Relatoría del Encuentro “Flujos de ingresos desde y hacia los hogares. ¿Qué ven y no ven las estadísticas y registros públicos”, realizado en el IDAES con la participación de Luis Beccaria, Agustín Salvia, Leopoldo Tornarolli, Facundo Alvaredo, Javier Lindenboim el 17 de marzo de 2021.
Si miramos los titulares de los diarios, pareciera que los números son capaces de medirlo todo al milímetro. Periodistas y consultores se ocupan de los decimales en los que aumentan o decrecen (hace rato que sobre todo aumentan) los hogares pobres o de la dilatada distancia que separa a quienes más y menos ganan. Escrutamos con minuciosidad quirúrgica los resultados de las estadísticas públicas ¿pero cuánto conocemos realmente la billetera de los argentinos?
Indagar sobre ingresos fue siempre una tarea indiscreta. Las agencias estadísticas lo saben y desarrollan en forma permanente estrategias para lograrlo. ¿Cuánto se complica esta tarea al no existir un único proveedor varón, cuando los perceptores de ingresos tienen varias ocupaciones, cuando retroceden los asalariados y la informalidad alcanza a más trabajadores? ¿Las estadísticas son capaces de reflejar los ingresos cuando se originan en una creciente multiplicidad de fuentes (trabajo, pero también inversiones productivas y financieras de distinto tipo)? ¿Qué le pedimos y qué pueden darnos las encuestas sociales hoy? ¿Cuánto saben del secreto mejor guardado de los hogares argentinos?
Estadísticas, ¿para qué?
Si quiere saber de las condiciones y las oportunidades de vida de sus miembros, una sociedad de mercado necesita conocer la cantidad y el tipo de ingresos que perciben. En la Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares es la principal fuente de datos sobre los recursos monetarios de personas y hogares. Sobre la base de esta información, se construyen un conjunto de categorías tan diversas como la desigualdad de ingresos, la proporción de hogares vulnerables, la cantidad de niños por debajo de la línea de pobreza. Nuestro interés por conocer los ingresos, su evolución y las implicancias para el bienestar de los argentinos parece no tener fin. Pero los datos sobre los que se fundan esos diagnósticos, ¿son confiables?
La respuesta depende de cuál sea la pregunta. Como plantea Agustín Salvia no podemos aspirar a medir todo con igual profundidad a través de un único instrumento. Reflexionar sobre la captación de los ingresos en las encuestas de hogares supone precisar si lo que se quiere captar son los problemas de pobreza, el bienestar, la desigualdad en la distribución de los ingresos monetarios y no monetarios, las dificultades vinculadas a los ingresos laborales, la productividad laboral, el alcance de la política social o un poco de todo eso. Aunque su importancia sea crucial y su exhaustividad encomiable, la EPH aporta información sobre todas estas cuestiones pero no puede medirlas igual de bien.
A la ambición de exhaustividad se suma la de adaptación. En Argentina, como en otros países, la medición sistemática de los ingresos a través de las estadísticas públicas se inicia recién en la segunda parte del siglo XX: la EPH data de la década de 1970. Hasta ese momento prácticamente no había información sobre los recursos monetarios de los argentinos y sus fuentes. Desde entonces, la medición se ha ido refinando cada vez más, en muchos casos siguiendo recomendaciones y pautas establecidas internacionalmente. Pero la realidad cambia y con ella tienen que ajustarse las formas en que se captura y registran los hogares y sus ingresos. Es lógico que los instrumentos de medición corran de atrás a la historia: el problema es identificar los nuevos desafíos y avanzar en superarlos.
Las estadísticas ni dicen ni no dicen “la” verdad: son construcciones humanas de confiabilidad variable. Para creerles, necesitamos que definan convincentemente los conceptos, los hagan observables, diseñen buenas herramientas de captación, recojan información fidedigna, aprendan de sus errores y resuelvan sus dificultades.
A viejos desafíos, las lecciones de la experiencia
Nadie irrumpe en casa ajena exigiendo conocer sus ingresos. Las agencias estadísticas lo saben y acumularon mucha experiencia sobre el mejor modo de indagar este tema difícil. Luis Beccaria es uno de los especialistas más reconocidos sobre el tema en la región y concluye que, aunque el desafío es mayúsculo, hay formas de hacer la captación más confiable. Una salta a la vista al leer el cuestionario de la EPH: las preguntas más incómodas se ubican al final y se formulan de manera neutra. A su vez, aunque todavía queda camino por recorrer, los interrogantes fueron incorporando especificaciones sobre la naturaleza de los recursos en juego para facilitar la memoria y el cálculo de los entrevistados.
Otra cuestión fundamental, apunta Leopoldo Tornarolli, es el entrenamiento de los encuestadores. No es lo mismo preguntar a cada miembro del hogar que contentarse con que uno informe sobre todos. Cada perceptor de ingresos conoce mejor el monto de recursos que recibe. Este recaudo es más difícil y costoso porque a veces las encuestas se hacen en horario de trabajo cuando la gente ocupada no está y es otro el que contesta. En esos casos, la información se resiente un poco.
A veces, todos estos refinamientos no alcanzan. Uno de los problemas más graves de la pregunta sobre ingresos es la falta de respuesta. Sin un número significativo de datos, la información deja de ser válida, sobre todo si la no respuesta se concentra en ciertos grupos. En estos casos, las direcciones estadísticas pueden imputar ingresos derivándolos de otras fuentes. A la larga, el resultado pierde calidad.
Además de la validez de las respuestas individuales y de su número agregado, el tema es entre quiénes pueden generalizarse los datos recogidos. A diferencia del Censo, la EPH es una selección de hogares, una muestra probabilística que busca ser representativa, ¿representativa de qué? Los usuarios de estas encuestas sabemos que sus datos refieren a la población de los grandes urbes del país. De hecho, en sus inicios contemplaban solo el área metropolitana de Buenos Aires. A ella se fueron sumando otros aglomerados. Como señala Leopoldo Tornarolli, solo las encuestas de hogares de Argentina y Uruguay siguen hasta hoy excluyendo a los hogares rurales. Si bien nuestro país es uno de los más urbanizados de la región, el sector rural representa una proporción importante y debería ser incluido en la encuesta. Claro que esta inclusión magnificaría algunos problemas: el cuentapropismo rural es muy generalizado y encima, la economía subsistencia de estos hogares y la estacionalidad de sus producciones complicarían aún más los cálculos.
A nuevos problemas, el desafío de la renovación
La experiencia acumulada y sintetizada en las recomendaciones internacionales como las del Grupo de Canberra, indica que pueden distinguirse cuatro grandes fuentes de ingresos: el empleo, la propiedad de activos, la producción de bienes y servicios para consumo propio y las transferencias corrientes. Las encuestas siempre han sido mucho más hábiles para captar los ingresos de fuentes laborales, si bien ha habido sucesivos esfuerzos por mejorar la captación de los demás.
En la medida en que ciertos rubros eran minoritarios, los problemas de medición también lo eran. En los últimos años, se multiplicó lo que generaba más dificultades. En Argentina y en el mundo, apunta Javier Lindenboim, las encuestas de hogares enfrentan dificultades para poder captar fielmente la creciente complejidad del trabajo. Por ejemplo, al hacerse más numerosos los trabajadores informales e independientes, con ingresos más fluctuantes que los asalariados formales, capturar estos ingresos se volvió una dificultad más acuciante. Como explica Agustín Salvia, estos trabajadores tienen recursos más inestables y provenientes muchas veces de distintas fuentes, y cuando los declaran es difícil diferenciar si lo hacen considerando los montos brutos o netos, si realizan aportes jubilatorios con regularidad, etc.
A esta dificultad se suma la disparidad de experiencias que se observan en los extremos de la sociedad y que hacen más difíciles relevarlas a todas con el mismo dispositivo. Está primero el problema de la cartografía. Los entrevistadores escogen sus casos siguiendo mapas que les indican cómo seleccionar a los hogares donde timbrean y cómo reemplazarlos cuando nadie contesta. Es sabido que las personas en situación de calle no podían ser alcanzadas por un relevamiento de hogares, por eso hay encuestas específicas para ellas. Lo que se señala menos es que si bien las cartografías de las encuestas incluyen a las viviendas de las clases más altas, hay más dificultades para contactar a sus habitantes y para lograr su colaboración.
Pero incluso cuando el entrevistador logra franquear estas resistencias, la grieta social también compromete la captación de los ingresos porque el salario mensual dejó de ser una referencia común. En la cúspide, como plantea Agustín Salvia, muchos de los perceptores con rentas de origen diverso tendrían que preguntarle a su contador para poder precisar con exactitud el monto mensual que perciben. En la base, se mezclan los rebusques transitorios, las transferencias de ingreso y otras ayudas no monetarias que la encuesta no logra captar. La relativización de los salarios como única o principal fuente de ingresos también trastoca la temporalidad de los cálculos, algo muy problemático en una economía inflacionaria. Mientras los retornos del capital o la rentabilidad de una empresa supone temporalidades largas, anuales o semestrales, los ingresos de los cuentapropistas se calculan por jornales o semanas y son mucho más sensibles a los tropiezos económicos.
Mejor que decir es hacer y mejor que preguntar es registrar
La conciencia de los límites de la captación de ingresos a través de encuestas llevó a los investigadores a agudizar el ingenio y explorar otras formas de aproximación. Una de las fuentes para indagar salarios es el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), una fuente de información fundada en aportes jubilatorios realizados en el ANSES. No importa lo que declaren las personas, a partir de sus contribuciones a la seguridad social es posible deducir cuánto ganan. Confrontar las tendencias del SIPA y la EPH y sus discrepancias permite tanto caracterizar mejor a los empleados registrados como iluminar las fortalezas y debilidades de cada fuente. Igual que las experiencias extraídas de los relevamientos y del cómputo de no respuesta, las dos bases indican que las dificultades se concentran en los extremos: los más ricos subdeclaran y los más pobres redondean.
Pero esto es solo el comienzo: los registros previsionales no son los únicos disponibles y todas las huellas dejadas a su paso por los perceptores de ingreso pueden ser útiles. Desde una mirada macro, Javier Lindemboim advierte sobre la necesidad de completar el análisis del ingreso por hogares con una mirada sobre la distribución de riqueza entre capital y trabajo a nivel agregado. Las cuentas nacionales siguen siendo en ese caso un registro insustituible. Desde miradas más micro, los ingresos también pueden complementarse con datos sobre los consumos, (por ejemplo a través de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares), o de los gastos con las tarjetas de crédito que poseen bancos y administradoras de estos plásticos), u observarse a través de registros tributarios (acumulados por la AFIP).
Precisamente sobre los registros impositivos se asentó la gran revolución de Thomas Piketty y la denuncia global contra el 1% más rico. El aporte es indiscutible: para el caso de Argentina, Facundo Alvaredo muestra cómo las declaraciones de impuestos permiten captar mayores volúmenes de ingresos en los grupos más altos que las encuestas de hogares. Pero Alvaredo también alerta sobre el riesgo de resolver desafíos metodológicos comprándose modas intelectuales. En los últimos años, precisa, la popularidad adquirida por el proyecto de Piketty sentó en el banquillo de los acusados a las encuestas de hogares, tachando de irrelevantes a estas fuentes tradicionales. Es un grave error: todas las fuentes de datos tienen falencias y la cuestión no es hacerlas competir sino buscar su complementariedad. El ataque contra las encuestas que se observó en los países centrales, alega, no es solo injusto, también es inadecuado. En América latina, muchos registros públicos carecen de la confiabilidad de sus pares europeos o norteamericanos. En el caso de los datos tributarios, las particularidades nacionales de la legislación impositiva y la evasión conspiran contra la generalización.
Aceptar el uso de distintas bases supone, en palabras de Facundo Alvaredo, tolerar la discrepancia y la contradicción. El fetichismo del número lleva a que expertos y divulgadores corran detrás de “el” número capaz de sintetizar la cuestión social de un solo golpe. Pero hasta que no se desarrollen las técnicas de combinación estadística y estemos seguros de esta combinación, un primer paso es mirar las fuentes de manera independiente: ver qué me dice la EPH, qué la ENGHO, qué las tabulaciones de la AFIP, qué los micro-datos del SIPA, qué el censo económico, las contribuciones sociales, etc. Tener series competidoras habilita observar aspectos distintos antes de forzar una combinación.
No me diga nada, ya lo sé todo
La cuestión de los registros abre dos temas particularmente espinosos. El primero es salir a pescar siempre en la misma pecera, olvidando a los que no entran en el radar. Absorber datos de registros producidos para otros fines es una opción problemática en países con alta informalidad. A diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina muchas transacciones no están bancarizadas, muchos trabajadores no cuentan con ningún registro, muchos registros (los salariales o tributarios, por caso) solo muestran una parte de la verdad.
El segundo tema es la confidencialidad de la información en la era del big data. Más allá de los relevamientos del INDEC, el Estado argentino tiene efectivamente mucha información de todos nosotros, el tema es cuánto puede utilizarla a voluntad. Al menos legalmente no puede: el sistema bancario, la AFIP, la Anses tienen (mucho más que Google o Amazon) cláusulas que nos protegen de un cruce personalizado de los datos.
Aunque estas objeciones existan, la posibilidad de asociar las encuestas sociales a los registros disponibles es una discusión abierta. En muchos países desarrollados las estadísticas públicas han avanzando en ese sentido. En Argentina, el dilema se concreta en si preguntarle o no el DNI a quienes responden la EPH. La virtualización de los relevamientos forzó la transición. De hecho, el último censo económico ya apareó las respuestas a sus interrogantes con el CUIT de los actores económicos censados. Pero en el caso de los hogares y la población, la cuestión sigue abierta. Tanto en términos personales como estadísticos muchos expertos temen que en América Latina y en Argentina termine siendo peor el remedio que la enfermedad.
Suspicacias no faltan. Las filtraciones de datos de la AFIP y la erosión en la confianza del INDEC tienen hondas consecuencias para la capacidad de las agencias estadísticas y registros públicos. En un país poco afecto a la formalización, el cambio arbitrario de las reglas, el chantaje personalizado con información pública o la politización de la agencias estatales generaron un desprestigio que afecta la captación de una información tan sensible como son los ingresos.
Yo no sé qué sabe usted de mí, el tema es si quiero facilitarle la tarea o voy a hacer todo lo posible para complicársela.