que los precede y a la vez, subrayan, profundizan y adornan. Basta ver las reacciones en las redes sociales luego del encuentro de Macri y Chocobar para constatar el numeroso público que aplaudió y defendió el gesto presidencial, y quiere ir por más: es el goce de algunos en identificar y condenar a los que no merecen la vida y para quienes la cárcel es poca condena. Es el goce de excluir a los no elegidos al reino de lo no humano hasta provocar su deceso, que les garantizará que no volverán a tocar el patrimonio ni el cuerpo de quienes lo supieron conseguir con esfuerzo y/o sabiduría. A la defensa del patrimonio de la víctima de un robo como al ataque de quien desespera por obtenerlo a cualquier precio, los une el valor simbólico que instala la profunda desigualdad.
La política de la venganza es parte del clima de época y de un proceso social de individuación y desconfianza interpersonal. Pero no es igual en todas partes, asistimos a profundas incertidumbres por derrumbe de idearios y proyectos colectivos que enlacen el pasado con el presente y el futuro. El gobierno anterior consiguió introducir a un porcentaje de la ciudadanía en un proyecto, mientras el otro se sostenía en su rechazo acérrimo. Este gobierno, al contrario, no produce un proyecto con pasado, presente y futuro, no tiene tradición, se alimenta de la desconfianza, la individuación y la revancha, mientras troca proyecto soberano por “cambio”, “creencias” y “doctrinas” del equipo de gobierno.
Vengadores o policías
Chocobar dejó de comunicarse por Twitter y reza sin poder regresar a su casa. Bullrich declama un cambio de doctrina que proteja a Chocobar de la sanción legal. Pero él teme una represalia, ella no, claro. Ella sabe que por más protección local que exista al tipo de acciones de “ejecución extrajudicial” que el derecho humanitario internacional condena, la lógica de la venganza no recaerá sino sobre los policías. Los policías saben muy bien que no se puede volver a casa cuando se conoce el domicilio del funcionario que mató a un delincuente. Chocobar deberá esconderse mientras no esté detenido, por su seguridad y la de su familia.
La propuesta de exterminar al delincuente y proteger al policía para darle mayor eficiencia al “combate el delito” también actúa como una ideología de Estado. La lógica de la vendetta en ausencia de justicia está sostenida en ciclos interminables de homicidios que envuelven a las partes afectadas. Esta es la misma trama de venganzas que permite entender los homicidios entre bandas rivales que disputan negocios ilegales, inhabilitados para recurrir a la justicia y dirimir un conflicto. El honor, la reputación no están ausentes de la búsqueda de venganza, se ganan a través de ella. Así se alimenta el mundo simbólico de ciertos grupos.
La historia de la humanidad está plagada de épocas y escenarios donde imperó la venganza. Se cobró cientos de vidas y está demostrado que no fue posible sin la presencia del Estado. Estamos más familiarizados con el fenómeno por historias que nos llegan de otros territorios y envolvieron la dinámica social de algunas regiones en Brasil, México, Chicago o Nueva York. Como demostró Michel Misse para Brasil la policía militar es parte activa de la revancha. Es que la espiral de violencia que implica la lógica de la venganza no sucede entre dos personas: aunque eso parezca a simple vista, implica necesariamente a los colectivos de los que la víctima y el victimario ocasional se sientan miembros (bandas narco, familias mafiosas, policías, empresarios o funcionarios).
Ahora bien, nada más lejos de la “nueva doctrina” que la enseñanza impartida a las policías en la Argentina. Ni en el curso más breve como aquel con el que egresaron 16.000 Policías Locales de las más de 50 escuelas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 2014 y 2016; ni en la instrucción más sofisticada de las tropas de elite (Grupo Halcón, GEOF, Albatros o Alacranes) se al imparte. Esta dinámica que quiere imponer el gobierno aclamado por el goce desenfrenado -siempre que no tengan que ensuciarse las manos claro está- de quienes defienden la conducta de Chocobar, está en las antípodas de las declamaciones de una policía profesional. La propia política de formación, reentrenamiento y capacitación de la gestión de Bullrich tiene profundas continuidades con la gestión anterior: sigue orientada al conocimiento profundo de la ley, los derechos humanos y el uso proporcional y racional de la fuerza.
Además, hay muchos uniformados que rechazan ese respaldo a la conducta apartada de la ley como ocurrió en los operativos contra los mapuches en la Patagonia y en la represión de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo integrantes de la policía y de la gendarmería que frenaron el descontrol de abajo y las órdenes políticas desmedidas de arriba.
La sobreactuación protectora de nuestros actuales gobernantes a las fuerzas policiales debería poner a los uniformados en alerta. Este apoyo anudado en la venganza es un camino hacia el descarte de sus integrantes. Total entrarán otros jóvenes a las policías y fuerzas de seguridad, buscando alejarse de quienes eran como ellos cuando no contaban con un destino auspicioso. La policía es desde hace un tiempo la vía privilegiada de los sectores bajos y medios bajos para acceder al empleo público, a una carrera sin riesgo al despido, un horizonte y un ámbito de pertenencia y reconocimiento social. Los riesgos son otros y en el reino de la venganza correrán peor suerte los y las uniformados/as. No conviene hacerles creer que el honor se gana matando delincuentes, porque ese reconocimiento les llegará a muchos después de muertos.
