Quince personas rodean la camilla de acero en la que alguien acomodó prolijamente los huesos de un cuerpo humano incompleto. Una antropóloga forense desliza una gasa humedecida con agua sobre el fémur. Sus manos, envueltas en guantes de látex, se mueven suaves pero con firmeza. Con una sierra manual corta el hueso y vuelve a limpiar. Hace otro corte transversal y saca un trozo. Así varias veces con diferentes piezas. Si la mujer hace un gesto o una mueca al cortar nadie lo notará: tiene la cara doblemente cubierta por el barbijo y una máscara plástica transparente. Viste una bata de cirugía y en la cabeza lleva una cofia.
En los medios de comunicación se especula sobre la identidad de ese cuerpo esqueletizado que unos pescadores encontraron semienterrado en un cangrejal de Villarino Viejo, al sur de la provincia de Buenos Aires. El miércoles 2 de septiembre, ocho días después de la autopsia, a través de una videoconferencia la jueza federal María Gabriela Marrón le confirmará a Cristina Castro lo que ella ya sospechaba: es el cuerpo de su hijo Facundo. “Es una cachetada muy fuerte de la vida”, escribirá Cristina en una carta abierta.
Como a Candela Sol Rodríguez, a Melina Romero, a Franco Casco y a una larga lista de chicos y chicas desaparecidos, a Facundo Astudillo Castro no lo encontró el Estado.
El resultado de la autopsia y los estudios complementarios aportarán indicios sobre cómo y cuándo murió el joven. La investigación judicial deberá completar esa información parcial. El Estado, que no supo responderle a Cristina dónde estaba Facundo y que dejó la búsqueda en manos de la misma fuerza que estuvo en contacto con él antes de su desaparición, tiene ahora la responsabilidad de explicar qué pasó.
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Pasaron cuatro meses y siete días desde la madrugada del 30 de abril de 2020 en la que Facundo Astudillo Castro salió a la ruta 3, en las afueras de Pedro Luro, para hacer dedo hacia Bahía Blanca, donde vive su ex novia. Hacía unos meses que Daiana lo había dejado pero él insistía en volver con ella.
Eran las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por decreto presidencial la circulación en vía pública estaba limitada. Las policías provinciales y las fuerzas federales eran casi la única presencia en calles y rutas de todo el país. Tenían un objetivo principal: hacer cumplir la norma.
La búsqueda comenzó un mes y cinco días después de su desaparición, el 5 de junio, cuando la mamá presentó la denuncia por averiguación de paradero. Su hijo solía pasar semanas sin contactarse con su familia, por eso a Cristina el silencio de los primeros días no le llamó la atención. Además, consideraba que la de Facundo y Daiana era una relación tóxica y se enojó al enterarse que él viajaría para intentar volver con ella.
¿Qué hizo el Estado para encontrar a Facundo? Aunque en ese entonces la familia todavía no había planteado la sospecha de una desaparición forzada, el fiscal provincial sabía que los últimos que lo vieron con vida fueron policías de la Bonaerense. A esa misma fuerza el fiscal Ariel García Dimas le encargó la búsqueda de Facundo.
A diferencia de lo que pasa en otras investigaciones por averiguación de paradero, que suelen activarse cuando los casos llegan a los medios de comunicación, el expediente judicial tuvo un ritmo intenso en los primeros días. Se incorporó el registro de llamadas entrantes y salientes del celular de Facundo, se pidió el registró de móviles policiales, la policía y el fiscal tomaron testimonios que dieron cuenta de la relación de Facundo con la ex novia y la madre y otros que permitían sospechar cierta vinculación de los contactos de Facundo con la venta minorista de drogas y otros delitos en Bahía Blanca. Nada de eso sirvió para encontrarlo.
La Bonaerense repitió una práctica extendida en sus intervenciones como auxiliar de la Justicia. El 14 de junio dos policías fueron a buscar a Marcelo González, el hermano de Daiana a su casa de Pedro Luro. No estaba. Unas horas después Marcelo se presentó en la comisaría. Según contó en una entrevista con La Izquierda Diario el comisario Pedro Grilloni y tres policías de civil lo encerraron en un cuarto y lo interrogaron. Le preguntaron cómo era su relación con Facundo y lo amenazaron. “El comisario me dijo: ‘mirá, si no hablás, si vos no decís dónde está Facundo, te voy a tener que pegar unos sopapos, vas a tener que cantar, vas a tener que decir que Facundo está en Bahía Blanca, me tenés que decir el lugar, y así terminamos con esto y yo me puedo ir tranquilo a mi casa’”, contó.
Después del apriete lo habrían sentado frente a un grupo de policías mujeres que le tomaron una declaración formal. Marcelo repitió lo mismo: que no tenía noticias de Facundo. El comisario volvió a aparecer en escena.
—Llegó una llamada de Bahía Blanca que te compromete, vamos a tener que allanarte tu casa —le dijo.
La policía no tenía ninguna orden de allanamiento. Igual lo subieron a Marcelo a un patrullero y lo llevaron a la casa. “Vieron que había gente: estaba mi señora, mi sobrino, mi yerno. No quisieron entrar porque ahí tenía testigos de que iban a entrar a mi casa”. Al día siguiente el comisario Grilloni y el agente Jonatan Pablo Andres Dumrauf viajaron a Bahía Blanca. Sin orden judicial que los habilitara entraron en la casa de Daiana y revolvieron muebles y cajones en busca de algún indicio.
¿Los aprietes a testigos y los allanamientos ilegales fueron un intento de encubrir un crimen policial y desviar la investigación o los policías creían que en el entorno de Daiana podían encontrar pistas para hallar a Facundo? Cualquiera sea la respuesta, estas prácticas violentas evidencian el enorme margen de acción que tiene la policía cuando actúa como auxiliar de la justicia y la ausencia de control por parte de los funcionarios que delegan estas tareas. También es una muestra de la impotencia, la incapacidad o la desidia del Estado para pensar y diseñar estrategias de búsquedas efectivas de personas desaparecidas.
Recién el 25 de junio (20 días después de la denuncia de Cristina) el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación tomó conocimiento de la desaparición. Cuatro días después la investigación dio un giro: Cristina Castro, acompañada por dos abogados penalistas, planteó sus sospechas de que la policía podría estar involucrada en la desaparición de su hijo y se abrió una investigación en la Justicia Federal. La desaparición de Facundo se convirtió en un tema de interés nacional. La consigna “Aparición con vida de Facundo” se replicó redes y en movilizaciones públicas.
El 8 de julio el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llamó por teléfono a Cristina Castro.
—Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar —prometió el funcionario.
Berni, además, le aseguró que la policía estaba “trabajando bien en la búsqueda”. Ese mismo día la Bonaerense fue apartada de la investigación. La Policía Federal allanó la comisaría de Mayor Buratovich y comenzaron los rastrillajes: ya habían pasado 69 días sin noticias de Facundo.
Durante más de un mes la Federal -con apoyo de otras fuerzas federales- rastrilló sin éxito descampados, ríos y zonas pantanosas a partir de las indicaciones del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Incluso buscaron en un lugar marcado por una clarividente mendocina que aseguraba conocer el punto exacto en el que “la policía había descartado el cuerpo”.
La tarde del 15 de agosto un pescador de la zona vio un cadáver semienterrado en un cangrejal en el Canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo, a unos 5 kilómetros del lugar en el que una testigo contó haber visto por última vez al joven.
“Hay una idea que se patentiza con el caso de Facundo y es que los cuerpos aparecen por casualidad, porque lo encuentra un baqueano o un lugareño. La impotencia del poder judicial y los sistemas estatales es abrumadora”, dice la antropóloga forense e investigadora Celeste Perosino.
Para la investigadora lo que falla es el diseño de una estrategia de búsqueda que involucre desde el comienzo de la investigación a diferentes actores, como antropólogos forenses y arqueólogos, que puedan delimitar los espacios de búsqueda.
El paso del tiempo dejó su huella en el cuerpo de Facundo. Había perdido la piel, los órganos, los músculos y la mayor parte de los tendones. Algunos huesos, fracturados, tenían marcas de haber sido masticados por animales.
Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajaron en la escena recogieron un esqueleto al que le faltaban los brazos, el pie izquierdo y algunas piezas dentales. Cada día que pasa el Estado sin encontrar a un desaparecido no solo impacta en el dolor de sus familiares, amigos y amigas que lo buscan. También aleja la probabilidad de conocer la verdad.
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La posibilidad de que Facundo haya sido víctima de la violencia policial y se haya activado una maquinaria de encubrimiento que involucra a múltiples actores y fuerzas de seguridad es real pero no es la única. El prontuario de la Bonaerense abona esa sospecha.
En la mayoría de los casos de ausencias de varones jóvenes en los que hay indicios de intervención policial, la hipótesis de la desaparición forzada y el posterior encubrimiento policial, judicial y/o político se convierte en casi la única explicación posible y obtura toda posibilidad de pensar e investigar seriamente otras hipótesis.
En el imaginario social y político argentino pareciera imposible pensar la desaparición de jóvenes sin desprenderse de las imágenes de la violencia estatal de la dictadura cívico militar. “La violencia en democracia no es unidireccional y sistemática, se presenta de múltiples formas”, explica Perosino. La desaparición forzada y las ejecuciones son la punta del iceberg de una serie de violencias más cotidianas y silenciosas como las detenciones ilegales, los maltratos, las amenazas, verdugueos y torturas.
“Las generalizaciones y lugares comunes que se tejen en torno a un caso, imágenes prefabricadas que apelan a lugares tan comunes como caros para nuestra historia, pueden cimentar sentidos acerca de un hecho que puede distar tremendamente de lo ocurrido”, plantea la investigadora en el artículo “Diez apuntes urgentes para la investigación de femicidios, crímenes de odio y desapariciones”.
La construcción de sentidos a partir de imágenes prefabricadas “pueden terminar siendo nocivas para la investigación e incluso, y más importante, para las víctimas y sus familias”. “En toda trayectoria vital pueden ocurrir eventos fortuitos”, explica Perosino en su artículo.
Es fundamental que en cada una de estas investigaciones haya operadores judiciales y agentes estatales “que acompañen a las familias y puedan transmitirle con mucha cautela la información, bajo la idea de que se van a investigar todas las hipótesis”, explica la investigadora.
En la investigación por la desaparición de Facundo el acompañamiento estatal falló. Si bien la familia recibió -de manera tardía- el apoyo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal, en diferentes entrevistas Cristina Castro reiteró la falta de atención y respuestas por parte de los dos fiscales que investigaron el caso.
Esa contención y acompañamiento que no le dio el Estado, Cristina la recibió de Leandro Aparicio y Luciano Paretto. Los abogados creen que los policías Mario Gabriel Sosa y Jana Jennifer Curuhinca, quienes el 30 de abril alrededor de las 10 de la mañana demoraron a Facundo en un control de cumplimiento del aislamiento obligatorio, en Mayor Buratovich, le indicaron que volviera a su casa en Pedro Luro. Sospechan que el joven desobedeció esa orden y siguió hacia Bahía Blanca. Entonces los dos policías -quizás luego de recibir la orden de un superior- se habrían subido al patrullero y lo habrían ido a buscar. “Le pegaron, no es que querían matarlo”, explicó Aparicio.
En ese punto, según los abogados, se habría activado la maquinaria de encubrimiento que involucraría a efectivos de la Bonaerense de las comisarías de Pedro Luro, Mayor Buratovich y Teniente Origone, a agentes de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, a funcionarios políticos y a una vecina de la zona.
Según esta hipótesis:
- Sería falso el testimonio de la policía Siomara Flores, que declaró haber llevado a Facundo en el auto de su padre desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone.
- También habría mentido el agente Alberto González, del puesto de vigilancia de Teniente Origone, que declaró haber demorado a Facundo a la vera de la ruta y contó que vio al joven subirse a una camioneta Renault Duster Oroch color gris oscuro en dirección a Bahía Blanca.
- La testigo H habría sido plantada en la causa por la Policía para hacer creer que Facundo se acercó a la zona donde apareció el cuerpo. Se trata de una productora agropecuaria de 72 años que vive en la región y dijo haber llevado a un chico parecido a Facundo desde Teniente Origone hasta el cruce de la ruta 3 con las vías en su camioneta Honda CRV.
- El registro que confirma que la Testigo H pasó el 30 de abril por el control fitosanitario esa misma tarde habría sido adulterado por funcionarios.
- El hallazgo de un amuleto que podría haber pertenecido a Facundo (no está confirmado) en el destacamento de Teniente Origone confirmaría que el joven podría haber estado ahí o al menos demostraría la participación de los policías en el crimen.
- Los aprietes de agentes de la Bonaerense a testigos confirmarían que buscaban un culpable para plantear una hipótesis que desviara la pista de la violencia policial.
- La geolocalización de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que según los informes podría haber estado el 8 de mayo a menos de un kilómetro del lugar donde encontraron el cadáver confirmaría que el cuerpo fue plantado.
- El mismo día que un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca estuvo en esa zona, la agente Siomara Flores eliminó la aplicación de Whatsapp de su celular y se dio de baja de las redes sociales. Para los abogados es un indicio de culpabilidad.
Analizadas de manera fragmentada estas pruebas podrían delinear una trama de violencia y encubrimiento policial. En el contexto de la investigación y en diálogo con otras pruebas esta hipótesis tiene contradicciones y deja preguntas sin responder.
Algunas de ellas: si los policías mataron a Facundo durante una golpiza tal como plantean los abogados ¿por qué habrían descartado el cuerpo recién nueve días después? ¿Tuvieron escondido el cuerpo todo ese tiempo? ¿Dónde? Si, según esta hipótesis, los policías que lo mataron fueron los agentes de Mayor Buratovich, por qué el cuerpo habría sido trasladado en un móvil de la Policía Local de Bahía Blanca? ¿Y por qué el amuleto que sería de Facundo apareció en la comisaría de Teniente Origone?
¿Por qué los abogados de la familia sostienen con tanta seguridad que el cuerpo de Facundo “fue plantado” antes de tener los resultados de la autopsia y los estudios complementarios que podrían confirmarlo o desmentirlo? Otro dato importante: según esta hipótesis los agentes que lo habrían asesinado serían dos o tres, pero en la maniobra de encubrimiento deberían haber participado unos veinte policías de cuatro dependencias y dos fuerzas policiales distintas y varios civiles.
En poco menos de un mes estaría listo el informe de la junta médica que aportará indicios sobre cómo y cuándo murió Facundo Astudillo Castro. Mientras, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez mantiene abierta la hipótesis de la violencia policial pero también sigue con fuerza otra línea de investigación: la de la muerte accidental. Los investigadores creen que es posible que Facundo hiciera dedo hasta el cruce de la ruta 3 y las vías del ferrocarril. Según la testigo H, el joven se bajó antes para evitar el control de Gendarmería y siguió a pie. En el camino -creen los investigadores- podría haber sufrido un accidente que le provocó la muerte.
Esta hipótesis también tiene baches y deja preguntas sin contestar: ¿cómo llegó el amuleto que Facundo llevaba consigo hasta la comisaría de Teniente Origone? ¿Por qué el sistema de geolocalización registró movimientos de un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca cerca del lugar del hallazgo del cuerpo.
Para la Comisión Provincial por la Memoria, querella institucional en la causa, estas dos pruebas constituyen los “hitos principales” que robustecen la pista de la desaparición forzada.
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El aumento de la violencia policial en el marco del cumplimiento del aislamiento obligatorio por la pandemia de covid-19 en la provincia de Buenos Aires -y en todo el territorio nacional- es alarmante. A lo largo del país aumentaron las denuncias de hostigamiento, golpizas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Luciano González salió a pasear el perro por las calles de Bahía Blanca. Dos policías lo pararon y le dijeron que no podía estar ahí: le pegaron piñas en la cara, lo tiraron al piso y le pusieron una rodilla en el oído para inmovilizarlo. Después lo cargaron en un patrullero y lo llevaron a la comisaría. "Me dejaron en un patio perdiendo sangre", contó. El 1° de junio en San Nicolás Ezequiel y Ulises, de 30 y 25 años, fueron a la casa de un amigo en moto. En el camino vieron un control policial y siguieron de largo. Un patrullero los siguió. A las pocas cuadras otro móvil, con luces apagadas, les cerró el paso y los chocó. Los dos amigos murieron.
El 25 de julio un grupo de policías detuvo a un joven de 17 años en Tolosa, La Plata, y lo llevó a la comisaría, donde lo amenazaron y lo torturaron con una picana eléctrica. La madrugada del 10 de julio, en González Catán, partido de La Matanza, Lucas Verón salió en moto con un amigo a comprar cigarrillos. Ese día festejaba su cumpleaños número 18. Un patrullero los persiguió y los chocó de atrás. Los amigos se asustaron y salieron corriendo. Un policía bajó del móvil y le disparó. Lucas murió unos minutos después en el hospital. El amigo terminó en un calabozo: los policías lo amenazaron para que dijera que habían intentado robarle a una mujer y un civil les había disparado.
La lista de abusos y crímenes de la Bonaerense registrados en los últimos meses y los aprietes y amenazas de los agentes que intervinieron en la búsqueda de Facundo deberían ser suficientes para exigir una respuesta política seria y abrir el debate público sobre la necesidad de profesionalizar y democratizar la Policía bonaerense.
“Sea cual sea el resultado de la investigación de la desaparición de Facundo, el Estado debe dar una respuesta sólida que muestre que las ejecuciones, las torturas, el hostigamiento no son admisibles y que la agenda de seguridad incluye un replanteo político del problema policial”, explicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Este replanteo no se puede hacer desde una perspectiva como la de Berni, que alienta una forma de conducción cerrada a todos los cuestionamientos sobre la violencia estatal. Pero este cambio es necesario ya, no puede seguir esperando.”
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En Google Maps la localidad de Pedro Luro es apenas una mancha al margen de la ruta 3 que atraviesa toda la provincia. Ciento veintiseis días después de que Facundo salió de su casa, sus restos volvieron al pueblo en el que se crió y vivió hasta los 22 años. El velorio fue una ceremonia íntima en la que participaron su papá y su mamá, sus dos hermanos y un pequeño grupo de amigos y amigas. Afuera los compañeros y compañeras del Semillero Cultural, donde militaba el joven, lo despidieron con una batucada. Todos ellos esperan hoy una respuesta del Poder Judicial. Ya tienen la certeza de dónde está Facundo: ahora quieren saber qué pasó con él.