Foto de portada: Facción Latina
Fotos de interior: Prensa Amaru
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, ex delegada de la Asociación de Trabajadores Argentinos, fue detenida por “instigación a cometer delitos y tumultos”. Sala es, desde hace más de quince años, la principal dirigente sociopolítica de Jujuy. Ese liderazgo se consolidó gracias a su capacidad para resolver los problemas concretos de los sectores más vulnerables de la provincia con los recursos del Estado nacional. Pero su poder territorial, así como la representatividad de la organización que lidera desde 1999, no son fruto de meras arbitrariedades o discrecionalidades de la política. La Tupac Amaru está inserta en una historia, es parte de un tipo de militancia que se configuró en Jujuy desde la recuperación democrática en 1983. Tupac y Sala son parte de un contexto político y social específico que, a pesar de la visibilidad de la detención, apenas figura por estos días en las crónicas periodísticas.
La Tupac nació como consecuencia de las políticas neoliberales de los noventa y se consolidó gracias a la aplicación de distintos programas sociales que se pusieron en marcha desde 2003. Fue recién en 2009, y por la denuncia por agresión física contra Sala del hoy gobernador jujeño Gerardo Morales, que la organización se hizo conocida para los sectores medios urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, y fue considerada, además, como fuerza de choque del entonces Gobierno Nacional.
Sin embargo, ninguno de estos elementos permite entender por qué Jujuy es la provincia que da origen a esta organización y menos por qué se configura a Sala como una dirigente tan importante, al punto de llevar al flamante gobierno provincial a dictar, entre sus primeras medidas, su escandalosa detención.
Democracia, crisis y nueva militancia sindical
Con la recuperación democrática en 1983, el Partido Justicialista ganó la gobernación de Jujuy de la mano de Carlos Snopek. Su mandato se sostuvo en los pilares peronistas de justicia social, independencia económica y soberanía política, e intentó fortalecer los lineamientos democráticos a través de una reforma de la constitución provincial, que incluía autonomía de los municipios, garantías constitucionales a la participación vecinal así como el surgimiento de un conjunto de partidos políticos y frentes electorales, muchos de ellos con contenido étnico.
Sin embargo, a pesar de poner en marcha un programa económico centrado en el desarrollo de la obra pública y la creación de empleo, los efectos de las políticas económicas de valorización financiera del gobierno de facto corroyeron esos planes. Las principales empresas productivas locales (entre ellas Ledesma, el Ingenio La Esperanza, la Mina El Aguilar) mantuvieron una política de reducción de personal generando expulsión de mano de obra, que terminó absorbida por el Estado provincial. Ese crecimiento deliberado del empleo público provocó, por un lado, la necesidad de recursos para hacer frente al aumento del gasto (que se intentó resolver por medio de endeudamiento) y, por el otro, una fuerte pérdida de identidad de los trabajadores expulsados de los espacios productivos a los que se les asignaron “tareas sin vinculación productiva”[1].
Este problema identitario derivó en la creación, en 1988, del Frente de Gremios Estatales (FGE) en el que confluyeron los distintos gremios ligados al empleo público, con el objetivo de reclamar el pago de sueldos atrasados y el congelamiento de los salarios, en un contexto de ajuste económico, endeudamiento y crisis inflacionaria, y donde el Estado provincial seguía absorbiendo a los trabajadores expulsados del sistema productivo jujeño bajo la figura de contratado y con salarios extremadamente bajos.
El FGE se puso al frente de la protesta social y logró constituirse como un actor fundamental en la política jujeña, al representar a un sector de asalariados que creció casi un 80%, entre 1983 y 1989[2]. Al mismo tiempo, se constituyó como contracara del sindicalismo burocrático de la CGT que, en el caso de Jujuy, se mantuvo poco activo ante el conflicto social.
Si bien no logró proyectarse en un programa electoral, se convirtió en un espacio político beligerante y con una fuerte capacidad de movilización: logró visibilizar la debilidad política del partido de gobierno, su falta de legitimidad y de representación política, promoviendo la renuncia de dos gobernadores del PJ, Ricardo José Manuel De Aparici en 1990 y Roberto Rubén Domínguez en 1993.
El FGE consiguió incorporar y articular con otros sectores del movimiento obrero no estatal, cuyo ejemplo más claro fue la creación de la multisectorial en 1990, y sostuvo una organización sindical de base con toma de decisiones asamblearias. Esto constituyó una particularidad jujeña. El FGE estaba integrado por sindicatos de distintas corrientes ideológicas (como el caso del SEOM alineado al Partido Comunista Revolucionario, bajo la conducción de Carlos “Perro” Santillán; o ATE de origen peronista no pejotista, ligado a la figura de Fernando “Nando” Acosta) que mantenían una unidad de lucha; mientras que la CGT, alineada al PJ nacional, se inclinaba hacia la unidad interna luego de las fracturas generadas por la derrota electoral del justicialismo en 1983.
Crisis partidaria, ingobernabilidad y crisis de representación
El crecimiento del FGE estuvo asociado además a otros dos factores: la crisis del PJ provincial y la imposibilidad de la UCR jujeña de construirse como alternativa política. El PJ mantuvo su hegemonía política desde la recuperación democrática hasta 2015. Sin embargo, entre 1987 y 1999 ningún gobernador pudo cumplir su mandato por las sucesivas crisis económicas y las presiones sociales en un clima de fuerte y permanente movilización social que marcaron este período de ingobernabilidad[3].
En 1990 renunció Ricardo De Aparici, electo en 1987, y fue reemplazado por su vicegobernador Eduardo Alderete. En diciembre de 1991, asumió Roberto Domínguez que también se vio obligado a renunciar en junio de 1993 en medio de una fuerte protesta social, contexto en el que asumió el vicegobernador José Ficoseco, que en iguales circunstancias dejó el poder en abril de 1994. Lo reemplazó provisionalmente Oscar Perassi, electo por la Legislatura jujeña. En diciembre de 1995 asumió Guillermo Eugenio Snopek, luego de ser elegido por el voto popular pero murió dos meses después en un accidente. Ocupó su lugar el vice Carlos Ferraro, que víctima de la crisis social y económica debió renunciar en noviembre de 1998, momento en el que la Legislatura eligió a Eduardo Fellner como gobernador en transición. Tras ganar las elecciones en 1999 mantuvo el ejercicio del poder del Estado provincial hasta 2007, cuando asumió la gobernación Walter Barrionuevo hasta 2011, año en que volvió a ser electo Fellner.
Esta crisis de gobernabilidad y de representación era además consecuencia de la fragmentación del Partido. Durante su gobernación, De Aparici fue acusado de inepto y corrupto por sectores de su propia fuerza, que incluso bloquearon propuestas del Ejecutivo provincial y solicitaron el juicio político. Mientras De Aparici perdía poder, otros sectores del PJ local impulsaban con mayor fuerza la implementación de una política de ajuste más acorde a lo que solicitaba el entonces gobierno nacional de Carlos Menem para consolidar el modelo neoliberal. De esta forma, el PJ provincial se alineó a su par nacional y al nuevo orden político social del menemismo.
A estas fracturas, se sumaron las muertes de los dos principales “caudillos” peronistas de la provincia, José Humberto Martiarena y Carlos Snopek lo que terminó de profundizar la fuerte crisis interna. Para evitar la ruptura, el PJ promovió y sancionó la ley de lemas en 1991 logrando de esta forma la hegemonía político electoral en medio de una dispersión de candidatos al interior de sus filas. Sin embargo, hacia fines de los noventa, el bloque pejotista en la Cámara de Diputados provincial se partió. Por un lado, el “bloque justicialista” alineado al oficialismo, y por el otro el “Bloque Peronista Disidente” aliado con la oposición.
A esta distanciamiento entre representantes y representados, se sumó la incapacidad de la UCR de convertirse en una alternativa viable. En 1987, el radicalismo se alió con el Movimiento Popular Jujeño, una organización que nació a partir de la figura de Horacio Gregorio Guzmán, gobernador de facto entre enero y octubre de 1981. Esta alianza puso en duda la identidad radical y sus valores democráticos, porque se dio en pleno conflicto con las Fuerzas Armadas, los levantamientos militares contra el gobierno radical de Raúl Alfonsín y el inicio del proceso de juzgamiento a los responsables del Terrorismo de Estado.
La UCR mantuvo su oposición desde la intendencia de San Salvador de Jujuy, que controló desde 1987 hasta 2003 y desde 2007 a la actualidad, así como en la legislatura provincial. Allí comenzó a consolidarse la figura de Gerardo Morales. Morales, ex militante de Franja Morada, había sido secretario del comité provincial del partido, legislador provincial y candidato a vicegobernador en las elecciones de 1991. Pero en la legislatura cobró un rol fundamental como presidente del Bloque, con críticas al modelo de gobierno y a la falta de compromiso de los legisladores del PJ para debatir temas centrales como las privatizaciones.
Constituido como el principal dirigente radical de la provincia, Morales fue candidato a gobernador en 1995 y 1999 con la Alianza para el Trabajo la Justicia y la Educación, derrotado en ambas ocasiones por el PJ. A partir de 2000, Morales consolidó además su figura a nivel nacional como presidente del partido, lo que le permitió ser elegido en tres oportunidades (2001, 2005 y 2011) senador nacional y acceder a la gobernación en 2015 con la alianza Frente Cambia Jujuy, integrada por 21 agrupaciones políticas opositoras al Frente para la Victoria.
Resumiendo, la hegemonía electoral del PJ, su fragmentación interna y la debilidad de la UCR de trasladar su oposición a un resultado electoral amplio, permitió que primero el FGE y luego las organizaciones de desocupados se hicieran de la representación de los sectores populares. En cierto punto, fue el propio régimen político quien configuró la grieta por donde se comenzó a filtrar un nuevo tipo de militancia sindical y de base, separada de los partidos políticos, que se reforzaría en la década del noventa con el surgimiento de una nueva militancia social.
Neoliberalismo, desocupados y nuevos militantes
A los despidos en las principales empresas productivas, la falta de pago, congelamiento de los salarios estatales y las políticas de ajuste, se fue sumando en los años noventa un programa de privatizaciones de las empresas estatales en la provincia, como el Ferrocarril Belgrano que conectaba San Salvador de Jujuy con La Quiaca, Altos Hornos Zapla de la ciudad de Palpala y el cierre de las minas Pirquitas y Pan de Azúcar, y hacia 1999 la quiebra del Ingenio La Esperanza; lo que generó aún más desempleo.
Sin embargo, el Estado provincial no pudo lograr la contención social necesaria: la ausencia de recursos y el aumento sustancial del gasto estatal limitó y condicionó su capacidad de absorber las demandas de la sociedad, principalmente el empleo. A la particular situación jujeña, que combinaba una enorme crisis de representación y gobernabilidad con un masivo proceso de movilización sindical encabezado por el sindicalismo del FGE y la CTA, entre las que se destacan la Marcha Grande en 1994 y la Marcha de la Dignidad en 1996, se sumó entonces el nacimiento de las organizaciones de desocupados, una novedad promovida, también, desde Jujuy.
En 1994, se realizó un corte de ruta en La Quiaca para denunciar la corrupción del gobierno local y de esa protesta surgió la Comisión de Desocupados de La Quiaca[4], liderada por el párroco Jesús Olmedo, quien dentro de los sectores de la iglesia católica y junto a la Prelatura de Humahuaca acompañó la lucha de los trabajadores de desocupados. También ese año se fundó la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que sostendrá un tipo organizativo de base sindical, y en la que confluyeron Juan Carlos Alderete y Carlos “Perro” Santillán que para ese entonces sostenía una importante proyección nacional desde la conducción del SEOM.
Esta novedad habilitó nuevos repertorios de acción colectiva (principalmente los cortes de ruta) y la unidad entre trabajadores estatales, los desocupados y otros sectores de la sociedad civil, que hacia el año 2000 se extendió al Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país.
Pero sin duda el corte de mayor importancia en Jujuy fue el que se inició el 20 de mayo de 1997 en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, que logró extenderse con protestas a lo largo de toda la provincia. El elemento saliente de este corte no solo fue la centralidad de la empresa, que entre los años 1992 y 1997 despidió a unos 2300 trabajadores, sino fundamentalmente la represión que llevó adelante la Gendarmería Nacional, que no logró disipar a los manifestantes. Por el contrario, generó un efecto de solidaridad de todos los pobladores de Libertador hacia los desocupados que se encontraban en la ruta. Esto obligó al repliegue de la fuerza de seguridad[5] y provocó la extensión del conflicto más allá de los sectores afectados.
Junto a la nueva militancia social configurada alrededor del desocupado se consolidó la militancia femenina. La figura de la mujer saltó a la escena pública a partir de su participación en los cortes, y si bien aún se relacionaba a su rol al de madre y ama de casa, cuidando a los hijos y preparando la olla popular, con el tiempo se fue configurando como una militante con peso propio.
La configuración de la militancia en Jujuy a lo largo de la década estuvo sostenida entonces por la unidad de los estatales y los trabajadores desocupados, y el apoyo de distintos sectores de la sociedad, en un contexto en el que los principales partidos políticos no pudieron o no supieron absorber y resolver estas demandas. Ese vacío en los espacios de mediación fue absorbido por estas nuevas organizaciones y permitieron configurar una militancia no partidaria que a finales de los noventa, derivó en una novedad: el surgimiento de la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA), como la rama territorial de la CTA de Jujuy, liderada por Milagro Sala, una de las principales referentes sindicales de ATE.
Estabilidad política provincial, crisis nacional, kirchnerismo y organizaciones sociales
Los datos de las políticas neoliberales en Jujuy son abrumadores: el Producto Bruto Geográfico provincial cayó a -4.5% en 2000, la tasa de desocupación pasó de 6.5% en 1993 a 19.1% en 2000, mientras que la subocupación en ese periodo fue del 19.6%[6]. Lo que explica porqué el conflicto social en Jujuy continuó con fuerza a pesar de la implementación de distintos planes sociales promovidos por el gobierno nacional (Plan Trabajar y Plan Jefas y Jefes) y del reordenamiento institucional en manos de gobernador Fellner, electo en 1999.
Sin embargo, a partir de 2003, se inició una nueva etapa política en Jujuy. Las organizaciones sociales emergentes de la década del noventa comenzaron a tejer canales de diálogo con el Gobierno Nacional encabezado por Néstor Kirchner, al verse nutridas de recursos por medio del acceso a planes sociales.
Así, la Tupac Amaru fue ampliando su capacidad de acción. Primero centrándose en el programa “Copa de Leche”, destinado a cubrir las necesidades de los niños de barrios marginados, y luego integrando el Programa de Emergencia Habitacional (PEH), del Ministerio de Planificación Federal. Hacia 2010, la organización se extendió a otras provincias y llegó a conformar más de 150 cooperativas de viviendas. Su capacidad de generar trabajo la posicionó entre los empleadores más importantes de Jujuy, junto al Estado provincial y la empresa Ledesma[7].
La OBTA no solo se dedicó a construir casas, sino barrios enteros, creó cooperativas de trabajo que permitieron abastecerla de recursos para la construcción de las viviendas, principalmente las fábricas de bloques de cemento y textiles. También se encargó de desarrollar espacios recreativos al interior de los barrios, centros médicos, escuelas y un instituto terciario ubicado en el centro de San Salvador. Todo esto a partir de la administración de los recursos que, por medio de diferentes programas, el Estado Nacional entregaba directamente a la organización.
La Tupac Amaru se convirtió así en la mejor intérprete del nuevo rol de las organizaciones sociales durante el mandato de Kirchner, y se consolidó como mediadora entre el Estado Nacional y los sectores más vulnerables. En el marco de una política económica nacional con un Estado claramente interventor, un capitalismo regulado, una distribución progresiva del ingreso, procesos de reindustrialización y programas económicos de integración social, la OBTA construyó un nuevo vector de acción: la creación de empleo, la capacidad en la puesta en marcha de los programas sociales y el ahorro de recursos que se reasignaron a la adquisición de otros derechos como salud, deporte y educación. Todos factores que le permitieron sostener un proceso de autonomía en la toma de decisiones.
Mediante esta alianza, la Nación llegaba directamente a los sectores populares sin mediar o negociar con la gobernación, y la Tupac se transformaba en el “ala social” del Gobierno nacional en Jujuy, y en la misma medida, en el mayor opositor social al gobierno pejotista de Fellner, sin poner en riesgo el acceso a los recursos económicos.
Por eso, además de crecer en su rol de intermediario, la Tupac creció en su capacidad de movilización, en su organización con tomas de decisiones asamblearias y por el fuerte liderazgo de Milagro Sala. Se convirtió en un actor fundamental para acompañar, promover o defender acciones -desde políticas de derechos humanos a disputas laborales de trabajadores estatales-, así como limitó el accionar represivo del gobierno provincial y exigió nuevas demandas, ya sea al Ejecutivo local como al nacional.
Estos elementos configuraron una fuerte legitimidad entre los sectores populares y también ante las autoridades locales, lo que le permitió fragmentar también la capacidad del clientelismo del PJ. Al mismo tiempo, se iba configurando un nuevo tipo de militancia social vinculada directamente a un partido político, el FPV, lo que significó toda una novedad en la provincia.
En paralelo, la CCC comenzó a fragmentarse. Algunos sectores se alinearon a la Red de Organizaciones Sociales, liderada por la Tupac; otros se reorientaron hacia la construcción del Movimiento Tupaj Katari, bajo el liderazgo de Carlos “Perro” Santillán, que mantuvo una fuerte oposición al gobierno nacional y provincial y retomó la conducción del SEOM. Desde allí, se unió al Movimiento Popular La Dignidad y confluyó en la creación del Partido por la Dignidad del Pueblo.
A diferencia de lo que podría suponerse, las organizaciones sociales jujeñas sostuvieron una fuerte capacidad de movilización durante el período kirchnerista. En el caso de la CCC, y a pesar de su fractura, logró tener un rol en el reclamo por tierra y vivienda, al poner en marcha un programa de ocupación y loteo en distintas localidades de la provincia. Una de las más significativas fue la ocupación en 2011 de la zona de “El Triángulo”[8] en Libertador General San Martín, donde –con represión incluida– el rol económico y social de la empresa Ledesma fue un eje central.
A pesar de los diferentes logros y solidaridades entre las distintas organizaciones sociales no alineadas al kirchnerismo, la supremacía sociopolítica de la Tupac Amaru fue insoslayable. Incluso solapó a otros espacios de militancia kirchnerista, por ejemplo La Cámpora que, a pesar de contar con un capital político extenso a nivel nacional y no responder al PJ provincial, no logró configurar un espacio de acción con peso propio capaz de ampliar sus redes de acción en la provincia.
Los principales dirigentes de la Tupac creyeron poder traspasar esa supremacía social al panorama político electoral y crearon el Partido por la Soberanía Popular, que confluyó en la conformación del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, y disputó las elecciones provinciales de 2013 y 2015, alineado al FPV a nivel nacional.
Sin embargo, los resultados obtenidos no reflejaron la capacidad de adhesión que tenía la organización: en 2013 tuvieron 48.243 votos, mientras que en 2015 bajaron a 27322 votos, a pesar de acompañar al FPV a nivel nacional y en la elección a gobernador. También el Partido por la Dignidad del Pueblo participó de las elecciones de 2015 con el “Perro” Santillán como candidato a gobernador, pero a pesar de su fuerte liderazgo obtuvo menos de 7 mil votos.
Ambos casos permiten mostrar que las organizaciones sociales, al menos en Jujuy, tienen hoy un rol que no puede vincularse a su capacidad electoral y que, por el contrario, se siguen alineando a formas organizativas no hegemónicas y no institucionalizadas.
A modo de conclusión
La militancia jujeña se desarrolló construyendo variables de acción novedosas, superando las limitaciones sectoriales e ideológicas, configurando redes de solidaridad en un clima de transformaciones en el mercado laboral; pero también fue una militancia donde el propio contexto jujeño jugó un rol particular y determinó cierta vanguardia militante que posteriormente se vio reflejada en el resto del país.
Pero se fracturó en dos espacios claramente diferenciados, el social sindical y el partidario, que no supo o no pudo construir mediaciones capaces de representar las necesidades de la sociedad a partir de los canales institucionales. Pero también la propia militancia social cambió su constitución cuando la Tupac Amaru resignó algunos factores de su autonomía a partir de la alianza con el Gobierno Nacional.
Un dato no menor es el criterio de unidad y solidaridad que puede encontrarse en la historia de la militancia jujeña, como en el caso de los cortes en Ledesma o la unión entre trabajadores estatales y desocupados. Este elemento también tuvo visibilidad en las últimas semanas a partir de la detención de Milagro Sala, cuando distintos actores sociopolíticos de la provincia, incluso aquellos que no comparten su marco ideológico (peronista/FPV) y aquellos que le criticaron su vinculación con el Gobierno Nacional, su falta de autonomía o la aceptación de esta propuesta de acompañar la candidatura de Eduardo Fellner, salieron a la calle a pedir por la liberación inmediata de la líder de la Tupac.
Casualidad o no, su principal opositor en el liderazgo sobre los sectores más pobres, el “perro” Santillán , apoyó la detención promovida por el gobierno provincial, e incluso pronunció una serie de acusaciones graves sobre la dirigente social y diputada del Parlasur.
Pero, al menos mediáticamente, la mayor parte de los actores de los distintos espacios sociales mostró su solidaridad, ya sea por temor a que la persecución política se extienda o porque aún se sostienen los valores que se construyeron durante más de tres décadas de militancia social jujeña.
Sin duda quedan preguntas abiertas, propias de un proceso que aún está en desarrollo. El devenir de los acontecimientos permitirá confirmar hasta qué punto la hipótesis de una disputa por el liderazgo de los sectores populares entre el “Perro” Santillán y Milagro Sala es correcta, y si realmente esto es lo que llevó a Santillán no reclamar la liberación de Sala. ¿Acaso la Tupaj Katari no puede verse afectada también por una política de persecución a las organizaciones sociales?
También queda saber si la Tupac Amaru podrá sostener su capacidad de acción a pesar del cambio de signo político del gobierno. Cómo reaccionarán los espacios sociopolíticos y las organizaciones sociales en el futuro inmediato ante un nuevo panorama político que parece intentar debilitar a la OBTA.
La militancia jujeña se encuentra nuevamente ante un contexto de cambio y crisis que pondrá a juicio su capacidad y experiencia acumulada.
[1] Lagos, M. y Gutiérrez, M. (2006) Dictadura, democracia y políticas neoliberales1976 - 1999. En A. Teruel, y M. Lagos, (Dir) Jujuy en la historia: de la colonia al siglo XX (pp. 234-294). Jujuy. EDIUNJU.
[2] Aramayo, B. (2009). Jujuy en el bicentenario. Contexto e historia de luchas. Buenos Aires: Editorial Ágora
[3] Lagos, M. y Conti, V. (2010) Jujuy de la revolución de mayo a nuestros días. Jujuy: EdiUnju
[4] Olmedo Rivero, J. (2013) Los desocupados de la Quiaca. 12 años de lucha junto a otros sectores sociales, 1992-2003. Buenos Aires: Fundación El Monte.
[5] Gómez, E. y Kindgard, F. (2002). Los cortes de ruta en la escala de luchas de los obreros jujeños. En PIMSA, 5, 113-131.
[6] Ibid 2
[7] Moscovich, L. (2013). Gobernadores versus organizaciones: apoyos federales, política provincial y protesta. Revista SAAP 7, (1), 131-159
[8] Morales, M. (2012). Desalambrar, ocupar y resistir. Lucha y pueblada de Libertador General San Martín contra el Ingenio Ledesma por tierra para vivir. Buenos Aires: Cuadernos de Editorial Ágora Nº 15.