Publicado el 2 de diciembre de 2020.
Elaborado entre equipos del IDAES-UNSAM y el CELS en el marco de un convenio de investigación e intervención política sobre deudas y condición inquilina en contexto de pandemia. Por el IDAES: Florencia Labiano y Ariel Wilkis. Por el CELS: Michelle Cañas Comas, Federico Ghelfi, Luna Miguens, Marcela Perelman y Leandro Vera Belli.
Facundo tiene 41 años, es de San Miguel y alquila un monoambiente desde 2018. A fines de diciembre se termina el contrato y no va a poder renovar. Debe dos meses. Con su mamá y su hermana perdieron un terreno en el que habían construido. Su oficio es de electricista, pero con dos hernias decidió terminar la secundaria y estudiar para ser asesor de seguros. Antes de la pandemia, venía ahorrando para cubrir los gastos de la matrícula, los impuestos y el contador y arrancar con su nueva actividad. Iba a comprarse una moto en cuotas para completar con changas como electricista. Este año, de marzo a julio, vivió de esos ahorros. Después pidió plata prestada a su hermana para pagar el alquiler, los impuestos y la comida. El IFE fue para Facundo -como para muches- la primera vez que percibió una transferencia monetaria directa del Estado. Con esa plata, devolvió lo que le habían prestado y el resto lo usó en los mismos gastos. Todavía no consigue trabajo ni de electricista ni de otra cosa. Cuando deje su departamento a fin de mes va a ir a lo de otra hermana, pero no quiere quedarse ahí más de un mes: ella vive con su pareja y sus hijas y no les sobra lugar. Sin trabajo, sin ingresos y sin lugar para vivir, asume que lo que sigue es la calle.
La reactivación económica que se empieza a insinuar por el relajamiento de las medidas dispuestas desde marzo para prevenir el contagio de covid-19 no se traduce en un alivio inmediato de la situación de cientos de miles de hogares inquilinos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Los números y los tiempos de la micro no encajan siempre en los de la macro. Muches siguen sin ingresos y las deudas acumuladas seguirán pesando.
Comprar una casa se ha vuelto imposible para la mayor parte de la población, por lo que el alquiler creció como forma de acceso a la vivienda. Cuando el trabajo y los ingresos son inestables, alquilar es una carga y una incertidumbre pesadas. En ese contexto, las deudas acumuladas y encadenadas se deben a finanzas domésticas que necesitan el endeudamiento para resolver cuestiones básicas del día a día, incluso para evitar atrasarse con el alquiler. Tras los últimos años de ajuste social y económico, rematados por la pandemia, las finanzas de les inquilines son muy frágiles y en una gran proporción penden de una combinación de nuevos encadenamientos de deudas y aportes estatales.
El CELS y el IDAES-UNSAM nos unimos para rastrear cuanti y cualitativamente esta situación que afecta a millones de personas y no se trata sólo de un problema habitacional, sino de condiciones que generan una precarización integral de las condiciones de vida. Las respuestas que se den a estas problemáticas condicionarán el modo en que la sociedad argentina va a mitigar las desigualdades potenciadas durante la pandemia.:
-Más del 65% de los hogares inquilinos del AMBA vio restringidos sus ingresos en la pandemia y tuvo que endeudarse. El 80% tomó deudas para pagar gastos cotidianos, el 61% para devolver préstamos anteriores y el 54% para pagar expensas, servicios e impuestos. Además, casi la mitad de los hogares inquilinos destina una proporción cada vez mayor de sus ingresos a pagar el alquiler.
-Los hogares deben más meses de alquiler y tomaron más deudas en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires. El porcentaje de inquilines que tiene deudas de alquiler es mayor en los municipios de la provincia que en la ciudad de Buenos Aires: 46% contra 32%. Lo mismo le ocurre a les inquilines endeudades: en la ciudad el 60% declaró haberse endeudado durante la pandemia, en la provincia ese porcentaje alcanzó al 68%.
-En la zona sur del conurbano los hogares redujeron más sus ingresos y están más endeudados. Los hogares inquilinos en la zona sur del AMBA se han visto afectados diferencialmente. Allí el 73,5% de los hogares inquilinos tomó deuda, 5 puntos por encima de la media de la provincia y 16 puntos por encima de la zona norte. El 72,3% de los hogares inquilinos de la zona sur perdió ingresos, 6 puntos por encima del promedio.
- Las familias más numerosas presentan peores indicadores. En comparación con el promedio general, los hogares que tienen 4 o más personas reportaron un aumento mayor en la disminución de los ingresos, 78% vs 66%, y mayores niveles de endeudamiento, 52% vs 43%.
-Las familias con personas a cargo perdieron ingresos en mayor proporción. El 73% de los hogares inquilinos donde viven personas que requieren cuidados (niñes, personas con discapacidad, adultes mayores dependientes) vio disminuidos sus ingresos, esto es 9 puntos por encima del porcentaje general.
-Para la población migrante es cada vez más difícil juntar el dinero para el alquiler. Casi el 70% de los hogares donde viven personas de nacionalidad no argentina dicen que la proporción de ingresos que destinan al alquiler aumentó desde el comienzo de las medidas de aislamiento (a comparación del 50% del total).
Cada vez más inquilines
El mercado de alquileres actual se explica por transformaciones económicas, políticas y culturales que desde los años 70 promovieron la mercantilización y privatización de la vivienda. Se dolarizó el precio de los inmuebles. La política habitacional fue descentralizada y desfinanciada. El mercado de alquileres perdió protecciones. El acceso a la vivienda pasó a ser un problema individual negociado entre privados. Tras las crisis cíclicas, los sectores con capacidad de ahorro encontraron en la propiedad una forma de resguardo de valor y la expectativa de contar con una renta que les permitiera capear las crisis. El censo de 2010 registró un aumento sensible en el porcentaje de inquilines (del 11% subió al 16%) y desde entonces la tendencia es al aumento. Para 2019, la EPH indica que un 19% de los hogares de todo el país alquilan, la proporción llega a un 36% en la Ciudad de Buenos Aires. Acceder a una casa propia es cada vez más raro. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde 2003 hay 300.000 hogares inquilinos nuevos (18% de los hogares).
Las deudas empujan las tomas
La situación de muchas personas presentes en las tomas de tierra recientes se vincula a este sistema de acumulación de deudas, bajos ingresos y gastos habitacionales fuera de proporción. Es la realidad cotidiana de los sectores inquilinos más vulnerables, muchos que viven en hoteles, villas, con contratos de alquiler irregulares o inexistentes, que ante la falta de mecanismos efectivos de denuncia, con frecuencia tienen dificultades para exigir el cumplimiento del decreto, o no conocen sus alcances, y son desalojades.
Según los datos del censo que realizó la provincia de Buenos Aires en la toma de Guernica el 13 de septiembre, el 80% de les encuestades llegó al predio por empobrecimiento, falta de trabajo e imposibilidad de pagar el alquiler. Este resultado demuestra que no se trata de un problema exclusivo de las clases medias urbanas: cada vez más hogares que viven en una habitación, en villas y en asentamientos acceden a su vivienda a través del alquiler. Y, en general, la situación de estos hogares inquilinos, es más dificultosa. En comparación con los resultados generales, están más atrasades en el pago del alquiler (58% vs 42%) y de los servicios (72% y 61%). En conjunto, tienen una mayor tendencia a creer que deberán empeorar su vivienda en el futuro: tendrán que irse a vivir con familiares, a viviendas más chicas, de peor calidad o alejadas de sus necesidades cotidianas (42% vs 28,4%). Esto es problemático en términos habitacionales pero también en términos sanitarios. Hacinarse o irse a vivir más lejos y, por lo tanto, usar más el transporte público, es contrario a las medidas de prevención de contagios del covid 19.
El IFE banca deudas y parte del alquiler
Susana se casó a los 18 y hasta los 25, cuando se separó del padre de sus hijos por violencia de género, nunca había tenido que pagar alquiler. Hasta los 38 no trabajó fuera de su casa. En 2008, entró en el hipódromo de Palermo pero la echaron en 2018 por reducción de personal. Con la plata de la indemnización compró una camioneta que puso a trabajar como transporte de personas. También hizo artesanías para vender en la feria de Tigre. En marzo estaba por entrar a trabajar en la feria, pero por la pandemia se cayó la contratación y la feria cerró. Hace dos meses se mudó a una casa sin terminar. Se la alquila de palabra por 10.000 pesos a una conocida que también está desempleada y necesita el dinero. Ya antes de la pandemia había comenzado a endeudarse con las tarjetas de un supermercado y de una financiera. Amenazaron con sacarle la camioneta, así que como pudo cubrió parte de esas deudas, y se la dio a uno de sus hijos que le paga el alquiler como retribución por prestarle la camioneta. Con el IFE compró una máquina de coser y tela. Cosió barbijos y almohadillas. También empezó a vender choripanes los fines de semana en la esquina de su cuadra. Nunca se imaginó estar en una situación así, ya no sabe qué hacer y se le acumulan las deudas. En una semana cumple 50 años y no la toman en ningún lado. Sabe que es considerada vieja en un mercado laboral muy reducido y es demasiado joven para jubilarse.
El 77% de los hogares inquilinos del AMBA donde viven personas que reciben el IFE vieron reducidos sus ingresos desde que comenzó la pandemia y el 68% se atrasó en el pago de impuestos, servicios y deudas anteriores. A pesar de que un 40% de les inquilines que reciben el IFE lo destinó al pago del alquiler, cerca de un 50% debe al menos un mes. El pago del alquiler es uno de los principales destinos del dinero recibido por programas de transferencias directas (IFE, AUH, ATP), de las nuevas deudas y de los atrasos que se acumulan.
El 78,4% de los hogares beneficiarios de algún tipo de ayuda estatal (IFE, AUH, ATP) pidió dinero prestado en el último mes (vs. el 61,3% de los que no recibieron ningún tipo de ayuda). Ese dinero, se destinó principalmente a la cobertura de alquiler, gastos cotidianos, impuestos, expensas y servicios y deudas con familiares y amigos. El refuerzo de la AUH y el IFE son medidas indispensables para sostener las economías de los hogares más vulnerables, aunque gran parte de esos hogares igual hayan tenido que endeudarse.
Un horizonte de desalojos
Gisela perdió su trabajo en diciembre del año pasado; su pareja pertenece a la población de riesgo por lo que no pudo trabajar el taxi entre marzo y agosto. En esos meses, dejaron de pagar el alquiler y comenzaron a ser hostigades por la propietaria. En abril pidieron 3.000 pesos prestados a una familiar para cubrir parte de la deuda de las tarjetas de crédito y así poder sacar en descubierto la plata para pagar el alquiler. En mayo ya no pudieron pedir al banco porque tienen varios préstamos tomados. Si bien su pareja cobró el ATP, tuvieron que refinanciar los servicios para sostener las expensas, que mantiene al día según se comprometió mientras siguen atrasades con el alquiler. Les compañeres de trabajo de su pareja hicieron una vaquita y otres familiares les prestaron para pagar parte de la deuda que les genera abonar los mínimos de las tarjetas. Por ahora están amparades por el DNU que frena los desalojos, pero no saben qué va a pasar cuando termine en el verano. Ya deben más de siete meses de alquiler.
En marzo, el gobierno nacional emitió el DNU 320, que tomó tres medidas sobre alquileres: renovó automáticamente todos los contratos, suspendió los desalojos y difirió el cobro de los aumentos hasta después de vencido el plazo del decreto. La medida fue renovada hasta el 31 de enero. Fue efectiva para suspender los desalojos con orden judicial, pero sin medidas de protección y control adecuadas, muchos hogares que alquilan habitaciones en hoteles, en villas y en asentamientos no pudieron hacerlo pesar y fueron desalojados. A partir de febrero los hogares inquilinos deberán resolver en un plazo máximo de seis meses toda su deuda con le propietarie -en algunos casos, con intereses- y seguir sosteniendo el pago del alquiler, ya con el precio actualizado. Además, entrará en vigencia el artículo 11 de la nueva ley de alquileres, que reduce los plazos para la ejecución de las órdenes de desalojo. Esto deja al borde de perder sus viviendas a los hogares inquilinos que tiene deudas de alquiler, una proporción que alcanza al 42,3%.
Piezas claves
Con la reducción o interrupción de ingresos durante varios meses, los hogares -aún cuando empiecen lentamente a recuperar algo de actividad- arrastran deudas formales e informales, financieras, de alquiler y de servicios que deberán afrontar en los próximos meses, en algunos casos con intereses y en un horizonte en el que varias protecciones, como el DNU que frenó los desalojos y el IFE, pueden perderse.
Las deudas acumuladas no obedecen a la compra de bienes de alto costo: el endeudamiento se volvió necesario para resolver cuestiones básicas del día a día, incluso la compra de alimentos. Los resultados de la encuesta realizada por el IDAES y el CELS en septiembre de este año anticipan que la vulnerabilidad financiera y el riesgo habitacional de muchos hogares inquilinos pueden colapsar si se retiran piezas claves como el decreto que los protege de un desalojo y el IFE, que en muchos casos fue la contención de situaciones límite. Las deudas encadenadas de las familias tienen plazos y tiempos diferentes de los que puede marcar la macroeconomía. Si se extraen la protección contra desalojos y el IFE deben instrumentarse medidas dirigidas a atender la situación urgente de estos amplios sectores, sin las cuales perderán acceso a derechos fundamentales.