Diana está endeudada. Es una de las tres millones y medio de personas, en su mayoría mujeres, que cobran la AUH y pidieron un préstamo a la Anses para hacerle frente a los gastos del día a día. En febrero de 2019, cuando la inflación llegó al 51,3% anual, pidió 6000 pesos. Hizo el trámite por Internet con ayuda de una amiga.
Sentada en uno de los locales de la organización a la que pertenece, Diana mira fijo la pantalla de su computadora. El cursor titila insistente. Intenta, tipea, hace pruebas, pero no hay caso. No recuerda la contraseña. No sabe cuánto pagó ni cuánto debe pagar todavía. Tampoco recuerda cuál fue la tasa de interés que le cobraron.
- Los créditos con tasa superior al 40 por ciento son un robo. Lo implementaron como una ayuda para las familias, ¿no? Y para las madres. Bueno, yo soy madre soltera. Y sí, es medio un bajón que te estén sacando algo que le corresponde a tu hijo.
El nivel de endeudamiento, tanto del sector público como de las familias, será una de las cargas más pesadas que deje la administración de Macri. Y es una carga pesada que no se distribuye de manera equitativa. Las desigualdades estructurales de la economía provocan un impacto más fuerte en los cuerpos que históricamente se bancan la crisis. Es a los cuerpos feminizados de mujeres, travestis y trans a quienes les llegan las cuentas más caras con más desempleo, precarización, exclusión, brecha de ingresos y dobles o triples jornadas laborales. ¿Por qué? En el caso de las mujeres, por el sexismo adentro y afuera de las casas (que las designa aceptables para algunas tareas y trabajo y no para otros) y en el caso de las otras identidades debido a la discriminación para ingresar al mercado laboral formal.
Hace unas semanas, en una charla informal sobre la crítica situación que atraviesa el país, un economista afín al peronismo dijo: “La veo dificil. Nos dejaron una bomba neutrónica”.
El tono de las conversaciones es sombrío hace tiempo. Hay un convencimiento generalizado de que la gestión de Mauricio Macri dejó a la economía en una situación mucho más complicada de la que tenía en diciembre de 2015. Lo que varía no es el diagnóstico sino las justificaciones (o no) sobre las decisiones de política económica que tomó Cambiemos. La cosa es grave. A eso no lo contradice nadie.
Según un relevamiento realizado por ITEGA, si se miran siete de las principales variables económicas, Macri deja un verdadero tendal. La economía ya es 5,5% más chica que en 2015; la inflación acumula una suba de 255,8%; la devaluación de su período es de 483%; la pobreza aumentó 8,3 puntos porcentuales; el salario cayó 16,5% en términos reales; la fuga de dólares de su gestión ronda los 72.000 millones de dólares y la deuda externa en dólares creció 63%. ¿Y quién se cae más rápido del sistema? Las personas que ya estaban en la periferia. Volvemos a contar en los cuerpos feminizados la factura más cara de la crisis.
Este balance es incompleto, porque todavía faltan los últimos días de su mandato. Y la maraña de cables enrollados está conectada a un reloj que no para de restar tiempo segundo tras segundo: la deuda. Solo en el primer semestre de 2020 el presidente electo Alberto Fernández deberá pagar vencimientos por 27.400 millones de dólares, de los cuales 17.300 millones son en moneda extranjera, según cálculos de la consultora Elypsis.
El economista afín al PJ, con chances de integrar algún gabinete, hizo además una referencia directa al futuro: “Prefiero que la bomba nos explote a nosotros si cortamos el cable equivocado y no a ellos, que son pura ortodoxia”. ¿Qué significa que explote la bomba? ¿Qué quiere decir cortar el cable equivocado? ¿Es un default y una nueva crisis de la deuda? ¿Una hiperinflación y el consecuente aumento de las cifras de pobreza e indigencia? ¿Es un estallido social? ¿Podrá el nuevo gobierno evitar que el estallido perjudique más a mujeres, lesbianas, travestis y trans?
Resulta inevitable mirarse en el espejo de la región. Las imágenes provenientes de Ecuador y Chile de las últimas semanas abren una presión extra al conteo que no se detiene. Tic tac. El equipo económico de la próxima gestión asumirá en un mundo cada vez más complejo, con tensiones entre China y Estados Unidos que siguen reconfigurando el tablero geopolítico y comercial a escala global. Sumemos aquí también el golpe de Estado en Bolivia, un país fundamental para el abastecimiento energético para Argentina; y también a Brasil, con tensiones en aumento por un presidente como Jair Bolsonaro que arremete contra Alberto Fernández cada vez que puede. Los segundos no dejan de correr.
El triple combo de la situación interna, sumada a la necesidad de dólares para cancelar la deuda y el delicado contexto regional abre una pregunta importantísima: ¿cómo se pensará la economía de ahora en adelante?
Los antecedentes de la crisis de 2001 dan algunas pistas de las redes de contención social que permitieron asistir a aquellas personas más afectadas por la falta de empleo y de ingresos. En 2002 se presentó el plan Jefas y Jefes de Hogar, que se transformó en 2005 en el “Plan Familias” y buscó asistir a un millón de madres con más de tres hijos en situación de vulnerabilidad. En 2009, a través del decreto 1602/09, se creó la Asignación Universal por Hijo. En 2013 se lanzó el programa “Ellas Hacen” destinado a brindar opciones laborales a mujeres víctimas de violencia. Estos programas tenían una mirada atenta a la idea de que las mujeres y les niñes son quienes más pierden en una economía que ya es de por sí desigual. Si hasta ahora la crisis no estalló, como reflexiona Tali Goldman, se debe a las redes tejidas por el Estado y las organizaciones territoriales que desde aquella crisis construyeron algunas respuestas, y que el macrismo no terminó de desactivar.
Para diferenciar a estos programas de emergencia de soluciones de más largo plazo, una respuesta clásica de cierto sector de la heterodoxia económica es convertir al Estado, a través de la inversión en obra pública, en uno de los principales motores de la economía, porque pone a funcionar a las industrias productoras de insumos y genera empleo entre los obreros de la construcción. Esto a la vez inyecta dinero que vuelve en forma de consumo y como consecuencia otros sectores también se van activando.
Pero los datos dicen que el impacto de estas medidas no dan todas las respuestas. Las mujeres trabajadoras de la industria manufacturera son solo el 30% del total y en la construcción no llegan siquiera al 5%. Esta cuestión es central. Las mujeres argentinas hoy tienen una tasa de desempleo superior a la media (por 1,4 puntos porcentuales) y un punto por encima de la que tienen los varones. Las personas travestis y trans ni eso: su expectativa de vida es de 35 años. Tic tac.
Para evitar que la bomba explote es fundamental activar políticas públicas con perspectiva feminista. Las especialistas Lucía Cirmi Obón, Virginia Franganillo y María José Rodríguez tomaron la posta y desarrollaron una propuesta con esta mirada. Se trata de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados a través del cual el Estado invierte un punto del PBI para generar un millón de puestos de trabajo y, de paso, darle respuesta a una de las demandas históricas de la economía feminista: la provisión pública de este tipo de servicios.
La propuesta de estas académicas y militantes contempla la ampliación de la oferta educativa para la primera infancia; reconocer aportes a las personas que hayan cuidado para que cuenten con el derecho a jubilarse; la formalización de espacios comunitarios de cuidado; la jerarquización del trabajo doméstico remunerado; la capacitación de jóvenes para integrarlos al mercado de trabajo como cuidadores de personas mayores; licencias igualitarias y universales incluso entre trabajadores informales y monotributistas; y, por último, la creación de un ingreso universal de cuidadores para quienes se hacen cargo de estas tareas de forma intensiva en los hogares. Además de garantizar derechos, el Estado inyecta dinero que va directo a los sectores que tienen más dificultades para generar ingresos en épocas de vacas flacas.
Para dimensionar la importancia de los cuidados y las tareas domésticas en la economía basta con revisar las encuestas de uso del tiempo que suelen hacer los organismos oficiales de estadística. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en 2016 se registraron 3399 millones de horas dedicadas al cuidado y, cuando se les puso el valor mínimo que el mercado paga por cada hora de ese trabajo, se encontró que equivaldrían al 13,4% de todo lo que produce la economía porteña.
Si nadie paga ese trabajo y el Estado no garantiza ese servicio, ¿quién lo hace? Los datos son contundentes: el 70% está a cargo de las mujeres de la casa. Los roles sociales imponen un desgaste de las mujeres en todos los frentes: garantizar la subsistencia material y reproductiva a costa de la propia sobreexplotación. Y todo eso sin medio peso. No olvidemos, mientras tanto, que la bomba sigue descontando tiempo en el marcador.
Uruguay es una referencia ineludible. En noviembre de 2015 aprobó la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SINC) a través del cual protege el derecho de “niñas y niños, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia” a ser cuidadxs. A través de la Junta Nacional de Cuidados, el Estado reúne el esfuerzo de varios Ministerios para garantizar ese derecho. Según datos oficiales, desde su creación se alcanzó a 80.000 familias y se invertirán 771 millones de dólares hasta 2020. Solo en 2019, el gasto anual asciende a u$s 206 millones de dólares, equivalente a 0,36% del PBI. Además, se lograron crear más de 7000 nuevos puestos laborales y más de 3000 personas capacitadas.
Nada de esto puede encontrarse en el proyecto de Presupuesto 2020, que el Congreso argentino debe votar antes de que termine 2019. Según las partidas que el Gobierno reconoce que tienen incidencia directa en la reducción de brechas de género, se invertirán 227,2 millones de pesos el próximo año (que equivale al 3,64% del Presupuesto total). De ese total, según un detallado análisis realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), casi la totalidad se explica por las partidas destinadas a la Anses a través de la AUH y las pensiones para Madres con más de 7 hijos. Casi no hay inversión del Estado en la provisión pública de cuidados.
El tiempo apremia. La complejidad de la situación requiere una combinación de decisiones políticas en varios frentes. La receta para desactivar la bomba no puede dejar de lado el cable violeta que garantice también una respuesta feminista a la estrategia para frenar la explosión.