“La aplicación de las políticas sociales no debería seguir tercerizada”, enfatizó la vicepresidenta de la Nación en un acto con una central de trabajadores/as. Su pedido desató, otra vez, la discusión sobre lo que el sentido común y los medios de comunicación llaman “planes sociales” y su tensa relación con la “cultura del trabajo”. Las calificaciones negativas y estigmatizantes hacia sus “beneficiarios/as” proliferaron junto con las sospechas sobre el rol de las distintas instancias gubernamentales y las organizaciones sociales que participan de su implementación.
Estas controversias no son nuevas pero existen algunas diferencias respecto de otros momentos históricos y políticos de la Argentina. No sólo referentes/as de movimientos sociales están desarrollando funciones públicas en organismos gubernamentales. Sobre todo, nos encontramos frente a transformaciones estructurales del mundo del trabajo, difíciles de revertir.
Los posicionamientos contrapuestos, rupturistas, acusatorios o simplificados que se multiplicaron en los medios hegemónicos, y en boca de algunos ciudadanos de a pie, tampoco son novedosos. Otra vez, obturan el análisis y opacan algunas dimensiones que permitirían redefinir y complejizar el problema del trabajo en la Argentina contemporánea. Articuladas en diálogos fructíferos, esas voces podrían contribuir a (re)pensar nuevas estrategias de intervención estatal. También, a fortalecer las experiencias de trabajo y organización comunitaria que ya existen y se desarrollan cotidianamente en los territorios "más allá” de “los planes”, y muchas veces, incluso, a pesar de ellos, de los requisitos que establecen, de las estrategias de intervención que proponen y de los límites que sus diseños e implementaciones imponen.
Muchas experiencias, social y culturalmente poco (re)conocidas, que no aparecen en los medios, son las que permiten diariamente generar trabajo, cuidar y sostener la vida de parte importante de las comunidades. Ellas entablan distintas relaciones, llevan adelante diversas disputas y diálogos con los organismos gubernamentales.
Apuestas colectivas y de autogestión
Laura trabaja en una cooperativa especializada en el oficio de la carpintería, que se formó en el año 2001, cuando un grupo de trabajadores/as con muchos años de experiencia en el rubro se asoció voluntariamente. Cuatro años después lograron tener la matrícula habilitante. La cooperativa se sostuvo por la experiencia y la capacidad de sus integrantes, se define como empresa con tradición de trabajo. Todos los días, fabrican muebles convencionales o producciones a medida de las necesidades de sus clientes.
Muchas experiencias, social y culturalmente poco (re)conocidas, son las que permiten diariamente generar trabajo, cuidar y sostener la vida de parte importante de las comunidades.
Además de las ventas al sector privado y a otras entidades cooperativas, Laura y sus compañeros/as participan y ganan licitaciones para proveer a entidades gubernamentales. Pero el sistema, dicen, muchas veces les pone palos en la rueda: requisitos burocráticos excesivamente complejos, pautas que desconocen el carácter colectivo de las cooperativas y el trabajo autogestionado que sostienen, o falta de "espalda económica” para responder a grandes pedidos o para esperar tiempos de pago que se extienden en exceso.
Para sus asociados/as, la cooperativa crece si es solvente económicamente y si puede generar nuevos puestos de trabajo, aportando así al crecimiento del país. En los momentos críticos, cuando los números no cerraban, no pensaron en bajar la persiana o en irse a otra parte.
Parte de las actividades diarias de Laura también se vinculan con la militancia social y el apoyo a otres. La polivalencia de sus capacidades y tareas está a la orden del día. Con sus compañeros/as, participa activamente de distintas instancias de organización social que permiten canalizar sus demandas y afrontar los problemas y necesidades del sector colectivamente.
La Federación de cooperativas que integran los representa ante organismos públicos y privados, impulsa proyectos de desarrollo y fortalecimiento productivo de las entidades asociadas y acompaña la construcción de cadenas productivas o redes de intercambio. Desarrolla catálogos de los bienes y servicios que ofrecen los asociados, firma convenios con organismos públicos, como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a fin de facilitar el acceso a financiamiento, visibilizar su producción y sus servicios, promover la actividad comercial dentro del sector y la integración de cadenas de valor. También, participan de rondas de negocios y organizan stands en donde se muestra el trabajo que realizan las cooperativas asociadas en distintos rubros. Para lograr esto, son necesarias reuniones periódicas, gestiones y negociaciones, asambleas para la toma de decisiones, que también son parte del trabajo cotidiano.
A Laura le preocupan los jóvenes y el trabajo. Dice que no es sencillo ser cooperativista y tampoco es fácil el acceso al trabajo, a la educación y a la formación. Entonces imagina: “si pudiera poner un kiosquito en todas las esquinas que pudiéramos trabajar con el tema del cooperativismo, educar sobre el cooperativismo, la economía social y demás. Para mí es como la salida a la crisis y ahí obviamente entran los jóvenes y la posibilidad de construir un proyecto propio”. Un proyecto que sea a la vez colectivo y valorado por su aporte a la sociedad.
Laura es una de las más de 6 millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, social y solidaria del país. Sin embargo, sus preocupaciones y las de compañeros/as que, como ella, enfrentan dificultades para resolver sus necesidades cotidianas quedan silenciadas. Se invisibiliza, además, cómo gestionan las adversidades y sus apuestas a la economía nacional a través del trabajo autogestionado. Todo lo que las personas de carne y hueso hacen cotidianamente a pesar de y, muchas veces, más allá de los planes.
Buenas intenciones, malos entendidos
Hace muy poco, un decreto estableció que las empresas iban a tener que contratar gente que percibiera el programa Potenciar Trabajo. Elles no lo creyeron hasta que les sucedió. Una compañera de la cooperativa recibió el llamado del Ministerio de Desarrollo Social:
-Vos tenés el Potenciar Trabajo, te vamos a ofrecer un trabajo.
-Pero yo tengo trabajo, trabajo en una cooperativa- dijo ella.
Le insistieron en que lo que le estaban ofreciendo era un trabajo formal, que le iban a dar un curso para que aprendiera a coser para que pudiera ingresar a trabajar en una empresa textil. Con paciencia ella les explicó:
-Yo trabajo en un trabajo formal.
El diálogo de sordos se cortó. La compañera pensó que “del otro lado tampoco había una persona formada para entender que nosotros éramos trabajadores”. Que también tienen un oficio y trabajan en una empresa.. Frente a esta “anécdota”, que da un poco de risa y también de bronca, se abre la pregunta sobre el rol del estado, sus prioridades y a quién/es elige dar apoyo económico:
Seis millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, social y solidaria del país gestionan las adversidades y apuestan a la economía nacional a través del trabajo autogestionado.
-Ahí es donde todo eso me hace ya mucho ruido, y lo cuento para que se sepa. Porque quedó en esto, las empresas van a tomar a los trabajadores que cobren el Potenciar Trabajo. Encima, el Potenciar va a ser parte de tu sueldo, que la empresa ya no va a pagar. Ahí ya me hizo muchísimo ruido, y viene del estado- dice Laura.
La cadena de buenas intenciones y malos entendidos sobre lo que son y hacen les trabajadores/as de la economía popular, social y solidaria da cuenta de los límites de las estrategias estatales. Repetidas bajo distintos formatos, buscan recrear o volver a un mundo del empleo asalariado que, dadas las transformaciones tecnológicas y productivas aceleradas del sistema capitalista mundial y local, está en retroceso.
Hoy, nos encontramos ante trabajadores/as que llevan adelante sus actividades laborales bajo esta modalidad y que son pobres, no llegan a cubrir con su salario las necesidades básicas. Por otro lado, cada vez más, una gran parte de la población genera su propio trabajo y lo desarrolla de manera individual, familiar o colectiva, sin la seguridad, las regulaciones y las protecciones necesarias.
El debate sobre el estado, la política social, el trabajo y las organizaciones sociales requiere sacudir la idea de estado como aparato burocrático, como algo exterior a la sociedad y a las organizaciones que canalizan las demandas de distintos sectores sociales. La discusión ya no sería si las organizaciones son más eficientes que el estado o viceversa, o si existen – en contados casos - prácticas de clientelismo político o de punteros/as de las organizaciones sociales. Estas cuestiones no van al fondo del problema y refuerzan una imagen errónea de pasividad e incapacidad sobre quienes perciben y gestionan estos programas.
El foco debería estar colocado en el tipo de institucionalidad que queremos para la economía social, solidaria y popular. En los procesos de co-construcción y co-producción de políticas públicas que aún son necesarios y en el tipo de sociedad y formas de sociabilidad que estas políticas construyen. También en los modos que reconocen y valorizan (o no) estos trabajos.
Reconocimiento y valorización ya
Comprender las experiencias de trabajo en la economía popular, social y solidaria, a su vez imbricadas en trabajos comunitarios muchas de ellas, implica problematizar el trabajo bajo relación de dependencia y la movilidad social ascendente asociada a una sociedad salarial. Romper con la idea del trabajo asalariado como único medio de distribución de ingresos, derechos y protecciones, también como organizador de la política pública y de la vida política de los/as trabajadores/as, permitiría dar lugar al reconocimiento social y cultural, el respeto, la valoración económica y la protección de otras experiencias de trabajo realmente existentes.
Rosa es trabajadora asociada a una cooperativa de trabajo que se dedica a la comercialización de productos de la economía popular, social y solidaria. Para elles, la cooperativa la integran también los/as consumidores/as, que eligen destinar parte de sus ingresos a apoyar a estos/as productores/as y sus organizaciones. Estas unidades productivas no acumulan excedentes, sino que los destinan a crear trabajo digno, promover la producción de alimentos saludables que cuidan el planeta y a la socialización de sus saberes y formas de hacer economía. Durante el periodo de aislamiento social obligatorio establecido para hacer frente a la pandemia, la cooperativa cuadruplicó sus ventas. Sin embargo, la apertura y vuelta a la “normalidad” implicó una nueva merma de sus ingresos. Cuando Rosa habla del trabajo que hacen debe explicar que “hay generación de valor y generación de valor en términos muchísimos más dignos que el sector capitalista privado, y eso no es recompensado de ninguna manera”.
Para acceder a recursos estatales, en la cooperativa tienen que elaborar proyectos, transitar distintas ventanillas públicas, establecer contactos con funcionaries y técnicos/as. Además de tener “todo en regla”, para acceder a algunos programas, Rosa siente muchas veces que tienen que contar con una pizca de suerte o meterse en alguna organización “con la que no estás del todo de acuerdo para tener un Potenciar Trabajo, para complementar ingresos”:
-De nuestros ingresos el 70% va a los productores directo, 70% de lo que vos comprás, al productor. En general, el 90% de nuestras compras son al día y el resto en quince días o un mes como mucho. Decime ¿qué cadena de supermercado hace eso? ¿Qué compensación tenemos por hacer eso? Nada, pagamos IVA, pagamos ingresos brutos. Es difícil, y me parece que hay economistas que están hace muchos años diciendo que hay una porción del PBI bastante sustanciosa que está generada por las cooperativas y por la economía social y se sigue como si nada. Entonces me parece que todas esas intenciones de funcionarios y técnicos intermedios están muy bien, pero no hay una política de estado queriendo reconocer que el trabajo en el país está siendo cada vez más autogestivo que el empleo.
Las actividades que realizan personas como Rosa no solo generan trabajo. También responden a necesidades sociales fundamentales como la alimentación, el cuidado y la sostenibilidad de la naturaleza, la construcción de viviendas o la mejora y ampliación de la infraestructura social.
Articular la diversidad y heterogeneidad de los modos de trabajar y vivir que propone la economía popular, social y solidaria es el gran desafío que tenemos por delante. El que nos permitirá fortalecer y recrear sistemas económicos, sociales y políticos posibles en donde entren y cuenten todes. Donde el fin último no sea la acumulación de la ganancia sino la reproducción ampliada de la vida.