Hace cuatro años más de cien mujeres migrantes se organizaron para marchar juntas bajo una premisa: el patriarcado no tiene fronteras. Cuestionaron la imagen que las mostraba como “víctimas”, interpelaron al Estado en las calles y en los despachos judiciales, y generaron espacios para formular un feminismo más popular y comunitario, atento a las interseccionalidades étnicas, raciales y de clase. Natalia Gavazzo y Ana Penchaszadeh recorren las luchas que desembocaron en la reciente derogación del DNU 70.



Desde hace un tiempo observamos que las mujeres migrantes organizadas han cuestionado y revertido aquella imagen desempoderada que las mostraba como “víctimas” y como un “grupo vulnerable”. Su estrategia es la de proyectarse como agentes con poder para dialogar con el Estado, producir cambios en las estructuras de la desigualdad de género en diversos ámbitos y construir alianzas con el creciente movimiento de mujeres tanto local como transnacional. Tal es el caso del frente “Ni una migrante menos” (NUMM), compuesto por mujeres migrantes militantes de distintas organizaciones que se encontraron en 2017 para reflejar dos problemáticas en común: resistir el cambio regresivo de la política migratoria argentina (iniciado en 2015 con gobierno de la Alianza Cambiemos y materializado en 2017 con el DNU70), a la vez que denunciar la violencia machista exacerbada, en su caso, por la condición de migrantes.

 

El 8 de marzo de 2017 más de cien mujeres migrantes se organizaron para marchar juntas. Desde entonces, han venido afianzando la conformación de un frente común que, además de realizar acciones permanentes a lo largo del año, participa como “mujeres migrantes” y “feministas” de la movilización de #NiUnaMenos (NUM) de todos los 3 de junio. En esa primera experiencia, delegadas del NUMM participaron de las asambleas, fueron al sorteo de ubicaciones en la movilización y lucharon para obtener el reconocimiento de la causa migrante en la lectura del documento final en el escenario. Las lideresas de NUMM consiguieron incorporar el reclamo más acuciante de la agenda del movimiento migrante: “Repudiamos la reforma por decreto de la ley de migraciones que no sólo vulnera derechos y estigmatiza, sino que busca dividirnos violentando nuestros históricos lazos de hermandad. Exigimos la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017”. Además, leyeron desde el escenario esta y otras partes del documento, una acción que fue interpretada como una primera victoria colectiva. Esa lectura se repitió en las marchas del 8M de los años siguientes.

 

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A partir de esta experiencia, jóvenes mujeres migrantes e hijas de inmigrantes -que tenían en sus agendas reclamos como el aborto legal, los derechos a la diversidad sexual y el freno a los femicidios- se unieron con lideresas de una generación anterior cuya militancia para la presentación, sanción y aplicación de la Ley de Migraciones 25.871, se había articulado en torno a los debates de género con temas como la violencia doméstica y el trabajo femenino. Juntas se involucraron en diversos casos de desaparición de jóvenes de familias migrantes[1]. Siguieron de cerca las investigaciones, contuvieron a las familias y difundieron el reclamo de justicia, a la vez que abrieron diálogos en asambleas privadas y en actividades públicas. Desde Chaco hasta Rawson y La Plata, las NUMM viajaron juntas colectivo y participaron de los debates y actividades de articulación y sociabilidad del Encuentro Plurinacional de Mujeres.  Allí las migrantas generaron espacios para la formulación de un feminismo más popular y comunitario, atento a las interseccionalidades étnicas, raciales y de clase que enfrentan. Todos estos aprendizajes los llevaron a sus respectivas organizaciones de migrantes, donde provocaron cuestionamientos sobre las desigualdades de género.

 

Lo cierto es que en estos cuatro años las NUMM se han multiplicado para “movilizar juntas como migrantes” en la marcha del 8M y, a partir de eso, “unificar voces” para crear una agenda de trabajo conjunto. En sus asambleas suelen hablar sobre el desprecio, la discriminación y xenofobia que viven a diario, la estigmatización a la hora de conseguir trabajo y la posibilidad de enmarcarse como “sujetos políticos”.

 

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En el segundo año en que se manifestaron, se enfrentaron con el desafío de escribir colectivamente un comunicado, que difundieron el 8 de marzo de 2018 a través de volantes y de las redes sociales. Iniciaba: “Hoy hermanadas en nuestra condición de mujeres migrantes, trans, travestis, lesbianas, trabajadoras, indígenas, juntas marchamos. Como migrantes latinoamericanas provenientes de diferentes países de la región, hemos podido constatar que el patriarcado no tiene fronteras. Después de vivir violencias machistas en nuestros países, al llegar a un nuevo país de nuestra América, volvemos a vivir situaciones similares, con el agravante de que nos vemos mayormente expuestas debido a nuestra condición de migrantes. ¡Estamos convencidas de que la lucha feminista debe trascender fronteras y que sólo la lucha organizada de las mujeres unidas logrará terminar con el patriarcado!”

 

En ese comunicado no sólo denunciaban al DNU y al gobierno argentino por su xenofobia, sino también al sistema capitalista patriarcal y a la cultura misógina difundida en los medios de comunicación que cosifica, explota, abusa, expulsa e incluso mata a innumerables mujeres. Este documento finalizaba declarando que: “Como mujeres, migrantes y trabajadoras, vivimos una triple opresión para ejercer con plenitud nuestros derechos ante el sistema de justicia”.  Uno de los ejemplos más contundentes de esta discriminación multiplicada y sus efectos en el acceso a la justicia había sucedido poco tiempo antes. Reina Maraz, compañera migrante boliviana y quechua parlante, fue víctima de un proceso jurídico que violó de forma sistemática sus derechos humanos consagrados tanto en leyes nacionales como internacionales. Su absolución, en 2017, fue un triunfo de la lucha persistente del movimiento feminista.

 

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En una de las mayores demostraciones de su capacidad soberana de expulsión, extendida y ratificada por el DNU 70, el 1 de febrero de 2019 la Policía Federal detuvo y expulsó a Vanessa Gómez Cuevas, una migrante peruana con más de 15 años de residencia en el país y una condena cumplida y saldada en 2014 por comercio de estupefacientes. No atenderemos aquí el debate sobre la exposición de las mujeres a penas vinculadas al narcomenudeo (en nombre de la altisonante “lucha contra el narcotráfico”), ni su vinculación con las complejas formas de ejercicio de la violencia de género. Nos limitaremos a decir que Gómez Cuevas cumplió su condena. Y que cinco años después, mediante engaños (le dijeron que debía ser notificada en la comisaría) y sin ningún tipo de previsión, por sus antecedentes penales el Estado la obligó a subirse con su hijo menor a un avión con destino a Perú y a abandonar a sus otros dos niños (de 6 y 14 años).

 

Poco importó que Vanessa fuera separada de los dos más grandes, (pasaron por alto el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar presentes en todos los tratados internacionales de derechos humanos), que viviera en Argentina por más de 15 años (demostrando arraigo, un criterio de exención de la pena de expulsión) y que tras cumplir su pena estudiara, se graduara y trabajara como enfermera (derecho a la reinserción, a no ser castigada doblemente y a la no retroactividad del derecho). La orden de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones, aplicada con tanta celeridad como ceguera, reactualizó los antecedentes penales para justificar un nuevo castigo.

 

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Las acciones de NUMM apuntaron a visibilizar el caso como una consecuencia fatal del DNU70 en la violación a los derechos de los y las migrantes y, sobre todo, de las infancias. Reclamar por su retorno fue otra manera de reforzar la consigna “ni una (migrante) menos”. Esta vez, como un ejemplo más de esos cuerpos preferencialmente dispuestos al sacrificio. A los tres meses de su expulsión, el abogado de Vanessa y un consorcio de cuatro organizaciones de la sociedad civil presentaron una medida cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero fue recién en la comparecencia regular de la Argentina ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias de la ONU, en septiembre de 2019, que el Estado argentino permitió el retorno de Vanessa.

 

Para interpretar la decisión del Estado argentino hay que tener en cuenta no sólo los mecanismos regulatorios “disponibles” sino también un elemento político clave, posteriormente borrado de los registros escritos de la sesión con la sociedad civil del Comité. Este elemento es la presencia in situ de una comitiva compuesta íntegramente por cuatro mujeres, tres de ellas migrantes (de Bolivia, Perú y Brasil). Quien no conoce los debates y las luchas al interior del campo político de los derechos de las personas migrantes en Argentina podría pasar por alto que esta escena contiene en sí misma un triunfo: revertir el paternalismo nacionalista que primó durante décadas en este tipo de reclamos (ni todos hombres, ni todos abogados, ni todos nacionales).

 

 

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Que mujeres migrantes hablaran en primera persona frente a un público poco habituado a su presencia, y luego de casi cuatro años de graves retrocesos en la política migratoria del país, tuvo un efecto positivo irreversible sobre los miembros del Comité, que se mostraron especialmente duros con las autoridades argentinas y deferentes con la comitiva de la sociedad civil. Aunque el retorno de Vanessa se dio como “gracia soberana”, con la inespecífica apelación a “razones humanitarias”, y se dejó incólume la norma que permitió y avaló cientos de casos como el de ella, éste fue uno de los pocos logros que pudo acreditarse la sociedad civil contra el gobierno de Cambiemos.

 

Que se entienda: no es que no haya hombres detrás de esta conquista, sino que la participación de muchas mujeres fue clave y definitoria. Del lado del Estado, también se debe hacer una lectura de la derogación del DNU en clave feminista: el mismo equipo que vehiculizó los grandes proyectos de igualdad de género devenidos ley en los últimos años (incluido el más reciente de IVE) fue el que escuchó nuestros argumentos para derogar el ominoso DNU70 y los tradujo en este nuevo DNU 138/2021 aprobado el 5 de marzo. A su vez, como migrantólogas comprometidas, no podemos dejar de mencionar nuestro propio trabajo, como el de tantas otras colegas, para acompañar y potenciar todos estos procesos. La creación de conocimiento objetivo y la sistematización de información disponible fueron centrales para cuestionar los fundamentos del decreto de 2017 y la xenofobia sobre la cual se montó. Porque son las mujeres de distintas generaciones las que están impulsando los cambios más importantes en la sociedad y, dentro de este universo, son las “otras”, las migrantas, las indígenas, las afro, las villeras y las trabajadoras de la economía popular, las que enseñan que distintas formas de opresión pueden verse multiplicadas por la interseccionalidad de sus vidas. Sin este registro, escucha y diálogo, el feminismo perdería su potencia actual y futura.

 

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[1] El caso más notorio fue el de Nadia Rojas, adolescente hija de padres bolivianos del barrio de Villa Lugano, en el sur de la capital federal, cuya desaparición repetida fue difundida por estas mujeres mediante todos los medios posibles: desde redes sociales en internet hasta contactos de whatsapp e incluso intervenciones de las abogadas, involucrando una enorme cantidad de medios tecnológicos para la elaboración de logos y flyers, entre otros productos de diseño, que demuestran no sólo la habilidad de las generaciones más jóvenes sino la importancia de las redes de confianza, familiaridad e intimidad para la visibilización de casos de violencia de género y para la conformación de comunidades emocionales en situaciones críticas.

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