Exguerrilleros, torturadores y gendarmes farsantes

Con un saquito blazer entramado en blanco y negro, en el horario central de un set de televisión, la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo:

—Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada.

El jueves sería 29 de noviembre de 2018, víspera del G20, la reunión anual de los presidentes más poderosos del planeta para debatir sobre políticas financieras internacionales. La ciudad que invitaba a abandonar era Buenos Aires, capital del país anfitrión, Argentina. Las complicaciones iba a provocarlas el operativo de seguridad que su ministerio había montado para que circularan sin obstáculos veinte mandatarios con sus comitivas, 2.650 periodistas acreditados y miembros de ocho organizaciones internacionales. Y la frase, más que una recomendación, sonó como una amenaza.

—Hace más de un año que estamos trabajando para el G20. Sabemos que se intentan generar espacios de violencia extrema y situaciones de caos y desborde —deslizó en la entrevista, bajando apenas el tono—. Y por eso, lo que vamos a plantear como estrategia es que en Argentina todos aquellos que quieran protestar pacíficamente, porque tienen una posición política e ideológica en contra del G20, lo puedan hacer. Pero que nos ayuden.

Lo que decía la responsable de la seguridad era cierto: hacía más de un año que su gobierno venía preparándose para ese momento. Lo que descubrió Anfibia, en alianza con la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueves medios del continente*, es que eso signficaba aprovisionarse de un arsenal que compraría en circunstancias dudosas y a personajes de grueso calibre.

Catorce meses antes, a las 11 de la mañana del 1 de septiembre de 2017, se abrieron 29 sobres con ofertas de venta de equipos antidisturbios, bajo el expediente 347-0051-CDI17. Las empresas equiparían a las fuerzas de seguridad argentinas con armas menos letales en dos eventos internacionales que tendrían al país como anfitrión: la undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre de ese año, y la reunión anual del G20, en diciembre del siguiente.

El Estado argentino planeaba invertir alrededor de 100 millones de pesos (dos millones y medio de dólares de la época) para adquirir 2.400 tonfas (o bastones), 180 escopetas calibre 12/70, 4.900 precintos plásticos para usar como esposas, 1.610 mantas ignífugas, 495 matafuegos y 3.150 escudos, bastones largos, máscaras antigás, cascos, guantes y protectores para piernas y brazos. Haría una contratación directa a través de la Compulsa Abreviada por Urgencia N°51/2017. El apuro que obligaba al gobierno de Mauricio Macri a obtenerlas bajo esa modalidad, según ese documento, radicaba en las “acciones y operativos de seguridad que desplegarán las Fuerzas de Seguridad ante los graves disturbios y actos violentos generados por agrupaciones opositoras a esta clase de eventos”. Dicho de otro modo: el gobierno eludía el procedimiento habitual de compra por licitación pública (y sus respectivos controles administrativos) basándose en protestas violentas que aún no habían ocurrido y que nadie sabía si iban a suceder. Pero aun aceptando la presunción de que el gobierno debía sumar armamento para estar preparado ante conflictos eventuales, la compra urgente parecía innecesaria: faltaban quince meses para el G20, tiempo suficiente para licitar.

—El procedimiento abreviado sólo puede justificarse cuando ocurre una emergencia y el Estado tiene que dar respuesta sin la posibilidad de esperar los tiempos de una convocatoria pública. En este caso, el G20 era un evento público, con fecha prefijada, y por lo tanto esa condición no existe —explica un abogado que revisa compras y licitaciones en uno de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires.

Luego de estudiar el primer grupo de ofertas, una comisión evaluadora recomendó a siete empresas. Un mes después, el 24 de octubre de 2017, la ministra Bullrich firmó la resolución 1148/2017 que confirmaba a las compañías American Consulting Group SA, Buccello y Asociados SRL, Carols SA, Red Impact SA, Percles SA y Guillermo Nicolas Peire como las proveedoras del armamento (una séptima fue descartada por la impugnación de una competidora).

Buccello y Asociados SRL fue la más beneficiada. El gobierno le adjudicó la venta de tonfas y protectores corporales por 20 millones de pesos (unos 565.000 dólares), aunque su contrato terminaría siendo rescindido porque la empresa admitió que los productos que había ofrecido no se ajustaban al pliego de condiciones sino a sus propios folletos.

Buccello SRL fue fundada en 1982 por Roberto Horacio Buccello y su padre Luis Renato, cuando la dictadura cívico-militar todavía estaba en el poder, y es una de las compañías que mayor cantidad de armas de fuego y armas menos letales les provee a las fuerzas de seguridad federales y provinciales del país. También tiene exclusividad en la representación en el país de empresas armamentísticas globales, como la checa CZ, la alemana Dermalog (una multinacional de tecnología de reconocimiento biométrico), o la estadounidense Taser International, fabricante de las celebradas pistolas eléctricas.

Su actual gerente sigue siendo Roberto Horacio Buccello. Según un cable diplomático filtrado en los Wikileaks, el 2 de noviembre de 2009 recibió en una sucursal en la localidad de Olivos, vecina a Buenos Aires, la visita de un “correo” del Departamento de Estado norteamericano. En ese momento, la empresa gestionaba los permisos para traer armas desde el país del norte. El “Econoff” (asesor económico) “se reunió con los dueños de la empresa, Horacio y Renato Buccello. La empresa tiene numerosas armas en el sitio, pero parece que la mayoría de ellas son armas antiguas que son solo para exhibición. La tienda tiene un ambiente de museo”, anotó el informante.

El hombre pertenecía al programa Blue Lantern (Linterna Azul), de la Oficina de Control Comercial de la Defensa, que lleva un registro de la documentación sobre la venta de armas desde Estados Unidos hacia el mundo y pretende asegurar que las rutas comerciales y el uso que le dará el destinatario estén respaldadas legalmente. Luego de diez días, el “Econoff” informó que Buccello sería un “corredor responsable de artículos de la Lista de Municiones de los Estados Unidos”. No era la primera vez que los agentes norteamericanos indagaban la empresa. Dos años antes habían visitado la sede comercial de improviso y encontrado una residencia familiar, por lo que habían llegado a una conclusión opuesta: no se podía certificar “ninguna buena fe de Buccello y Asociados, incluso si tiene o no operaciones comerciales actuales”.

En el sistema digital donde se consignan las compras de agencias del Estado argentino de órbita nacional (muchas provincias tienen además la propia), Buccello tiene once licitaciones ganadas, siete de las cuales han sido a través de contrataciones directas (todas entre los años 2017 y 2018, cuando Bullrich estaba al frente del Ministerio), una modalidad que, como se dijo, debería ser de carácter excepcional. En tres de esas once operaciones (los procesos 279-0009-LPU21, 347-0006-LPR18 y 347-0051-CDI17) Buccello le proveyó al Estado armas no letales para la represión callejera: correajes, esposas y bastones extensibles para cadetes y policías, escopetas calibre 12/76, tonfas y protectores. Sin embargo, el cumplimiento de la compañía no parece ser su mayor virtud, ya que seis de las 12 operaciones terminaron siendo “dejadas sin efecto” y en la del G20, como fue mencionado, aparece rescindido el contrato por incumplimiento.

—Las contrataciones dejadas sin efecto pueden ser por faltas de la empresa, o porque no consigue los insumos por trabas en la importación, por ejemplo. En ese último caso, el contrato se disuelve sin penalidad para la empresa, como sí sucede si el incumplimiento es su culpa —detalla el abogado del organismo de control.

Se hace un silencio breve.

Aunque a veces, una cosa se hace pasar por la otra.

Según la respuesta de un pedido de acceso a la información hecho al Ministerio de Seguridad argentino, Buccello y Asociados no tiene penalidades vigentes.

Las otras dos empresas favorecidas en grandes montos en aquella licitación fueron Percles SA y Red Impact SA. La primera también fue sancionada por una demora injustificada en la entrega del armamento. Red Impact SA le vendió más de 3.000 escudos y la misma cantidad de pares de guantes, además de 1.000 bastones antidisturbio (un artículo que no aparece en sus publicidades de las redes sociales) por 12’886.250 pesos argentinos, unos 335.000 dólares del momento.

Red Impact SA ofrece cascos, uniformes, esposas y chalecos antibalas, además de otros productos textiles, como catres y tiendas de campaña desde el año 2008. Tiene el link de su página web roto. Algunos enlaces en internet muestran a distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales como sus principales clientes. Una revista digital asegura que, además, “cuenta con representaciones exclusivas de empresas internacionales de reconocido prestigio que abastecen a más de 50 países del mundo, y estrictos controles de calidad”. Su presidente es, desde hace algunos años, Gustavo Rodolfo Zorzenón: un exgendarme que decidió abandonar la fuerza tempranamente, estudió abogacía y probó suerte como empresario. La tuvo.

Los primeros tiempos fueron arduos. En el verano de 2009 Zorzenón viajó a China y medio año después importó chalecos antipunzantes que logró vender al Servicio Penitenciario Federal, según puede verse en fotos de redes sociales, pero al menos hasta 2014 no obtuvo licitaciones para pertrechar a otras fuerzas federales. En agosto de 2013 dio un paso firme, porque gracias a la influencia del entonces secretario de comercio, Guillermo Moreno, logró abrir un galpón en la Zona Franca de General Pico, en la provincia de La Pampa, que le permitió importar y exportar sin pagar impuestos y obtener créditos blandos para comprar insumos.

Al ritmo de las importaciones llegaron más viajes al exterior, por negocios, pero también por placer: Hong Kong, Indonesia, Bali. En 2014 el rendimiento de Red Impact tuvo su primer pico. Sólo con Gendarmería Nacional ganó cinco licitaciones que le significaron a la empresa familiar un ingreso de casi cinco millones de dólares al cambio de la época. En las fotos turísticas de las redes sociales de Zorzenón fueron mermando los paisajes ribereños, las termas del litoral y la costa bonaerense y comenzaron a repetirse las playas de Brasil o República Dominicana, o destinos urbanos más cosmopolitas como Roma o Nueva York. En 2015 obtuvo un contrato más, también con Gendarmería, por 1’200.000 dólares. A pesar de que su suerte parecía estar cambiando, Gustavo Zorzenón quería un cambio de rumbo político en el país y tuiteaba fervorosamente a favor del entonces candidato opositor Mauricio Macri en el ballotage de fines de 2015.

No se equivocaba. Luego de la victoria electoral del empresario, para Red Impact vino lo mejor. Según el registro de la web de registro de las distintas licitaciones, llamada Compr.Ar, en 2016 la empresa ganó siete licitaciones públicas y una contratación directa que dejaron 5’225.000 dólares en las arcas de la empresa, a los que se sumaron 3’448.000 dólares de tres licitaciones al año siguiente. En cuatro años, la empresa de Zorzenón le había vendido equipos por casi 15 millones de dólares solamente a Gendarmería Nacional, como reconocería la propia fuerza en una causa judicial. Solo, con su mujer, con su madre y su suegra o con toda la familia, por negocios o placer, el periplo de Gustavo Zorzenón por el mundo se volvió más exótico: Estanbul, Hong Kong, Bangkok, Saigón, Kiev. También Orlando o un balcón con vista al mar en Sunny Isles Beach de Florida, en Estados Unidos. Un espejo de su próspero negocio.

La reunión de la OMC terminó el 13 de diciembre de 2017 sin episodios memorables: ninguna definición importante acerca del rumbo económico del mundo; ninguna manifestación callejera. De todos modos, Gendarmería no tardaría más que unas horas en estrenar parte del armamento antidisturbio.

Esa tarde, cerca de las 18:30, varias columnas de organizaciones sociales llegaron a los alrededores del Congreso Nacional con la idea de montar una vigilia hasta el día siguiente, donde iba a ser la sesión para sancionar una reforma previsional. Un enorme operativo de Gendarmería y Prefectura esperaba a los manifestantes. Cuando se acercaron, los uniformados lanzaron un ataque feroz: dispararon sus armas con cartuchos de goma, gases lacrimógenos y soltaron perros adiestrados contra ellos. Hubo detenciones. Varias diputadas y diputados opositores que llegaron hasta el lugar para pedir que detuvieran la represión fueron empujados y golpeados por los efectivos. A Leonardo Grosso, diputado nacional del Peronismo para la Victoria, uno de los perros adiestrados le mordió el abdomen.

Esa jornada, el repudio a la agresión y el desbande dentro y fuera del recinto impidieron que se aprobara la ley. Al día siguiente, 14 de diciembre, se volvió a sesionar. Se dispuso un cordón más nutrido y hubo una nueva arremetida contra las columnas de gente, además de varios periodistas a quienes les dispararon balas de goma a corta distancia. Otra vez agredieron a legisladores que se acercaron a pedirle al jefe del operativo que lo detuviera: los rociaron con gas pimienta en la cara. Muchos de esos pertrechos habían sido comprados con procesos exprés. Esas tardes de humo y furia dejaron 162 personas heridas y más de 60 detenidas. Una prueba piloto para el año siguiente: el del G20.

Entre junio de 2017y septiembre de 2018, el gobierno argentino selló siete contrataciones directas con la Dirección General de Fabricaciones Militares, una empresa de fabricación nacional con sede en varias provincias, por algo más de 313 millones de pesos (unos 7.830.000 dólares del momento). La empresa estatal, que dependía del Ministerio de Defensa y estaba intervenida desde hacía cinco meses por el gobierno, tenía que entregar 8.300 chalecos antibalas RB2, 2.000 granadas de mano, 1.300 de gas lacrimógeno y municiones antitumulto.

Lo llamativo es que mientras se firmaban convenios entre dependencias y se demandaban armamentos no letales, el interventor Luis Riva despedía cerca de 600 empleados y cerraba una planta en la localidad bonaerense de Azul porque decía que sobraban empleados para la cantidad de producción que tenía. Los sindicatos estatales denunciaban que, en realidad, reducía la producción porque quería vaciar la empresa.

Riva era otro de los hombres de negocios que había ocupado una función ejecutiva durante el gobierno derechista de Cambiemos. Había sido CEO en el Grupo IMPSA de la poderosa familia Pescarmona, dedicados al acero, y en los años noventa, con el peronismo más liberal en el poder, había sido presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una usina promercado cuyo miembro más honrífico había sido José Martínez de Hoz, ministro de economía de la dictadura militar.

Esas ventas de Fabricaciones Militares al Ministerio de Seguridad tendrían un papel decisivo en la represión callejera, pero no en Argentina.

—En las líneas jerárquicas altas del Ministerio está arraigada la corrupción de todas las fuerzas de seguridad. Esto funciona como el famoso refrán: tributemos a la corona. Generalmente, el que quiere llegar allá arriba tiene que alinearse.

Quien lo asegura es Nelson Mendoza.

El ex director nacional del Ministerio de Seguridad que estuvo en funciones relató, sin entrar en detalles, lo díficil que es controlar a los uniformados: “Cuando uno ve irregularidades desde la conducción civil del Ministerio puede impulsar un sumario, seguirlo, sugerir acciones, pero cada fuerza tiene su propia oficina de asuntos internos y no se puede intervenir en el resultado final ni en la sanción. Es potestad de ellas”.

Mendoza habla desde la provincia norteña de Salta, en donde vive junto a su madre después de denunciar por corrupción a la cúpula de Gendarmería y de que esa denuncia, sostiene, le valiera el retiro obligatorio en mayo de 2021. Mendoza es abogado e hizo un posgrado en derecho administrativo de dos años para poder llevar su denuncia.

Cuenta una historia que podría resumirse así: en 2014, cuando todavía era comandante principal, notó que se había contratado a la Universidad Tecnológica Nacional de San Nicolás (UTN) para crear un sistema informático de historias clínicas y turnos para los afiliados, por 9’107.146 pesos argentinos, que nunca se hizo. El director de Logística, de quien dependían esos convenios, era Gerardo Otero. Mendoza se lo dijo y, como no obtuvo ninguna respuesta, se calló. En enero de 2016, cuando Patricia Bullrich tomó el control del Ministerio, nombró a Otero como Director Nacional, el cargo más alto en la fuerza. Y en la estratégica Dirección de Logística, donde se iniciaban y terminaban muchas de las compras, asumió el comandante Eduardo Alfredo Godoy. Mendoza se había peleado con ambos por aquellos contratos con la UTN. Hoy, Otero está procesado por tráficar armas a Bolivia. Mendoza cree que, al llevarlo a la jefatura, la ministra estuvo “mal asesorada”.

En diciembre de 2015 Mendoza también tuvo su premio. La junta calificadora lo promovió a Comandante Mayor y lo ascendió a subdirector de Intendencia, que dependía de la Dirección de Logística manejada por Godoy. En su oficina se iniciaban las licitaciones de ropa y tiendas de campaña: la solicitud de gastos, los estudios de mercado. Después pasaban a la Unidad Operativa de Compras (UOC) y de ahí a la comisión evaluadora, que recomendaba la oferta más conveniente. Allí, asegura, vio el fraude delante de sus ojos.

—Las contrataciones de mayor monto se las daban a Red Impact porque su presidente, Gustavo Zorzenón, y el director del Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería, Eduardo Godoy, eran amigos de la promoción ’41 de la Escuela de Cadetes, una antes que la mía. Godoy o su segundo, de apellido Espinoza, me llamaban a la oficina y me decían “por orden del director nacional esta licitación hay que dársela a fulano” —jura Mendoza, cara morena, algunas canas, al otro lado de la pantalla.

El Servicio Administrativo Financiero (SAF) dependía de la Dirección de Logística bajo la égida de Godoy. En la licitación 1/16 para carpas y catres de campaña, cuenta Mendoza, le pidieron que expidiera un informe dando razones de mérito, oportunidad y conveniencia para que fuera a Red Impact. Una compra por 921.000 dólares. Según denunciaría luego Mendoza, se negó a firmarlo porque había varias irregularidades: el mismo día que se retiraba la mercadería de los galpones de la empresa en la Zona Franca de General Pico, provincia de La Pampa, un gendarme firmaba el informe de supuesta revisión técnica en Buenos Aires. Se usaban facturas tipo “E” de exportación “que podrían encubrir maniobras de evasión fiscal”. Y la comisión evaluadora había notado un sobreprecio del 145,19% en uno de los productos respecto del precio de referencia fijado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

—Apenas se lo dicen a Godoy, al día siguiente yo ya tenía el pase al área de Bienestar y Sanidad.

En esa dirección, que estaba a cargo de Esteban Severino, actual Director Nacional de Gendarmería, vería otras irregularidades. También lo denunció: en febrero de 2018 y en 2020, en la Oficina Anticorrupción. Como no avanzaba, a fines de 2020 lo hizo en la justicia federal. Cuando cambió el gobierno, en diciembre de 2019, la antropóloga Sabina Frederic reemplazó a Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Ante algunos indicios de lo que pasaba y ante una licitación sospechosa de guantes para la pandemia, ordenó abrir una investigación interna que precisó algunos detalles sobre la secuencia que conectaba a la compañía de Zorzenón con la gestión de Bullrich y el ascenso de Godoy.

En 2018, la ministra Bullrich propuso el ascenso del comandante Godoy, quien como director de administración financiera estaba a cargo de las contrataciones de Gendarmería desde 2016. Al revisar el posible ascenso, la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio de entonces pidió que el gendarme explicara el origen de los 180.000 dólares que había gastado en la compra de un departamento en un exclusivo barrio porteño, que además coincidía con la dirección comercial de Red Impact. Godoy dijo que tenía 80.000 dólares, que le había pedido prestados otros 100.000 a Gustavo Zorzenón, el dueño de la empresa, y que se los devolvería en 36 cuotas de 1.500 dólares y una final de 61.000. La auditoría interna quiso saber entonces cómo afrontaría las cuotas de 1.500 dólares. Godoy presentó una adenda en la que retrasaba la fecha de la firma del préstamo al 31 de agosto de 2017 y modificaba la forma de pago: 24 cuotas a pagar desde el 10 de enero de 2019 (sin compromisos durante 2018), con cuotas de 500 dólares y una última de 107.200. El acuerdo con su acreedor había cambiado de la noche a la mañana: aún así, los investigadores internos del Ministerio que dirigía Bullrich se dieron por satisfechos. “En síntesis —se lee en el documento interno llamado Mini info, Posible corrupción en GNA, que resume el sumario y al que se tuvo acceso para esta investigación— Godoy le compra una propiedad a su prestamista que, a la vez, es contratista de la Gendarmería a través de la oficina que conduce Godoy”. El meme del hombre araña.

La demora por las marchas y contramarchas del trámite habían excluido a Godoy de la posibilidad de ascender. Pero el gendarme seguía teniendo ases bajo la manga: el 31 de diciembre de 2018 presentó un reclamo al que la ministra Bullrich accedió: se tramitó su decreto de promoción presurosamente. Para que la celebración fuera completa se suprimió de su expediente de ascenso la fastidiosa situación de la deuda y el departamento. Eso se consigna en el mencionado paper interno donde se recopiló la información que se tenía sobre Godoy y Zorzenón: “El 31 de diciembre de 2018 Godoy presenta un reclamo al que da lugar la entonces ministra Bullrich, quien tramita el decreto de ascenso. (Se advierte, en el mismo momento que se procuran borrar las diligencias mencionadas punto 2, 3 y 4 de esta mini info para promover el ascenso de Godoy)", se lee en el punto 7.

La auditoría del nuevo gobierno, con Frederic a la cabeza de Seguridad, concluyó que entre 2012 y 2018 la Dirección de Administración Financiera le adjudicó 21 contrataciones por un promedio de 15 millones de pesos cada una a la empresa de Zorzenón. Alrededor de 315 millones de pesos en seis años. Nada mal. Tampoco habían sido infructuosos para el comandante Godoy, que compró la costosa propiedad en dólares y además fue premiado con 22 viajes al exterior para capacitarse en disciplinas que eran ajenas a su área, que era el manejo de balances financieros.

El sumario interno, que por el diseño institucional llevan adelante las oficinas de control de la propia Gendarmería y en los que el Ministerio sólo puede controlar, pero no sancionar, terminó cortando el hilo por lo más fino: no encontró culpable a Godoy, sino que determinó apenas la negligencia de algunos de sus agentes subordinados. Según confirma una fuente que estaba en aquel momento en Seguridad, Godoy fue removido de su cargo de director general de administración.

La denuncia del gendarme Mendoza contra Godoy en la justicia federal fue por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles” y por abuso de autoridad también a Gerardo Otero y al actual jefe Esteban Severino, a quienes acusa de complicidad. La causa 9356/2020 quedó radicada en la Fiscalía 11 de Gerardo Pollicita y en el Juzgado 10 de Julián Ercolini. Nunca avanzó. En septiembre de 2021, Severino aportó al expediente un listado parcial de las contrataciones que había ganado la empresa, pero no hay mucho más. A Mendoza no lo llamaron a ratificar ni a ampliar su denuncia, le negaron el acceso a la causa y no lo aceptaron como querellante porque “no aparece como directamente ofendido por la maniobra en orden a la cual se circunscriben estas actuaciones”.

Detrás de otra de las empresas beneficiadas, hay un marino que con el tiempo también cambió de ocupación. Tal vez todavía recuerda ese viejo casete de cinco canciones por lado, que sonaba todo el día, cada día, en el edificio de Buzos Tácticos de la Base Naval de Mar del Plata. En los minutos que el guardia de turno tarda en darlo vuelta y la música calla, sube hasta la segunda planta el rumor del mar. El trino de una gaviota, el goteo regular del caño helado con el que se duchan: los sonidos se vuelven las únicas referencias de tiempo y espacio después de algunas semanas en la oscuridad. La música, a pesar del loop desquiciante, siempre es preferible a los gritos de dolor. Desde las celdas ciegas en las que viven cautivos una veintena de jóvenes, la playa a unos metros de distancia genera un contraste irreal.

Según los fundamentos de la investigación judicial que terminaría por llevarlo a la cárcel, el 26 de noviembre de 1976, con solo 22 años, el teniente de corbeta Carlos María Robbio fue nombrado segundo comandante de la agrupación Buzos Tácticos. Como tercero en la línea jerárquica y esa jerarquía, conocía todo lo que pasaba dentro y fuera de aquel edificio. Sabía que los dejaban encapuchados y esposados en celdas de un metro y medio de diámetro, con puerta de chapa y mirilla, y que las sesiones de tortura sucedían en el salón de la planta baja. Sabía que los secuestros solían ser de noche porque había participado en algunos siendo guardiamarina. Sus superiores también sabían que él sabía: dejaron constancia en su legajo de la “seriedad y responsabilidad” con las que asumía “las tareas de lucha antisubversiva (…) conduciendo en ellas con acierto a sus subordinados”.

Cuatro décadas más tarde, Robbio ya no guarda las armas en el uniforme sino en los depósitos de su empresa. Ya no las empuña él mismo en operativos de “chupe” sino que se las vende al Estado. Como muchos camaradas, con la democracia ha cambiado la ropa camuflada por el portafolio y la corbata. En 2006, junto a un compañero de la promoción ‘54 de la Armada, Armando Raúl Mayora, fundó la compañía de tecnología y logística A1-TEC. Un año después la reemplazaron por Automation Systems SRL, que ampliaba el inventario hacia las armas. Robbio y Mayora se conocieron con 17 años en la Escuela Naval, combatieron juntos en la Guerra de Malvinas: el vínculo que los une es fuerte. Por eso, unos meses después de que detuvieran a Robbio por aquellos crímenes como buzo táctico, a fines de 2015, su hijo Marcelo Robbio lo reemplazó en el directorio y Carlos María siguió en las sombras.

A su empresa le fue muy bien: desde 2014, cuando comenzaron a registrarse las compras en el sitio Compr.ar, hasta 2021, Automation Systems ganó 31 licitaciones (doce de ellas a través de la modalidad excepcional de contrataciones directas) y proveyó por millones y millones de dólares a casi todas las fuerzas de seguridad: el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, la Prefectura Naval, Gendarmería, el Ejército, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fuerza Aérea, además de otras dependencias estatales.

El 12 de julio de 2018, el ministerio de Bullrich licitó, bajo el número EX-2018-19660709, el último gran lote de elementos que imaginaba imperiosos para disuadir los desmanes que la ministra esperaba que ocurrieran durante los días del G20. No lo iba a permitir. 4.000 bastones antidisturbio, 2.000 protectores de brazos y piernas, 2.000 escudos, 2.000 cascos, 2.000 pares de guantes y 2.000 máscaras antigás por 94 millones de pesos.

Se los repartieron entre siete firmas. Automation Systems se quedó con las máscaras, el producto más caro, por 37’700.000 de pesos. Red Impact ganó el renglón de los cascos y se embolsó casi 10’000.000 de pesos.

Otras licitaciones que se abrieron poco antes del G20 (como el expediente que tramitó bajo el número EX- 2018-20286148, en la que Automation Systems S.A. vendió cinco mantas antibomba, dos tolvas de protección, siete escudos de protección antifragmentación y tres contenedores totales de explosivos por 89’010.000 pesos) llamaron la atención de la Sindicatura General y la Oficina Anticorrupción, por algunas singularidades: se habían aprobado diez días antes del evento y las empresas tenían entre 60 y 90 días para enviar los materiales. La empresa de Robbio los entregó el 3 de mayo de 2019, cinco meses después de la reunión de los líderes, pero no le fueron impuestas las multas correspondientes por la demora.

El 27 de abril de 2020, Robbio fue condenado a prisión perpetua por ser el jefe de una asociación ilícita que secuestró y torturó a siete personas y secuestró, torturó y asesinó a otras 23. La Justicia federal suspendió su jubilación, pensión o retiro y le ordenó a la Armada argentina que cuando la sentencia quede en firme expida su baja por exoneración.

Después de la condena, su empresa de armamento y alta tecnología militar resultó ganadora en otras 17 licitaciones (aunque no existe impedimento legal, que resolvió con el simple reemplazo por su hijo Marcelo en la nómina del directorio) para venderle al Estado Argentino drones, cámaras digitales deportivas, ropa de trabajo, munición Especial 7,62 mm para Francotiradores, munición calibre 5,56 x 45 mm, un sistema de seguridad electrónica para la Casa de Gobierno en Olivos y municiones para la Fuerza Alacrán (que venía de participar en el golpe de Estado en Bolivia) y, entre otros equipos, a cambio de varios millones de dólares.

La secuencia tiene detalles que parecen salidos de un guion: Automation Systems acaba de venderle en 2020 y 2021 (contratación directa 262-0019-CDI20 y licitación privada 262-0005-LPR21) equipos de fotografía y video, drones y equipamiento contra incendios al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce actualmente Juan Cabandié. Durante la dictadura Cabandié, siendo bebé, fue robado a sus padres mientras estaban cautivos de un centro clandestino de la Armada (la Esma) y fue recuperado décadas después por Abuelas de Plaza de Mayo.

Tres meses después de la condena de Robbio, a pesar del repudio de sus víctimas y los familiares, la justicia le concedió la prisión domiciliaria a causa del riesgo de contagiarse de Covid.

Para la vigilancia remota de su arresto, le colocaron una pulsera electrónica similar a las que vendía su compañía, que fabricaba la empresa Surely SA. Es el único proveedor que tiene Argentina (y varios países de la región) de las llamadas “pulseras duales” que se les asignan a los agresores de género y a un puñado de detenidos con arresto domiciliario. Uno de los mayores accionistas de Surely es el exguerrillero Mario Montoto.

Montoto jura que su devoción por las armas no nació en los años de juventud, cuando integró las filas de la guerrilla armada peronista de Montoneros y llegó a ser el “culata” (custodio) del jefe de la organización, Mario Firmenich, ni cuando se reconvirtió en un ejecutivo exitoso en el negocio de la seguridad y de la industria bélica, sino a sus 11 años, cuando salió subcampeón en tiro de fusil representando al club de su ciudad, Gimnasia y Esgrima de La Plata. En Montoneros, siendo ambos muy jóvenes y queriendo hacer la revolución, se había conocido con otro personaje de esta historia: la ministra Bullrich, que llevaba el mote de “Cali” como nombre de guerra.

El tiempo los puso a ambos en la vereda de enfrente. Montoto llegó a ser un poderoso empresario, símbolo de la burguesía que despreciaba en aquellos años setenta y que eran blanco de secuestro, ya que sus rescates financiaban la lucha clandestina. Bullrich se convirtió en una de las principales referentes del ala más dura de un partido de derecha. Ya como ministra, mantuvo al empresario muy cerca de su gestión, una suerte de asesor sin cargo, y le facilitó suculentos negocios en los que estuvo involucrado Israel. Como presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), Montoto impulsó la contratación de servicios de inteligencia y “Cyberdefensa” para el G20 de una empresa llamada Rafael Advanced Defense Systems, cuya representación local era Codesur, presidida aún hoy por el propio Montoto, según su perfil de LinkedIn. La información era confidencial, muy probablemente amparándose en el secreto de defensa. Por eso, según se cuenta en esta nota del diario Infobae, nadie supo “exactamente qué compró la Argentina a Rafael. Sí se conoce que se pagaron 5,2 millones de dólares en una licitación donde varias empresas quedaron fuera de juego, como Israel Aeroespace Industries (IAI) y Elbit, a pesar de que cotizaron menos que Rafael que, finalmente, hizo una oferta menor a la presentada originalmente”.

Según los balances oficiales que difundió el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, a cargo de la coordinación general del G20, en los días posteriores al G20, Argentina gastó alrededor de 3.000 millones de pesos para organizar y llevar adelante la Cumbre del G20. Unos 81 millones y medio de dólares, al cambio de la época. Dos tercios de ese monto se fueron en logística, traslados, estadías, pago al personal y refacciones en infraestructura que requirieron las jornadas decisivas de diciembre, durante la visita de los jefes de Estado, pero también en las sesenta reuniones preparatorias que empezaron en marzo de ese año 2018, en la ciudad patagónica de Bariloche. El tercio restante, 27 millones de dólares, salieron para comprarle a las empresas que vendieron el armamento para montar el dispositivo de seguridad: 23 millones desde la cartera que conducía Bullrich y cuatro desde el Ministerio de Defensa coordinado por Oscar Aguad.

El plan de seguridad desplegó dispositivos de seguridad nuclear y radiológica, sistemas especiales de neutralización de drones y detección de explosivos, feriado bancario, suspensión de colectivos, taxis, trenes, subte (metro), barcos y aviones, grandes áreas restringidas, miles de agentes civiles del Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desperdigados en las locaciones del evento y 22.000 efectivos de las fuerzas de seguridad federales, policías de la ciudad y de la provincia que saturaron durante aquellos tres días las calles de Buenos Aires, fueron una coreografía del control casi performática.

La ministra Bullrich prometió que permitiría las protestas de activistas antiglobalización, que suelen hacerse oír en cada edición de la Cumbre, si lo hacían “pacíficamente”. En la marcha en contra del G20 de la víspera, la tarde del 30 de noviembre, detuvieron a dos manifestantes por llevar 25 handies (comunicadores portátiles) alquilados, en una mochila. Los dejaron más de un día demorados en una alcaldía y les abrieron una causa judicial: uno de ellos era el apoderado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Guillermo Pistonesi. Otros seis jóvenes, tres menores de edad, fueron arrestados en otras esquinas de la ciudad armados temerariamente con limones y un martillo. Unos meses más tarde, en un acto de reconocimiento a la actuación de la Prefectura Naval durante el evento, Bullrich habló con efusividad: “recuerdo que como no nos podían pasar por ningún lado, porque teníamos el gran cordón de la Gendarmería Nacional fuerte. Un día dijeron que iban a venir a hacer una manifestación en lanchas, que iban a intentar venir de Tigre hacia el lugar donde estaba sucediendo el evento, en Costa Salguero. Prefectura le puso ahí unos barcos, y dijeron ‘de acá, no pasan’. Levantaron la marcha, ni se animaron”, dijo la ministra, con el orgullo de un general veterano.

El 2 de diciembre, Donald Trump, Xi Jingping, Vladimir Putin y otros quince líderes mundiales dejaron el suelo argentino. En rueda de prensa, un eufórico Mauricio Macri se atribuyó el mérito de haber consensuado en el documento final “una declaración que ratificó coincidencias profundas que tenemos para seguir apostando al crecimiento a partir del comercio y con eje en el cuidado del clima”.

La profecía de protestas callejeras violentas y caos urbano durante la Cumbre, que había justificado la compra de una enorme cantidad de material bélico letal y no letal sin ningún mecanismo de control, nunca ocurrió.

O fue una excusa.

El gendarme denunciante, que lo cuenta públicamente por primera vez para esta investigación, no dudó en asegurar que, al menos mientras estuvo en las áreas de licitaciones, entre 2016 y 2019, estaban digitadas para determinadas empresas y son un mecanismo histórico de engordar la caja de jefes operativos y dirigentes políticos de turno.

El G20 dejó como saldo las sospechas de malversación, denuncias administrativas y judiciales que nunca avanzaron y miles de pertrechos, granadas de gas lacrimógeno, bastones antidisturbio y municiones de goma y de estruendo amontonados inútilmente en galpones y arsenales. No hubo en los días siguientes una manifestación como la de la reforma jubilatoria, del año anterior, que les permitiera ponerlos en uso. Para los funcionarios argentinos, sin embargo, ese no era un problema irresoluble. El presidente Mauricio Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña, su ministra de seguridad, el canciller Jorge Faurie y un grupo de jefes militares pronto le encontrarían utilidad y un destino: ahogar la rabia callejera que a 2.600 kilómetros protestaba por la caída de Evo Morales en Bolivia.

07/06/22.