Fotos: Gentileza de Mauricio Cáceres. Teatro Cervantes-Teatro Nacional Argentino
Cuando el periodista y escritor Cristian Aliaga concibió el guión de “Las Guerras por la Tierra en la Patagonia del Siglo XXI”, obra que se acaba de estrenar en el Teatro Cervantes, Santiago Maldonado todavía estaba viajando de mochilero por el sur. “El mito de la Patagonia”, como lo describe al principio de la conferencia, se instala en la opinión pública con la desaparición forzada de este joven de 28 años.
Aliaga pone en escena el conflicto territorial de los mapuches en el sur argentino en una conferencia-performance que plantea estos interrogantes: ¿quiénes son los nuevos dueños de la Patagonia? ¿cómo muere una cultura a través de su lengua? Y más específicamente: ¿la cultura muere o la matan? ¿se le puede llamar “Estado” a la propiedad privada? ¿qué significa tierras ancestrales? ¿para qué necesitan ese territorio los mapuches? ¿nos importa la vigencia del derecho?
Los personajes de Pirandello buscaban un autor, y Aliaga encuentra sus personajes en la Patagonia real: ellos son Fidelia Ayllapan, Soraya Maicoño, Mauro Millán, Rosa y Atilio Curiñanco, Martín Lozada, Gustavo Macayo, Adrián Moyano, entre otros. También es invitado, por su compromiso, el músico Palo Pandolfo para cantar en vivo canciones alusivas. En el centro de la sala Luisa Vehil, sin escenario ni plateas, se proyectan las imágenes que registró un drone que recorre parte de las tierras del empresario Luciano Benetton en la Patagonia. El tren turístico La Trochita va y viene en la pantalla.
El objetivo de la puesta es que el centro del escenario esté ocupado por miembros del pueblo mapuche y aquellos que son protagonistas de esta lucha. Sobre la mesa, donde Aliaga hace su locución, hay una publicidad de la marca Benetton, y están las fotos de Joseph Lewis, Ceferino Namuncurá - “el indio permitido”- y el lonko Facundo Jones Huala - “el indio disidente”- con un micrófono y su distintiva cinta guarda pampa, surcándole la frente.
La primera parte de las proyecciones termina con una afirmación del lonko en clave dialéctica: «Estás del lado del opresor o estás del lado del oprimido».
Se le llama grieta a la abertura que se produce como consecuencia de la separación de dos materiales. En geología puede distinguirse entre grietas de contracción y grietas en cuña. La de la Patagonia es una grieta que se abrió en la tierra, como la zanja que construyó Adolfo Alsina en 1876 en el oeste de la Provincia de Buenos Aires, para evitar los malones y obstaculizar el paso del ganado robado.
«La guerra por la tierra persiste con intensidad. De un lado están los descendientes del pueblo mapuche y tehuelche, pero están junto a los demás argentinos, que no logran acceder ni a un fragmento de esa tierra», explica Aliaga. «Y del otro, están los dueños de la tierra desde la llamada “conquista al desierto”, y también quienes llegaron con el objetivo de apropiarse de grandes superficies, desconociendo a sus antiguos ocupantes pero también, en muchos casos, a las propias leyes de este país. Desde entonces, existe una inmensa tensión entre legalidad y legitimidad. Hoy los nombres de Facundo Jones Huala y Santiago Maldonado, ocupan lugares destacados dentro de la escena pública, en un marco de notable racismo mediatizado».
A la distinción entre los conceptos de tierra y territorio, Aliaga le suma la diferencia entre legalidad y legitimidad. Mientras que para el capitalismo neoliberal, la tierra es lote susceptible de ser vendido y explotado para minería, petróleo y gas (bienes de cambio); para los pueblos mapuches que lo habitan desde antes que existiera el Estado como tal, el territorio es fuente de recursos de subsistencia (alimento, agua, medicina, energía), el lugar donde descansan sus ancestros y del que vivirán generaciones futuras. Por eso lo llaman territorio ancestral.
El derecho colectivo a la tierra refiere a derechos básicos, y la falta de acceso, uso y posesión del territorio les impide continuar con sus prácticas, lo cual afecta otro derecho que es el de la identidad y la integridad cultural. Es decir, garantizar seguridad sobre sus territorios es garantizar la supervivencia del pueblo. De lo contrario, es condenarlos a muerte. Algo difícil de ver para el hombre urbano que puede concebirse a sí mismo sin tierra y conectado a una red de wifi.
El proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, como en el resto de América Latina, estuvo marcado por el sometimiento y la opresión, atravesado por la etapa de consolidación de los Estados y la integración -forzosa- al resto de la sociedad.
Cuatro instrumentos internacionales definieron las políticas públicas en materia de derecho indígena: la Convención Internacional de Pátzcuaro en 1940, el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1957, la Convención 169 en 1989 - donde por primera vez participaron representantes indígenas- y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Esta última reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación, pero “es preciso advertir que, a diferencia del Convenio 169 que es un tratado internacional (...), la Declaración es -como su nombre lo indica- una declaración y, por tanto, no dispone de mecanismos para denunciar su incumplimiento”, explica el texto introductorio a la Guía para la Consulta de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Argentina, elaborada en 2012 por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Otra Declaración, la de la Independencia en 1816, también fue redactada en castellano, quechua y aymará.
Un poco más acá, en el artículo 75 de la reforma de la Constitución Argentina en 1994, el Estado reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la vez que la personería jurídica de sus propiedades y la posesión por parte de las comunidades que tradicionalmente lo ocupan. También reguló la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
La Carta Magna, a su vez, asegura la participación de las comunidades en la gestión referida a sus recursos naturales, y a los demás intereses que los afecten.
Sin embargo, ninguno de estos documentos produjo cambios de fondo en la tarea de los operadores judiciales, ni en la vida de los habitantes de la zona.
“A nosotros no vino un español a corrernos. Nos despojó de nuestro territorio el propio Estado Argentino, y no se hacen cargo de esa parte de la historia: nos tratan de terroristas, de violentos, de delincuentes, cuando en realidad somos la consecuencia del despojo que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos”, cuenta Soraya Maicoño desde la pantalla del Cervantes. “El paradigma cambió porque nosotros levantamos la cabeza", agrega.
Maicoño fue detenida el mismo 1 de agosto en el que desapareció Maldonado. Unos días después de su liberación, declaró ante el juez, junto a Matías Santana, el joven mapuche que aseguró haber visto cómo tres gendarmes cargaban a Maldonado para subirlo a una camioneta de esa fuerza.
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En 1991, el paquete accionario que incluía tierras en la Patagonia -en manos de la corona británica y de algunos terratenientes argentinos, que habían sido incorporados durante la guerra de Malvinas como un movimiento estratégico-, pasó a manos de Edizione Holding International, una organización financiera cuyo dueño era Luciano Benetton. Hoy el empresario italiano es el mayor propietario privado en la Argentina. Tiene 924 mil hectáreas de tierra cuya superficie «es mayor a la de cualquier parque nacional», especifica Aliaga. También es dueño de Minsud, una empresa minera que tiene concesiones metalíferas en San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Los terratenientes de la Patagonia nacieron con la Campaña al Desierto con la eliminación, en 1879, de 1.300 habitantes originarios en combate y el botín de 13 mil prisioneros. Casi cien años después, en 1957, los territorios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz se instituyeron como provincias, creando el Instituto Autárquico de Colonización, a través del cual se volvieron a distribuir las tierras y se otorgaron títulos de propiedad superpuestos, con familias viviendo en ellas. De esta manera, “el mito de la Patagonia” pasó a ser “territorio universal”. Las corporaciones multinacionales se instalaron en la zona, “disponible para la abstracta humanidad”, como define Aliaga, y desde entonces extraen petróleo, gas, madera, especies marinas, entre otros bienes; con la complicidad de los gobiernos del país explotado.
Benetton no es el único terrateniente, hay otros como Joe Lewis, accionista de Pampa Holding (famoso por interrumpir el acceso público al Lago Escondido en Río Negro); los herederos de Douglas Tompkins, que había formado una especie de provincia propia binacional entre Santa Cruz y Palena en Chile; y el cordobés Marcelo Mindlin, creador de Pampa Energía y el flamante comprador de Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra. Lewis y Mindlin son socios en Pampa Energía y Edenor. Tompkins, por su parte, es como lo describe Aliaga «un empresario con visión de preservar, que adquirió enormes territorios intangibles con el objetivo de ‘cuidarlos’. Pero los están cuidando de nosotros mismos, los argentinos, quienes presuntamente no estamos capacitados, ni tenemos los recursos para hacerlo, individualmente ni desde el punto del Estado».
«¿Nos importa la vigencia del derecho?», pregunta Aliaga. “Porque la avanzada del capitalismo actual, a diferencia de como lo hacía en el siglo XIX, se basa en un proceso de compras de territorios y extracción de recursos naturales que pone en riesgo la soberanía nacional, más concretamente que las supuestas pretensiones del pueblo mapuche».
La aprobación en 2006 de la Ley Nº 26.160 -que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país-, suspende los desalojos hasta 2017, y ordena la ejecución del relevamiento técnico jurídico catastral de las mismas.
Esta Ley no sólo no se respetó hasta ahora, sino que su prórroga vence en tan sólo dos meses. Si no se renueva, las comunidades quedarán sin resguardo, y se reactivarán todas las ejecuciones o juicios suspendidos desde hace once años.
Aliaga plantea la siguiente paradoja: «La guerra por las tierras es, al mismo tiempo, la guerra por los recursos de su suelo. Si se aplicara la legislación vigente, los pueblos originarios podrían convertirse en una llave jurídica para frenar el avance de las industrias extractivas y de obras que afectan a gran parte de la sociedad argentina, no solo a los mapuches».
Las funciones son los martes 5, 12, 19 y 26 de septiembre a las 18 en el Teatro Cervantes, Libertad 815, Ciudad de Buenos Aires.