Integrar la mirada ambiental a los proyectos de desarrollo socioeconómico es ineludible, es un mandato de esta época. “La perspectiva ambiental es fundamental para pensar el desarrollo, pero para que sea efectiva debe ser inteligente”, escribe Jose Natanson. Y argumenta las dificultades de recurir a la licencia social, la herramienta que suelen proponer los grupos ambientalistas como condición para habilitar una determinada explotación.



El ambientalismo constituye un movimiento social, una disciplina científica y una voluntad política central para pensar la sociedad y el desarrollo en el siglo XXI. El ambientalismo bobo es una corriente al interior de este movimiento, caracterizada por un prohibicionismo irreflexivo que la lleva a rechazar cualquier actividad económica: la explotación hidrocarburífera, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear y la generada a partir de biomasa (es decir casi todas las fuentes energéticas), la minería, la industria petroquímica, la forestación, la agricultura de alta productividad, la ganadería, la pesca… Una propensión revocatoria que le impide considerar, por ejemplo, los vínculos entre la explotación de las materias primas y las posibilidades de desarrollo de los países del tercer mundo, y que cierra discusiones centrales (cómo enfrentar la restricción externa, por ejemplo) antes de abrirlas.

 

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Más ruidoso que convincente, este sector remite al vegetariano de uno de los personajes de Capusotto, que pide más y más ensalada mientras sus amigos disfrutan de un asado, se va poniendo nervioso hasta que enfurece y termina pateando la mesa: “¡¿Cómo no hay sal marina?! ¡Te dije sal marinaaaa!”.

Esta versión del ambientalismo se vale de, y se mezcla con, el extractivismo, una perspectiva de crítica social que ha hecho interesantes aportes a la discusión sobre el desarrollo de la periferia mundial pero que –en su versión extrema- cae a menudo en los mismos vicios. Por ejemplo, incluir a todas las actividades económicas basadas en materias primas en la misma bolsa, mezclando aquellas sustentadas en recursos no renovables (petróleo, minería) con las que son estrictamente productivas, como la soja, que se desarrolla a partir de recursos renovables, básicamente la tecnología y el suelo (es cierto que si se descuidan los métodos de cultivo se corre el riesgo de que la tasa de explotación de la tierra sobrepase la tasa de renovación ecológica, pero también es verdad que la rotación de cultivos garantiza su preservación: media Argentina viene cultivando soja hace al menos dos décadas y el suelo sigue fértil).

 

Pero el principal problema de este tipo de miradas, sobre las cuales advertimos en un editorial de el Dipló de junio de 2013, es su dificultad para ofrecer alternativas: la fuerza con la que se oponen no viene acompañada por una capacidad programática equivalente. Por supuesto que algunas de sus consideraciones son acertadas; el problema es qué hacer a partir de ahí. ¿De dónde saldrán los dólares para resolver la brutal caída de la balanza comercial que derivaría de la propuesta de prohibir los agroquímicos? ¿Cómo resolver el conocido paso de la escasez de dólares a la devaluación, de ahí a la inflación y de la inflación a la pobreza? ¿Cómo fomentar la inversión en ciencia y tecnología sin minerales? ¿Cómo redistribuir el ingreso o bajar la pobreza… ¡decreciendo!? 

 

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No hay, en estas posiciones extremas, una respuesta consistente a los dilemas del desarrollo. Ni una mirada sobre la geopolítica y las relaciones de poder: defender desde Argentina la idea del decrecimiento aclarando que debería empezar por los países desarrollados es lo mismo que nada, al menos hasta que llegue el improbable momento en que eso empiece a ocurrir. Falta también una perspectiva regional: llevar a la práctica muchas de estas prohibiciones implicaría simplemente que estas actividades económicas se trasladen a los países vecinos, como de hecho sucede con la minería en Chile y con las papeleras en Uruguay. Tampoco se consideran las contradicciones que genera la propia perspectiva ambiental: la apuesta a la electromovilidad para moderar el consumo de hidrocarburos aumentará la necesidad de cobre y litio. ¿De dónde saldrían? ¿Lo importamos de Chile y Bolivia? 

 

La explotación de los recursos naturales, su industralización, la generación de encadenamientos tanto hacia atrás como hacia adelante y el fortalecimiento de las cadenas nacionales de valor, junto a un mayor rendimiento fiscal para el Estado por vía de impuestos, retenciones o regalías, es un consenso del campo popular: de Axel Kicillof a Martín Guzmán, todos coinciden en esto, frente a un neoliberalismo que se limita a la idea de extracción-exportación y que ha sabido crear sugestivos puentes con algunas ONG ambientalistas: recordemos que el ex Greenpeace Emiliano Ezcurra fue vicepresidente de Parques Nacionales durante el macrismo.

 

Pero dejemos estos temas para economistas como Claudio Scaletta, Daniel Schteingart y Eduardo Crespo y para ambientalistas como Elisabeth Möhle, quien viene realizando un gran esfuerzo por establecer un diálogo entre economía y medioambiente, y centrémenos aquí en otra cuestión: la legitimidad de los proyectos extractivos, sobre todo mineros, y el concepto de licencia social. Creado por el ejecutivo del Banco Mundial James Cooney en los 90, la licencia social refiere a la aprobación que requiere una determinada iniciativa económica para poder concretarse. Aunque no está contemplada en el entramado institucional argentino (no forma parte de la Constitución ni de las leyes nacionales), suele ser esgrimida por los grupos ambientalistas como condición necesaria para habilitar una determinada explotación (y en ciertos casos también por las empresas mineras, que exigen a las autoridades un aval explícito de las comunidades que no ponga en peligro sus inversiones).

 

La licencia social es una vía de solución concreta al dilema creado por las necesidades del desarrollo socioeconómico y el imperativo del cuidado ambiental. Sin embargo, involucra una serie de problemas que merecen una puesta en cuestión.

 

La jurisdicción. ¿Quién “otorga” la licencia ambiental? ¿Cuál es el sujeto que la concede? ¿Cómo se define ese sujeto? La escasa literatura sobre el tema alude borrosamente a los “actores sociales involucrados”, algo difícil de definir de manera más o menos transparente. ¿Cuáles son esos actores involucrados? 

 

Si Argentina es una comunidad política de destino común asentada sobre un territorio, es decir un Estado, lo lógico sería buscar un recorte territorial. La pregunta es cómo definir ese territorio. Una posibilidad es que los responsables de conceder o no la licencia social sean los habitantes de la ciudad o la comunidad directamente involucradas –o afectadas- por el proyecto: en el referéndum por la minería de 2003 en Esquel, el primero de estas características que se llevó a cabo en Argentina, votaron unas 14 mil personas. Pero, ¿deberían votar solo ellos? ¿No deberían opinar todos los ciudadanos de la provincia, teniendo en cuenta que las provincias son, desde la reforma constitucional de 1994, las propietarias de los recursos naturales situados en sus territorios -y quienes eventualmente se beneficiarán de las regalías obtenidas por tal o cual explotación? Un ciudadano de Puerto Madryn o Rawson tiene constitucionalmente tanto derecho a opinar como uno de Esquel. Pero además uno de Comodoro Rivadavia podrá aducir que los recursos derivados de la explotación petrolera, con la que convive cotidianamente y que resulta no menos contaminante que la minería, contribuyen a sostener el fisco provincial, es decir las escuelas y los hospitales de Esquel. ¿Por qué el comodorense debe “pagar el precio” del impacto ambiental del petróleo en su ciudad –y aportar regalías al erario provincial- y el esquelense no? Y al mismo tiempo, ¿es razonable que una coprovinciano que vive a cientos –en algunas provincias podrían ser miles- de kilómetros de distancia decida sobre la suerte de un proyecto cuyo impacto eventual no lo afectará de manera directa? El hecho de que la Asamblea de Gualeguaychú se haya opuesto en su momento a un plebiscito provincial para definir el destino de las papeleras demuestra la importancia del recorte jurisdiccional a la hora de pensar la licencia social. 

 

El plazo. En un Estado de derecho, las leyes y normas permanecen vigentes en tanto no sean derogadas por una ley o norma equivalente sancionada de acuerdo a procedimientos definidos previamente y de manera explícita. Incluso nuestra ley suprema, la Constitución, contempla el modo en que debe ser reformada. Una vez votada la licencia social, a favor o en contra, ¿rige para siempre? ¿Se renueva? ¿Cada cuántos años? ¿Cada cuatro, como el mandato de los legisladores provinciales? ¿Una vez cada generación, para que los padres no decidan por los hijos? ¿Para siempre? ¿Por vía de qué mecanismo? El problema aquí es que, si el resultado es ajustado, los perdedores podrían caer en la tentación de buscar una “segunda vuelta” a los pocos meses, lo que terminaría por quitarle eficacia a una herramienta que debería contribuir a estabilizar una definición y no a crear más incertidumbre.

 

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El rol de los poderes representativos. Mariano Arcioni debe ser un pésimo gobernante, pero no es el dictador de Chubut sino el gobernador democráticamente elegido de su provincia. Ni San Juan ni Santa Cruz, donde desde hace décadas se desarrolla la minería a gran escala, son feudos autoritarios a merced de autócratas desarrollistas. De hecho, es ese “modelo minero” el que en buena medida permitió la reelección de sus mandatarios. En el fondo, la cuestión alude a un viejo problema democrático: la articulación entre los mecanismos de la democracia directa (plebiscito, referéndum, asamblea, licencia social) y las instituciones de la democracia representativa. Aunque la teoría está lejos de ser concluyente, la experiencia sugiere que los procedimientos de la democracia directa resultan útiles como forma de validación de una decisión previamente adoptada por los poderes institucionales, como en el caso del plebiscito por el Canal de Beagle, o como mecanismo de legitimación de un liderazgo enérgico, sea por medio de una Constituyente o de un revocatorio al estilo venezolano o boliviano, pero que enfrentan más dificultades cuando se trata de construir salidas negociadas que implican esfuerzos de articulación colectiva en procesos largos y complejos.  

Volvamos al comienzo.

 

La integración de la mirada ambiental a los proyectos de desarrollo es un imperativo del siglo XXI, un mandato de época. Sin embargo, como demuestra la cuestión de la licencia social, no es una tarea sencilla. Reconocer la densidad del problema implica dejar de lado las visiones apocalípticas y binarias por otras que tomen nota de los problemas, las dificultades y los dilemas del mundo realmente existente, porque la conversación se hace imposible si lo que está en juego en cada debate es “el futuro de la humanidad” o “la continuidad de la vida en la tierra”, o si las opciones son “Papeleras versus vida” o “Agua contra cianuro”. Para que la perspectiva ambiental –repetimos: fundamental para pensar el desarrollo- sea efectiva, es necesario también que sea inteligente.

 

 


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