Desde hace más de un mes, la provincia de Jujuy vive un levantamiento popular en contra de la reforma constitucional aprobada en junio por el gobernador Gerardo Morales. Se trata de un hecho inusual e histórico, una gran pueblada con caracteres indígenas, plebeyos y comunitarios; un movimiento vibrante de la sociedad jujeña que no viene desde el centro sino de los márgenes, los pueblos indígenas y, sobre todo, las mujeres originarias, grandes protagonistas de estas luchas. Una pueblada que nos emociona, interpela y mantiene en vilo porque nace desde lo más hondo del sentimiento colectivo y la defensa de la tierra. Una pueblada que también nos mantiene preocupadas, incluso aterradas, a raíz de la escalada de la represión del gobierno provincial y, más aún, ante la falta de respuesta política de gran parte de la sociedad argentina.
La pueblada arrancó con la protesta de los docentes, afectados por el deterioro salarial y la pobreza, pero el protagonismo mayor pronto estuvo en manos de las comunidades indígenas de la Puna, amenazadas por el despojo de sus territorios y el saqueo de los bienes naturales, entre ellos, el litio. Cortes de ruta programados, lúcidas declaraciones de legislaturas —como en Humahuaca—, acompañado de una gran cantidad de bailes y coplas cuyos ritmos y colores que nos llegan sólo a través de las redes sociales van engrosando el conmovedor repertorio de lucha del “Tercer Malón de la Paz”. En este se afirma: “El gobierno de Jujuy, más que nadie, debería conocer la historia de las razones por las cuales nosotros, las comunidades indígenas, nos movilizamos. Nadie vino a decirnos que nos quitaban las tierras. No, lo hemos vivido en carne propia con el aval de su gobierno. Tanto para emprendimientos mineros, turísticos, emprendimientos privados disfrazados como emprendimientos del Estado en territorio de las comunidades. Y de eso hay varios casos: Tilquiza, Tuscapacha, Caspalá, Salinas Grandes y otros tantos. Con una Justicia cómplice que avala la propiedad individual y privada en toda la provincia, por encima de los derechos de la propiedad comunitaria conquistado por las comunidades según la Convención 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que nos reconoce como dueños legítimos por habitar estos territorios desde tiempos inmemoriales y por derecho consuetudinario”.
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Lo que ocurre en Jujuy merece varias reflexiones. Van tres comentarios y una digresión.
Primero y antes que nada, no se puede mirar al costado e ignorar lo que sucede en Jujuy en términos institucionales. Pese a las evidencias, que muestran una clara concentración de poder en el actual gobernador, quien manejó a su antojo la reforma constitucional, siendo juez y parte; no cumplió con los plazos institucionales requeridos ni con la debida consulta y apertura a la participación de la sociedad civil, menos aún respecto de los pueblos originarios, nada parece perforar la anuencia con la que cuenta Morales a nivel nacional desde sectores mediáticos, económicos y políticos de peso. Tal como ha analizado Roberto Gargarella, defensor del derecho a la protesta, la situación es transparente. “Cómo no escribir una Constitución. En Jujuy, radicales y peronistas aprobaron una reforma a puertas cerradas, a las corridas, escondiéndose y tratando de filtrar cláusulas (ilegales) de restricción de la protesta social. Todo lo que no hay que hacer. Así sentencian su propio futuro”. Sin embargo, nada de eso parece hacer mella; la reforma, pese a que se dieron de baja a ciertos artículos, fue aprobada a las apuradas el 20 de junio pasado y promulgada poco después.
Segundo comentario. Si bien no sorprende el blindaje político y mediático del que goza Morales, ungido como candidato a vicepresidente por una de las formulas de la derecha (UCR-JxC), preocupa el silencio mediático respecto a la violación de derechos humanos. Gran parte de la estrategia de los medios afines a Cambiemos ha sido la de mostrar las imágenes de una parte de lo que sucede en Jujuy, sobre todo una parte de lo que sucedió aquel 20 de junio pasado, cuando se aprobó en pocas horas y sin debate la reforma constitucional y cuando un grupo de manifestantes se desprendió de la multitud que protestaba e ingresó a la legislatura, causando daños y destrozos.
No es que crea que haya que defender aquellos destrozos en la legislatura; antes bien amerita conversar porqué se producen estas rupturas y, sobre todo, cuáles son sus consecuencias para el conjunto del espacio movilizado. Y las consecuencias, sabemos, son de manual. Se toma una parte para referirse al todo (sinécdoque: una figura retórica muy funcional en la política de la grieta). Los destrozos en la legislatura de Jujuy habilitaron el borramiento de la ilegalidad e ilegitimidad del acto gubernamental (la reforma constitucional), para asociar la protesta con la violencia política, y así descalificarla. A esto se agregó que a nivel nacional la oposición vinculó la protesta en Jujuy con otra, ocurrida en el Congreso de la Nación en 2017, contra la reforma de pensiones, que pese a ser masiva y pacífica, culminó de la misma manera; un grupo se desprendió y avanzó sobre el congreso y todo terminó con piedrazos, balas de goma, múltiples daños y arrestos.
Para referirse a Jujuy, las pantallas de ciertos canales de televisión quedaron deliberadamente fijadas en esas imágenes del 20 de junio. Son los rostros o más bien, los prontuarios de los que tiraron piedras aquel día los que aparecen una y otra vez en los medios afines a Cambiemos. La traducción directa es la condena de cualquier lucha legítima (los pueblos originarios desaparecen de la escena) y el comienzo del relato (han atacado las instituciones; o incluso, han intentado un “golpe de Estado”, diría sin ruborizarse Gerardo Morales). La grieta hace el trabajo que mejor sabe hacer en términos de inversión: borrar, polarizar, deslegitimar, cancelar al otro, evacuar toda controversia, seguir avanzando en la simplificación política y la (potencial) eliminación del otro.
Ignoro si esto es suficiente para explicar cómo, pese a que el gobernador Morales redobló la apuesta, con más represión y más detenciones, a nivel país los adherentes de la UCR y de JxC eligieron no salir de la zona de confort en la que los instala la grieta, banalizando no solo el delicado tema constitucional o el carácter popular e indígena de las manifestaciones jujeñas, sino también el alcance de la violencia de Estado.
Desde las organizaciones de derechos humanos, el ambientalismo crítico, por supuesto también desde la izquierda y el kirchnerismo, se viene denunciando que en Jujuy no hay Estado de derecho. La denuncia cubre una larga lista de violación de derechos humanos de parte del gobierno de Morales, entre los cuales se encuentran desde “allanamientos a domicilios particulares y centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías, más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas, referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos; detención a abogados/as defensores de manifestantes criminalizados; violación del derecho a la protesta; persecución política a líderes de organizaciones y comunidades indígenas; hasta la presencia de la policía en la universidad, con amenazas de represión a los estudiantes; la detención de un profesor de la Universidad Nacional de Jujuy; e incluso, la amenaza del gobierno de expropiar la sede de la UBA en Tilcara.
El hecho de que no solo se desoigan los reclamos en relación a los derechos vulnerados, sino que se defienda lo actuado y se coloque esto como eje de campaña electoral, es doblemente preocupante. Resulta lógico pensar que lo que ocurre en Jujuy es una suerte de “laboratorio” de lo que nos espera como país, sobre todo a quienes defienden los territorios, en caso de un triunfo de la fórmula opositora en las elecciones presidenciales de octubre. Y mucho más ante un escenario político tan desalentador como derechizado en la totalidad de sus (cuatro) fórmulas más competitivas.
Sin embargo, si se me permite una digresión, quisiera desconfiar del talante de algunos rechazos a lo que sucede en Jujuy dentro del campo oficialista, para no pecar –una vez más- de ingenuas. A nivel nacional, pareciera que hay sectores del progresismo que acaban de descubrir que en Jujuy existe un extractivismo del litio, sediento de agua, controlado por las corporaciones transnacionales (que ni siquiera llegan a pagar el 3% de regalías) y que expropia a las comunidades indígenas de sus derechos y de sus territorios, avanzando sin licencia social. Incluso algunos intelectuales oficialistas han caracterizado Jujuy como “una guarida extractivista”, como si esto fuera novedoso o bien exclusivo de las provincias gobernadas por la UCR-Cambiemos.
Para quienes nos resistimos –a veces sin éxito- a navegar las aguas pantanosas de la polarización tóxica, queda claro que el extractivismo no conoce grieta, más allá de los matices políticos (el llamado “consenso extractivista”). Más aún, salvo honrosas excepciones, la crítica antiextractivista de los progresismos realmente existentes suele instalarse en un espacio de geometría variable, pues depende de quien esté al frente del gobierno nacional y/o provincial: si se trata de la oposición “de derecha”, sucederá que amplios sectores del progresismo se alinearán con las críticas al extractivismo, tal como ya sucedió entre 2015 y 2019, bajo el gobierno de Macri, cuando eran oposición. Pero si se trata de una provincia con gobierno afín, o si en octubre de este año triunfara el oficialismo con la fórmula Massa-Rossi, ese mismo extractivismo depredatorio denunciado poco tiempo atrás se convertirá ipso facto en un extractivismo virtuoso, esto es, “nacional y popular”, pese a la indignación del arco ambientalista.
No es una chicana ni tampoco una ironía, sino pura real politik, un déjà vu, un recuerdo de lo que ya ha sucedido y puede volver a suceder. Pasó hace poco con la exploración de hidrocarburos offshore en el mar argentino (en donde YPF está asociada a Shell y Equinor), un avance muy cuestionado desde la comunidad científica y ambientalista por los riesgos que este tipo de explotación genera en los ecosistemas marinos. Solo por recordar, el pasado año, los mismos que hoy hablan de Jujuy como “guarida extractiva” publicaron una carta de apoyo a este tipo de explotación petrolera offhsore ignorando lo central de la crítica al extractivismo (los severos impactos socioambientales, la imposición vertical, la transnacionalización, el saqueo de los recursos, la continuidad del modelo fósil, entre otros). Los mismos que hoy critican la “guarida extractiva” de Morales nada dicen de lo que sucede en Catamarca, donde hay un gobernador peronista y el extractivismo del litio está haciendo estragos desde hace años. Tampoco el progresismo se ha empeñado en debatir y elaborar una hoja de ruta para la transición energética, hoy en disputa, o si lo hacen es para integrarla al consenso fosilista (Vaca Muerta mediante) que construyeron con la oposición.
Volviendo a Jujuy, mi tercer comentario tiene que ver con el racismo estructural que atraviesa la historia argentina, lo que explica la insensibilidad de amplios sectores de nuestra sociedad, una parte de la cual –no lo olvidemos- no duda en cuestionar que los mapuches sean argentinos o que tengan derecho legítimo a las tierras de las cuales han sido despojados. No solo la pueblada jujeña cayó en lo hondo de la grieta; los indígenas, “los primeros desaparecidos en la historia argentina” como solía decir David Viñas, permanecen presos de la polarización, en medio de un año electoral en el que se endurecen las posiciones políticas, se derechiza la oferta electoral y se evacúa la posibilidad de los matices y la complejidad propia de una conversación democrática.
Hay otra estrategia, ya usual en relación a actores subalternos, que consiste en negarles a éstos la capacidad de acción autónoma. Abundan las frases gubernamentales que afirman que las comunidades indígenas “han sido engañadas” o son “delincuentes” o sujetos manipulados por otros actores políticos: se trate de la izquierda (que está siempre en la calle), del kirchnerismo (por intereses políticos), o de la desdibujada Milagro Sala (en la actualidad con prisión domiciliaria).
De lo que se trata es de afirmar tácitamente que los indígenas no son sujetos políticos, sino que son manipulados por otros actores. Por repetida que sea en nuestra historia latinoamericana, esta es otra forma que el poder actualiza constantemente para desaparecer a los indígenas como actor político. Desde la oposición (UCR-JxC), el negacionismo es total y la ceguera muy peligrosa, pues rechazan de plano que en la pueblada jujeña sea la cultura y las costumbres de los pueblos originarios lo que se pone en valor, su mirada relacional en torno al cuidado de la tierra y el agua, ante la amenaza de los extractivismos, la voz de los territorios que se eleva y es necesario escuchar.
Hay una última modalidad del caudillismo provincial, muy preocupante, que consiste en denunciar que quienes fogonean o realizan tareas de apoyo a los manifestantes no son jujeños sino “porteños” o de otras provincias. Pareciera ser que si uno no ha nacido en Jujuy o no tuviera domicilio legal en esa provincia no puede manifestarse políticamente, como ciudadano/a argentino/a, indignado por una situación de injusticia. Estamos aquí ante una vuelta perversa del falso federalismo que generó la Constitución de 1994 al provincializar los recursos naturales.
Porque a lo largo de los últimos 15 años, no hay gobernador que ante una protesta en contra de algún tipo de extractivismo (sobre todo minero) no haya denunciado la intromisión de “elementos externos” o “infiltrados” venidos de otras provincias. En San Juan y Catamarca –provincias de tradición peronista- lo han padecido en varias oportunidades. Pero ha sido el radical Morales el que apostó más fuerte y amenazó incluso con cerrar una sede de la UBA en Tilcara, ignorando incluso la autonomía universitaria.
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Comencé este artículo con la idea de describir las batallas geopolíticas que rodean al litio y la búsqueda de minerales críticos por parte de las grandes potencias, a fin de financiar su transición energética, a expensas del sur global. Sin embargo, antes de comenzar, esto me llevó a reflexionar sobre la situación en Jujuy y lo que ésta revela sobre el cada vez más frágil pacto democrático, hundido en la oscuridad de la grieta, a cuarenta años de haber terminado con la más horrenda de las dictaduras cívico-militar en nuestro país. No dudo en que nos debemos una discusión amplia acerca de cómo hacer la transición energética, para quién hacerla y sobre quiénes deben pagar los costos de la misma. Pero lejos de ser un desvío, Jujuy es hoy el centro, en tanto postal de una Argentina frágil y en peligro, y por ello merece una reflexión especial y previa a esta discusión, porque conjuga todo: extractivismo y litio, pueblada y pueblos originarios, derechos humanos, grieta y estallido del pacto democrático.