Julio de 2021.
Distante de todo, en una oficina sin ventanas e impecables paredes blancas que generan una falsa sensación de hermetismo, un funcionario joven, que ocupa un rol clave en el Ministerio de Seguridad de la Nación, recorre con su dedo índice la parte superior del mapa argentino, uniendo Salta y Misiones. Ambas provincias están destacadas con alfileres de colores diferentes. El funcionario subraya que ahí se encuentran los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) que ilegalmente, pero con el beneplácito de los últimos dos gobiernos, conduce a su antojo la DEA, la agencia antinarcóticos más poderosa del mundo.
La explicación del funcionario es una pieza de real politik:
—Los GOC tienen más autos que cualquier fuerza federal de seguridad. Las policías provinciales usan a los GOC como caja chica porque tienen dólares para pagar informantes y vehículos para hacer operaciones. ¿Cómo hacés para negarte cuando la DEA te da recursos para trabajar mejor, pero por izquierda, sin que queden registrados? Si lo cortás desde el Ministerio, te comés un palazo porque después sale el informe de Estados Unidos diciendo que la Argentina redujo la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y empiezan las tapas de los diarios.
Financiadas y formadas por la DEA, estas task force fueron creadas en 2017 durante la gestión de Patricia Bullrich. Los más críticos indicaron que con ella la agencia antidrogas se manejaba con las fuerzas de seguridad como si fuera un patrón de estancia. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la expansión de estos grupos interfuerzas y su dinámica repleta de irregularidades se produjo con Alberto y Cristina Fernández en el gobierno.
Inalcanzables para el escrutinio del ojo público, los GOC sintetizan décadas de cooptación por parte de la DEA en Argentina. Cooptación no solo de las fuerzas federales y provinciales de seguridad, sino también de funcionarios, gobernadores, jueces y fiscales federales, espías y todo lo que se le cruce en su camino y le resulte funcional.
Sugerencia: tome asiento, póngase cómodo y respire profundo. Comienza un policial coproducido entre Argentina y Estados Unidos.
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Tras varios años transitando la vereda sobre la que no da el sol, el castillo de naipes de Julio César Pose se derrumbó el 13 de septiembre de 2020. Ese día, el presidente Alberto Fernández, basándose en una nota del diario Clarín, publicó este tuit:
El artículo firmado por la periodista de policiales de Clarín Virginia Messi al que dirigía el posteo del primer mandatario, aseguraba: “(…) numerosas fuentes sostienen que Pose es La Morsa, apodo que se le atribuyó a Aníbal Fernández para incriminarlo en el tráfico de efedrina”.
Sin embargo, cuando Alberto Fernández tuiteó la nota de Clarín, perdió de vista algo más relevante: la causa a la que aludía mostraba la impunidad con la que se maneja la DEA en Argentina sin importar el gobierno de turno.
Los que conocen a Pose le dicen el Enano o el Gitano, pero su alias en la SIDE era Jorge Posadas. Formado en el Batallón de Inteligencia 601 durante la Dictadura y con paso por la Policía Federal, Pose es hasta ahora el informante más importante que tuvo la DEA en el país. Sus primeros trabajos para la agencia antinarcóticos fueron como infiltrado en el exterior en los comienzos del menemismo. Según su propio cálculo, realizó más de 300 operaciones, en algunos casos con pagos que se acercaban a los 50 mil dólares.
Formado en el Batallón de Inteligencia 601 durante la Dictadura y con paso por la Policía Federal, Pose es hasta ahora el informante más importante que tuvo la DEA en el país.
Enojado con la nueva camada de la DEA en Buenos Aires, Pose siente que los norteamericanos no lo cuidan como antes. Anhela otras épocas, como aquella en la que, como jefe de la estación Buenos Aires, Tony Greco estampó su firma en un certificado en el juzgado de Claudio Bonadio para acreditar que, efectivamente, el argentino era informante de la DEA. Este gesto tiene un solo antecedente en la historia local de la agencia antidrogas de Estados Unidos. Fue cuando Ernest Batista hizo lo propio en 1990 para establecer que Carlos Savignon Belgrano había cumplido ese rol en la operación Langostinos (1988).
El espía aceptó ser entrevistado a raíz de que el 8 de octubre de 2020, el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires lo penó con cuatro años de prisión por el delito de instigar y participar del transporte de 44 kilos de cocaína, que fueron interceptados el 31 de diciembre de 2003 muy cerca de la escultura Floralis Genérica. Así, Pose se convirtió en el primer informante, reconocido oficialmente por la agencia norteamericana, condenado en la Argentina. La sentencia fue confirmada el 24 de noviembre de este año por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
Calvo y retacón. Brazos poblados por tatuajes multicolores, onda tumbera. Gorra roja de tela ya percudida y un morral. Pose muestra su costado más histriónico en una mesa del Tribunales Plaza Resto, sobre calle Talcahuano. Algunos de los siete encuentros fueron a solas, otros con Martín Bagalá, su último abogado, secundándolo. A medida que ingresa en el tema, se enoja y, acto seguido, con un hilo de voz, comienza a disparar amenazas imaginarias a quienes -según él- le soltaron la mano y a quienes lo incriminaron. Léase: la DEA y Aníbal Fernández.
—¿Por qué cree que lo condenaron?
—Tenía poder judicial, policial y el de la DEA, más el de la calle, que te avisan cómo está la movida. No vi venir lo que estaba por pasar. Cortaron el hilo por lo más delgado.
El espía tiene una certeza: el trabajo por el que lo condenaron no tenía nada raro en relación con otros que hizo para la DEA. Pose le ofreció a la agencia estadounidense una operación contra un grupo menor de narcos en Salta. La DEA aceptó y la financió, a pesar de que no lo tiene permitido. Sin embargo, algo falló.
Otro de los informantes cantó la participación de Pose en el juzgado de Claudio Bonadio. A partir de ahí la causa dejó de lado la actuación de la DEA y se enfocó en el rol de Pose como instigador. Diecisiete años después fue condenado, a pesar de que la DEA acreditó que había trabajado con ellos.
—¿Cada vez que realizaba un trabajo para la DEA cobraba en blanco?
—No, en blanco solamente para la contabilidad de la DEA. En la Argentina, en negro. Si es menos de diez mil dólares, te pagan en efectivo. Si es más, te dan un cheque, por eso me abrí una cuenta en Estados Unidos.
—¿Qué le interesa a la DEA de Argentina?
—¿Sabés qué quieren los americanos de Argentina? Información. No les interesa cuánta droga se incauta. Lo que buscan son las ramificaciones de las personas que se detienen en Colombia, Europa y Estados Unidos. Lo que no entienden los argentinos es que la DEA no va por la incautación de droga, va por la plata. La DEA necesita la plata de los traficantes porque se financia de eso.
"Lo que no entienden los argentinos es que la DEA no va por la incautación de droga, va por la plata. La DEA necesita la plata de los traficantes porque se financia de eso".
Los informantes son una pieza clave en cualquier investigación contra bandas narco. Por eso Estados Unidos creó una caja destinada a pagar por información. Según fuentes extraoficiales, en las provincias que le interesan, la DEA tiene entre dos y tres informantes como mínimo, y cinco como máximo. El Estado argentino no sabe quiénes son ni cuántos informantes componen el listado, que bajo un código alfanumérico.
Convertido en una especie de llave maestra, el recorrido de Pose permite ingresar en un cuarto donde se encuentra el otro tipo de argentinos que le interesan a la agencia norteamericana. Son aquellos que le sirven para burlar las limitaciones que le imponen los acuerdos bilaterales, que circunscriben el accionar de la DEA en Argentina a la colaboración y el hecho de compartir información. La argucia de la DEA consiste en cooptar a agentes de las fuerzas federales de seguridad para que, sin mediaciones, oficien de vaso comunicantes entre estas y la agencia estadounidense. Para ello, le cuelgan un cartel que formalmente no existe, pero en los hechos sí: son investigadores.
El caso paradigmático es el de Carlos Gutiérrez, quien se desempeñó como oficial de enlace entre 1997 y 2005 en el programa Frontera Norte entre Gendarmería y la DEA en Salta. Nada se hubiera sabido si Gutiérrez no hubiera sido citado a declarar en la causa en la que Pose terminó siendo condenado. Cuando se presentó en sede judicial, Gutiérrez contó que el programa Frontera Norte era patrocinado por la DEA, lo que implicaba que la agencia ponía dólares a disposición de Gendarmería, en este caso a cambio de resultados.
Matiz clave: resultados en función de la agenda de la DEA, no de la Argentina. En 2020, ya retirado pero aún viviendo en Salta, Gutiérrez fue más enfático sobre cómo funciona la agencia en el país:
—La DEA se involucraba con toda su logística, como medios aéreos, solo cuando el caso los tocaba a ellos. La DEA cuestiona a las fuerzas federales argentinas porque los decomisos no vienen de investigaciones sino de checkpoint, o sea de forma casual. O sea, casi de casualidad. Llevarse bien con la DEA implica presentar resultados, rendir cuentas ante la agencia norteamericana. Si hay resultados, hay más equipos y capacitación.
A pesar de que el primer tratado bilateral se firmó en 1987, la DEA opera en Argentina desde el momento cero de su creación: el 1 de julio de 1973, año en que Richard Nixon la presentó como su principal instrumento para internacionalizar su tan mentada guerra contra las drogas.
En los cables diplomáticos desclasificados por Estados Unidos, aparece una joya historiográfica: durante el primer año de vida de la DEA, a Buenos Aires se le asignó el estatus de oficina regional. Algo no cerraba: ¿por qué se le adjudicaba esa categoría a una nación considerada un país de tránsito de drogas? La respuesta la dio Michael Levine, agente encubierto de la DEA en el país entre 1977 y 1982: Argentina era una base ilegal de operaciones de cara a Bolivia, donde la DEA no sólo colaboró con los golpes de Estado sino también en la represión contra los productores de coca. Tal vez por eso, cuando conversamos vía e-mail en agosto de 2020, su mirada seguía siendo crítica:
—¿Por qué le interesa tanto la Argentina a la DEA si solo es un país de tránsito?
—Esa misma pregunta pueden hacerse en Italia, Puerto Rico, Guatemala, Alemania, Costa Rica, Israel y muchos otros países donde la DEA tiene oficinas. La respuesta es para todos igual: el tráfico de drogas es el pretexto.
"La respuesta es para todos igual: el tráfico de drogas es el pretexto".
Los yerros de la agencia en Colombia y México, por caso, obligaron a la DEA a profesionalizarse, procurando dejar la menor cantidad de cabos sueltos. En Argentina eso ocurrió muy lentamente durante los 80 y 90. Entre otras cosas, Estados Unidos formalizó su vínculo con jueces y fiscales y con las cúpulas policiales. A todos los colonizaron casi por igual: les dieron información, inyectaron recursos y los premiaron con viajes. La DEA sabe que el poder se teje en red. Por eso, cada jefe local de la agencia se convierte, lisa y llanamente, en un lobista, cobijado por el embajador de turno sin importar quién ocupa la Casa Blanca.
Una de las medidas transversales que tomó la Embajada de Estados Unidos, ante el desconocimiento que mostraban sus hombres y mujeres sobre la idiosincrasia local, fue contratar argentinos que oficiaran de GPS de los agentes de la DEA. Básicamente, se trata de argentinos que se convierten en empleados de la Embajada, y que suelen ser confundidos con agentes. Pero hay un abismo entre ambos: mientras los estadounidenses gozan de inmunidad diplomática por lo cual solo la Corte Suprema puede exigir que se presenten ante la justicia argentina, los empleados no.
El primero de ellos fue René Abraham Tenembaum, quien mientras trabajaba para la DEA en el país representaba a El campeón israelí en Titanes en el Ring. En 1997, comenzó a ser desplazado por Guillermo González, quien actualmente reina en el segundo piso de la Embajada, donde está la oficina de la DEA. Ex policía bonaerense. El es quien cada vez que llega un nuevo jefe a la Estación Buenos Aires de la DEA, como en febrero de este año lo hizo John Wallace, le marca con quién reunirse e incluso le baja línea, a modo de diagnóstico, sobre la puja local.
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Ese lunes 3 de octubre, el escenario no favorecía a Aníbal Fernández. Bajo una iluminación deficiente, había una mesa con algunos celulares, un micrófono y detrás la bandera argentina. Algo ansioso, el ministro de Seguridad se expresaba errático frente a los medios de comunicación de San Nicolás, a poco más de 70 kilómetros de Rosario. Después de contar minucias propias de un asado entre amigos, lanzó una primicia:
—Un día —explicó el ministro de Seguridad— me vino a visitar Mark Stanley, el actual embajador de Estados Unidos en Argentina, planteándome que ellos estaban dispuestos, atentos al trabajo que hacemos nosotros, a ayudarnos a poner un COC (sic), creo que (así) se llaman estos, en esta zona. Ellos hablaban de Santa Fe, y yo le pedí que no, que se hiciera en San Nicolás.
A partir de ahí, la conferencia discurrió sobre temas inconexos. La comunicación oficial no difundió especificaciones al respecto, explicando, por ejemplo, en qué consiste el acuerdo con la DEA. Sin embargo, la historia es diferente.
Todo comenzó con el viaje que realizó Patricia Bullrich a Estados Unidos. Los resultados de la visita de la flamante ministra a las oficinas centrales de la DEA en Arlington,Virginia, donde la recibió el titular de la agencia, Chuck Rosenberg, en febrero de 2016, no tardaron en materializarse. A su regreso, primero, presentó un proyecto de ley que validaba muchas de las técnicas que la DEA reclamaba, las cuales fueron aprobadas en noviembre de ese año. Pero lo más importante fue la conformación de los GOC en 2017.
Desde el momento cero de su creación, para financiarlos, la DEA le impuso a Bullrich dos condiciones: una figura en la resolución que los crea, la otra no. La primera: los aspirantes a formar parte debían pasar por la prueba del polígrafo. A pesar de los cuestionamientos internacionales, se trata de una técnica legitimada dentro las agencias estadounidenses, y se encuentra en expansión. La segunda: la etapa de selección debía incluir una reunión a solas entre los agentes de la DEA y los efectivos argentinos. A solas significa sin la presencia de funcionarios locales. Para que resulte gráfico: se trata de oficiales argentinos, formados por instituciones del país para actuar en territorio nacional, pero elegidos y comandados en las sombras por una agencia extranjera.
Cuando, en diciembre de 2019, la cordobesa Valentina Novick se convirtió en subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, le tocó la responsabilidad de administrar los GOC. O sea, le gustase o no, en el paquete venía incluido hacerse cargo de la relación del Ministerio de Seguridad con la DEA.
De entrada, percibió algo extraño en el ambiente cuando notó que los GOC eran mencionados demasiadas veces en su cartera, pero no había prácticamente nada de información sobre ellos, excepto la resolución tardía emitida por la gestión Bullrich. Todo se enrareció más cuando, en febrero de 2020, la DEA reclamó una reunión para volcar un pliego de exigencias sobre estas task force. La agencia estadounidense quería saber de primera mano qué pensaban hacer con esos grupos interfuerzas que funcionaban en NOA y NEA.
A principios de marzo, tras la declaración de cuarentena decretada por el presidente Fernández, los agentes estadounidenses retornaron a su país, y durante un tiempo el vínculo se paralizó. Pero a fines de octubre de 2020 Novick terminó de comprender qué era lo que sucedía. Fue luego de recibir el informe que realizó Adrián Betti Zaldúa, director de Evaluación Técnica y Gestión de la Información sobre Narcotráfico, en torno del GOC NEA.
La primera alarma se encendió cuando los agentes de la DEA James Mannick y Michael Kellerman le sugirieron al representante del Ministerio de Seguridad nacional que no era necesaria su presencia en las reuniones con los integrantes del GOC NEA. Después, se encontró con que la DEA había entregado un equipo para la extracción no intrusiva de datos de teléfonos, que los oficiales del GOC no estaban capacitados para utilizarlos. El funcionario constató, también, que la agencia estadounidense aportaba, en negro, entre 3 y 10 mil dólares para el pago de informantes. Los integrantes de los GOC exponían cómo la gastaban mediante un documento Excel que remitían a los agentes estadounidenses. Ante la pregunta sobre si eso había ocurrido sin autorización de jueces argentinos, respondieron afirmativamente. Finalmente, Mannick y Kellerman contaron que viajaban alrededor de dos veces al mes, sin nadie del Ministerio de Seguridad presente, a reunirse por cuenta propia con estas task force. En síntesis, la cooptación era total.
Durante la gestión de Frederic, se proyectó, sin llegar a ejecutarlo, que de dos puntos geográficos los GOC pasasen a tener presencia en seis. El 17 de septiembre de 2021, Frederic presentó su renuncia. Tres días después, un viejo amigo de la embajada de Estados Unidos, Aníbal Fernández, juró como ministro. Novick, militante de La Cámpora porteña, dejó su cargo luego de consultarlo con su terminal política. El nuevo titular de Seguridad llegaba más como vocero del Presidente en algunos temas que poco tenían que ver con Seguridad, y eso se notó cuando puso como número dos a Mercedes La Gioiosa, quien venía de desempeñarse como directora de Desarrollo Regional en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Fernández desplazó el mando de los GOC al ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, ahora bajo la conducción de Damián Neustadt. El nuevo titular de la DNIC eligió el silencio a la hora de responder sobre si habían corregido los problemas de origen de los GOC antes de anunciar la creación de otros.
"La agencia estadounidense aporta, en negro, entre 3 y 10 mil dólares para el pago de informantes".
Quien no lo hizo fue Novick. En el llano, la politóloga decidió contar qué había visto durante los casi dos años en que le tocó tratar con la DEA. La ex funcionaria comprendió que la agencia antinarcóticos aprovecha como casi nadie las diversas fragilidades que atraviesa el país para enfrentar el narcotráfico, ya sea bajando fácilmente dinero en efectivo o equipamiento, o usufructuando a discreción su estructura global de inteligencia, imprescindible para enfrentar un delito transnacional. Ante tanto off, la decisión de hablar por parte de Novick representa toda una rareza, una forma de poner blanco sobre negro en torno de qué hace realmente la DEA en Argentina.
—¿Qué vínculo tuvo con la DEA durante su gestión en el Ministerio?
—Con la DEA trabajé porque tuve la responsabilidad institucional de coordinar y monitorear los Grupos Operativos Conjuntos del NOA y el NEA. Lo primero que hicimos fue entender cómo había sido la relación con el gobierno anterior. Ahí encontramos que había demasiada autonomía en la relación de los funcionarios de la DEA con la Fuerza.
—¿Qué implicaba esa autonomía?
—Una de las cosas que encontramos era que la DEA se reunía todos los meses con estos grupos y el Ministerio no se enteraba ni de la reunión ni de qué hablaban. Ni siquiera los jefes de esas Fuerzas se enteraban de las reuniones.
—¿Puede ser que también había una caja en dólares que la DEA ponía a disposición de los GOC para gastos, la cual no constaba en ningún lado?
—Sí. Sobre eso no se rendía cuentas en ningún lado. Era un intercambio directo entre la DEA y los miembros del GOC.
—Pensando en cómo la DEA construye gradualmente su relación, más allá de las gestiones gubernamentales, ¿proponer que los GOC se expandan no significa mantener al zorro dentro del gallinero?
—Dicho así, puede ser. Como nosotros pensábamos en el mediano y largo plazo, creíamos que íbamos a poder controlar eso. Lo pensamos en términos operativos. Ahora que lo veo desde ese lugar, puede ser.
El desembarco de Aníbal Fernández fue una muy buena noticia para la DEA. La Embajada ya lo había elegido como uno de sus vasos comunicantes predilectos durante su gestión como ministro del Interior de Néstor Kirchner. Fernández defendía buena parte de sus iniciativas. Por eso, no sorprendió a nadie su viaje a Estados Unidos en septiembre, para cerrar filas con las agencias. A su regreso, el quilmeño puso manos a la obra y completó los requerimientos de la Embajada para que los GOC se diseminasen por todo el territorio, aún sin mostrar efectividad alguna, ni mucho menos transparencia. Ese es el valor de lo que anunció en San Nicolás, y que todavía no llegó a la página web del Ministerio.
La DEA lee perfectamente cada uno de estos movimientos, muchas veces contradictorios, por parte de los diferentes gobiernos. Lejos de fatigarse con el zigzag político vernáculo, la agencia sabe que muchas veces, para avanzar dos casilleros, hay que retroceder uno. Entre 1973 y 2022, con logros, retrocesos y hasta rupturas, la DEA comprendió que todo gira en derredor de sostener un vínculo fluido con las fuerzas federales y provinciales de seguridad, jueces, fiscales, estudios de abogados, políticos pro Estados Unidos, espías, despachantes de aduana, etcétera. Del lado argentino, en cambio, aunque hay excepciones, el sistema tiende a que el vínculo se mantenga en el plano de la opacidad, motivo por el cual resulta natural que quienes conocen a fondo cómo se mueve y qué hace la DEA en el país circunscriban todo a la manera en que se para cada individuo frente al poderío y la capacidad de lobby del gobierno de Estados Unidos, y en este caso, de su agencia antidrogas. Tarde o temprano, la mayoría se ve doblegada.