Tenía una manta sobre su cuerpo y sentía que lo pateaban. Los policías querían asegurarse de que estuviera muerto. Había quedado herido en el piso después de un tiroteo. Él era “de los malos”, de los que “merecen morir”. Cuando su destino parecía fatalmente encaminado, un policía ordenó quelo subieran a una ambulancia. Después los médicos hicieron lo que tenían que hacer. Lo salvaron.
Un grupo de investigadores sociales escuchábamos el relato de Hugo alrededor de una mesa en la Universidad de San Martín. Él y un puñado de jóvenes que participan de la biblioteca popular de la Carcova habían llegado para charlar sobre sus experiencias en torno a la violencia y la muerte. Experiencias cotidianas y recurrentes. Nos contaban sus historias y nos reclamaban hacer algo con ellas.Qué podemos hacer, todavía nos preguntamos. Todavía estamos merodeando sobre la mesa sin poderlo resolver. Por ahora, decidimos empezar a escribir.
¿Cómo y quién muere en San Martín?
El “Informe de homicidios dolosos consumados en el departamento judicial de San Martín” del 2012[1], el último disponible, muestra que ese año hubo 45 homicidios. Según el censo viven allí 414.196 habitantes. Es decir, tenemos una tasa anual de 10,86 homicidios cada 100.000 habitantes[2]. Para que podamos hacer una rápida comparación, en la ciudad de Rosario -señalada por los grandes medios como un epicentro nacional de violencia y delitos complejos, como el narcotráfico-, la tasa de ese año fue de 7 muertes por homicidio doloso cada 100.000, al igual que la tasa promedio para toda la provincia de Buenos Aires. En el año 2012 entonces, San Martín estaba por arriba del promedio provincial.
Cuando analizamos en detalle estas cifras, descubrimos que se contraponen con afirmaciones que arrojadas no solo por los medios de comunicación o las agencias policiales, sino por nosotros mismos, nuestros familiares, amigos o vecinos, en la sobremesa de una reunión, mientras baldeamos la vereda o vamos a hacer las compras. Solo el 18 % de estas muertes sucedidas en San Martín, acontecieron en situación de robo. Es decir: el 80% de los homicidios dolosos del partido durante dicho año, poco tienen que ver con el tipo de hechos que comúnmente se incluyen dentro de la idea de “inseguridad”.
Los hechos que con mayor frecuencia desembocan en muertes violentas e intencionales nos remiten a otra inseguridad. Más del 70 % de esos 45 homicidios, sucedieron en barrios de emergencia. En San Martín, lo que es verdaderamente “inseguro” no es andar por las calles de la ciudad, es vivir en una villa. Estos barrios padecen una “inseguridad” que no empieza ni concluye en el riesgo de ser víctima de un delito. Es una incertidumbre más amplia y vital. Estos homicidios ocurridos en la villa se agrupan en un 76%, en la categoría que el informe denomina riñas, discusiones, venganzas y/o ajuste de cuentas. En resumen: en las villas de San Martín, murió en el 2012 un número cuatro veces mayor por este motivo, que por asesinatos en ocasión de robo.
Lo que el informe de la CSJN nos permite ver, es que en las villas de San Martín, la gente muere como el trágico desenlace de conflictos intrafamiliares, de riñas entre conocidos y vecinos: en el 82% existía una relación entre víctimas y victimarios, y en un 46% de los casos había un conflicto previo que no encontró otra manera de resolverse. No es que no nos conmueva o nos preocupe ese 18% de los casos que sí murió en ocasión de robo. Pero mientras los medios, la policía y nosotros mismos, muchas veces, nos dedicamos a discutir, analizar y problematizar solamente estas muertes, muchísimas otras personas se mueren en los barrios vulnerables de una sociedad y un Estado que eligen no mirar, darles la espalda.
Pero hay más: De los 45 homicidios en el partido de San Martín, cinco ocurrieron en establecimientos penitenciarios del partido. Morir en San Martín también es morir en la cárcel de San Martín. ¿A quién le importan estas muertes?
“Entre ellos”
Hay una primera conclusión provisoria: la desmesurada reacción mediática y social que producen las muertes en ocasión de robo en comparación con las otras muertes. Reacción desmesurada que da cuenta del poder que tienen los sectores medios y medios altos para hacer mediáticamente visibles sus propias muertes. Instalando a estas víctimas como las víctimas que importan, dejan en las sombras otras muertes, las de los pobres y los excluidos. Lo que está mal, no es que se ponga en primera plana las 8 muertes en ocasión de robo ocurridas durante el año 2012 en el partido. Lo cuestionable es el olvido absoluto de las otras 37. Estas muertes pasan inadvertidas porque no son otra cosa que muertos pobres. Ni preocupación ni indignación. Para ellos, indiferencia y olvido.
Olvido que nos permite plantear una segunda conclusión: los pobres se matan “entre ellos”. Caben aquí varías reflexiones. Que se maten “entre ellos” justifica esta construcción de las víctimas pobres como víctimas de segunda; obtura lo que estas víctimas tienen de víctimas, ya que no son ciudadanos honestos asesinados, sino villeros, muertos como resultado de sus propios problemas: “se matan entre ellos”; “cosa de negros”, decimos despreocupadamente, en el almacén, en la sobremesa de alguna reunión de amigos, mientras baldeamos la vereda.
“Se emborrachan y se cagan a tiros” sostienen desde el prejuicio los que eligen olvidar a estas víctimas. O, también, en la misma línea, muertes asociadas a conflictos entre delincuentes. El imaginario social más difundido convierte a las villas en grandes aguantaderos de delincuentes, y entonces, que se maten “entre ellos” puede ser algo justificado, un bien para la sociedad. “Uno menos” dijo en años de crisis social galopante un reconocido periodista televisivo, reproduciendo la equivalencia simbólica entre “villeros” y “delincuentes”.
Hay un muro entre dos mundos, entre un nosotros y un ellos. Un muro que deshumaniza al otro, que radicaliza su diferencia, que lo estigmatiza. Todo “otro” es peligroso, es un riesgo. Eso se sustentaen representaciones difundidas a diestra y siniestra que responsabilizan a los pobres de su pobreza y opacan las desigualdades estructurales.
Esta idea de las “muertes entre ellos”, justifica el letargo de las investigaciones judiciales que permiten que se reproduzca al infinito la lógica de la venganza. Si la justicia no llega o llega demasiado lento, las formas de violencia letales ocupan ese espacio vacante.
Por otro lado: ¿Cuántos de estos muertos no investigados, serán en verdad víctimas de simples rencillas caseras? La categoría que engloba este 82 % los muertos genera suspicacias. La justicia reproduce en su discurso categorías que la propia policía ha elaborado, para desentenderse de investigar a fondo[3] (muchas veces, por ser parte interesada). El especialista en fuerzas policiales, Marcelo Saín, menciona dos cuestiones centrales. Primero que la policía no sólo tiene el monopolio de la fuerza legal sino también el monopolio de la fuerza burocrática, es decir, de convertir mediante vericuetos legales a las muertes en categorías administrativas fácilmente manipulables. Y segundo, esta manipulación se da en muchas ocasiones porque la propia policía es parte de un entramado complejo de negocios delictivos. En ocasiones, aprovecha la pobreza de los pobres para “inventar delincuentes” que justifiquen su función; y otras veces, saca provecho de esta pobreza para montar en sus barrios complejas industrias ilegales. He ahí que observemos con preocupación, cómo la justicia y los medios repiten acríticamente estas categorías impuestas por la “investigación” policial, que poco tiene de investigación, y mucho de manipulación en función de sus propios intereses.
"Algo habrán hecho"
Los datos dejan al descubierto que, de los 45 homicidios en San Martín, los muertos son en su inmensa mayoría hombres (sólo un caso se trató de una mujer), que 40 eran argentinos, que 32 murieron baleados y que 39 de ellos eran mayores de edad. Y como ya explicamos antes, son en un 70% personas pobres. Pero, también en el 2012 murieron 5 presos, dos más que en el 2011. Las muertes de estos presos son radicalmente etéreas. Las lógicas que opacan, como dijimos, a las víctimas por su condición social, se potencian aquí drásticamente, velando hasta la mismísima humanidad de los muertos. El “algo habrán hecho”, es la justificación para las muertes de los jóvenes habitantes de barrios de emergencia, es para con los presos igual o mayor.
Como cientistas sociales tampoco nos es ajena la naturalización de un determinado tipo de muerte. El análisis de los procesos de medicalización de la vida social durante mediados del siglo XX generaron un aparato de categorías que sobredimensionaron el carácter biomédico del final de la vida como paradigmática de las sociedades actuales. Este modelo se constituyó como una explicación que dejó tras de sí la necesidad de incluir una dimensión de clase al análisis de las experiencias en torno a la muerte. Se creó algo así como una categoría transclasista, que naturalizó la relación entre el final de la vida y el sistema hospitalario, dejando poco lugar para los matices de la vida social producto de las múltiples formas de la desigualdad y las intersecciones entre ellas (como el género, la raza y la clase, entre otras). Parte de nuestro aporte como cientistas sociales al debate político en torno a la visibilización de esas muertes otras que tanto la burocracia estatal como la policial ocultan debe darse en la reformulación de nuestras herramientas teóricas y metodológicas de investigación. También nos cabe el llamado a hacernos cargo de nuestras propias fórmulas fáciles como primer paso para abandonarlas en pos de un análisis más completo de la realidad social
Volvamos sobre las regularidades de los homicidios dolosos que se repiten cuando analizamos las cifras del Conurbano Bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La lectura de estos datos ofrece una oportunidad inigualable para plantear a quienes elaboran políticas públicas, la necesidad de considerar este fenómeno creciente. Primero, que las víctimas de los homicidios dolosos no asociados a robo sean en su casi totalidad varones, y que en su inmensa mayoría, sus victimarios también lo sean, nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de implementar gestiones que eliminen formas de agresividad ancladas en formas machistas de vivir y de expresar la condición de masculinidad. Gestiones que excluyan a la violencia como señal de pertenencia a ciertos universos de género.
Segundo, es preciso que la justicia intervenga antes (para ofrecer vías alternativas de solución de los conflictos) y después de los casos de homicidios vinculados a riñas y reyertas varias, para que las mismas no se constituyan en formas endémicas de violencia. El aparato de justicia debe bajar a la realidad de estos barrios para ofrecer posibilidades genuinas de solución de los conflictos caseros que muchas veces terminan resolviéndose a las trompadas o a “los tiros”.
Tercero, es imperioso elaborar políticas eficaces y exhaustivas que promuevan el desarme civil y contribuyan a reducir la presencia y la fascinación por las armas de fuego. Y cuarto, la necesidad de estrategias comunicacionales que orienten a una reflexión más concienzuda y no tan espasmódica ni acomodaticia sobre el delito, la inseguridad, las muertes violentas y los conflictos.
Solo abandonando fórmulas fáciles y estigmatizantes del estilo “se matan entre ellos”, podremos comprender e intentar intervenir para modificar las complejas tramas de precariedad y violencia enraizadas en la desigualdad y la exclusión propias de nuestra época.
[1]Se puede leer el informe en este link:
http://www.csjn.gov.ar/investigaciones/2012/sanmartin/sanmartin2012.pdf
[2] El informe nos dice que el número de víctimas fue igual que en el 2011, señalando una continuidad que posibilita este análisis.
[3] En la introducción al informe analizado Zaffaroni sostiene que la menor atención de la investigación es resultado de la desidia policial y no atribuible a jueces y fiscales, olvidando quién es quién en las tareas de investigación y que los policías son sólo auxiliares.