El gobierno porteño, la Reserva Ecológica Costanera Sur, una ONG ambientalista y la empresa constructora IRSA reclaman la erradicación de la villa Rodrigo Bueno, pegada a Puerto Madero. La antropóloga María Carman, una de las expositoras del Encuentro Internacional “Ecologías políticas desde los territorios” -organizado por el Centro Franco Argentino, la UBA y el IDAES de la UNSAM-, analiza las maneras de ciertos discursos ambientalistas de “animalizar” a las personas y cuenta el proceso de cambio en los habitantes de esta urbanización.



Foto 3: Agencia Télam

 

 

¿Qué sucede cuando unas dos mil personas se instalar a vivir, en casas construidas por ellos mismos, no solo a pocos metros de uno de los barrios más exclusivos de una ciudad capital, sino incluso de una reserva ecológica? Durante más de 20 años, la villa Rodrigo Bueno de Buenos Aires subsistió casi invisible en terrenos ganados al río.

 

Simultáneamente, el flamante barrio de Puerto Madero, consolidado durante los años 90 como el destino de las oficinas, restaurantes y lofts más lujosos de Buenos Aires, se extendió hacia todo recoveco susceptible de ser capitalizado como renta inmobiliaria. La extensión de Puerto Madero fue tan avasallante que no tardó en llegar hasta los límites de la reserva y, por ende, de la villa semioculta entre la vegetación ribereña.

 

Los principales actores que reclaman la erradicación de la villa son el gobierno porteño, que invoca la recuperación de espacio público para toda la ciudadanía; la Reserva Ecológica Costanera Sur y una ONG ambientalista; y la empresa constructora IRSA, que proyecta desarrollar un fastuoso emprendimiento inmobiliario en 70 hectáreas contiguas a la villa.

 

Durante 2005, el Estado logró un desalojo parcial de la Villa Rodrigo Bueno a partir de la entrega de magros subsidios monetarios y medidas extorsivas que incluyeron tanto amenazas y demoliciones abruptas de casas como la interrupción de la provisión del agua, la luz, la recolección de la basura y la desratización. También se construyó una muralla de tierra de 10 metros de altura rodeando parte de la villa y se apostó una guardia policial a la entrada, que impedía a sus habitantes el ingreso de materiales y aun de alimentos.

 

A partir de un recurso de amparo presentado por 86 vecinos de la villa –y con la colaboración de un organismo de Derechos Humanos–, la jueza Liberatori dictó en 2005 una medida cautelar que frenó este desalojo iniciado por el Gobierno de la Ciudad y ordenó la urbanización de la villa. La jueza demostró en su fallo la preexistencia de la Villa Rodrigo Bueno respecto de la reserva; el rol protagónico que tuvo el Poder Ejecutivo en la consolidación inicial de la villa; las características expulsivas que tuvieron las políticas públicas impulsadas por el Estado local; los efectos perjudiciales de una eventual relocalización y los intereses económicos en juego por parte de los grandes proyectos inmobiliarios, para los cuales la villa configura un obstáculo.

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Un informe etnográfico que nos había sido requerido por la jueza al equipo de antropólogas fue anexado a la causa y sus argumentos, incorporados al fallo. La jueza solía decirnos que nosotras le aportábamos sustento filosófico a su trabajo:

 

“Yo mezclé [los argumentos legales y los surgidos del informe antropológico]. Yo le puse sal y pimienta y lo hice explosivo”.

 

Tras la previsible apelación por parte del Gobierno de la Ciudad, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero, mediante fallo en mayoría, revocó la resolución de primera instancia. Actualmente, y como resultado del impulso ininterrumpido de los habitantes del barrio en el marco del litigio, el Tribunal Superior de Justicia es quien debe dirimir el futuro de la villa. En dicho tribunal se han presentado un conjunto de amicus curiae por parte de organismos de derechos humanos y equipos de la Universidad de Buenos Aires. A partir de un trabajo conjunto con los vecinos del barrio, estos amicus curiae –en uno de los cuales hemos participado– proponen demostrar, entre otras cuestiones, que una urbanización sustentable in situ es posible y que no hay tal incompatibilidad entre el derecho a la vivienda de los habitantes de Rodrigo Bueno y el derecho al medio ambiente por parte de los vecinos de la ciudad que disfrutan la reserva ecológica.

 

El imperio de lo natural

 

Las 350 hectáreas de lagunas y pastizales de la Reserva Ecológica Costanera Sur –situada a escasos metros del barrio Puerto Madero– fueron inauguradas en 1986. Si bien la reserva es ofrecida al visitante como el último reducto de lo que fuera el paisaje original de la ciudad, se trata de un espacio surgido por la acumulación de escombros de viviendas demolidas para la construcción de autopistas urbanas durante la última dictadura militar. Por otra parte, la reserva cedió parte de sus terrenos del borde sur a la Policía Federal para la instalación de un cementerio de autos, que afecta la salud de los habitantes de Rodrigo Bueno.

 

Si parte del anhelo de los defensores de la reserva se sustenta en la multiplicación de las especies naturales, el ideal respecto a la villa sería reducirla hasta su completa extinción. Sus principales detractores imaginan la villa como un intersticio, una grieta en las “narices” de un mundo ultramoderno y veloz, cuyos (¿nobles?) salvajes ni siquiera podrían autonomizarse de una relación primaria con la naturaleza.

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La villa pasó desapercibida hasta hace una década, cuando el ex Director de la Reserva denunció que la presencia de los habitantes de la villa resultaba peligrosa para el ecosistema: incapaces de apartarse de sus instintos, ellos estarían impidiendo el “libre albedrío” animal y vegetal.

 

“Una nueva amenaza se cierne sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur. (…) Son pocos los que saben que en una de las áreas de mayor biodiversidad, como lo es el borde del canal y el ceibal allí asentado, más de mil quinientas personas se apiñan desde hace años junto a un canal contaminado, donde obtienen bogas enfermas y coipos protegidos como alimento. Su urbanización cortaría la libre circulación de especies entre el canal con el resto de la Reserva, afectando el ecosistema y el desarrollo de la vida de los animales”.

Diario La Nación, 2/12/2004.

 

Esta mala conciencia que se les atribuye a los pobladores de la villa por comer animales enfermos o protegidos implica un dilema moral. La “mancha” que generan es considerada indeleble, en tanto se los juzga ontológicamente contaminados. Así como ciertos ambientalistas utilizan términos usualmente reservados a los seres humanos para referirse a los animales –tales como decencia o dignidad–, en nuestros casos bajo estudio sucede lo contrario. Expresiones que describen conductas animales –como saciar el instinto– son usadas para aludir a los humanos considerados inferiores.

 

“[Indignado] He visto coipos en cruz, al lado de un fueguito. Me han dicho: ‘qué rico es el lomo del lagarto, pruébelo’. Y he visto chicos con diez o doce bagres sacados de ahí chorreando agua (…) Ha disminuido la población de garzas, ha disminuido la población de coipos… Me han dicho que comen los perros cimarrones”.

Ex director de la Reserva Ecológica.

 

Según sus detractores, los habitantes de Rodrigo Bueno sacian su hambre con animales enfermos o protegidos por ley. Pareciera que sus habitantes son meros seres biológicos, mientras que los animales de la reserva están defendidos y protegidos por sus “atributos culturales”.

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En tanto se considera a los habitantes de la villa como un grupo arcaico, fuera del tiempo, o anclado en un pasado de mera supervivencia material, existe una imposibilidad de pensarlos como cociudadanos pues, en última instancia, es como si no estuvieran realmente allí. Tratados como residuos extemporáneos de un estado de naturaleza, lo que en rigor se les deniega es su condición humana:

 

“¡Los animales tienen más derechos que nosotros! Pienso que a los seres humanos tienen que darles prioridad, porque son seres humanos que necesitan”.

Ana, habitante de la villa Rodrigo Bueno.

 

Los habitantes de la villa se encargan de señalar que la reserva, en rigor, los contamina a ellos con el canal, las ratas, el cementerio de autos y el propio terreno. La acusación se hace extensiva al daño que la reserva provoca a sus propias especies protegidas:

 

“Hay gente de afuera que caza pescaditos. Soy pobre, pero ¿cómo voy a comer animales o pescados que están todos contaminados? (…) Para ellos nosotros estamos después que los animales. ¡Pero ellos mataron a los animales! ¿Acaso nosotros secamos la laguna? (…) El laguito no está, los animales están muertos. (…) ¡Alguien se tiene que ocupar de esos animales!”.

Magdalena.

 

Estos sectores relegados se ven compelidos a reafirmar su no animalidad, en tanto otros actores les imputan una mayor precariedad en su condición humana; como si ellos estuviesen modelando para sí mismos, por pura elección, un rostro bestial. O como si libraran en su interior una constante batalla entre su humanidad y animalidad, en la cual la victoria sobre esta última no está garantizada.

 

Los habitantes también aluden a los supuestos orígenes non sanctos de la reserva denunciando que allí estarían enterrados, en fosas comunes, los cuerpos de desaparecidos de la última dictadura militar. Desde este punto de vista, ellos no serían los responsables de la contaminación –material o simbólica– de la reserva, sino que el gesto fundacional de ese espacio, con su ominoso secreto a cuestas, alcanzaría para vulnerar su aura benévola.

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Desde el punto de vista de sus habitantes, el lugar donde transcurre su vida puede ser descripto de muchas maneras, excepto como superfluo. Si en sus relatos aparece la consternación respecto a que ni el Estado ni el mercado logran proveerles los bienes y servicios necesarios para su reproducción, también surge repetidas veces su gratitud a la naturaleza, al río, y a la cercanía de los barrios prósperos. Múltiples fuentes –los censos realizados, las referencias de la comisaría de la jurisdicción, los empleados de ONG y los vecinos– coinciden en señalar que la población trabaja regularmente y casi no se registran delitos. Los hombres de la villa se emplean en la construcción, en restaurantes o parrillas, cuidando autos de la zona o juntando cartones. Las mujeres venden sus productos en la Costanera, o trabajan como empleadas domésticas.

 

Durante los últimos años y con la causa judicial aún en curso, los habitantes de Rodrigo Bueno fueron incorporando los lenguajes ambiental, jurídico y médico, entrecruzándolos imaginativamente en sus discursos. En las visitas de funcionarios al barrio o durante las audiencias públicas en el juzgado, los vecinos se explayaron sobre la contaminación del riacho y otros males ambientales que los aquejan, como el crecimiento del cementerio de autos y la falta de recolección de residuos. La Defensoría del Pueblo ordenó entonces el estudio ambiental de cien niños, cuyos resultados muestran que al menos 25 tienen un contenido de plomo en sangre que requiere seguimiento.

 

No existe, sin embargo, una unicidad de criterio en relación con el daño ambiental. Si algunos vecinos denuncian la responsabilidad del Estado respecto del alto contenido de plomo encontrado en algunos niños, otros lo conciben como un asunto de responsabilidad individual vinculado a la falta de higiene. “Mi hija no anda descalza”, nos aclara una vecina a propósito de los alarmantes resultados del análisis en ciertos niños.

 

La ambientalización de los habitantes de Rodrigo Bueno dista de ser un proceso homogéneo. Las denuncias ambientales de los vecinos –constatadas por expertos e incorporadas al expediente judicial– resultan más eficaces en la obtención de reconocimiento social que los argumentos ambientales meramente defensivos (por ejemplo, cuando ellos negaban estar alimentándose de especies animales protegidas).

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Con mayor o menor éxito o consenso, los vecinos de Rodrigo Bueno han interiorizado cierto estatus ambiental a sus modos de apreciación de los problemas sociales en los que se ven involucrados; problemas que no constituían, a priori, un conflicto ambiental. Se trata de una ambientalización estratégica –parafraseando la célebre expresión de Spivak (1988) – o bien de un uso instrumental de un background ambiental para favorecer o resistir, según el actor en juego, las ocupaciones populares en las tierras urbanas bajo disputa.


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