Foto de portada Matias Basualdo Schramm
Chile vivió un nuevo proceso eleccionario que definió quiénes estarán a cargo de la redacción de la propuesta de Constitución, los Consejeros Constitucionales. Los asientos disponibles eran 50, y la primera mayoría se la llevó Republicanos (extrema-derecha) con 22 escaños, seguido de Unidad para Chile (oficialismo) con 17, en tercer lugar, Chile Seguro (derecha tradicional) con 11, y 1 asiento de pueblos originarios. En este escenario, Republicanos tiene los votos necesarios para vetar cualquier propuesta de los Expertos Constitucionales, y puede crear una coalición con la derecha tradicional para quedarse con los 3/5 necesarios para escribir la propuesta de Constitución a su medida.
¿Cómo llegamos a estos resultados? En los últimos tres años se tuvo una oportunidad que fue desperdiciada. Después del estallido se creó un acuerdo entre prácticamente todos los partidos políticos chilenos para llamar a un plebiscito y así determinar si la ciudadanía quería una nueva Constitución. La elección fue con voto voluntario y ganó el apruebo con cerca del 80% de las preferencias válidamente emitidas.
Lo que viene luego es historia conocida: la izquierda chilena (liderada por el Frente Amplio y el Partido Comunista) obtuvo la cantidad de asientos en la Convención Constitucional que le permitía no tener que dialogar con la derecha para escribir la propuesta de Constitución y así lo hizo. Esta actitud avasalladora y poco dialogante fue uno de los motivos –en conjunto con el desempeño y escándalos de algunos constituyentes y un largo etc.—para que la ciudadanía terminara rechazando el borrador de Constitución. Esta fue una oportunidad irrepetible que fue desperdiciada por el mal manejo del proceso de parte de los vencedores en las urnas para cambiar la actual Constitución, sin tener límites impuestos respecto a los cambios que se pueden hacer o no.
La popularidad del gobierno de Boric siempre estuvo atada a la Convención Constitucional. Su aprobación presidencial a la baja también afectó el proceso sobre el cual su gobierno y coalición tenía mayoría. El rechazo a ese borrador de Constitución fue una derrota política del gobierno porque se la jugó por el contenido y la aprobación de la misma.
Adicionalmente, desde que comenzó el gobierno de Gabriel Boric la agenda política cambió hacia la inmigración y la seguridad pública. Estas son dos temáticas que, históricamente, tanto la derecha tradicional como la extrema tienen como base de su identidad. La extrema derecha ha sido capaz de capitalizar ambos temas al tener posiciones más claras, fáciles y extremas en ambas temáticas. Esto fue uno de los factores que los ayudó a su éxito electoral de ayer.
Además, si bien en la elección de 1997 hubo un porcentaje importante de votos nulos y blancos, esta elección ganó el premio a mayores votos de esas características. Esto es efecto del desencanto con los partidos políticos y la política chilena en general. Luego de que millones de personas expresaran su descontento en el estallido de 2019, entendiendo que estas demandas se han acumulado hace treinta años, ¿qué es lo que realmente se ha conseguido en materia de políticas y demandas sociales que añora la población chilena? De momento, nada. Ahora, más encima, les estamos pidiendo que esperemos a otro proceso –que se tiene que plebiscitar a finales de año—para que puedan ver algún efecto positivo en sus vidas en relación a las demandas más repetidas. Lo cierto es que el costo de haber desperdiciado el proceso anterior fue muy grande.
La extrema derecha ganó porque supo capitalizar el momento actual, pero también porque con los demás partidos y sectores políticos no se han obtenido las respuestas que ha pedido durante tanto tiempo la ciudadanía. No es culpa de esta que el intento anterior haya fracasado, ni tampoco que sus demandas no se hayan escuchado. Es la desconexión del sistema de partidos que se acumuló durante años, y que ahora es muy difícil hacerse cargo. Cualquiera que gane hoy, mañana deberá responder por todos los males suyos y pasados. El gobierno de Boric bien lo sabe.
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Para llegar a esto, hemos pasado por mucho.
La actual Constitución fue fruto de la dictadura que Chile vivió entre 1973 y 1990. El régimen autoritario cambió la distribución de poder que existía en el país y sabía que una dictadura infinita en Chile era imposible. Por esta razón crearon una Constitución que fue impuesta internamente. El borrador de esta Constitución no incluyó ningún aporte de la ciudadanía y fue redactado en secreto.
De acuerdo con Barros (2002), la oposición de centro-izquierda cuestionó significativamente la legitimidad del referéndum que se celebró junto con la adopción de esta Constitución porque se produjo durante un estado de emergencia, durante el cual se prohibieron todos los partidos, y no se ofrecieron alternativas viables a los votantes.
La popularidad del gobierno de Boric siempre estuvo atada a la Convención Constitucional. Su aprobación presidencial a la baja también afectó el proceso sobre el cual su gobierno y coalición tenía mayoría.
Además, aunque la Constitución de 1980 no garantizaba la democracia, contribuyó a crear el gobierno democrático que sustituyó a la autoridad autoritaria tras su finalización. La transición democrática en Chile fue impulsada por la élite autoritaria incumbente. Esto se debe a que, antes de la transición, la élite autoritaria construyó los cimientos del poder del sistema democrático. Crearon deliberada y abiertamente reglas y estructuras que impiden que los votantes conviertan sus preferencias en legislación real. Ejemplo de esto fue el sistema electoral binominal.
En cuanto a las políticas económicas, el dictador Augusto Pinochet aplicó la ortodoxia neoliberal, no porque estuviera necesariamente de acuerdo con esa ideología, sino porque quería fomentar el éxito de sus socios políticos. Esto permitió a su régimen contar con una nueva base de apoyo político que cambió la base del gobierno. La iniciativa de privatización, que produjo un nuevo grupo de élites económicas, es un ejemplo de ello. En contraste con otras naciones de la OCDE, la desigualdad económica de Chile sigue siendo muy significativa, lo que para algunos autores es producto del origen y, por consecuencia, balance de poder de la actual Constitución chilena ⎯a pesar de la reforma que se le hizo en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
¿Qué tienen que ver en esto los partidos políticos?
Desde la vuelta a la democracia, los partidos políticos chilenos no han sido capaces de canalizar las demandas de la ciudadanía. Sin duda alguna parte importante de esto la tuvo el sistema electoral binominal porque hacía que fuera fácil la elección de un congresista de la coalición Alianza (de partidos de derecha y centro-derecha tradicional) y uno de la coalición Concertación (de partidos de la centro-izquierda tradicional) en muchos de los distritos a nivel nacional. Esto, como consecuencia, llevó a que estos partidos tradicionales chilenos no tuvieran incentivos para escuchar, ni menos, canalizar las demandas ciudadanas, porque de todas formas iban a ser electos.
No es culpa de la ciudadanía que el intento anterior haya fracasado, ni tampoco que sus demandas no se hayan escuchado.
Lo que aquí me gustaría destacar es que si bien este era un efecto que buscaron los diseñadores del sistema electoral hecho en dictadura, los partidos políticos no hicieron mayores esfuerzos por incorporar estas voces de la ciudadanía a sus reformas, políticas públicas o leyes. Por nombrar un ejemplo: En 2006 hubo un movimiento estudiantil secundario —el cual dio inicio a movilizaciones masivas en democracia en Chile— y luego fue retomado con más fuerza en 2011, liderados por Gabriel Boric (actual presidente de Chile), Giorgio Jackson (actual ministro de obras públicas) y Camila Vallejo (actual vocera de gobierno). Estos nuevos liderazgos son frutos de lo poco permeable que fueron la coalición Concertación y Alianza a realmente escuchar y canalizar esas demandas.
Entonces, no solo el sistema electoral binominal construyó el camino a un descontento social por las demandas frustradas –que comenzaron con la temática educacional, pero que después se sumaría el sistema de pensiones y el sistema de salud heredados de la dictadura— sino que los partidos políticos chilenos tienen decrecientes raíces en la sociedad, así como baja legitimidad, lo cual ha llevado al debilitamiento de las organizaciones partidarias como instituciones, desconectadas de sus bases.
En 2019, el aumento en treinta pesos del ticket del metro de Santiago fue la gota que rebalsó el vaso. Múltiples protestas espontáneas y saqueos se vieron en la capital y en otros puntos del país. Pero no nos equivoquemos, esto no fue únicamente por la subida en el precio del transporte público. Reflejo de esto fue que una de las frases más repetidas de esa época fue: “no son treinta pesos, son treinta años”. El malestar social y político ya estaba largamente instalado en Chile. ¿Qué es parte de los treinta años? El balance de poder heredado de la dictadura reflejado en el sistema educacional, de salud y pensiones, entre otros.
Temas que, hasta ahora, siguen pendientes.